REGANTES PROTEGERÁN CUENCAS DE CONTUMAZÁ


COMPROMISO. Regantes del Jequetepeque protegerán microcuencas de Contumazá.

Sumándose a las actividades de protección de cabeceras de cuenca, los usuarios de las comisiones de regantes del valle Jequetepeque, participarán en la conservación de las microcuencas de Contumazá, contribuyendo así a disminuir la sedimentación de la represa “Gallito Ciego” y asegurar el recurso hídrico para su sector.

“Considero que nosotros realmente sí debemos sumarnos a este esfuerzo. Lógicamente, esto tenemos que tratarlo dentro de nuestras comisiones para ver cómo será nuestra participación”, indicó el presidente de la junta de usuarios del subdistrito de riego regulado del Jequetepeque, Galo Rodríguez Castañeda, al culminar la pasantía promovida por el proyecto Compensación Equitativa por Servicios Ambientales Hidrológicos - Cesah que ejecuta el consorcio Care - WWF.

Por su parte, el presidente ejecutivo del proyecto especial Jequetepeque Zaña - Pejeza, Edmundo Quevedo Ubillús, quien recibió a los participantes en su despacho, dijo que “hay que reforestar, revegetar y retener los sedimentos para que este complejo hidroenergético tenga mayor expectativa de vida pero en condiciones de cumplir sus objetivos”, agregando que en este proceso debería involucrarse al gobierno regional de La Libertad y a las municipalidades provinciales de Contumazá.

La zona de Contumazá -ubicado en la región Cajamarca- es la que más provee de sedimentos finos a la presa Gallito Ciego, porque el diseño inicial estimaba que la pérdida de capacidad del embalse era de 1.4 millones de metros cúbicos, sin embargo actualmente es de 4.7 millones de m3 disminuyendo hasta en 30 por ciento la vida útil de la represa, refirió.


A esta pasantía asistieron delegados y directivos de las 14 comisiones de regantes y junta de usuarios del valle Jequetepeque, así como de la Administración Local de Agua Jequetepeque - Alaj e integrantes del equipo técnico del proyecto Cesah, conformado por Pejeza, asociación civil de Operación y Mantenimiento - Opema y de gerencia regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente.

Los asistentes comprobaron en campo las diferentes intervenciones que ejecuta el proyecto Cesah en las microcuencas de Ayambla, Ahijadero y La Succha en Contumazá, como agroforestería, silvopasturas, reforestación y protección de bosques naturales; visitando también la estación hidrosedimentaria de Ayambla.

Al siguiente día se dirigieron hacia Granja Porcón para conocer esta exitosa experiencia en reforestación que permitió el mejoramiento de ingresos económicos y calidad de vida de sus pobladores.

Diario El Clarín-Cajamarca 29/08/2009





POLÉMICA POR CONCESIÓN PETROLERA EN EL TITICACA


Proyectan buscar hidrocarburos en el espejo de agua compartido con Bolivia. Las autoridades de este país anunciaron que presentarán reclamo porque no se les consultó. El viceministro de Energía dijo que no hay nada concreto y que Bolivia no debe preocuparse.

¿En peligro? Yacimientos petroleros podrían dañar su ecosistema. (USI)

Gran preocupación ha causado entre las autoridades puneñas la posibilidad de entregar en concesión, por 30 años, parte de la cuenca del lago Titicaca para extraer hidrocarburos. Según denunciaron los funcionarios regionales, esta concesión se habría realizado sin consultar previamente a las autoridades locales ni a la ciudadanía.

El director regional de Energía y Minas, Víctor Paredes Argandoña, señaló que recién hace poco más de 20 días recibió el documento que confirma la autorización de los yacimientos petroleros de la cuenca del lago. “Al margen de que esta autorización sea beneficiosa o no para la región, una vez más queda demostrado que el Gobierno está entregando los recursos naturales sin considerar la opinión de la población puneña”, afirmó.

Por su parte, el congresista Yonhy Lescano dijo que “el pueblo de Puno no va a permitir que estas operadoras invadan directa o indirectamente este lago, que es una reserva nacional reconocida desde 1978”. En ese sentido, advirtió que podría desatarse un conflicto grave. “Si esto no se para, Puno se va a levantar”, aseguró.

TAMBIÉN BOLIVIA. Pero las protestas no solo son del lado peruano. Según la agencia estatal ABI de Bolivia, el ministro de Hidrocarburos, ”scar Coca, anunció que el gobierno de Evo Morales presentará, en los próximos días, un reclamo ante Perú por su intención de explotar petróleo en un área que comparten ambos países sin consultar previamente a Bolivia.
El funcionario boliviano señaló que ha enviado al Ministerio de Relaciones Exteriores de su país una nota para establecer el mecanismo del reclamo por tratarse de un área de competencia internacional.

En respuesta a tal anuncio, el viceministro de Energía del Perú, Daniel Cámac, aclaró que no hay nada concreto sobre la concesión de la cuenca del lago Titicaca. Además, indicó que los lotes en estudio se encuentran en el lado peruano y, por ello, el Gobierno boliviano no debe preocuparse.

Diario Perú 21-Lima 29/08/2009





LAGO TITICACA SERÍA ENTREGADO EN CONCESIÓN POR 30 AÑOS POR HIDROCARBUROS


Gran preocupación ha causado entre las autoridades puneñas la posibilidad de entregar en concesión, por 30 años, parte de la cuenca del lago Titicaca para extraer hidrocarburos, pues se habría realizado sin ninguna consulta de por medio.
Según el diario 'Perú.21', el director regional de Energía y Minas, Víctor Paredes Argandoña, señaló que recién hace poco más de 20 días recibió el documento que confirma la autorización de los yacimientos petroleros de la cuenca del lago.

"Al margen de que esta autorización sea beneficiosa o no para la región, una vez más queda demostrado que el Gobierno está entregando los recursos naturales sin considerar la opinión de la población puneña", afirmó.

Por su parte, el congresista Yonhy Lescano dijo que "el pueblo de Puno no va a permitir que estas operadoras invadan directa o indirectamente este lago, que es una reserva nacional reconocida desde 1978".

En ese sentido, advirtió que podría desatarse un conflicto grave. "Si esto no se para, Puno se va a levantar", aseguró.

Pero las protestas no solo son del lado peruano. Según la agencia estatal ABI de Bolivia, el ministro de Hidrocarburos, Óscar Coca, anunció que el gobierno de Evo Morales presentará, en los próximos días, un reclamo ante Perú por su intención de explotar petróleo en un área que comparten ambos países sin consultar previamente a Bolivia.

El funcionario boliviano señaló que ha enviado al Ministerio de Relaciones Exteriores de su país una nota para establecer el mecanismo del reclamo por tratarse de un área de competencia internacional.

En respuesta a tal anuncio, el viceministro de Energía del Perú, Daniel Cámac, aclaró que no hay nada concreto sobre la concesión de la cuenca del lago Titicaca. Además, indicó que los lotes en estudio se encuentran en el lado peruano y, por ello, el Gobierno boliviano no debe preocuparse.

Actualidad-Lima 29/08/2009





COMUNIDADES EXIGEN RECONOCIMIENTO A SU LABOR COMO VIGILANTES AMBIENTALES EN EL SECTOR MINERO


En el marco de la presentación de la cartilla “Comités de Monitoreo y Vigilancia Ambiental Participativos”, que se llevó a cabo ayer en el auditorio del Ministerio de Energía y Minas, la Red Nacional de Comités de Monitoreo y Vigilancia Ambiental Participativa –colectivo integrado por 12 comités de zonas de influencia minera (Cusco, Junín, Áncash, Apurímac, Moquegua y Pasco)- solicitó al Estado el reconocimiento de su labor como vigilantes ambientales en el sector minero.

Es así que, dentro de sus demandas, la Red plantea la necesidad de que las instituciones del Estado (Osinergmin, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del Ambiente y la Dirección General de Salud) delimiten sus responsabilidades y competencias para mejorar el monitoreo, la vigilancia y la fiscalización ambiental minera.

De otro lado, piden que los órganos desconcentrados como la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM), las Autoridades Locales del Agua (ALAS), la Dirección Regional de Salud (DIRESA), las Juntas de Usuarios de Riego, las gobernaciones, entre otras, tengan capacidad resolutiva frente a las demandas de la sociedad civil vinculadas al sector minero.

Asimismo, esperan que las empresas mineras se involucren con las actividades de los comités de monitoreo y vigilancia ambiental, respetando su autonomía y entendiendo al monitoreo como una actividad permanente y participativa.

Cabe mencionar que el objetivo principal de la Red es convertirse en un espacio de diálogo y de concertación entre los comités ambientales, las empresas mineras y el Estado, a fin de evitar conflictos y buscar soluciones a los problemas causados por los impactos de la minería.

Este colectivo cuenta con un equipo técnico conformado por el Ministerio de Energía y Minas, CooperAcción, Asociación Civil Labor, el Centro de Cultura Popular Labor Pasco, Urpichallay, Care, ProDiálogo, así como por las empresas mineras Antamina, Buenaventura, Río Tinto y Yanacocha.

La coordinadora transitoria de la Red de Comités Monitoreo y Vigilancia Ambiental Participativo, Lola Gomero Pajuelo, manifestó que el referido colectivo viene trabajando en la formación de coordinadoras regionales, con el propósito de consolidar, en un futuro cercano, la Coordinadora Nacional de Monitoreo y Vigilancia Ambiental Participativo.

Diario La República-Lima 28/08/2009





EXIGEN AL GOBIERNO QUE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS PUEDAN DECIDIR SOBRE CONFLICTOS MINEROS


La Red Nacional de Comités de Monitoreo y Vigilancia Ambiental Participativa exhortó al gobierno dotar de capacidad de decisión a los organismos descentralizados para intentar resolver las demandas que la población tiene sobre el sector minero.

De esta manera, organismos como la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM), las Autoridades Locales del Agua (ALAS), la Dirección Regional de Salud (DIRESA), las Juntas de Usuarios de Riego, las gobernaciones, entre otras, tendrían mayor espacio de decisión y se minimizaría los conflictos que emergen de su desatención.

La Red Nacional de Comités de Monitoreo y Vigilancia Ambiental Participativa es un colectivo integrado por 12 comités de zonas de influencia minera como lo son los departamentos de Cusco, Junín, Ancash, Apurímac, Moquegua y Pasco, el cual viene trabajando a nivel nacional desde marzo de este año.

En declaraciones para CNR, Lola Gomero Pajuelo, coordinadora transitoria de la Red de Comités de Monitoreo y Vigilancia Ambiental Participativa, enfatizó que el objetivo de su organización “es convertirse en un espacio de diálogo y de concertación entre los comités ambientales, las empresas mineras y el Estado, a fin de evitar conflictos y buscar soluciones a los problemas causados por los impactos de la minería”.

