:: Concluye informe de Oxfam
INCAPACIDAD DEL ESTADO PARA REGULAR ACTIVIDAD MINERA ES PRINCIPAL CAUSA DE CONFLICTOS SOCIALES
En tres se sintetizan las causas de los conflictos del sector minero en el Perú: El escaso beneficio que reciben las comunidades locales por parte de la actividad minera; la falta de voluntad política del Estado para regular la industria minera y manejar constructivamente los conflictos; y los graves errores que han cometido las empresas mineras con las comunidades locales.
Así concluye el informe “Conflictos Mineros en el Perú: Condición Crítica”, preparado por la agencia internacional Oxfam y concluido en marzo de este año, el mismo que establece que las exportaciones mineras sobrepasaron los 17 mil millones de dólares en 2007, equivalente a 62% de las exportaciones. Además, la producción de cobre se ha duplicado y hay 31 proyectos de exploración en marcha.
Actualmente operan 13 compañías integrantes del Consejo Internacional de Minería y Metalurgia, la asociación de compañías mineras más grande del mundo, y el Perú concentra la mayor cantidad de grandes empresas mineras en cualquier país del mundo.
El informe establece que, paralelo a todo ese crecimiento, hubo un incremento de conflictos y violencia alrededor de las operaciones mineras a gran escala, principalmente ubicados en la zona rural andina, caracterizada por sus altos niveles de pobreza.
El 40% de la población peruana vive en la pobreza, y en la región andina las tasas de pobreza superan el 70%. Además, un reciente reporte de la Defensoría del Pueblo da cuenta de la existencia de 91 conflictos socioambientales.
Igualmente, el informe denuncia que en respuesta a los conflictos desatados, el gobierno del presidente Alan García “ha respondido con enérgicas medidas y ha criminalizado las actividades definidas como 'anti-minería'”.
Además, “algunas compañías mineras han exacerbado las tensiones sociales al contratar fuerzas de seguridad privadas, varias de las cuales fueron acusadas por violaciones a los derechos humanos”.
Por su parte, el representante de la compañía Antamina, Gonzalo Quijandría, cuestionó el informe porque, según él, es falso que no hayan mejorado las condiciones de vida de la población que vive en las ciudades donde se extraen recursos mineros.
“Es una afirmación demasiado genérica.“Basta analizar la reducción de la desnutrición infantil en niños de 3 a 6 años en las zonas andinas del norte del país donde hay minería. Basta analizar el incremento en la expectativa de vida en una población donde hay minería, versus aquélla donde no la hay”, resaltó durante la presentación del informe.
A su turno, el coordinador regional para Sudamérica del Programa Industrias Extractivas de Oxfam, Javier Aroca, precisó que el informe hace un diagnóstico de la problemática y da recomendaciones. Subrayó que el escaso beneficio que recibe la población lo constataron en el testimonio que recogieron durante su visita a las comunidades.
A su turno, Ana Leyva, integrante de la Red Muqui, criticó que en el rubro de recomendaciones, el informe no establezca que el Estado deba actuar como promotor del desarrollo y garante de derechos. “La presencia real del Estado es muy importante”.
Asimismo, consideró que el ordenamiento territorial —otra de las precisiones del informe— debe convertirse en una política de Estado, algo que el documento no establece.
También participó el representante de la Defensoría del Pueblo, Iván Lanegra, quien expuso algunas observaciones.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 10/09/2009
Red Muqui considera que Doe Run ya ha tenido suficientes oportunidades para cumplir con su PAMA
LA OROYA NECESITA UN NUEVO GESTOR
:: El lunes Comisión Técnica decidirá sobre ampliación del PAMA
La planta procesadora de la Oroya necesita un nuevo gestor responsable social y ambientalmente ante los reiterados incumplimientos de Doe Run, consideró Conrado Olivera, integrante de la Red Muqui.
Olivera recordó que Doe Run ha tenido muchas oportunidades para cumplir con su Plan de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), que ha sido postergado en cuatro ocasiones, y que sin embargo la empresa quiere "seguir jugando con la plata ajena".
Actualmente, la Comisión Técnica de la Oroya, integrada por representantes del Estado y de la Federación de Trabajadores Mineros, está evaluando la posibilidad de la ampliación del PAMA de la empresa y ha anunciado que el lunes emitirá su dictámen.
Según la Red Muqui, el problema de la Oroya es económico y no técnico. " Falta una inyección de capital y si ellos no tienen esa voluntad de inyectar capital entonces no son inversionistas y no podrán dar continuidad al complejo metalúrgico", declaró Conrado Olivera.
