MUNICIPIO DE BAMBAMARCA PIDE DECLARAR A HUALGAYOC EN “EMERGENCIA AMBIENTAL”
El Municipio Provincial de Bambamarca (MPB) ha pedido al Ministerio del Ambiente declarar al distrito Hualgayoc en estado de “Emergencia ambiental”; pues en dicha jurisdicción se ubican mil 286 pasivos ambientales, de los cuales sólo 33 se encuentran en tratamiento.
El Ministerio del Ambiente, ha solicitado la información correspondiente a la Gerencia de Recursos Naturales y Medioambiente (RENAMA) del Gobierno Regional.
Las zonas más contaminadas son El Tingo, Llaucano y Maigasbamba. Los afluentes de agua han desaparecido o son tóxicos, fluye incluso agua de con una coloración verdosa, rojiza, imposible consumir ese líquido, y es poco lo actuado para revertir esta situación dijo Sergio Sánchez Ibáñez, gerente de RENAMA.
Los pasivos ambientales requieren de noventa y cinco millones de dólares americanos para ser tratados. Son pasivos consecuencia de la minería, agregó.
Actualmente, las empresas Culquirrumi atiende 28 pasivos ambientales y; El Dorado 5 pasivos.
Objetivo de la Emergencia Ambiental
El objetivo de la declaratoria de “emergencia ambiental” es proteger al ambiente y la salud humana. La Ley Nro.28804: Ley que regula la declaratoria de emergencia ambiental, precisa dos conjuntos de acciones.
El primero se orienta a proteger la salud de las personas, sea mediante su evacuación, las restricciones para evitar que las personas se vean expuestas al riesgo, o la atención directa a las personas, incluyendo la vigilancia de la salud de los afectados.
El segundo grupo se orienta a recuperar la calidad del ambiente dañado, lo que a su vez implicará la desaparición del riesgo para las personas.
Es importante resaltar que el artículo 2º de la Ley Nº 28804 precisa que la declaración de emergencia ambiental es independiente de las responsabilidades civiles, penales o administrativas a que hubiera lugar.
La declaratoria de emergencia corresponde al Consejo Nacional del Ambiente, en coordinación con el Ministerio de Salud y el INDECI. Esta debe basarse en criterios que de acuerdo con la Ley deben derivar en indicadores que orienten la decisión de declarar o no la emergencia ambiental. Para ello, la propia norma considera que el Ministerio de Salud debe participar activamente en el proceso.
La declaratoria puede originarse en un pedido de parte o ser declarada de oficio. Formalmente, la declaratoria requiere de la emisión de una resolución por parte del CONAM, la cual debería, aunque no lo indica la norma, ser publicada en El Diario Oficial.
La emergencia debe ser enfrentada a partir del Plan de Acción Inmediato. Nuevos aspectos que aparezcan durante la atención de la emergencia deberían ser incorporados al plan, por lo que el reglamento debería considerar esta flexibilidad de forma clara y precisa.
Diario Panorama Cajamarquino 01/09/2009
INDIGNA CONCESIÓN DEL LAGO
Los congresistas puneños Susana Vilca y Yonhy Lescano manifestaron ayer indignación y enviaron sendos escritos a los ministerios de Energía y Minas y del Ambiente, exigiendo explicaciones sobre la concesión irregular de los lotes 155 y 156 para exploración petrolera en la cuenca del lago Titicaca.
“Están afectando la reserva natural del Titicaca por 47 millones de dólares, cuando el pueblo de Puno puede producir muchísimo más con una adecuada política gubernamental que impulse el desarrollo de esta cuenca, acá huele a ‘faenones”, dijo Lescano y agregó que esta concesión también estaría violando pactos internacionales y afectando la ya delicada relación con Bolivia, país con el que compartimos el lago.
“Estamos revisando la situación legal de estas concesiones, si cuentan con los permisos, los estudios de impacto ambiental, para tener una respuesta clara y tomar las acciones pertinentes”, afirmó Vilca, y agregó que los puñenos lucharán por el lago.
Diario La Primera-Lima 01/09/2009
MINERÍA Y CONFLICTOS
Habla José de Echave, quien ha publicado junto a con Alejandro Diez, Ludwig Huber, Bruno Revesz, Xavier Ricard Lanata y Martín Tanaka el libro Minería y conflicto social.
-¿Cuáles son la causas de los conflictos sociales?
-Lo primero es que existe un marco legal que genera asimetrías y es favorable a las inversiones de empresas mineras y, que ha ido recortando los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población. Creo que la base de los conflictos es la cuestión de asimetría, es una situación que el país vive desde comienzos del 90.
-¿Cuántos conflictos hay?
-Más que el número lo preocupante es la tendencia. Estamos en un país donde la mitad de los conflictos que se producen son socio ambientales, según la Defensoría del Pueblo. Dentro de estos conflictos el 70% tiene que ver con la minería.