Gomero Pajuelo indicó que su organización trabaja para “que el Estado reconozca la labor que realizan como vigilantes ambientales en el sector minero”, a la par que insta a “las empresas mineras a involucrarse con las actividades de los comités de monitoreo y vigilancia ambiental, respetando su autonomía y entendiendo al monitoreo como una actividad permanente y participativa”.

Asimismo dijo que dentro de sus demandas, la Red plantea la necesidad de que las instituciones del Estado (OSINERGMIN, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del Ambiente y la Dirección General de Salud) “delimiten sus responsabilidades y competencias para mejorar el monitoreo, la vigilancia y la fiscalización ambiental minera”.

Informó que actualmente la Red se encuentra en pleno proceso de formación de las redes regionales, las mismas que conformarán y consolidarán la “Coordinadora Nacional de Monitoreo y Vigilancia Ambiental Participativo”.

“Pese que en muchas regiones no existen esas redes, estamos trabajando para que existan; ese es el caso de Cajamarca, Andahuaylas, Huancayo, Huanuco, Arequipa y Moquegua (...) lograr la constitución de su personería jurídica, el estatuto, el reglamento, y cumplir con otros requisitos para concretar su constitución” acotó.

Cabe resaltar que la Eed Nacional de Comités de Monitoreo y Vigilancia Ambiental Participativa presentó ante el Ministerio de Energía y Minas, la cartilla “Comités de Monitoreo y Vigilancia Ambiental Participativos”, el cual recopila las actividades que realizan como juntas ambientales y el trabajo que efectúan para la consolidar la redes regionales y nacional.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 28/08/2009





:: Afirma presidente regional de Junín
NO HAY ALTERNATIVAS LABORALES PARA TRABAJADORES DE DOE RUN


El presidente regional de Junín, Vladimiro Huaroc, indicó que, hasta el momento, no existan posibilidades de crear alternativas de empleo para los más de dos mil trabajadores de la minera Doe Run, la cual paralizó sus operaciones a inicios de junio pasado.

Huaroc Portocarrero aseguró que la crisis económica que ha empezado a golpear a las regiones desde hace meses y no permite crear nuevas posibilidades productivas para los mineros en su departamento.

“En Junín, la pequeña minería ha sido prácticamente arrasada; se han cerrado casi todas las pequeñas minas que tenían 100 a 200 trabajadores. Y no sólo en Junín, sino en toda la región central. Por eso, pensar en recolocar a los trabajadores es bastante difícil (...) no hay esa posibilidad, sería engañarnos”, lamentó.

Consideró que la alta especialización de los trabajadores de Doe Run también es un punto en contra para una nueva reubicación. “Los empleados de Doe Run no son (como) cualquier trabajador, son maestros en el área que le competen; tienen 15, 20 años y hasta más (de especialización); por tanto sería muy difícil incorporarlos en
cualquier otro sector”.

En ese contexto, Huaroc dijo estar a la espera del informe que -dentro de 15 días- emitirá la comisión técnica conformada para evaluar la situación de Doe Run a fin que Ejecutivo tome la decisión de ampliar o no el Programa de Manejo y Adecuación Ambiental (PAMA) de la minera.

Como se recuerda, dicha mesa de trabajo está conformada por el Ministerio de de Energía y Minas (MEM), el Ministerio de Ambiente (MINAM), el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), el Gobierno Regional de Junín y los trabajadores de la compañía metalúrgica.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 28/08/2009





POBLADORES DE HUALGAYOC RECLAMAN COMISIÓN DE ALTO NIVEL


A través de un memorial, las autoridades y organizaciones de Hualgayoc solicitarán al gobierno central el envío de una comisión de alto nivel que atienda sus demandas, relacionadas a la preservación del medio ambiente frente al avance de la minería en esta provincia cajamarquina.

José Minchán Castañeda, presidente del Frente de Defensa de Hualgayoc, detalló que desarrollan una intensa campaña de recolección de firmas a fin que el documento sea remitido al premier Javier Velásquez Quesquén a más tardar el martes de la semana entrante.

De igual manera, el memorial será dirigido a los ministros de Energía y Minas, y del Ambiente, Pedro Sánchez y Antonio Brack, respectivamente; además de otros funcionarios relacionados al sector agricultura.

El dirigente precisó que se busca implementar una mesa de diálogo el 12 de setiembre con miras a encontrar soluciones concretas a la grave contaminación que afecta a los ríos Hualgayoc, Arascorgue y Tingo Maygasbamba.

Así mismo, la población de Hualgayoc reclama un inventario y monitoreo de los recursos hídricos de la localidad; poner freno a la expansión minera; además de revisar la situación de los afectados por estas actividades extractivas.

En ese sentido, Minchán Castañeda lamentó que los representantes de las mineras Gold Fields La Cima, San Nicolás, Tantahuatay y La Consolidada hayan cerrado las puertas al diálogo.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 27/08/2009





PERÚ: ARCHIVAN DENUNCIA POR TERRORISMO CONTRA DIRIGENTES COMUNALES


"Las comunidades de la región peruana de Piura y organizaciones que las apoyaron lograron un triunfo: la Fiscalía de Piura archivó definitivamente la denuncia por terrorismo y otros delitos presentada hace año y medio contra 35 personas por la “Asociación Civil Frente de Unidad de la Comunidad Segunda y Cajas”, una entidad fantasma financiada por la empresa Majaz"

Demanda fue presentada por asociación fantasma financiada por empresa minera. Ahora debe exigirse agilización del proceso por torturas contra líderes de las comunidades.

Las comunidades de la región peruana de Piura y las organizaciones que las apoyaron lograron un triunfo: la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura archivó definitivamente la denuncia por terrorismo y otros delitos presentada hace año y medio contra 35 personas por la “Asociación Civil Frente de Unidad de la Comunidad Segunda y Cajas”, una entidad fantasma financiada por la empresa Majaz, hoy Río Blanco Copper.

La Resolución de la Fiscalía presidida por la fiscal Nimia Borrero, de fecha 11 de agosto, pone fin a uno de los cientos de casos de penalización de la protesta social existentes en el Perú contra dirigentes comunales que defienden sus derechos.

Miguel Palacín Quispe, Coordinador General de la CAOI y uno de los denunciados, señaló al respecto que “está demostrado que en el Perú se persigue y criminaliza a los dirigentes indígenas y activistas ambientales sin razón alguna, con el único objetivo de proteger a las empresas multinacionales y sus aliados”.

Precisó que este juicio en Piura carecía de fundamento legal y pruebas para admitir la denuncia. Por ello, Miguel Palacín y otros dirigentes no acudieron a ninguna citación, puesto que el juicio solo respondía a presiones políticas e intereses de la empresa minera.

Añadió que hoy la tarea urgente es exigir que avance el proceso de investigación por las torturas sufridas por dirigentes de las comunidades campesinas de Ayabaca y Huancabamba por parte de la policía en las instalaciones de la compañía minera. “Este caso debe ser llevado a instancias internacionales porque el Estado peruano está directamente implicado en estos delitos de lesa humanidad”, subrayó.

Antecedentes

En este caso, conocido como “Caso Majaz”, las comunidades llevaron adelante grandes movilizaciones contra la ilegal imposición del Proyecto Minero Río Blanco en sus territorios, convocando la más amplia solidaridad nacional e internacional.

En septiembre del 2007, las municipalidades de los distritos afectados en las provincias piuranas de Ayabaca y Huancabamba, desarrollaron una consulta en sus jurisdicciones sobre la presencia del proyecto minero, ubicado en cabeceras de cuenca y bosques de neblina altamente sensibles a los impactos ambientales. La Consulta dio como resultado un abrumador NO a esa incursión minera (más del 95%).

El gobierno central no reconoció carácter vinculante a la consulta y la empresa minera Majaz, a través de la citada asociación fantasma, cuyo financiamiento reconoció, presentó la denuncia por terrorismo contra 35 personas, entre ellas alcaldes, regidores, comuneros y autoridades comunales, activistas ambientales y defensores de derechos humanos. Entre los denunciados estaba Miguel Palacín Quispe, Coordinador General de la CAOI, quien ni siquiera estuvo en el lugar de los hechos materia de la demanda.

La denuncia había sido archivada en dos oportunidades: en octubre del año pasado y el 3 de marzo último, y la parte demandante no apeló. En consecuencia, la Primera Fiscalía Provincial resolvió el 11 de agosto dar por consentida la resolución de archivamiento definitivo de la denuncia.

Biodiversidad en América Latina 27/08/2009





GRAN CANTIDAD DE DINAMITA INCAUTADA A MINEROS INFORMALES DE ALGAMARCA SERÁN DESTRUIDOS


Más de seis mil cartuchos de dinamita incautados recientemente a mineros informales del cerro Algamarca serán destruidos en los almacenes de la Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Munición y Explosivos de Uso Civil (Dicscamec), en la ciudad de Cajamarca.
El peligroso material decomisado por la policía de la provincia de Cajabamba, realizada en la carretera Cajamarca-Cajabamba, fue conducido a la Dicscamec bajo estrictas medidas de seguridad.

El comandante PNP Luis Espinoza Castro, a cargo del traslado, precisó que son 20 cajas con 6 mil 648 cartuchos marca Exsa, las cuales eran transportadas al cerro Algamarca en un camión de Vilmer Verástico Gutiérrez (28), y fue intervenido con la participación del representante del Ministerio Público, Rubén Cerna Hernández, en el centro poblado Chuquibamba.

Agregó que el sujeto fue puesto a disposición de las autoridades judiciales y posteriormente conducido al penal de Huacariz en Cajamarca, por el presunto delito contra la tranquilidad pública (peligro común).

No obstante, la Fiscalía de Cajabamba continúa las investigaciones para determinar la procedencia de la carga y si hay más implicados en el transporte o comercio ilegal de este producto.

Al respecto, el jefe de la Dicscamec-Cajamarca, comandante PNP Gustavo Cerna García, manifestó que, de acuerdo al procedimiento legal, emitirá un informe del material incautado a la dirección general de la Dicscamec en Lima, que determinará la destrucción o donación de la dinamita para obras publicas.

Comentó que el material podría donarse a las municipalidades, gobierno regional o núcleos ejecutores para la ejecución de obras de bien común como carreteras. De lo contrario, se procedería a su destrucción en ambientes adecuados y seguros como las instalaciones del Ejército o el polvorín de alguna empresa minera.

Radio Nacional-Lima 26/08/2009





DESTRUIRÁN MÁS DE 6 MIL CARTUCHOS DE DINAMITA INCAUTADOS A MINEROS INFORMALES


Seis mil 648 cartuchos de dinamita incautados por la Policía Nacional a mineros informales del cerro Algamarca, en la provincia cajamarquina de Cajabamba, fueron trasladados a la ciudad de Cajamarca para ser destruidos.

Así lo informó el jefe de la Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Munición y Explosivos de Uso Civil (Dicscamec), Gustavo Cerna.

Manifestó además que, por ley, se emitirá un informe del material incautado a la dirección general de la Dicscamec en Lima, la cual determinará la destrucción o donación de la dinamita para obras públicas.