Por ello, emplazó al Estado a actuar en el bien de la salud y del medio ambiente de la Oroya.
"A esas alturas seguimos solicitando que el Estado no siga actuando por la presión de la empresa y de las fuerzas económicas sino que cumpla con su obligación de garantizar la salud y el medio ambiente de La Oroya", consideró.
Precisamente, a pedido de Doe Run, Monseñor Pedro Barreto recibió a funcionarios de la empresa para escuchar su posición respecto a la amplicación del PAMA.
Al respecto, el presidente y gerente general de Doe Run Perú, Juan Carlos Huyhua sostuvo que el pedido de amplicación del PAMA por treinta meses más se debe a la crisis financiera que atraviesa la minería por el descenso de los precios de los minerales.
En respuesta, Monseñor Barreto hizo un nuevo llamamiento al Estado, a la empresa y a los trabajadores para que encuentren una solución que asegure el cuidado de la vida y la salud de la población de La Oroya.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 10/09/2009
INCAPACIDAD DEL ESTADO PARA REGULAR ACTIVIDAD MINERA ES PRINCIPAL CAUSA DE CONFLICTOS SOCIALES
En tres se sintetizan las causas de los conflictos del sector minero en el Perú: El escaso beneficio que reciben las comunidades locales por parte de la actividad minera; la falta de voluntad política del Estado para regular la industria minera y manejar constructivamente los conflictos; y los graves errores que han cometido las empresas mineras con las comunidades locales.
Así concluye el informe “Conflictos Mineros en el Perú: Condición Crítica”, preparado por la agencia internacional Oxfam y concluido en marzo de este año, el mismo que establece que las exportaciones mineras sobrepasaron los 17 mil millones de dólares en 2007, equivalente a 62% de las exportaciones. Además, la producción de cobre se ha duplicado y hay 31 proyectos de exploración en marcha.
Actualmente operan 13 compañías integrantes del Consejo Internacional de Minería y Metalurgia, la asociación de compañías mineras más grande del mundo, y el Perú concentra la mayor cantidad de grandes empresas mineras en cualquier país del mundo.
El informe establece que, paralelo a todo ese crecimiento, hubo un incremento de conflictos y violencia alrededor de las operaciones mineras a gran escala, principalmente ubicados en la zona rural andina, caracterizada por sus altos niveles de pobreza.
El 40% de la población peruana vive en la pobreza, y en la región andina las tasas de pobreza superan el 70%. Además, un reciente reporte de la Defensoría del Pueblo da cuenta de la existencia de 91 conflictos socioambientales.
Igualmente, el informe denuncia que en respuesta a los conflictos desatados, el gobierno del presidente Alan García “ha respondido con enérgicas medidas y ha criminalizado las actividades definidas como 'anti-minería'”.
Además, “algunas compañías mineras han exacerbado las tensiones sociales al contratar fuerzas de seguridad privadas, varias de las cuales fueron acusadas por violaciones a los derechos humanos”.
Por su parte, el representante de la compañía Antamina, Gonzalo Quijandría, cuestionó el informe porque, según él, es falso que no hayan mejorado las condiciones de vida de la población que vive en las ciudades donde se extraen recursos mineros.
“Es una afirmación demasiado genérica.“Basta analizar la reducción de la desnutrición infantil en niños de 3 a 6 años en las zonas andinas del norte del país donde hay minería. Basta analizar el incremento en la expectativa de vida en una población donde hay minería, versus aquélla donde no la hay”, resaltó durante la presentación del informe.
A su turno, el coordinador regional para Sudamérica del Programa Industrias Extractivas de Oxfam, Javier Aroca, precisó que el informe hace un diagnóstico de la problemática y da recomendaciones. Subrayó que el escaso beneficio que recibe la población lo constataron en el testimonio que recogieron durante su visita a las comunidades.
A su turno, Ana Leyva, integrante de la Red Muqui, criticó que en el rubro de recomendaciones, el informe no establezca que el Estado deba actuar como promotor del desarrollo y garante de derechos. “La presencia real del Estado es muy importante”.
Asimismo, consideró que el ordenamiento territorial —otra de las precisiones del informe— debe convertirse en una política de Estado, algo que el documento no establece.
