CONTINÚA PARO INDEFINIDO CONTRA MINERA GOLD FIELDS EN HUALGAYOC
Hoy se cumple el segundo día del paro indefinido que ataca la población del distrito de Hualgayoc (Cajamarca) en protesta por las operaciones de la minera Gold Fields La Cima S.A. (GFLC) en el sector de Cerro Corona.
En la víspera, una multitud se concentró en la plaza de armas de la localidad para luego movilizarse hasta la garita de control del campamento minero, donde impidieron el ingreso y salida de vehículos de la compañía por varias horas.
Los lugareños denuncian que se encuentran sin abastecimiento de agua ni de fluido eléctrico debido a las actividades de la empresa, que explota cobre desde hace varios años en esta jurisdicción.
Fiadelfio Zafra, presidente de rondas campesinas del caserío Cuadratura, indicó que las constantes detonaciones que efectúa la minera han afectado severamente a muchos hogares en Hualgayoc.
El dirigente agregó que la empresa prefiere traer obreros de otras partes del país en vez de contratar mano de obra local. "Nunca han dejado absolutamente nada (...) No podemos seguir en estos problemas", subrayó.
En ese contexto, Zafra Villanueva hizo un llamado a la Central Provincial de Rondas Campesinas y a los medios de comunicación a respaldar el reclamo de la población a la empresa GFLC.
Diario La República-Lima 20/08/2009
LAS CONCESIONES MINERAS Y LOS CONFLICTOS
En los últimos conflictos sociales que se han registrado en el país, el tema de las concesiones mineras ha aparecido como uno de los puntos en las demandas de las poblaciones. Ha sido el caso de las movilizaciones en Canchis y Chumbivilcas, en el Cusco; la de Andahuaylas, en Apurímac; y también la de los Awajun-Huampuis, en Bagua, Amazonas.
¿Qué ha estado pasando? Como se puede apreciar en el gráfico, las concesiones mineras han estado creciendo de manera sostenida y acelerada en los últimos años: entre el 2002 y junio 2009, prácticamente se han multiplicado por 2.6.
¿El avance de las concesiones es un dato relevante a tomar en cuenta? Sin duda. No se hubiese podido entender lo que pasó en la minería peruana en la década del 90, si no se analizaban –entre otros datos– la evolución de las concesiones. Lo mismo ha ocurrido en la presente década.
La evolución de las concesiones permite identificar las tendencias de una etapa tan importante en la minería como es la exploración. El dato de las concesiones representa el momento en el que las empresas llegan con derechos otorgados por el Estado. Esos derechos comienzan a competir con los títulos de propiedad de las comunidades y es la fase inicial de una relación que, como hemos comprobado, es sumamente compleja.
Otorgar una concesión es un procedimiento tremendamente simple; es un trámite casi automático que se hace en Lima y, por ejemplo, no tiene en cuenta si bajo la concesión hay una población. Además, no hay mecanismo de comunicación con el gobierno local de manera previa al otorgamiento de la concesión, pasando por alto si en el mismo territorio hay un plan de desarrollo previo y un proceso de ordenamiento territorial. Menos aun se coordina o informa a los propietarios individuales o colectivos de los terrenos.
Las comunidades y poblaciones locales cuestionan esta estrategia de hechos consumados, donde primero se entrega la concesión y después habrá que ver cómo se arreglan las partes en disputa. Exigen el derecho que tienen todos de estar oportunamente informados.
Por su parte, las empresas señalan que la relación entre concesión minera y actividad efectivamente desarrollada es mínima. Algunos hablan que, de 100 proyectos de exploración, solamente uno termina en mina. Por supuesto, se deben manejar los datos con responsabilidad: si bien no se puede afirmar que los 19 millones de hectáreas de derechos mineros vigentes otorgados se vayan a convertir en una gran mina, también es cierto que las empresas no esperan que los proyectos maduren para, por ejemplo, adquirir tierras y modificar el panorama previo de propiedad y acceso a recursos. En muchos casos lo hacen desde un inicio: allí está como ejemplo lo ocurrido en un inicio en la zona de influencia de Yanacocha; también en La Granja y las consecuencias de las adquisiciones de tierras y reubicaciones efectuadas por el primer dueño del proyecto; el caso de Espinar en el Cusco y muchos otros. Así el proyecto no llegue a la etapa de mina, el impacto puede ser importante y debe ser manejado adecuadamente.
No se trata de crear pánico, sino de informar Es conveniente para el Estado, las empresas, las poblaciones y sus autoridades, que se acceda de manera oportuna a toda la información disponible. ¿Por qué no mejorar el actual procedimiento? Nadie debería inquietarse por ello y seguramente las relaciones en las zonas de influencia de actividades mineras y de hidrocarburos mejorarían.
Diario La República-Lima 20/08/2009
AIDA: LA OROYA ES EL SITIO MÁS CONTAMINADO POR LA MINERÍA EN EL HEMISFERIO
Mientras que en otros países se toman medidas para evitar que la población sea afectada por la minería, La Oroya (Junín) presenta el caso de contaminación más grave en el hemisferio, aseveró Astrid Puentes, codirectora del Área Legal de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).