El comandante Luis Espinoza Castro, a cargo del traslado, precisó que la dinamita fue confiscada cuando era transportada al cerro Algamarca en un camión de Vilmer Verástico Gutiérrez, de 28 años, quien fue acusado de presunto delito contra la tranquilidad pública.

CPN Radio-Lima 26/08/2009

ESTUDIO PARA DETERMINAR POTENCIALIDADES DE MOGOL


El gobierno regional, en coordinación con la municipalidad provincial de San Marcos, realizará un estudio de las potencialidades del Cerro Mogol, para determinar si la actividad minera afectará el medio ambiente, indicó el gerente de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, Sergio Sánchez Ibáñez.

El funcionario señaló que el estudio detallará que tipo de flora y fauna tiene y que recursos hídricos estarían en peligro.

Hay muchos comentarios de diferentes partes, pero no tenemos información certera y es mejor hablar con papeles en la mesa, refirió.

Precisó que están a la espera del profesional que se hará cargo del estudio, que será enviado por la Red de Municipalidades, para iniciar los trabajos, que tendrán una duración aproximada de tres meses.

Hemos destinado un primer presupuesto de 5 mil soles para iniciar el estudio, y veremos el análisis para ver con cuanto los podemos apoyar, agregó.

Dijo que de causar daños al ecosistema, enviarán un informe a Lima alertando de los riesgos y establecimiento limitaciones de uso.

Zonas que son muy vulnerables no podemos dejar que las exploten, es la posición de la gerencia, expresó.

Sánchez Ibáñez manifestó que aunque su posición no cala directamente en la decisión del gobierno central, si respalda la posición de los pobladores, que puede exigir que no se realice operaciones mineras en la zona.

SENTENCIA A AMBIENTALISTAS
Respecto a la sentencia contra los nueve dirigentes que exigieron la intangibilidad del Cerro Mogol, el gerente dijo que sienta un mal precedente para las demás autoridades, ya que cualquiera podría ser denunciado y condenado por defender sus ideas.

No se puede juzgar a un grupo de personas que representan a muchas familias, no se puede juzgar la defensa de recursos naturales con un criterio delincuencial, como si fueran ladrones. Aquí ellos vienen a defender un recurso y están en todo su derecho de protestar por que sienten que pueden ser afectados. En la normatividad peruana hay un principio de precaución, la sola sospecha que puede existir un problema es suficiente para que los jueces tomen medidas cautelares, pero en este caso se les ha juzgado como delincuentes, manifestó.

CLARIDATO
El estudio se realizará en tres meses y servirá para determinar si la actividad minera afectará el ecosistema del valle de Condebamba.

Diario El Clarín-Cajamarca 26/08/2009





GOBIERNO DEBE SER MÁS EFICAZ PARA BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS


El gobierno debe representar para los peruanos, un conjunto de acciones eficaces, en donde el principal beneficiario debe ser el ciudadano. Así lo sostuvo Salomon Lerner, presidente ejecutivo del Instituto de Democracia y Derechos Humanos (IDEHPUCP).

Lerner Febres indicó que las desigualdades en nuestro país no son producto de este gobierno, sino de gobiernos anteriores, lo cual refleja que la marginación a ciertos sectores en nuestro país es histórica.

“Las desigualdades en nuestro país no son culpa de este gobierno, sino de gobiernos anteriores, yo diría de toda una historia, así que hay un gran trabajo por hacer”, precisó.

Por su parte, la directora ejecutiva de Cuidadanos al Día (CAD), Beatriz Boza señaló que hay una gran diferencia entre "buenas ideas e ideas increíbles", toda vez que la segunda la practican periodistas que con sus trabajos cambian la agenda nacional.

“No solo debemos ser simples puentes de información, debemos investigar buscar incidir y que los problemas ciudadanos cambien y que las autoridades se den cuenta cuando la población tiene una necesidad”, señaló a los periodistas que participaron en el Séptimo encuentro CAD de Prensa “Reconociendo los ejes de la buena gestión”, organizado por Ciudadanos al Día (CAD), en donde participaros periodistas de las 25 regiones.

La cita contó con la presencia de la embajadora de Reino Unido, Catherine Nettleton.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 26/08/2009





GENERALES MUGURUZA Y URIBE OBVIARON INFORMES DE INTELIGENCIA SOBRE NATIVOS


Baguazo oficiales apelan contra sanciones ante tribunal disciplinario de la PNP. Oficina de Inteligencia Policial de Utcubamba advirtió sobre graves consecuencias de un desalojo y la violenta reacción de los indígenas y mestizos.

Los generales de la policía Elías Muguruza Delgado y Javier Uribe Altamirano anunciaron a La República que apelarán ante el Tribunal Administrativo Disciplinario de la PNP contra el informe de la Inspectoría de la PNP que les atribuye responsabilidad por no haber adoptado medidas para evitar la masacre de 23 policías, la desaparición de un oficial y la muerte de nueve civiles durante el desalojo de la Curva del Diablo y la Estación Nº 6, en Bagua, el cinco de junio pasado.

Según informó ayer este diario, la Dirección de Investigaciones de la Inspectoría General de la PNP (DIRIAD) recomendó ante el Tribunal Administrativo Disciplinario sancionar con el pase al retiro a Muguruza y Uribe al determinarse que cometieron “graves y muy graves infracciones” durante la ejecución del operativo en Bagua que desembocó en un trágico desenlace que condujo a una crisis que obligó al gobierno a renovar el gabinete ministerial.

“El proceso no ha terminado. Hemos dado nuestro descargo y el Tribunal Administrativo Disciplinario se encargará de la evaluación definitiva sobre mi participación en los hechos”, dijo el jefe de la IV Región Policial de Tarapoto, general Javier Uribe: “Me considero completamente ajeno a lo que pasó en Bagua. No soy responsable de nada y lo estoy sustentando con documentos”.

URIBE SEÑALA A MUGURUZA

Al ser consultado por este diario si tenía conocimiento de la “Orden de Operaciones para el desbloqueo de la Curva del diablo”, el general Uribe respondió: “El comando del operativo lo tenía el general Elías Muguruza”.

Uribe evitó explayarse.

“La investigación todavía no termina. Hoy (ayer) recién hemos dado nuestro descargo ante el Tribunal Administrativo Disciplinario. Yo no tuve ningún comando porque fui relevado por el general Muguruza”, aseguró Uribe: “Considero que no tengo responsabilidad. La función que a mí me asignaron como jefe de la IV Región Policial la cumplí cabalmente, pero si Inspectoría considera otra cosa yo presentaré los recursos necesarios para que se esclarezca el problema”.

En el caso del ex jefe de la Diroes general Elías Muguruza, prefirió el silencio: “No puedo declarar nada en contra de mi institución, esperaré lo que decida mi comando”, indicó a La República.

No obstante que el general Uribe afirma que su colega el general Muguruza lo relevó como jefe del comando del operativo de desalojo, según declaraciones del general PNP Bernabé Garavito Berrocal, quien durante los hechos ejercía la jefatura de la Dirección de Operaciones Policiales (Direop), dijo a la Inspectoría que según la “Orden de Operaciones” el comando general estuvo bajo responsabilidad, efectivamente, del general Muguruza pero el comando operativo lo condujo el general Uribe.

MAYORES EVIDENCIAS

“En el mismo teatro de operaciones (Bagua), y previo reconocimiento de la zona en conflicto, ambos (Muguruza y Uribe) decidieron la hora y el día de las operaciones”, manifestó el general Garavito.

Lo más grave de todo es que la Inspectoría detectó que la llamada “Orden de Operaciones Nº 25-2009-IV-Dirtepol-T/RPNP-AMAZ-Desalojo Carretera FBT”, en que se sustentaron los generales Muguruza y Uribe para llevar la acción del cinco de junio, se elaboró sin contar con información de inteligencia que advertía que un violento desalojo podría derivar en la muerte o lesión no solo de los policías sino también de los pobladores.

“No se tomó en cuenta la Apreciación de Inteligencia Nº 24-09-OPIPOL (Oficina de Planeamiento de Inteligencia Policial)-Utcubamba (...) en el sentido de que se podía poner en riesgo la integridad física, salud y vida de los efectivos PNP, funcionarios y trabajadores de Petroperú y de la población general”, señala en sus conclusiones la Inspectoría.

Pero, además, se destaca que los generales Muguruza y Uribe desoyeron el llamado de alerta de la inteligencia policial sobre la reacción de los indígenas y mestizos durante el operativo de desalojo. Como ha sido documentado, efectivamente, los manifestantes asesinaron a 11 policías de la Estación Nº 6 con sus propias armas como represalia por el operativo en la Curva del Diablo.

El Comando Policial informó que la Inspectoría continúa con su labor investigadora con total imparcialidad y con respeto al debido proceso, algo que ni los implicados han puesto en tela de juicio.

Claves

Informados. La Inspectoría señala que los generales Elías Muguruza Delgado y Javier Uribe Altamirano “tenían conocimiento de la situación que se vivía en la Estación Nº 6”. Es decir, sobre el secuestro de los efectivos policiales por parte de los indígenas Awajún.

Otra vez. Sobre este caso, Inteligencia de la PNP también advirtió respecto a la situación explosiva de la Estación Nº 6. Pero tampoco se tomó en cuenta.

Enviaron ayuda cuando ya habían matado a 11 policías

El jefe del primer contingente de 58 efectivos de la Diroes, comandante PNP Luis Del Carpio Sánchez, declaró que por orden verbal del general Elías Muguruza se desplazó hacia parte alta de la Curva del Diablo, en compañía del mayor Felipe Bazán Soles. Este toma la delantera y es rodeado por más de mil indígenas armados. De inmediato, Del Carpio solicitó refuerzos al general Muguruza, pero este recién se apareció dos horas cuando ya habían sido asesinados 11 policías y Bazán desapareció.

”El comandante Luis Del Carpio se comunicó radialmente (con el general Muguruza) para el apoyo respectivo, no logrando su objetivo por la falta de cobertura; consecuentemente se produjeron lesiones por arma de fuego en el personal policial con las propias armas arrebatadas a la escuadra del mayor Felipe Bazán”, señala el reporte de la Inspectoría.

El informe de Inspectoría destaca también que el helicóptero Mi-17 de la PNP, al mando del coronel PNP Julio López de Vinatea, no sobrevoló la zona de la Curva del Diablo durante el operativo. Si lo hubiera hecho, podría haber proveído información de inteligencia sobre el desplazamiento de los indígenas tanto en la carretera como en la Estación Nº 6.

Diario La República-Lima 26/08/2009

ALARMA POR EVENTUAL ERUPCIÓN DE CERRO EN CHOTA


La posible erupción de un cerro en el caserío de Rodeopampa, distrito de Anguía (Chota) alarma a los pobladores, informó Gregorio Vargas, director de la institución educativa “Daniel Alcides Carrión”.