-¿Qué efectos ha tenido la judicialización?
-Ese es uno de los grandes problemas, parte de la idea es que no existen bases objetivas que expliquen los conflictos y que más bien hay agendas ocultas, subalternas y la actitud es precisamente tratar de encontrar como motivo del conflicto la acción de algunas organizaciones sociales, de organizaciones no gubernamentales. Hay una acción de criminalización de la protesta.
-¿Cuál es la función de la sociedad civil?
-Hay tres o cuatro estrategias que están en curso y que son claves. Una primera es apoyar el fortalecimiento organizativo de las poblaciones. Entonces, las poblaciones se están organizando frente a los conflictos mineros. Hay una estrategia de acompañamiento, de asesoría y desarrollo de capacidades. El deseo de hacer visible el conflicto, y una cuarta es modificar las reglas de juego.
-A pesar de los conflictos, la minería es una fuente de trabajo.
-Bueno, más o menos alrededor de unos 120,000 peruanos trabajan en minería y no llega al 1% de la población económicamente activa. Nadie está planteando que no exista la minería, es una actividad importante. Lo que está puesto sobre la mesa son las condiciones en las cuales una actividad, de tanta trascendencia como la minería, debería desarrollarse. Estamos hablando de aspectos económicos, sociales, de temas ambientales y laborales. Las comunidades alto andinas y amazónicas también han puesto en agenda los temas culturales.
Diario La Primera-Lima 31/08/2009
CREEN QUE EL GOBIERNO SÍ CONOCÍA DIÁLOGO EN BAGUA
Galarreta pide que comisión investigadora determine responsabilidad de ex ministros. Lombardi en contra de que el Apra “y sus aliados” presidan este grupo de trabajo.
Voceros de la oposición cuestionaron al Gobierno por dejar que el pasado 5 de junio la policía interviniera en Bagua, a pesar de que –como lo reveló ayer Perú.21– el jefe de la IV Región Policial, general Javier Uribe, y los líderes nativos sostenían conversaciones para que se levantara el bloqueo en la carretera Fernando Belaunde.
Es más, ante las afirmaciones del ex premier Yehude Simon, quien afirmó que el Gobierno desconocía de estas tratativas, Marisol Espinoza del humalismo y Luis Galarreta de Unidad Nacional indicaron que resulta “absurdo” pensar que el Ejecutivo no sabía de las gestiones del general Uribe.
“Es imposible que no tuvieran esa información. El Gobierno tiene un sistema de Inteligencia, esas conversaciones eran públicas y el avance de las mismas fue difundido por medios locales. Lo que pasa es que alguien decidió apostar por la fuerza, dejando de lado el diálogo”, señaló Espinoza.
Para la congresista, un día antes de los trágicos hechos en Bagua –que dejaron 24 policías y 10 civiles muertos– el Consejo de Ministros aprobó que se desalojara a los nativos por la fuerza, a pesar de las gestiones que la iglesia, y el presidente regional de San Martín, César Villanueva, realizaban para levantar el bloqueo.
Por su parte, Luis Galarreta sostuvo que la prueba de que el Gobierno actuó con imprudencia en Bagua es que la policía llegó a la denominada Curva del Diablo sin esperar al personal de apoyo enviado por las Fuerzas Armadas.
“Desde un inicio estuvo mal elaborada la estrategia que se iba a aplicar en Bagua. Cómo podían no estar enterados de las conversaciones, y si lo estaban, como dicen, por qué no llamaron a su representante antes de actuar. Encima no esperaron los refuerzos que enviaron las Fuerzas Armadas. El propio Ántero Flores-Aráoz lo reconoció”, manifestó.
El legislador pidió que la comisión del Congreso que investigará el 'Baguazo’ determine si los ex ministros Yehude Simon, Mercedes Cabanillas y Ántero Flores son responsables por la evidente descoordinación. “Esto no es ponerse del lado de los extremistas. Lo que se necesita es saber si actuaron mal”, sentenció.
PRESIDENCIA OPOSITORA. De otro lado, el congresista Guido Lombardi (UN), nominado como integrante de la comisión que investigará el caso, expresó su preocupación por la posibilidad de que el Apra “o sus aliados del fujimorismo y la Alianza Nacional” presidan este grupo, pues la conclusión de su informe sería favorable a los ex ministros implicados en este tema. En ese sentido, propuso que la oposición dirija esta investigación.
Tanto la ex ministra del Interior Mercedes Cabanillas como el actual titular de ese portafolio, el general PNP Octavio Salazar, evitaron dar declaraciones sobre este tema. “No voy a hablar mientras no concluyan las indagaciones”, respondió Salazar.