También participó el representante de la Defensoría del Pueblo, Iván Lanegra, quien expuso algunas observaciones.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 10/09/2009
Red Muqui considera que Doe Run ya ha tenido suficientes oportunidades para cumplir con su PAMA
LA OROYA NECESITA UN NUEVO GESTOR
:: El lunes Comisión Técnica decidirá sobre ampliación del PAMA
La planta procesadora de la Oroya necesita un nuevo gestor responsable social y ambientalmente ante los reiterados incumplimientos de Doe Run, consideró Conrado Olivera, integrante de la Red Muqui.
Olivera recordó que Doe Run ha tenido muchas oportunidades para cumplir con su Plan de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), que ha sido postergado en cuatro ocasiones, y que sin embargo la empresa quiere "seguir jugando con la plata ajena".
Actualmente, la Comisión Técnica de la Oroya, integrada por representantes del Estado y de la Federación de Trabajadores Mineros, está evaluando la posibilidad de la ampliación del PAMA de la empresa y ha anunciado que el lunes emitirá su dictámen.
Según la Red Muqui, el problema de la Oroya es económico y no técnico. " Falta una inyección de capital y si ellos no tienen esa voluntad de inyectar capital entonces no son inversionistas y no podrán dar continuidad al complejo metalúrgico", declaró Conrado Olivera.
Por ello, emplazó al Estado a actuar en el bien de la salud y del medio ambiente de la Oroya.
"A esas alturas seguimos solicitando que el Estado no siga actuando por la presión de la empresa y de las fuerzas económicas sino que cumpla con su obligación de garantizar la salud y el medio ambiente de La Oroya", consideró.
Precisamente, a pedido de Doe Run, Monseñor Pedro Barreto recibió a funcionarios de la empresa para escuchar su posición respecto a la amplicación del PAMA.
Al respecto, el presidente y gerente general de Doe Run Perú, Juan Carlos Huyhua sostuvo que el pedido de amplicación del PAMA por treinta meses más se debe a la crisis financiera que atraviesa la minería por el descenso de los precios de los minerales.
En respuesta, Monseñor Barreto hizo un nuevo llamamiento al Estado, a la empresa y a los trabajadores para que encuentren una solución que asegure el cuidado de la vida y la salud de la población de La Oroya.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 10/09/2009
MÁS DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN ANTE CONFLICTOS SOCIALES
Cada vez es más profundo el convencimiento sobre la necesidad de institucionalizar el diálogo y la participación como instrumentos principales para enfrentar la preocupante ola de conflictos sociales que amenaza la paz social y la gobernabilidad.
Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo reporta que solo en el mes de agosto se detectaron 284 conflictos y que el 48% de estos se refiere a temas socioambientales. A renglón seguido, se informa de ciertos casos, como el de Colcabamba (Huancavelica), afortunadamente desactivados luego de que se promoviera el diálogo y el arbitraje con una comisión mixta.
Sin embargo, el caso de Bagua representa el otro extremo de la indolencia y de los oídos sordos por parte de las autoridades, cuando nadie reaccionó ante las alarmas persistentes y se dejó que el problema llegara a cruentos puntos de fricción y violencia, con un saldo de 24 policías y diez civiles muertos.
Debemos aprender la lección. Como bien lo apunta Pablo Castillo, de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría, el diálogo es en la mayoría de veces el camino más exitoso para resolver conflictos.
Lo más importante, en efecto, es tomarse un tiempo para la reflexión y la ponderación, y sentarse a cotejar los diversos puntos de vista, hasta llegar a un posible acuerdo. Sin embargo, es evidente que el diálogo funciona mejor en la fase preventiva, como lo indica el director de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUCP, César Guzmán-Barrón.
Adicionalmente, como también concuerdan los expertos, el diálogo fluye si se respetan reglas de juego básicas y siempre que intervengan todos los estamentos involucrados en el problema. La participación ciudadana es, pues crucial, para asegurar la representación y legitimidad de los acuerdos, sobre todo los que afectan a las comunidades indígenas y rurales.
Más aun, si se considera que el 68% de conflictos atañe a actividades mineras, esta propuesta cobra mucha más vigencia. Tal como, con buen criterio, lo indica el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las comunidades nativas deben ser informadas desde el primer momento sobre los proyectos de exploración y extracción que se realicen en sus zonas. No solo eso, sino que debe tenerse en cuenta su opinión recabada a través de consultas ciudadanas, lo cual debe ser aun formalizado a través de leyes específicas.