A través de Radio Santa Mónica, el docente indicó que, desde el último viernes, han notado columnas de humo en un cerro de la localidad. El vapor, según dijo, presenta olor a azufre, por lo que instó a las autoridades locales a realizar una evaluación urgente.

Cabe recordar que, en años anteriores, los lugareños afirmaron haber escuchado potentes sonidos provenientes del cerro. En el caserío de Rodeopampa viven un promedio de 40 familias.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 25/08/2009





Marcha convocó más de dos mil pobladores
RONDEROS DE HUANCABAMBA EXIGEN RETIRO DE ONG INTEGRANDO


Más de 2 mil ronderos, miembros de las de 50 organizaciones ronderiles de todos los caseríos de la Provincia de Huancabamba (Piura), de los distritos de El Carmen de la Frontera, Sóndor, Sondorillo, Lalaquiz, Canchaque, Huarmaca así como dirigentes ronderiles de Ayabaca y Pacaipampa realizaron hoy una marcha pacífica con el propósito de exigir justicia y respeto a sus derechos demandando el retiro inmediato de la ONG Asociación Integrando de su comunidad.

El punto de encuentro fue el barrio El Altillo, desde donde se inició la caminata por las principales calles de la ciudad, haciendo arengas por la defensa del medio ambiente, para luego terminar el recorrido con un mitin pacífico en la plaza principal de Huancabamba.

Pese a haberse presentado inconvenientes como la no otorgación de las garantías por parte de la Gobernación Política, el Comandante de la Policía Nacional del Perú, Juan Ortiz Nuñez aseguró que durante la marcha se brindarían las garantías necesarias para que ésta se desarrolle con total normalidad, sin vulnerar los derechos de la población a expresarse libremente y de manera pacífica. De otro lado, manifestó no estar informado sobre los posibles piquetes formados por las organizaciones paralelas en el sector Cruz Blanca que impidió el pase de campesinos de Ayabaca y Tambogrande quienes también iban apoyar la movilización social.

La Central Única Provincial de Rondas Campesinas de Huancabamba elaboró un pliego de reclamos en el cual exigen el retiro inmediato de la ONG Asociación Integrando y de la empresa Minera Río Blanco Copper S.A. por el engaño, mentira y la forma conflictiva con la que vienen trabajando en el territorio comunal de Segunda y Cajas – distrito de El Carmen de la Frontera en Huancabamba, Piura. Asimismo manifestaron su rechazo a los comités paralelos de rondas que no tienen representatividad y se han formado recientemente manteniendo nexos con la empresa minera. Como último reclamo demandaron a la PCM reiniciar el proceso de diálogo a través del Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú (FDSFNP), como interlocutor válido de las comunidades campesinas y con ello evitar lo sucedido en otras ciudades del país donde por incapacidad de sus representantes se han producido enfrentamientos que han cobrado la vida de muchos dirigentes.

Alfonso Huayama Guerrero, presidente de la Central Única Provincial de Rondas Campesinas de Huancabamba aseguró que “el gobierno no ha cumplido con sus compromisos y lo único que pedimos es ser escuchados y dejar de lado el divisionismo puesto que nunca obtendrán la licencia social”.

Por su parte, Miguel Herrera Neyra, regidor de la Municipalidad Provincial de Ayabaca dijo que las rondas nacen de las comunidades para defender sus derechos y luchan por un verdadero objetivo porque ha quedado demostrado que los pueblos surgen a través de la agricultura y no de actividades que duran poco tiempo para luego dejando a las comunidades en situaciones de extrema pobreza.

Con Nuestro Perú 25/08/2009





PUNO: EXPLOTARÁN PETRÓLEO EN LA CUENCA DEL LAGO TITICACA


Luego que el pasado 22 de agosto, el titular de la Dirección Regional de Energía y Minas de Puno, Víctor Paredes Argandoña, diera a conocer la licitación que realizó el Gobierno central a espaldas del pueblo puneño, de tres pozos petrolíferos en la cuenca del Titicaca, especialistas en materia ambiental han mostrado su preocupación ante el posible deterioro del ecosistema.

Asimismo, las autoridades, especialmente los congresistas Susana Vilca y Yonhy Lescano se han pronunciado en contra de la explotación, de igual manera el presidente regional, Hernán Fuentes y el alcalde Luis Butrón; pero todos lo han hecho en forma tardía.

Por su parte, David Aranibar Huaquisto, jefe de la Reserva Nacional del Titicaca, ha manifestado que esta explotación de recursos debe realizarse previo Estudio de Impacto Ambiental, de manera que se garantice la vida de las especies que habitan en el lago navegable más alto del mundo y a su vez se asegure el desarrollo de Puno.

Asimismo, informó que meses atrás la institución que preside, advirtió la existencia de estos yacimientos petroleros, y ante la importancia de este hidrocarburo, señaló que su explotación es un acto positivo; sin embargo, se debe evitar consecuencias alarmantes para el ecosistema.

Los Andes-Puno 25/08/2009

GOBERNACIÓN Y PCM NO ASUMEN SU RESPONSABILIDAD EN CONFLICTOS SOCIALES


Según informe de la Defensoría del Pueblo, Cajamarca figura entre las regiones con mayor número de conflictos sociales, específicamente mineros, razón por la cual el director regional de Energía y Minas, Eduardo Barreto Blanco, concluyó que se debe a la falta de responsabilidad de la Gobernación y la Presidencia de Concejo de Ministros (PCM).

Igualmente arremetió contra el Gobierno Central al sostener que no hace presencia de los problemas que aquejan a Cajamarca y al igual que las autoridades regionales competentes que evaden sus responsabilidades.

“Hago un llamado a la gobernación de Cajamarca, Defensoría del Pueblo y la PCM a que no evadan sus responsabilidades, con esa actitud, tengan por seguro con los conflictos van a seguir agudizándose”, acotó.

Barreto dijo que existe responsabilidad porque no atiende los conflictos. Él (gobernador) en el momento que llegan los problemas a su sector tiene que darle solución. Sin embargo, hay que dejar en claro que la mayoría de conflictos sociales se dan porque la empresa privada no cumple con la comunidad.

Según la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) viene promoviendo el diálogo. En todo caso, el gobierno nacional debe estar agradecido del gobierno regional, porque estamos calmando la tensión de los autores en los conflictos.

Tenemos el caso de Chinalinda, Negritos que hubiese ‘reventado’ en la zona y producido un derramamiento de sangre. “Podemos decir que hay entendimiento, pero aún lo que falta articular, con todas las autoridades es el diálogo”, manifestó Eduardo Barreto.

El gobierno regional está desarrollando propuestas de responsabilidad en el cuidado del medio ambiente. Sin embargo, es el gobierno central quién otorga las concesiones mineras.

Lo positivo sería que el GC pueda dar las concesiones, siempre y cuando ya exista el patrón de trabajo ZEE, prioritario para determinar donde es beneficioso desarrollar la ganadería, agricultura, etc., o la minería. Este tipo de trabajo va ser beneficioso para la región Cajamarca.

Diario Panorama Cajamarquino 24/08/2009





DEFENSORÍA SE PREOCUPA POR PROCESO DE DIÁLOGO CON NATIVOS


Limitaciones. Beatriz Merino advierte dificultades. Además, solicita al premier Velásquez Quesquén que se brinde apoyo a sus representantes.

Francesca García.

Mediante una carta dirigida al primer ministro Javier Velásquez Quesquén, la defensora del Pueblo, Beatriz Merino, expresó la preocupación de su institución por el actual proceso de diálogo entre el gobierno y los representantes de las comunidades nativas.

Merino explicó que la Defensoría del Pueblo ha tomado conocimiento de “algunas limitaciones y dificultades” que se estarían presentando en el Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos, las cuales lo estarían debilitando.

“Sobre este particular, debido a las características singulares del proceso, es indispensable que se asegure la constante participación de todos los representantes de las instituciones del gobierno en las reuniones del referido grupo y sus respectivas mesas”, precisó.

En tanto, la defensora manifestó que es necesaria la coordinación constante con los gobiernos regionales, con el fin de garantizar su participación activa, pues consideró que la presencia de los titulares de las distintas entidades constituye una señal de “reconocimiento y respeto”.

Solicita apoyo a nativos
Merino exhortó al premier a prestar atención a las limitaciones que enfrentan los delegados de los pueblos nativos de la Amazonía. En esa línea pidió que se les dé ayuda económica y logística que asegure su participación en el diálogo.

Además, se dirigió al ministro de Salud, Óscar Ugarte, para “recomendar” que su sector destine los fondos necesarios para brindar una “atención médica integral” a los ciudadanos que resultaron heridos el 5 de junio en Bagua. Lo anterior se debe, según expresó, a que los comisionados de la Defensoría han podido comprobar falta de medicamentos y personal en algunas comunidades nativas.

Dato
Conap. La Confederación de Comunidades Amazónicas (Conap) afirmó que los nativos deben agotar los mecanismos de diálogo antes de reiniciar cualquier medida de fuerza. La representante de Conap, Zaida Ríos, realizó un llamado a la calma a las comunidades nativas, al indicar que se debe insistir en el diálogo con el Ejecutivo.

Diario La República-Lima 24/08/2009





NATIVOS INSISTEN EN QUE MINISTROS LOS IGNORAN


Integrantes del gabinete no se reúnen con dirigentes amazónicos desde el 22 de junio. Ministra Vílchez se integrará a mesa de diálogo que preside el ministro de Agricultura.

Mientras el premier Javier Velásquez Quesquén y el ministro de Agricultura, Adolfo de Córdova, afirman que el diálogo con los nativos amazónicos avanza sin problemas, los representantes de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), insisten en que el Gobierno no ha dado muestras de buena voluntad en estas conversaciones.

Tal como hizo la Defensoría del Pueblo, Salomón Awanash, representante de Aidesep en el Grupo de Coordinación de los Pueblos Amazónicos, afirmó que desde que se formó este organismo (el 22 de junio de este año) los integrantes del gabinete no han vuelto a entrevistarse con los voceros de las comunidades, lo que retrasa cualquier decisión oficial.

“Es cierto que van sus asesores, pero ellos no pueden decidir nada”, afirmó Awanash, quien también expresó su preocupación por el retraso en la formación de la comisión que debe investigar los trágicos hechos ocurridos en Bagua. En ese sentido, contó que el Gobierno debía presentar en julio a su representante en este grupo pero que hasta la fecha no ha cumplido.

“Nos dijeron que en julio, pero hubo cambio de ministros, luego postergaron la fecha para el miércoles 19 de agosto, pero no pasó nada, nos dijeron para el viernes, pero tampoco. Ahora dicen que nos darán una respuesta entre el lunes (hoy) y el martes. Esperamos que cumplan”, refirió.

PRESENTES. Por su parte, y ante el llamado de atención de la Defensoría, el premier Velásquez Quesquén negó ayer que el Gobierno se hubiera retirado de las conversaciones con los nativos y pidió paciencia a los líderes amazónicos para que se pueda cumplir con los compromisos acordados.