Diario Perú 21-Lima 31/08/2009
LA CUENCA DEL TITICACA: CONFLICTO PETROLERO
Reliance Industries, empresa privada de la India, hizo su ingreso al sector hidrocarburos del Perú con la exploración y explotación del Lote 141, ubicado en la cuenca del lago Titicaca. En la actualidad, el gran potencial de hidrocarburos ubicado en esta zona ha hecho que se incluyan tres lotes más de esta área, los 154, 155 y 156.
Los dos últimos ya fueron concesionados bajo contrato en abril de este año. El Lote 155 ubicado en la provincias de Azángaro, San Antonio de Putina, Huancané y Moho y el Lote 156 en las provincias de Puno, El Collao y Chucuito. Mientras tanto, el 154 está actualmente por consecionarse, según manifestó el congresista Jhony Lescano, en un diario local.
Se dice que el gobierno ha desarrollado los procesos de inversión y adjudicaciones de estos lotes a puerta cerrada y sin ningún tipo de consulta a las poblaciones ni a las autoridades puneñas. El titular de la Dirección Regional de Energía y Minas de Puno (DREM), Víctor Paredes, manifestó: “El gobierno nacional ha entregado los recursos naturales de la región Puno sin considerar opinión alguna. Ninguna autoridad puneña estaba enterada de esta licitación, prácticamente lo ha hecho a espaldas de la población. Yo me enteré después de tres meses de haber sido suscrito el contrato con empresas extranjeras, cuando llegó el contrato a mi despacho a fines del mes de julio donde se confirma y autoriza la exploración y explotación de los yacimientos petroleros en la cuenca del Titicaca. El ministro de Energía y Minas y el presidente de Perú Petro tienen que dar cuenta de estos hechos si quieren que estos cuestionamientos no aumenten”, manifestó Víctor Paredes, titular de la DREM, asegurando que su institución tomara acciones al respecto. En el caso del municipio de Puno y el Gobierno Regional aseguraron que recién fueron notificados después de un mes de haberse firmado los contratos.
Como se sabe en el mes de julio, Perú Petro convocó a una audiencia pública en la provincia de Moho para informar a la población sobre la explotación de estos hidrocarburos en la zona, la cual desde un primer momento fue rechazada e incluso provocó la movilización de la población en la plaza de esta provincia.
Especialistas en materia ambiental también han demostrado su preocupación ante el posible deterioro del ecosistema. David Aranibar Huaquisto, Jefe de la Reserva Nacional de Titicaca, refirió que cualquier intento de explotación en el Titicaca es un atentado contra la vida dado que el área protegida es el pulmón del mundo que se pondría en peligro. Aseveró además que esta explotación debe realizarse previo Estudio de Impacto Ambiental, para garantizar la vida de las especies que habitan en el lago.
Entre otras apreciaciones dijo que el ambiguo articulado debe ser empleado de acuerdo a la Ley 26834 de Áreas Naturales Protegidas, que en sus artículos 1 y 3 indican claramente que las reservas se establecen con carácter definitivo, por lo que su reducción física o modificación solo será posible mediante una Ley que actualmente no existe.
Sin embargo no sorprendería que con suma conveniencia estas normas legales fueran maniobradas para lograr sus objetivos, todo podría suceder, pues la intención queda sustentada con las acciones del gobierno nacional que licitó sin consulta alguna y a puertas cerradas estos lotes (155 y 156) para que sean explorados, muy a pesar de que parte de ellos están en el entorno de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional del Titicaca.
Dato:
La Reserva Nacional del Lago Titicaca está establecida mediante el Decreto Supremo N. 185-78 AA del 31 de octubre de 1978, con la finalidad de conservar los recursos naturales del lago Titicaca. Actualmente se encuentra protegida por el Tratado Internacional de la Convención RAMSAR.
Con Nuestro Perú- 30/08/2009
EL DESALOJO VIOLENTO EN BAGUA SE ADELANTÓ SIN RAZÓN ALGUNA
Testimonios de autoridades políticas, eclesiásticas y de Apus ponen en evidencia el inexplicable apresuramiento de la operación policial del 5 de junio pasado. Ese mismo día, los nativos iban a abandonar la Curva del Diablo de manera pacífica.
Aquel día, los nativos pudieron haberse ido tranquilamente, pero alguien apresuró los hechos. (Perú.21)
La reconstrucción de los hechos del día previo al ‘Baguazo’, ocurrido el 5 de junio pasado, permite comprender que la muerte de 24 policías y 10 nativos pudo haberse evitado, y evidencia, una vez más, que la operación policial de desalojo de la carretera Fernando Belaunde fue apresurado, poco planificado y negligente.