Ahora que el Gobierno ha creado el Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos, con participación de ocho ministros y presidentes regionales, es oportuno recordar estos aspectos principistas y doctrinarios, cuya vigencia ha sido probada en los últimos años. Hemos tenido que pagar un precio demasiado alto en vidas humanas, daños materiales y confrontación social cuando hemos ignorado estos principios.
El diálogo con participación debe, entonces, prevalecer. El mensaje va también para los líderes de las comunidades y las autoridades locales, que tienen sobre sí la grave responsabilidad de colaborar para que el diálogo pueda fructificar en decisiones justas, legales y legítimas, dentro de los planes regionales y nacionales de desarrollo económico y social con inclusión plena.
Diario El Comercio-Lima 09/09/2009
CUENCA DEL INAMBARI INVADIDA POR MINEROS INFORMALES
- Fiscal del Ambiente comprueba existencia de daños al ecosistema. - Alrededor de tres mil mineros realizan explotación de oro.
La informalidad e ilegalidad en la explotación minera no solamente es un problema que se vive en las cuencas Ramis y Suches, en los últimos años esta actividad ha crecido significativamente en la cuenca del río Inambari, que implica territorios de las provincias de Sandia y Carabaya.
Desde el pasado lunes, el fiscal en material ambiental de Puno, Pedro Farfán Parrales, recorre junto a sus técnicos, varios poblados de la provincia de Carabaya, a propósito de que algunas serán afectadas con la construcción de la Hidroeléctrica del Inambari.
No obstante, grande fue la sorpresa de encontrar decenas de chutes a lo largo de la ribera del río Inambari, especialmente en los centros poblados de Carmen y Challuamayo, ubicados en el distrito de San Gabán.
En la víspera, el representante del Ministerio Público intervino a dos centros de operación de la actividad minera, constatando que generan contaminación a las aguas del afluente. Uno de los chutes fue inutilizado por la Policía Ecológica.
En la diligencia participó también el gerente de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Gobierno Regional de Puno, Lucio Mamani Ticona, y el director regional de Energía y Minas, Víctor Hugo Paredes Argandoña, éste informó que en la zona operan alrededor de tres mil mineros “artesanales”, pero ninguno cumple con la Ley.
Lo preocupante es que estas operaciones se vienen haciendo en la misma zona de amortiguamiento del Parque Nacional Bahuaja Sonene, generándose un auténtico atentado al medio ambiente.
En el lugar, varios agricultores se han quejado de este problema y han pedido que las autoridades intervengan para detener a los irresponsables empresarios que financian este tipo de explotación de oro. Ya no se puede considerar pequeña minería, pues para la extracción y lavado utilizan maquinaria pesada y peligrosos químicos.
ADEMÁS: 1. Según el presidente de las Rondas Campesinas de San Gabán, Eustaín Yanqui Charca, los mineros que ahora operan en la cuenca Inambari se trasladaron de la zona de Huaypetue (Madre de Dios) donde generaron mucha contaminación. 2. La Dirección Regional de Energía y Minas, precisó que hasta el momento se han presentado cinco expedientes para petitorios mineros en la zona del Inambari, no obstante, ninguno cumple con tener Estudio de Impacto Ambiental.
Los Andes-Puno 09/09/2009
:: Presidente de CONACAMI insatisfecho por comisión que investigará hechos de Bagua
DERECHOS DE PUEBLOS INDÍGENAS NO DEPENDEN DE UNA SOLA NORMA
El presidente de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI), Mario Palacios, se declaró insatisfecho por la conformación de la comisión que deberá esclarecer los hechos del 5 de junio en Bagua.
A través de la CNR, Palacios Quispe indicó que, al margen de la decisión del gobierno, aún no se expresa una real voluntad del Ejecutivo por respetar el derecho de las comunidades a decidir su desarrollo ni menos por combatir la discriminación racial que caracteriza a nuestra sociedad.
En ese sentido, señaló que los pueblos andinos y amazónicos todavía esperan que el gobierno central acceda a cumplir dispositivos como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que defiende su derecho a consulta.
De igual modo, Palacios cuestionó las declaraciones del ministro de Justicia, Aurelio Pastor, quien minimizó el informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de Naciones Unidas, el cual considera que en Perú el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados no es respetado plenamente.
"A pesar de que hay diversas propuestas, (el tema) aún no está profundizado (...) hay una continuación de aquella política tradicional de negar la existencia de los pueblos indígenas y, con ello, de sus derechos. Hay resistencia pero el camino por recorrer es largo. Los derechos de los pueblos indígenas no dependen de una sola norma", enfatizó.