“No hay ninguna razón para que nos retiremos. Yo niego categóricamente esa afirmación. Estamos trabajando y los plazos de las mesas de diálogo todavía no se han cumplido”, aseveró en diálogo con la prensa.

Además, indicó que la ministra de la Mujer, Nidia Vílchez, se integrará a estas mesas de trabajo para reforzar la labor del ministro Adolfo de Córdova, quien preside el Grupo de Coordinación de los Pueblos Amazónicos.

Diario Perú 21-Lima 24/08/2009





ALERTA MUNDIAL POR NUEVO "NIÑO"


Cambio climático. Pero jefe del Senamhi insiste en que no hay evidencias. Organización Mundial de la Meteorología, el NOAA y Universidad de Columbia dicen que hay señales, pero factores climáticos en el país siguen igual.

Lo que faltaba. El fenómeno meteorológico de El Niño, según la Organización Mundial de la Meteorología (OMM), ha empezado a manifestarse en el Pacífico Norte y sus efectos podrían durar hasta el primer trimestre del próximo año. El reporte del organismo mundial, sin embargo, no debe alterarnos, pues aún es prematuro señalar si en el lado sur del océano habrá alteraciones climáticas y de qué magnitud serían estas.

“El Niño comenzó en junio o julio en el Pacífico y continuará hasta finales de año, probablemente incluso hasta el primer trimestre de 2010”, dijo en conferencia de prensa el científico de la OMM Rupa Kumar Kolli.

NO HAY EVIDENCIAS

En tanto, las autoridades locales señaladas para confirmar o desmentir esta revelación, volvieron a pedir calma, pues, al menos en el Perú, no hay señales que permitan decir que la nefasta anomalía climática volverá a presentarse.

Uno de ellos es el presidente ejecutivo del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), Wilar Gamarra Molina, quien explicó a La República que es prematuro pronunciarse respecto a la presentación o no del fenómeno.

Gamarra insistió además en que las cosas no han cambiado mucho desde junio, en términos climáticos, y que recién en octubre podrían tener nuevos elementos para negar o afirmar que habrá un Niño en esta parte del continente.

Pero las malas noticias continúan llegando de afuera. El Centro de Predicción Climática del Instituto Oceánico y Atmosférico (NOAA), de Estados Unidos, advirtió que este fenómeno se presentaría de todas maneras, aunque con intensidad moderada.

El NOAA basa su hipótesis en las anomalías detectadas en la superficie de las aguas del Océano Pacífico y en el debilitamiento de los vientos.

De otro lado, el Instituto Internacional de Investigación sobre Clima y Sociedades de la Universidad de Columbia advirtió que había un 60% de posibilidades de que se produjese un Niño el próximo verano.

NIÑO BUENO
Pero no todas son malas noticias, pues, según el presidente del Instituto del Mar (Imarpe), Héctor Soldi, en caso se presente un Niño, no afectaría significativamente la pesca de anchoveta.

Es más, dijo Soldi, los más beneficiados serían los pescadores artesanales de la zona norte del país, pues entrarían más especies marinas tropicales a ese litoral y sería una buena oportunidad, de trabajo para ellos.

Reacción
"Estamos preparados para advertir, en el momento exacto, cuándo se presentaría un Niño. Tenemos los equipos, la experiencia, la calificación y los técnicos para ello. La ciudadanía puede estar tranquila, estamos preparados”.

Diario La República-Lima 24/08/2009

LA PRIMERA SENTENCIA A 11 COMUNEROS POR PROTESTAR CONTRA MINERA


Jueza de Cajamarca les impuso cuatro años de prisión suspendida. Se les acusa de bloquear vía pública el 2007.


A cuatro años de pena privativa de libertad suspendida y al pago solidario de dos mil soles por reparación civil fueron sentenciados once líderes comuneros del valle de Condebamba, procesados por el delito de entorpecimiento de los servicios públicos en forma agravada.

El Juzgado Mixto de San Marcos, a cargo de María Chumpitaz, no pudo demostrar que los dirigentes campesinos provocaron el hecho y optó por imponer la forma simple del delito que dio lugar a la carcelería suspendida.

La asesora legal de los denunciados, Mirtha Vásquez, apeló la resolución y solicitará la absolución de los once campesinos. “No hay pruebas de que provocaron la interrupción de la vía durante un acto de protesta en la que participaron más de tres mil personas”, refirió.

Este hecho se remonta al año 2007, cuando miles de campesinos acudieron a las inmediaciones del Cerro Mogol, donde Minera Miski Mayo hacía trabajos de exploración que eran rechazados por los pobladores del valle de Condebamba.

El Dato
Frente. Entre los sentenciados están José Lezma, titular del Frente de Defensa de Condebamba; Carlos Meléndez, del Comité de Ecología de Cholocal, y Chanel Ruiz, consejero de San Marcos.

Diario La República-Lima 22/08/2009





Para tener en cuenta

En Agosto de 2007, pobladores y líderes de la provincia de San Marcos (Cajamarca) acordaron realizar una movilización pacífica con el fin de mostrar su disconformidad con el inicio de las operaciones de la Empresa Minera Miski Mayo (subsidiaria de la transnacional Vale), cuyas prácticas eran abusivas y abiertamente violatorias de derechos, entre ellas la contratación de delincuentes como parte de su personal de seguridad o “cuadros de defensa”.

Entre el personal contratado se encontraban Joel Atilio Briones Acosta (37) procesado por tráfico ilícito de drogas según consta en el expediente 81-2002, José Ysmael Armas Medina (32), enjuiciado por homicidio, (expediente 116-2001), Vidal Izquierdo ex senderista vinculado al ajusticiamiento del párroco y presidente de las rondas, Rada Romero (marzo de 1987) y participación en el atentado contra la subprefectura de Otuzco (octubre 1990). Los delincuentes realizaban actividades de extorsión y amedrentamiento. Los excesos fueron tales que en enero del 2008 el Juzgado Mixto de la Provincia de San Marcos (Cajamarca) ordena la captura de Isidoro Fernández Chiroque y Mauro Quispe Barrios, ambos funcionarios de Miski Mayo por Homicidio Simple en grado de Tentativa, los implicados no han sido investigados ni sancionados hasta la fecha.

Observatorio de Conflictos Grufides





SENTENCIAN A CONSEJERO REGIONAL DE CAJAMARCA


La titular del Juzgado Mixto de la Provincia de San Marcos, María Castro Chumpitaz, fue sentenciado a cuatro años de pena privativa de la libertad, al consejero regional Chanel Ruiz Vargas, así como a siete campesinos y dos profesores.

Se trata de los profesores Ananí Ramal Fuerte, Jorge Spelucín Aliaga y Eduardo Requelme Trigoso, Rosas Durán Carrera, José Lezama Sánchez, Carlos Meléndez Castañeda, Rosario Quiroz Marín, Francisco Roncal Ordaz y Víctor Rodríguez Lezama.

La sentencia es por el delito de entorpecimiento de funcionamiento de servicios públicos y contra la tranquilidad pública, es decir, por convocar diferentes movilizaciones contra la minera Miski Mayo, ahora Vale Perú, que realizó exploraciones en el cerro Mogol, y en la actualidad la minera decidió suspender sus actividades.

En su momento, los ahora sentenciados declararon que las marchas eran para defender el Valle de Condebamba y toda su riqueza agrícola, dejando en claro que no querían a la empresa minera por la contaminación que pudieran ocasionar.

En declaraciones a Panorama, antes de ser sentenciado, el consejero regional por la provincia de San Marcos, Chanel Ruiz Vargas, dijo que sí ésta le era desfavorable, apelaría a la misma.

Trascendió que más de 200 efectivos policiales de Cajamarca estuvieron resguardando la sede judicial ante un probable desborde de violencia, así mismo pobladores de las diferentes comunidades como José Sabogal del Valle de Condebamba y de zonas aledaña al Cerro Mogol en un número aproximado de 400 estuvieron apoyando al Consejero y demás dirigentes.

Diario Panorana Cajamarquino 22/08/2009

EL ESTADO EN LAS MINAS


San Marcos, al sur de Cajamarca es una provincia donde algunas empresas mineras hacen las veces del estado, y las comunidades no tienen más que a sus rondas. Allí José Lezma, líder comunero, está a punto de ser condenado a raíz de una denuncia injusta del estado.

Diario La República-Lima 22/08/2009





OJO CON MISKI MAYO


El ministerio de energía y minas suspendió las operaciones de la Brasileña Miski Mayo hasta que tenga estudios técnicos. Pero, en las partes del valle la empresa sigue trabajando por la licencia social. Y mientras tanto se ha trasladado a la zona aurífera del norte de Piura.

Diario La República-Lima 22/08/2009

Temen que explotaciones de recursos contamine sus aguas y medio ambiente
COMUNEROS DE CHOROS SE OPONEN A MINERÍA

En última asamblea acordaron pedir a empresa minera Barrick Misquichilca que no regrese a zona.

La comunidad campesina El Rollo, jurisdicción del Distrito de Choros en la provincia de cutervo, se viene organizando para dialogar con los representantes de la empresa minera Barrick Misquichilca S.A, quien desde hace algunas semanas atrás visitan la zona para realizar trabajos de exploración minera actividad a ala que se oponen por considerarla contaminante.

En la última asamblea que tuvo la población de El Rollo, donde participaron representantes de la Oficina de Medio Ambiente del Vicariato San Francisco Javier y dirigentes de la federación Subregional de rondas campesinas de Jaén, acordaron por unanimidad pedirles a los funcionarios de Barrick Misquilchilca que no regresen a ala zona.

Dante Sánchez Villegas, presidente de las rondas campesinas de Cutervo, afirmó que la organización campesina se opone a esta forma de desarrollo porque contamina los recursos naturales, enfrenta a las familias de una comunidad y propicia el enriquecimiento de los dueños, sumiendo en la pobreza absoluta a los lugareños.

“Seguramente están llegando a El Rollo con regalos y con promesas de trabajo y bonanza para el pueblo. Las mentiras de siempre. Aquí en cutervo apostamos por el desarrollo sostenible y por el cuidado de nuestros recursos naturales que toda la vida servirán de sostén de nuestras familias y las futuras generaciones”, precisó.

Respeten decisión

Por su parte, el dirigente rondero de El Rollo, Fernando Ramírez Vásquez, señaló que el pueblo está convencido que la minería no genera desarrollo para las comunidades campesinas, sino al contrario, contaminan las aguas y favorecen al divisionismo de las autoridades, los dirigentes y hasta las familias.

“No buscamos el enfrentamiento y menos enemistarnos con al empresa minera Barrick Misquichilca, lo que queremos es que así como llegaron muy adecuados a presentarse, ahora que ya acordamos en asamblea decir no a la minería, que sepan respetar nuestras decisión”, acotó Ramírez Vásquez.