En declaraciones desde México a la CNR, informó que la demanda presentada días atrás ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se centró en las afecciones que padecen los residentes del Valle del Mantaro a consecuencia de las operaciones del complejo metalúrgico de la minera Doe Run.
“La mayoría de las personas de La Oroya tienen algún sufrimiento, lo primero fue eso; segundo fueron todos los estudios de impacto ambiental; y tercero enfocamos por lo que el Estado hace o dejó de hacer”, precisó.
Puentes indicó que en esta zona del Perú, a diferencia de otros países con casos similares, no se han tomado las medidas necesarias para evitar que la contaminación afecte de manera radical la vida de los pobladores.
“Desde 1999 hay estudios específicos que dicen que hay grandes cantidades de plomo en los niños. Esto sucede porque no se han tomado las recomendaciones, convirtiendo a La Oroya en el sitio más contaminado en el hemisferio”, subrayó.
Citó como ejemplo la zona de Torreón (México), donde, tras descubrir la cantidad de contaminación en esa zona ,se tomaron medidas paliatorias. ”La situación en estos sitios no es perfecta pero se han logrado mejorías. Esto demuestra que si se hace algo al respecto todo puede mejorar”, manifestó.
Finalmente, detalló el futuro de la demanda presentada por su institución junto a otras organizaciones.“Se viene un proceso para determinar si es un delito; luego un informe donde se determina si el Estado tiene responsabilidad. Un punto importante es que la CIDH está evaluando y tiene conocimiento sobre esto”, concluyó.
El 18 de agosto, la CIDH admitió una denuncia contra el Estado peruano por violaciones a los derechos humanos, a raíz de las supuestas muertes y daños a la salud de la población de La Oroya como consecuencia de las omisiones del Ejecutivo ante la contaminación ambiental que ocasiona el complejo metalúrgico.
Organizaciones como la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA), y el grupo ecologista Earthjustice presentaron en diciembre de 2006 una denuncia en contra del Estado por la violación de los artículos 4º (vida), 5º (integridad personal), 8º (garantías judiciales), 11º (honra y dignidad), 13º (libertad de pensamiento y expresión), 19º (derechos del niño) y 25º (protección judicial) de la CIDH.
Dichos organismos alegaron que las operaciones del complejo —administrado por el Estado por más de 30 años, hasta 1997, cuando lo adquirió Doe Run— generaron violaciones e incumplieron normas de carácter ambiental. Tras escuchar a las partes, la CIDH admitió la denuncia.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 20/08/2009
Hoy se cumple el segundo día del paro indefinido que ataca la población del distrito de Hualgayoc (Cajamarca) en protesta por las operaciones de la minera Gold Fields La Cima S.A. (GFLC) en el sector de Cerro Corona.
En la víspera, una multitud se concentró en la plaza de armas de la localidad para luego movilizarse hasta la garita de control del campamento minero, donde impidieron el ingreso y salida de vehículos de la compañía por varias horas.
Los lugareños denuncian que se encuentran sin abastecimiento de agua ni de fluido eléctrico debido a las actividades de la empresa, que explota cobre desde hace varios años en esta jurisdicción.
Fiadelfio Zafra, presidente de rondas campesinas del caserío Cuadratura, indicó que las constantes detonaciones que efectúa la minera han afectado severamente a muchos hogares en Hualgayoc.
El dirigente agregó que la empresa prefiere traer obreros de otras partes del país en vez de contratar mano de obra local. "Nunca han dejado absolutamente nada (...) No podemos seguir en estos problemas", subrayó.
En ese contexto, Zafra Villanueva hizo un llamado a la Central Provincial de Rondas Campesinas y a los medios de comunicación a respaldar el reclamo de la población a la empresa GFLC.
Diario La República-Lima 20/08/2009
LAS CONCESIONES MINERAS Y LOS CONFLICTOS
En los últimos conflictos sociales que se han registrado en el país, el tema de las concesiones mineras ha aparecido como uno de los puntos en las demandas de las poblaciones. Ha sido el caso de las movilizaciones en Canchis y Chumbivilcas, en el Cusco; la de Andahuaylas, en Apurímac; y también la de los Awajun-Huampuis, en Bagua, Amazonas.
¿Qué ha estado pasando? Como se puede apreciar en el gráfico, las concesiones mineras han estado creciendo de manera sostenida y acelerada en los últimos años: entre el 2002 y junio 2009, prácticamente se han multiplicado por 2.6.
¿El avance de las concesiones es un dato relevante a tomar en cuenta? Sin duda. No se hubiese podido entender lo que pasó en la minería peruana en la década del 90, si no se analizaban –entre otros datos– la evolución de las concesiones. Lo mismo ha ocurrido en la presente década.
La evolución de las concesiones permite identificar las tendencias de una etapa tan importante en la minería como es la exploración. El dato de las concesiones representa el momento en el que las empresas llegan con derechos otorgados por el Estado. Esos derechos comienzan a competir con los títulos de propiedad de las comunidades y es la fase inicial de una relación que, como hemos comprobado, es sumamente compleja.