Por otra parte, el titular de CONACAMI lamentó que exista poco interés por dialogar con las comunidades andinas y recoger sus demandas, como es el caso de Sicuani (Cusco), Andahuaylas (Apurímac) y Ayacucho.
Denunció, así mismo, que las negociaciones con los nativos de la selva han sufrido severas limitaciones. "Se supone que era un diálogo de alto nivel. Sin embargo, en vez de los ministros, participan funcionarios de tercer nivel y los acuerdos terminan siendo no vinculantes. Esto no permite creer en los procesos de diálogo".
Por último, Palacios criticó que no existan pasos concretos para superar la discriminación racial estructural que padece un sector de la población por ser quechuahablante, andino o amazónico.
Estos compatriotas, son incluso marginados por el propio presidente de la República, Alan García, quien los considera como ciudadanos de segunda clase. Esto, dijo el titular de CONACAMI, impide que se construyan espacios de complementación en la sociedad peruana. "Gobernantes así no queremos en Perú porque conducen a una mayor conflictibilidad", puntualizó.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 09/09/2009
Cada vez es más profundo el convencimiento sobre la necesidad de institucionalizar el diálogo y la participación como instrumentos principales para enfrentar la preocupante ola de conflictos sociales que amenaza la paz social y la gobernabilidad.
Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo reporta que solo en el mes de agosto se detectaron 284 conflictos y que el 48% de estos se refiere a temas socioambientales. A renglón seguido, se informa de ciertos casos, como el de Colcabamba (Huancavelica), afortunadamente desactivados luego de que se promoviera el diálogo y el arbitraje con una comisión mixta.
Sin embargo, el caso de Bagua representa el otro extremo de la indolencia y de los oídos sordos por parte de las autoridades, cuando nadie reaccionó ante las alarmas persistentes y se dejó que el problema llegara a cruentos puntos de fricción y violencia, con un saldo de 24 policías y diez civiles muertos.
Debemos aprender la lección. Como bien lo apunta Pablo Castillo, de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría, el diálogo es en la mayoría de veces el camino más exitoso para resolver conflictos.
Lo más importante, en efecto, es tomarse un tiempo para la reflexión y la ponderación, y sentarse a cotejar los diversos puntos de vista, hasta llegar a un posible acuerdo. Sin embargo, es evidente que el diálogo funciona mejor en la fase preventiva, como lo indica el director de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUCP, César Guzmán-Barrón.
Adicionalmente, como también concuerdan los expertos, el diálogo fluye si se respetan reglas de juego básicas y siempre que intervengan todos los estamentos involucrados en el problema. La participación ciudadana es, pues crucial, para asegurar la representación y legitimidad de los acuerdos, sobre todo los que afectan a las comunidades indígenas y rurales.
Más aun, si se considera que el 68% de conflictos atañe a actividades mineras, esta propuesta cobra mucha más vigencia. Tal como, con buen criterio, lo indica el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las comunidades nativas deben ser informadas desde el primer momento sobre los proyectos de exploración y extracción que se realicen en sus zonas. No solo eso, sino que debe tenerse en cuenta su opinión recabada a través de consultas ciudadanas, lo cual debe ser aun formalizado a través de leyes específicas.
Ahora que el Gobierno ha creado el Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos, con participación de ocho ministros y presidentes regionales, es oportuno recordar estos aspectos principistas y doctrinarios, cuya vigencia ha sido probada en los últimos años. Hemos tenido que pagar un precio demasiado alto en vidas humanas, daños materiales y confrontación social cuando hemos ignorado estos principios.
El diálogo con participación debe, entonces, prevalecer. El mensaje va también para los líderes de las comunidades y las autoridades locales, que tienen sobre sí la grave responsabilidad de colaborar para que el diálogo pueda fructificar en decisiones justas, legales y legítimas, dentro de los planes regionales y nacionales de desarrollo económico y social con inclusión plena.
Diario El Comercio-Lima 09/09/2009
CUENCA DEL INAMBARI INVADIDA POR MINEROS INFORMALES
- Fiscal del Ambiente comprueba existencia de daños al ecosistema. - Alrededor de tres mil mineros realizan explotación de oro.
La informalidad e ilegalidad en la explotación minera no solamente es un problema que se vive en las cuencas Ramis y Suches, en los últimos años esta actividad ha crecido significativamente en la cuenca del río Inambari, que implica territorios de las provincias de Sandia y Carabaya.