Diario La República-Lima 22/08/2009





OBISPOS EXIGEN PARTICIPACIÓN EFECTIVA DEL GOBIERNO EN DIÁLOGO


Al finalizar 94 asamblea, emiten pronunciamiento en el que deslidan con la violencia. Iglesia Católica se pronuncia sobre conflictos sociales: Autoridades deben escuchar los justos reclamos y ciudadanos excluir la violencia.

Redacción La República.

A media semana dialogaron con el presidente Alan García y ayer, al finalizar su 94 Asamblea Extraordinaria, los obispos de la Iglesia Católica pidieron al gobierno una “participación efectiva” en las mesas de diálogo con los pueblos amazónicos.

Las máximas autoridades de la Iglesia señalaron en un pronunciamiento que ven “con esperanza la iniciativa de diálogo entre el gobierno y las comunidades amazónicas, a la vez que urgimos la efectiva participación de los representantes del gobierno en la misma”.

Dos meses y medio después de los sucesos en Bagua, que concluyeron en 34 muertes, los obispos también deploraron los actos violentos en las protestas sociales.

“Las autoridades deben escuchar los justos reclamos de los ciudadanos y estos han de emplear los medios legítimos en un Estado de derecho por las vías del diálogo y respeto mutuos, excluyendo la violencia que, lejos de alcanzar algún bien, acarrea siempre peores consecuencias”, sostiene el documento.

Por la reconciliación

La asamblea presidida por el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), monseñor Miguel Cabrejos, hizo un análisis de la situación social del país y dijo haberse detenido a observar “la ola de reclamos y protestas que llegó al extremo de cobrarse vidas humanas, como en Bagua”.

“Deploramos esa violencia –continuó– y nos solidarizamos con sus víctimas policías y civiles. Compartimos el dolor de sus familiares recogiendo el grito que una mujer wampis expresó ante un obispo de la selva: ‘¡Nos hemos matado entre hermanos!’. Deseamos que se esclarezcan los hechos y se proceda con justicia, al mismo tiempo hacemos un llamado a la reconciliación y mutuo entendimiento”.

Monseñor Luis Bambarén Gastelumendi, ex presidente de la CEP, apoyó el pronunciamiento de sus colegas y señaló que toda mesa de diálogo debe concluir con un acta que establezca la creación de una comisión veedora que garantice el cumplimiento de los acuerdos.

“Los problemas siempre regresan después de meses de finalizar una mesa, cuando no se cumplen”, señaló a este diario.

Obispos soberanos

El obispo emérito de Chimbote agregó que “los gobiernos han fallado al promover el diálogo tardío, cuando deberían tener una participación oportuna en la prevención, antes que estalle la violencia”.

Opinó que la Iglesia Católica no puede estar al margen de los conflictos que suceden en el país. “No podemos estar ajenos y sí velar por la paz, la justicia y la defensa de la persona y sus derechos. Cada obispo debe participar en la solución de problemas en su diócesis, cada uno es soberano en su diócesis y no hace falta pedir permiso a la cúpula”, dijo.

Recordó la participación de hasta ocho obispos de la Amazonía en la resolución del conflicto en Bagua y estimó que ello habla del papel fundamental de la Iglesia.

El papel activo de la Iglesia en los conflictos

Según el último reporte de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, al 31 de julio, existen 272 conflictos: 223 activos y 49 en estado latente. 104 casos se encuentran en proceso de diálogo. Además se registran 18 protestas colectivas y tres acciones subversivas, solo en julio.

La mayor cantidad de conflictos se ubican en Lima (23), seguido por Puno (22), Junín (21), Cajamarca y Cusco (20). La mayoría de ellos se originó por reclamos socioambientales, seguidos de asuntos vinculados a gobiernos locales y reclamos laborales. El informe da cuenta además del aumento de conflictos, respecto al año anterior: en julio del 2008 la Defensoría detectó 147; en julio último, 272.

En mayo pasado, los obispos de Yurimaguas, Jaén, Amazonas, San Ramón, Pucallpa, Puerto Maldonado, Iquitos, Requena y Moyabamba firmaron un memorial al gobierno que pedía la derogatoria de los decretos amazónicos que originaron el ‘Baguazo’.

Recientemente el arzobispo de Huancayo, monseñor Pedro Barreto Jimeno, fomentó la mesa de diálogo frente al conflicto entre la minera Doe Run y la población de La Oroya. Monseñor Bambarén reveló haber sido llamado por el Ministerio de Energía y Minas para mediar en el conflicto por contaminación de relaves originado por la minera Raura en Huánuco.

Diario La República-Lima 22/08/2009





CAMPESINOS EN CAJAMARCA AMENAZAN CON VOLVER A BLOQUEAR CARRETERA


Esperan que minera Gold Fields cumpla con promesa de instalar servicios de agua y fluido eléctrico

Los pobladores del distrito de Hualgayoc no se confían. Luego de firmar anoche un acta con la minera Gold Fields, en el cual esta empresa se compromete a instalar el servicio de agua y fluido eléctrico en la zona, los campesinos de esta localidad cajamarquina amenazaron con retomar sus medidas de fuerza si es que dicha firma no cumple con lo suscrito.

Como se recuerda, los pobladores denunciaron que se encuentran sin abastecimiento de agua y fluido eléctrico desde que la minera entró a operar en la zona hace más de dos años.

Es por ello que cansados de que no se escuchen sus reclamos, bloquearon una carretera impidiendo el ingreso y salida de vehículos de la compañía.

Este hecho motivo a que ambas partes se sentarán a negociar y tras una reunión firmaron un acta en el que la minera señala que regularizará sus compromisos de electrificación y agua en el distrito.

Diario El Comercio-Lima 21/08/2009





:: Esta ley marco se promulgará en los países miembro del Parlatino
CREARÁN LEY MARCO SOBRE PROTECCIÓN DE GLACIARES Y CONTAMINACIÓN DE APARATOS ELECTRÓNICOS


En el segundo día de sesiones del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), los representantes de este espacio político internacional que agrupa a parlamentarios de 22 países de la región debatieron sobre la alarmante reducción de glaciares y la necesidad de crear instrumentos legales que garanticen su preservación.

El representante por Argentina, el diputado Juan Carlos Gioja, explicó que en su país existen estrictos mecanismos de control medioambiental para fiscalizar la actividad minera, que exige la realización de audiencias públicas para aprobar estudios de impacto ambiental para la exploración, construcción y producción.

“El código para la actividad minera es similar al código civil o penal que sanciona delitos comunes (...) Además, hay una secretaría de minería que se ha convenido para ejercer control sobre los ríos cada 15 kilómetros, que lo realiza la policía minera”, explicó.

Los representantes de la comisión de Medio Ambiente y Turismo tomaron nota de las explicaciones del diputado argentino, con miras a elaborar la ley marco sobre de protección de glaciares para incorporarla a los parlamentos nacionales de cada país miembro.
La vicepresidenta del Parlatino por el Perú, la congresista Fabiola Morales, se comprometió a impulsar en nuestro país la emisión de esa norma para que la debata en el Congreso y se acelere su aprobación. “Yo misma en colaboración con otras bancadas podemos presentar un proyecto sobre la base de las ideas que nos han dado hoy los especialistas”.

El representante de la Secretaría General de la CAN, Ricardo Giesecke, detalló que en el seno de esa institución existe un proyecto para mitigar el daño que ocasiona a la población afectada por el deshielo de los glaciares. Para ello impulsan proyectos pilotos en las cuencas y microcuencas a las que afectará la disminución de las aguas.

Por su parte, la vicerrectora de la Universidad para la Cooperación Internacional y representante por Costa Rica, Lorena San Román, reiteró el pedido para que la junta directiva realice las gestiones correspondientes para incluir la participación del Parlatino en la cumbre de Copenhague sobre el cambio climático.

En la misma línea, el secretario ejecutivo del Parlatino, Humberto Peláez Gutiérrez, recomendó que la declaración que se firmará al final de este evento y que se lleve a Copenhague se ponga también en práctica en los países.

Celulares y computadores son desechados en sitios desconocidos

En la sesión se examinó también la acción contaminante que generan los aparatos eléctricos y electrónicos como las computadoras o los celulares y se analizó un documento de una auditoria realizada en Uruguay por el senador Alberto Cid, quien presentó un proyecto de ley, que se debate ya en el senado uruguayo, sobre la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, con la finalidad de reciclar los que contienen plomo, cadmio, cromo, mercurio, que son desechados en sitios desconocidos y contienen elementos potencialmente tóxicos.

De otro lado, que los gobiernos implementen políticas públicas para promover la producción de alimentos sin elementos tóxicos, con inversión en ciencia y tecnología, y educar a la población en materia de nutrición, fue la conclusión de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Parlatino.

Los integrantes afirmaron que a través de esas políticas se podría alcanzar mejores niveles de seguridad alimentaria y romper el ciclo `hambre, que genera pobreza, y pobreza que genera hambre'.

Mariano Olazábal, de la Universidad para la Cooperación Internacional - UCI, sostuvo que para el 2025 seremos 9,000 millones de personas, 2,500 millones más de los que somos ahora, “por lo que las naciones del hemisferio sur, y las latinoamericanas en particular, se verán en la necesidad de duplicar la producción de alimentos para satisfacer la demanda”.

Finalmente, los parlamentarios se comprometieron a revisar la legislación existente en sus respectivos países sobre el uso de plaguicidas obsoletos, con el fin de equilibrar las actividades de producción y la protección del ambiente.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 21/08/2009





PRODUCTORES NACIONALES PIERDEN CULTIVOS Y GANADO POR CAMBIO CLIMÁTICO


Cientos de productores a nivel nacional han perdido sus cultivos y ganado debido al cambio climático, alertó Rocío Valdeavellano, coordinadora del Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC).

En declaraciones a la CNR, la especialista precisó que los agricultores y ganaderos figuran entre los principales afectados por el desabastecimiento de agua que genera el calentamiento global. “En el campo, la situación es una tragedia”, aseveró.

En ese sentido, anunció que su institución está organizando audiencias climáticas descentralizadas fin que los agricultores puedan expresar de qué manera los afectan los cambios en el clima.

“A través de las audiencias harán de conocimiento público, las pérdidas de cosechas como consecuencia de la inestabilidad de las lluvias y heladas; los problemas de sanidad por la aparición de enfermedades (uta y dengue) como consecuencia del incremento del calor y frío extremos; así como en el abastecimiento de agua, a través de la pérdida de fuentes de agua como consecuencia de la deglaciación y sequías”, enfatizó Valdeavellano.

La coordinadora del MOCICC, detalló que estos encuentros se realizarán en Cusco el 28 de agosto; en Ancash, el 25 de setiembre; en Arequipa, el 2 de octubre; en Junín, el 11 de setiembre; en Cerro de Pasco, el 18 de setiembre; y en Huancavelica, el 19 de setiembre.

Agregó que la audiencia nacional se realizará en Lima, el 17 de octubre, donde productores de varias regiones expondrán sus testimonios. Se busca que la ciudadanía se solidarice con este drama que se vive en el campo y comience a preocuparse porque también les afectará el desabastecimiento de alimentos y de agua”.