Otorgar una concesión es un procedimiento tremendamente simple; es un trámite casi automático que se hace en Lima y, por ejemplo, no tiene en cuenta si bajo la concesión hay una población. Además, no hay mecanismo de comunicación con el gobierno local de manera previa al otorgamiento de la concesión, pasando por alto si en el mismo territorio hay un plan de desarrollo previo y un proceso de ordenamiento territorial. Menos aun se coordina o informa a los propietarios individuales o colectivos de los terrenos.
Las comunidades y poblaciones locales cuestionan esta estrategia de hechos consumados, donde primero se entrega la concesión y después habrá que ver cómo se arreglan las partes en disputa. Exigen el derecho que tienen todos de estar oportunamente informados.
Por su parte, las empresas señalan que la relación entre concesión minera y actividad efectivamente desarrollada es mínima. Algunos hablan que, de 100 proyectos de exploración, solamente uno termina en mina. Por supuesto, se deben manejar los datos con responsabilidad: si bien no se puede afirmar que los 19 millones de hectáreas de derechos mineros vigentes otorgados se vayan a convertir en una gran mina, también es cierto que las empresas no esperan que los proyectos maduren para, por ejemplo, adquirir tierras y modificar el panorama previo de propiedad y acceso a recursos. En muchos casos lo hacen desde un inicio: allí está como ejemplo lo ocurrido en un inicio en la zona de influencia de Yanacocha; también en La Granja y las consecuencias de las adquisiciones de tierras y reubicaciones efectuadas por el primer dueño del proyecto; el caso de Espinar en el Cusco y muchos otros. Así el proyecto no llegue a la etapa de mina, el impacto puede ser importante y debe ser manejado adecuadamente.
No se trata de crear pánico, sino de informar Es conveniente para el Estado, las empresas, las poblaciones y sus autoridades, que se acceda de manera oportuna a toda la información disponible. ¿Por qué no mejorar el actual procedimiento? Nadie debería inquietarse por ello y seguramente las relaciones en las zonas de influencia de actividades mineras y de hidrocarburos mejorarían.
Diario La República-Lima 20/08/2009
AIDA: LA OROYA ES EL SITIO MÁS CONTAMINADO POR LA MINERÍA EN EL HEMISFERIO
Mientras que en otros países se toman medidas para evitar que la población sea afectada por la minería, La Oroya (Junín) presenta el caso de contaminación más grave en el hemisferio, aseveró Astrid Puentes, codirectora del Área Legal de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).
En declaraciones desde México a la CNR, informó que la demanda presentada días atrás ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se centró en las afecciones que padecen los residentes del Valle del Mantaro a consecuencia de las operaciones del complejo metalúrgico de la minera Doe Run.
“La mayoría de las personas de La Oroya tienen algún sufrimiento, lo primero fue eso; segundo fueron todos los estudios de impacto ambiental; y tercero enfocamos por lo que el Estado hace o dejó de hacer”, precisó.
Puentes indicó que en esta zona del Perú, a diferencia de otros países con casos similares, no se han tomado las medidas necesarias para evitar que la contaminación afecte de manera radical la vida de los pobladores.
“Desde 1999 hay estudios específicos que dicen que hay grandes cantidades de plomo en los niños. Esto sucede porque no se han tomado las recomendaciones, convirtiendo a La Oroya en el sitio más contaminado en el hemisferio”, subrayó.
Citó como ejemplo la zona de Torreón (México), donde, tras descubrir la cantidad de contaminación en esa zona ,se tomaron medidas paliatorias. ”La situación en estos sitios no es perfecta pero se han logrado mejorías. Esto demuestra que si se hace algo al respecto todo puede mejorar”, manifestó.
Finalmente, detalló el futuro de la demanda presentada por su institución junto a otras organizaciones.“Se viene un proceso para determinar si es un delito; luego un informe donde se determina si el Estado tiene responsabilidad. Un punto importante es que la CIDH está evaluando y tiene conocimiento sobre esto”, concluyó.
El 18 de agosto, la CIDH admitió una denuncia contra el Estado peruano por violaciones a los derechos humanos, a raíz de las supuestas muertes y daños a la salud de la población de La Oroya como consecuencia de las omisiones del Ejecutivo ante la contaminación ambiental que ocasiona el complejo metalúrgico.
Organizaciones como la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA), y el grupo ecologista Earthjustice presentaron en diciembre de 2006 una denuncia en contra del Estado por la violación de los artículos 4º (vida), 5º (integridad personal), 8º (garantías judiciales), 11º (honra y dignidad), 13º (libertad de pensamiento y expresión), 19º (derechos del niño) y 25º (protección judicial) de la CIDH.
Dichos organismos alegaron que las operaciones del complejo —administrado por el Estado por más de 30 años, hasta 1997, cuando lo adquirió Doe Run— generaron violaciones e incumplieron normas de carácter ambiental. Tras escuchar a las partes, la CIDH admitió la denuncia.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 20/08/2009