Desde el pasado lunes, el fiscal en material ambiental de Puno, Pedro Farfán Parrales, recorre junto a sus técnicos, varios poblados de la provincia de Carabaya, a propósito de que algunas serán afectadas con la construcción de la Hidroeléctrica del Inambari.
No obstante, grande fue la sorpresa de encontrar decenas de chutes a lo largo de la ribera del río Inambari, especialmente en los centros poblados de Carmen y Challuamayo, ubicados en el distrito de San Gabán.
En la víspera, el representante del Ministerio Público intervino a dos centros de operación de la actividad minera, constatando que generan contaminación a las aguas del afluente. Uno de los chutes fue inutilizado por la Policía Ecológica.
En la diligencia participó también el gerente de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Gobierno Regional de Puno, Lucio Mamani Ticona, y el director regional de Energía y Minas, Víctor Hugo Paredes Argandoña, éste informó que en la zona operan alrededor de tres mil mineros “artesanales”, pero ninguno cumple con la Ley.
Lo preocupante es que estas operaciones se vienen haciendo en la misma zona de amortiguamiento del Parque Nacional Bahuaja Sonene, generándose un auténtico atentado al medio ambiente.
En el lugar, varios agricultores se han quejado de este problema y han pedido que las autoridades intervengan para detener a los irresponsables empresarios que financian este tipo de explotación de oro. Ya no se puede considerar pequeña minería, pues para la extracción y lavado utilizan maquinaria pesada y peligrosos químicos.
ADEMÁS: 1. Según el presidente de las Rondas Campesinas de San Gabán, Eustaín Yanqui Charca, los mineros que ahora operan en la cuenca Inambari se trasladaron de la zona de Huaypetue (Madre de Dios) donde generaron mucha contaminación. 2. La Dirección Regional de Energía y Minas, precisó que hasta el momento se han presentado cinco expedientes para petitorios mineros en la zona del Inambari, no obstante, ninguno cumple con tener Estudio de Impacto Ambiental.
Los Andes-Puno 09/09/2009
:: Presidente de CONACAMI insatisfecho por comisión que investigará hechos de Bagua
DERECHOS DE PUEBLOS INDÍGENAS NO DEPENDEN DE UNA SOLA NORMA
El presidente de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI), Mario Palacios, se declaró insatisfecho por la conformación de la comisión que deberá esclarecer los hechos del 5 de junio en Bagua.
A través de la CNR, Palacios Quispe indicó que, al margen de la decisión del gobierno, aún no se expresa una real voluntad del Ejecutivo por respetar el derecho de las comunidades a decidir su desarrollo ni menos por combatir la discriminación racial que caracteriza a nuestra sociedad.
En ese sentido, señaló que los pueblos andinos y amazónicos todavía esperan que el gobierno central acceda a cumplir dispositivos como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que defiende su derecho a consulta.
De igual modo, Palacios cuestionó las declaraciones del ministro de Justicia, Aurelio Pastor, quien minimizó el informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de Naciones Unidas, el cual considera que en Perú el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados no es respetado plenamente.
"A pesar de que hay diversas propuestas, (el tema) aún no está profundizado (...) hay una continuación de aquella política tradicional de negar la existencia de los pueblos indígenas y, con ello, de sus derechos. Hay resistencia pero el camino por recorrer es largo. Los derechos de los pueblos indígenas no dependen de una sola norma", enfatizó.
Por otra parte, el titular de CONACAMI lamentó que exista poco interés por dialogar con las comunidades andinas y recoger sus demandas, como es el caso de Sicuani (Cusco), Andahuaylas (Apurímac) y Ayacucho.
Denunció, así mismo, que las negociaciones con los nativos de la selva han sufrido severas limitaciones. "Se supone que era un diálogo de alto nivel. Sin embargo, en vez de los ministros, participan funcionarios de tercer nivel y los acuerdos terminan siendo no vinculantes. Esto no permite creer en los procesos de diálogo".
Por último, Palacios criticó que no existan pasos concretos para superar la discriminación racial estructural que padece un sector de la población por ser quechuahablante, andino o amazónico.
Estos compatriotas, son incluso marginados por el propio presidente de la República, Alan García, quien los considera como ciudadanos de segunda clase. Esto, dijo el titular de CONACAMI, impide que se construyan espacios de complementación en la sociedad peruana. "Gobernantes así no queremos en Perú porque conducen a una mayor conflictibilidad", puntualizó.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 09/09/2009