Valdeavellano garantizó que las autoridades regionales acudirán a las audiencias regionales, lo mismo que representantes del gobierno central, en particular del Ministerio del Ambiente.

“Ellos tienen que escuchar dicha problemática porque deben elaborar los planes de estrategia regional y nacional frente al cambio climático que afecta gravemente a nuestro país”, rcalcó.

Finalmente, dijo que las propuestas de solución a que se arriben en las audiencias tendrán que ser elevadas a cumbre de las Naciones Unidas sobre cambio climático que se realizará en diciembre en Copenhague (Dinamarca)

Diario La República-Lima 21/08/2009

POR AGUA, CAMPESINOS TOMARON LA CARRETERA CAJAMARCA-HUALGAYOC


En protesta por el incumplimiento de los acuerdos de la minera Gold Fields. Se posesionaron del ingreso a mina Corona hace tres días.

Cansados de solicitar a la empresa Gold Fields que cumpla con instalar el servicio de agua, elemento que desapareció en el distrito desde que la minera entró a operar en la zona hace más de dos años, cientos de campesinos se ubicaron en el punto denominado Coimolache, de la carretera Cajamarca-Hualgayoc.

La empresa solo les repartía entre 50 y 200 litros de agua por familia a través de camiones cisternas, hecho que consideraron lamentable si antes disponían de cantidad suficiente de ese elemento.

También fustigaron ala oficina regional de riego que dio licencia a la minera para que perfore cerca de diez pozos tubulares de agua.
Según informó Víctor Pérez,de la Coordinadora de Defensa delMedio Ambiente de Hualgayoc, lo que igualmente mantiene en vilo a la población son las explosiones que han dañado las paredes de sus casas.

El compromiso de llevarles energía eléctrica tampoco ha tenido resultados positivos.

EL DATO
Presencia policial. Aproximadamente treinta policías se encuentran en el lugar para evitar que los campesinos ingresen al campamento minero.

Diario La República-Lima 21/08/2009





EVALÚAN UN PETITORIO MINERO CERCA DE LAS RUINAS DE KUÉLAP


La empresa Votorantim Metais Cajamarquilla S.A. quiere explorar la zona de Huiquilla. El Instituto Geológico Minero Metalúrgico (Ingemmet) informó que el pedido no afectaría a la fortaleza, y el estudio se terminará en setiembre.

La fortaleza de Kuélap, la más grande de la cultura Chachapoyas, no se encuentra en peligro por la minería. Así lo aseguró Walter Casquino, presidente del consejo directivo del Instituto Geológico Minero Metalúrgico (Ingemmet), quien aclaró que el petitorio minero presentado por la empresa Votorantim Metais Cajamarquilla S.A. es para explorar la zona de Huiquilla, la cual, aunque está cerca del complejo, no forma parte del mismo y es un área de conservación privada.

El funcionario dijo a la agencia Andina que, en setiembre, Ingemmet concluirá la evaluación del caso y, aunque eventualmente se dé el visto bueno a la solicitud, la palabra final para que la compañía pueda realizar su actividad minera en el lugar la tiene el Instituto Nacional de Cultura.

En tal sentido, recordó que cualquier peruano o extranjero puede presentar un petitorio minero para explorar a futuro una zona del país sobre la que tenga indicios de la presencia de minerales y que es función del Ingemmet hacer la evaluación respectiva.

La aclaración fue hecha por Casquino luego de que, semanas atrás, José La Torre, copropietario del área de conservación privada Huiquilla, denunciara que recibió una notificación de dicha entidad indicándole la existencia de un petitorio minero que se superponía al bosque ubicado en la zona de amortiguamiento de Kuélap, en un sitio dedicado a la conservación de la biodiversidad.

La Torre señaló que este bosque alberga un sinnúmero de maravillas naturales y de especies en peligro de extinción –como el mono nocturno andino, el único primate que sobrevive a más de 3,000 metros de altura–, las cuales estarían en riesgo por el ingreso de la minería.

Además, expertos ecologistas de la zona advirtieron que la actividad minera también podría poner en grave riesgo las fuentes de agua que se generan en dicho bosque.

Frente a esta situación, el Gobierno Regional de Amazonas informó que hará las gestiones ante las instituciones correspondientes con la finalidad de que no se permita ningún tipo de concesión minera dentro o en zonas aledañas a la fortaleza de Kuélap.

DATOS

* El bosque de Huiquilla es uno de los pocos sitios ecológicos privados que existen en el país y constituye la floresta más cercana a la fortaleza de Kuélap.
* La bióloga Fanny Cornejo dijo que, debido a su diversidad, es una de las zonas consideradas “hotspots’ a nivel internacional.

Diario Perú 21-Lima 21/08/2009





NATIVOS DECIDIERON DENUNCIAR AL GOBIERNO DE GARCÍA ANTE LA CIDH


Representante viaja a lima para solicitar ayuda de organismos de ddhh. Acuerdo firmado el martes por líderes awajun y wampis incluye, además, a ex ministros Yehude Simon y Mercedes Cabanillas.

Dirigentes y apus de diversas comunidades pertenecientes a las etnias awajun y wampis acordaron en una asamblea extraordinaria, el pasado martes, denunciar al gobierno de Alan García ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido al maltrato que –aseguran– sufrieron tanto nativos como policías durante los sucesos del 5 de junio en Bagua.

Entre las conclusiones del acta, se decide incluir además al ex primer ministro Yehude Simon, a la ex ministra del Interior Mercedes Cabanillas y al ex titular de Defensa Ántero Flores Aráoz, a quienes responsabilizan por “mentir y difamar al pueblo amazónico” para evadir responsabilidades.

“Iniciaremos la recolección de firmas y viajaremos la próxima semana a Lima para buscar apoyo de organizaciones de derechos humanos”, aseguró el alcalde del Centro Poblado de Imacita, Carlos Navas, quien dirigió la asamblea.

“No solo hubo maltrato contra los nativos durante el desalojo (de la Curva del Diablo), sino también en los días posteriores y hasta hoy se mantiene un ambiente de persecución”, agregó a La República.

Paro podría Reiniciarse

Durante la reunión del 18 de agosto realizada en la comunidad de Yamayakat, provincia de Bagua, se decidió apoyar las declaraciones del dirigente indígena Salomón Awananch, quien dijo que luego del 17 de setiembre –fecha de la próxima asamblea– se dará plazo por cinco días al gobierno para solucionar la instalación de la ‘Comisión de la Verdad’ de Bagua. De no ser así, se reiniciaría el paro.

Consultado al respecto, Navas, quien es coordinador por Aidesep para la instalación de esta comisión, dijo esperar que el problema se solucione cuando antes y que se mantiene la calma entre la población, aunque señaló que no existe voluntad política de las autoridades del Ejecutivo en este caso. Prueba de ello –indicó– es que aún no han designado a su representante.

En el documento, los dirigentes y apus awajun y wampis expresan su rechazo y desconocimiento a “seudodirigentes” entre los que mencionan a Alexander Teets, Evaristo Nugkuag, César Sarasara y Óscar Paati, a quienes acusan de formar una Aidesep paralela a la liderada por Daysi Zapata.

Acuerdos

No grato. Entre los acuerdos, los dirigentes nativos decidieron declarar al presidente regional de Amazonas, Ing. Óscar Altamirano, persona no grata por juramentar a la “Aidesep paralela” y reconocer el liderazgo de Alexander Teets.

Asamblea. Se ha convocado para 16 y 17 de setiembre a una Macro Asamblea, en la que se presentarán avances de la denuncia contra el gobierno, informó el dirigente Hugo Ortiz.

Apoyo a la PNP ante conflictos

1] El primer ministro Javier Velásquez Quesquén afirmó que frente a los conflictos sociales el gobierno respalda plenamente las funciones de la Policía Nacional, por lo que solicitó a la ciudadanía apoyarla también. “Reafirmamos nuestro respaldo a la Policía y exhortamos a la ciudadanía para que la apoye durante los conflictos”, precisó.

2] Durante su visita a Chiclayo, Velásquez aseguró además que desde el gobierno se están realizando los esfuerzos correspondientes para la prevención de los conflictos e indicó que en cada ministerio se están constituyendo unidades para este fin. Y subrayó que cualquier diálogo iniciado por el gobierno no responderá a presiones. “Creemos en el diálogo, pero sin condiciones ni actos de violencia”, afirmó.

3] En otro momento de sus declaraciones, el premier se pronunció sobre los llamados núcleos ejecutores, los cuales –dijo– representan una alianza entre pobladores y las autoridades con la única finalidad de facilitar la ejecución de proyectos.

4] Velásquez Quesquén consideró además que su ejecución no debe causar preocupación. Asimismo, defendió al Fondo Nacional de Cooperación para el Desarrollo (Foncodes) al indicar que esta institución ha ejecutado obras con grandes presupuestos sin haber incurrido en actos de corrupción.

Diario La República-Lima 21/08/2009





APUS DECIDIRÁN ESTRATEGIAS DE PROTESTA ESTE FIN DE SEMANA


Nativos creen que Ejecutivo y Legislativo actúan pasivamente. Las comisiones investigadoras no se instalan a dos meses de hechos en Bagua

La decepción de los amazónicos al no solucionarse sus demandas se plasmaría en protestas que significarían el bloqueo de las vías en Amazonas. Leandro Calvo Nantip, vicepresidente de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía del Nororiente del Perú (Orpian), aseguró que los apus de las comunidades de Amazonas, Cajamarca y San Martín se reunirán en Imaza desde mañana hasta el domingo para definir la fecha del próximo paro amazónico.

Mientras tanto, en Lima, las acciones desde el Ejecutivo y el Legislativo parecen no avanzar. En una reunión del Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos, los representantes de Aidesep, Conap, Ceconsec y otras organizaciones nativas que participan en las mesas de diálogo resaltaron que no asistieran funcionarios de jerarquía.

Según el acta de la referida cita, a la que tuvo acceso El Comercio, se expresó la preocupación de los indígenas sobre el funcionamiento de las mesas de diálogo. “Se ha establecido que los representantes de los grupos se trasladarían a Lima para participar de estas reuniones”, mencionó Salomón Awanash, vocero oficial de Aidesep.

La congresista Marisol Espinoza aseguró que han recibido quejas porque muchos indígenas no pueden solventar su estadía en la capital. “Los diálogos deberían trasladarse a las zonas de conflicto”, agregó Espinoza.

Otra de las observaciones de los nativos es la creación de la comisión investigadora de los sucesos de Bagua. “Aún esperamos que el Gobierno nombre a sus representantes”, agregó Awanash.

El representante del Estado en esta mesa es el Ministerio de Agricultura, ya no la Presidencia del Consejo de Ministros. Eduardo Perochena, asesor del despacho de Agricultura, aseguró que esta semana se estaría emitiendo una disposición para cumplir los compromisos asumidos, pero que hay que tomar en cuenta que esto toma tiempo y necesita pasar por todos los sectores involucrados. “Además el cambio de Gabinete retrasó esta emisión”, dijo.

Mientras tanto, el Congreso aún no instala la comisión que investigará los sucesos ocurridos en la Curva del Diablo el pasado 5 de junio. La parlamentaria Espinoza asegura que su bancada ya tiene al representante para la comisión, pero que la Mesa Directiva no la pone en agenda del pleno. “El plazo para formar el grupo es de 120 días, pero el tiempo es exagerado para resolver este tema, que en pocos días podría tener un desenlace fatal”, indicó.

BALANCE DE VÍCTIMAS
En la cita que los dirigentes tendrán en la comunidad de Yamayaka, en el distrito de Imaza, Bagua, también se verá la cantidad de nativos desaparecidos y fallecidos el 5 de junio.

La protesta que planean es conocida por las autoridades locales, quienes no actúan por temor a represalias. El presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Amazonas, Oswaldo Bautista, manifestó que se tenía la información de un nuevo paro, pero se estaba a la espera de que el Ejecutivo coordinara y dialogara con los indígenas.

Diario El Comercio-Lima 21/08/2009





LA RIQUEZA SE VA, LA POBREZA SE QUEDA


Hoy se cumple el segundo día de paralización que acata la población del distrito de Hualgayoc en protesta por las operaciones de la minera Gold Fields La Cima S.A. en el sector de Cerro Corona.
Ayer una multitud se concentró en la plaza de armas de la localidad para luego marchar hasta la garita de control del campamento minero, donde impidieron el ingreso y salida de vehículos de la compañía por varias horas.

Los pobladores denuncian que se encuentran sin abastecimiento de agua ni de fluido eléctrico debido a las actividades de la empresa, que explota cobre desde hace varios años en esta jurisdicción.

Fiadelfio Zafra, presidente de rondas campesinas del caserío Cuadratura, denunció que las constantes detonaciones que efectúa la minera han afectado severamente a muchos hogares en Hualgayoc.

El dirigente señaló también que la empresa prefiere traer obreros de otras partes del país en vez de contratar mano de obra local. "Nunca han dejado absolutamente nada. No podemos seguir en estos problemas", subrayó.

Perú Contaminada 20/08/2009





PUNO: SE OPONEN A CONSTRUCCIÓN DE HIDROELÉCTRICA INAMBARI


Ante posibles impactos ambientales negativos y perjuicio en los ingresos de la población cercana al proyecto, el gobierno regional de Puno expresó hoy (jueves) su rechazo a la construcción de la central hidroeléctrica de Inambari.

Indicaron que la iniciativa provocará el desplazamiento de poblaciones íntegras, perjudicando sus ingresos económicos, y que la inversión del Estado a través del gobierno regional y locales en obras educativas y de salud que allí se construyen, inclusive la carretera Interoceánica, quedarán "bajo el agua", anulando la actividad productiva.

Manifestaron que al tener una extensión de 410 kilómetros cuadrados o más, una altura de 220 metros, y que el nivel de agua de máxima operación esté a 540 metros sobre el nivel del mar, hará que centros poblados como Lechemayo y Puerto Manoa queden bajo el agua, eliminando la flora y fauna, afectando el régimen hídrico del río Inambari, y produciendo un efecto directo en el Parque Nacional Bahuaja Sonene.

Sostuvo que la posición del gobierno regional es de defensa de la vida y el patrimonio de los pobladores, así como de la biodiversidad existente en el área de influencia del proyecto.

Diario La República-Lima 20/08/2009

CONTINÚA PARO INDEFINIDO CONTRA MINERA GOLD FIELDS EN HUALGAYOC


Hoy se cumple el segundo día del paro indefinido que ataca la población del distrito de Hualgayoc (Cajamarca) en protesta por las operaciones de la minera Gold Fields La Cima S.A. (GFLC) en el sector de Cerro Corona.

En la víspera, una multitud se concentró en la plaza de armas de la localidad para luego movilizarse hasta la garita de control del campamento minero, donde impidieron el ingreso y salida de vehículos de la compañía por varias horas.

Los lugareños denuncian que se encuentran sin abastecimiento de agua ni de fluido eléctrico debido a las actividades de la empresa, que explota cobre desde hace varios años en esta jurisdicción.

Fiadelfio Zafra, presidente de rondas campesinas del caserío Cuadratura, indicó que las constantes detonaciones que efectúa la minera han afectado severamente a muchos hogares en Hualgayoc.

El dirigente agregó que la empresa prefiere traer obreros de otras partes del país en vez de contratar mano de obra local. "Nunca han dejado absolutamente nada (...) No podemos seguir en estos problemas", subrayó.

En ese contexto, Zafra Villanueva hizo un llamado a la Central Provincial de Rondas Campesinas y a los medios de comunicación a respaldar el reclamo de la población a la empresa GFLC.

Diario La República-Lima 20/08/2009





LAS CONCESIONES MINERAS Y LOS CONFLICTOS


En los últimos conflictos sociales que se han registrado en el país, el tema de las concesiones mineras ha aparecido como uno de los puntos en las demandas de las poblaciones. Ha sido el caso de las movilizaciones en Canchis y Chumbivilcas, en el Cusco; la de Andahuaylas, en Apurímac; y también la de los Awajun-Huampuis, en Bagua, Amazonas.

¿Qué ha estado pasando? Como se puede apreciar en el gráfico, las concesiones mineras han estado creciendo de manera sostenida y acelerada en los últimos años: entre el 2002 y junio 2009, prácticamente se han multiplicado por 2.6.
¿El avance de las concesiones es un dato relevante a tomar en cuenta? Sin duda. No se hubiese podido entender lo que pasó en la minería peruana en la década del 90, si no se analizaban –entre otros datos– la evolución de las concesiones. Lo mismo ha ocurrido en la presente década.

La evolución de las concesiones permite identificar las tendencias de una etapa tan importante en la minería como es la exploración. El dato de las concesiones representa el momento en el que las empresas llegan con derechos otorgados por el Estado. Esos derechos comienzan a competir con los títulos de propiedad de las comunidades y es la fase inicial de una relación que, como hemos comprobado, es sumamente compleja.

Otorgar una concesión es un procedimiento tremendamente simple; es un trámite casi automático que se hace en Lima y, por ejemplo, no tiene en cuenta si bajo la concesión hay una población. Además, no hay mecanismo de comunicación con el gobierno local de manera previa al otorgamiento de la concesión, pasando por alto si en el mismo territorio hay un plan de desarrollo previo y un proceso de ordenamiento territorial. Menos aun se coordina o informa a los propietarios individuales o colectivos de los terrenos.

Las comunidades y poblaciones locales cuestionan esta estrategia de hechos consumados, donde primero se entrega la concesión y después habrá que ver cómo se arreglan las partes en disputa. Exigen el derecho que tienen todos de estar oportunamente informados.

Por su parte, las empresas señalan que la relación entre concesión minera y actividad efectivamente desarrollada es mínima. Algunos hablan que, de 100 proyectos de exploración, solamente uno termina en mina. Por supuesto, se deben manejar los datos con responsabilidad: si bien no se puede afirmar que los 19 millones de hectáreas de derechos mineros vigentes otorgados se vayan a convertir en una gran mina, también es cierto que las empresas no esperan que los proyectos maduren para, por ejemplo, adquirir tierras y modificar el panorama previo de propiedad y acceso a recursos. En muchos casos lo hacen desde un inicio: allí está como ejemplo lo ocurrido en un inicio en la zona de influencia de Yanacocha; también en La Granja y las consecuencias de las adquisiciones de tierras y reubicaciones efectuadas por el primer dueño del proyecto; el caso de Espinar en el Cusco y muchos otros. Así el proyecto no llegue a la etapa de mina, el impacto puede ser importante y debe ser manejado adecuadamente.

No se trata de crear pánico, sino de informar Es conveniente para el Estado, las empresas, las poblaciones y sus autoridades, que se acceda de manera oportuna a toda la información disponible. ¿Por qué no mejorar el actual procedimiento? Nadie debería inquietarse por ello y seguramente las relaciones en las zonas de influencia de actividades mineras y de hidrocarburos mejorarían.

Diario La República-Lima 20/08/2009





AIDA: LA OROYA ES EL SITIO MÁS CONTAMINADO POR LA MINERÍA EN EL HEMISFERIO


Mientras que en otros países se toman medidas para evitar que la población sea afectada por la minería, La Oroya (Junín) presenta el caso de contaminación más grave en el hemisferio, aseveró Astrid Puentes, codirectora del Área Legal de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).

En declaraciones desde México a la CNR, informó que la demanda presentada días atrás ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se centró en las afecciones que padecen los residentes del Valle del Mantaro a consecuencia de las operaciones del complejo metalúrgico de la minera Doe Run.

“La mayoría de las personas de La Oroya tienen algún sufrimiento, lo primero fue eso; segundo fueron todos los estudios de impacto ambiental; y tercero enfocamos por lo que el Estado hace o dejó de hacer”, precisó.

Puentes indicó que en esta zona del Perú, a diferencia de otros países con casos similares, no se han tomado las medidas necesarias para evitar que la contaminación afecte de manera radical la vida de los pobladores.

“Desde 1999 hay estudios específicos que dicen que hay grandes cantidades de plomo en los niños. Esto sucede porque no se han tomado las recomendaciones, convirtiendo a La Oroya en el sitio más contaminado en el hemisferio”, subrayó.

Citó como ejemplo la zona de Torreón (México), donde, tras descubrir la cantidad de contaminación en esa zona ,se tomaron medidas paliatorias. ”La situación en estos sitios no es perfecta pero se han logrado mejorías. Esto demuestra que si se hace algo al respecto todo puede mejorar”, manifestó.

Finalmente, detalló el futuro de la demanda presentada por su institución junto a otras organizaciones.“Se viene un proceso para determinar si es un delito; luego un informe donde se determina si el Estado tiene responsabilidad. Un punto importante es que la CIDH está evaluando y tiene conocimiento sobre esto”, concluyó.

El 18 de agosto, la CIDH admitió una denuncia contra el Estado peruano por violaciones a los derechos humanos, a raíz de las supuestas muertes y daños a la salud de la población de La Oroya como consecuencia de las omisiones del Ejecutivo ante la contaminación ambiental que ocasiona el complejo metalúrgico.

Organizaciones como la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA), y el grupo ecologista Earthjustice presentaron en diciembre de 2006 una denuncia en contra del Estado por la violación de los artículos 4º (vida), 5º (integridad personal), 8º (garantías judiciales), 11º (honra y dignidad), 13º (libertad de pensamiento y expresión), 19º (derechos del niño) y 25º (protección judicial) de la CIDH.

Dichos organismos alegaron que las operaciones del complejo —administrado por el Estado por más de 30 años, hasta 1997, cuando lo adquirió Doe Run— generaron violaciones e incumplieron normas de carácter ambiental. Tras escuchar a las partes, la CIDH admitió la denuncia.

Coordinadora Nacional de Radio-Lima 20/08/2009