Autoridades políticas, eclesiásticas y dirigentes indígenas, que entre el 1 y el 4 de junio participaron en reuniones en busca de una salida pacífica al conflicto amazónico, han revelado a Perú.21 que la última de ellas, efectuada el día 4 en la noche, pudo cambiar el rumbo de los hechos, pues allí los dirigentes nativos señalaron que podrían abandonar pacíficamente la Curva del Diablo a las 10 de la mañana del día siguiente. Pero, como se sabe, la intervención empezó cinco horas antes, y la vía pacífica terminó convirtiéndose en un camino de sangre.
En esa reunión, realizada en la Estación 7, en el lugar denominado El Valor, a 20 minutos de Bagua, el general Javier Uribe, jefe de la IV Región Policial; el obispo de Jaén, Santiago García; el alcalde provincial de Jaén, Jaime Vílchez; y los apus, encabezados por Santiago Awanash, discutieron las pocas probabilidades que aún quedaban. “En esa reunión se dejó abierta la posibilidad de abandonar la carretera, pero sabiendo que (Awanash) no podía tomar la decisión final, le dijo al general Uribe que existía esa posibilidad”, relató el obispo García.
ÚLTIMOS RECURSOS. De acuerdo con la versión del sacerdote –que coincide con los otros testimonios recogidos–, “la mayor parte de los dirigentes indígenas estaba por la opción de retirarse al día siguiente, temprano”. El presidente de la región San Martín, César Villanueva –quien ayudó en las conversaciones– habló esa tarde con Leandro Calvo, un dirigente indígena representativo.
“Leandro me dijo que había condiciones para reunirnos al día siguiente, en Bagua, para buscar una salida. El día 4, en la noche, acordamos encontrarnos allí para la mañana del día 5”, manifestó, tras recordar debía viajar temprano a Bagua para finiquitar el desalojo de la carretera.
“Esa noche busqué por todos lados comunicarme con el general Uribe, porque con él habíamos conseguido la tranquilidad en San Martín, pero no había comunicación, y *por esas cosas que suelen ocurrir, no pude hacerlo*”, agregó Villanueva.
Awanash nos dijo que en la audiencia de esa noche, “el general Uribe me pidió que maneje la situación con inteligencia (con los pobladores nativos) porque ya había una orden de Lima y las cosas ya estaban en otro nivel”. Según otras versiones, Uribe estuvo extraño en la reunión. “Él había venido dialogando bien, pero ya se le notaba el peso de que tenía que hacerlo y dijo que esperaba órdenes de Lima, que las cosas ya no estaban en sus manos”, narró el obispo.
Pese a ello, quedaban posibilidades. Por la noche, al terminar el evento, Awanash debía volver a la Curva del Diablo para someter a consulta el desalojo. Este y Uribe, acordaron una nueva reunión para el día siguiente, a las 10 de la mañana. “Él aceptó ese plazo, nos teníamos que volver a encontrar en El Reposo para que conozca nuestra decisión”, contó.
Por alguna razón, los nativos sabían que iban a retirarse, pues desde la tarde habían empezado a beber masato. Por eso, cuando Awanash pidió sus votos, la propuesta fue aprobada por mayoría y la celebración prosiguió. “Como señal de alegría, tomaron masato, pero no se emborracharon, eso es mentira”, dijo el obispo.
Un periodista local refirió que “esa noche un dirigente nos llamó al diario y nos comunicó que levantaban la huelga y que al día siguiente se retiraban a las 10”. Juan Sausa y Eder Cárdenas, de Radio Marañón, reportaron que “*las condiciones ya eran difíciles* para los nativos, básicamente por el tema de la alimentación”.
Mientras los nativos organizaban comisiones para conseguir camiones que al día siguiente los sacaran del lugar, en Corral Quemado, los hombres del general Luis Muguruza se preparaban para la acción de desalojo. No se sabe si el general Uribe informó al alto mando policial y a la entonces ministra del Interior Mercedes Cabanillas que aún era posible el desalojo pacífico, pues ni este oficial quiso responder a nuestro llamado, ni el jefe de la Policía, Miguel Hidalgo, dio cuenta del tema.
POLICÍA SE APRESURÓ. Lo cierto es que, como reveló Perú.21 el 25 de junio pasado, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas también consideró que la Policía se apresuró con su operación. Según el Acta de la Junta Especial de Investigación Operativa, la Policía no esperó el despliegue de 800 militares y policías que iban camino a Bagua, procedentes de Lima, Tumbes y Chiclayo.
“Esta consideración no fue tomada en el planeamiento realizado por la PNP (y) la fecha y hora no fue de conocimiento de los mandos militares”, decía el documento secreto. En suma, no tuvieron en cuenta las negociaciones ni las advertencias castrenses. ¿Quién presionó por el apresuramiento?
Diario Perú 21-Lima 30/08/2009
El Municipio Provincial de Bambamarca (MPB) ha pedido al Ministerio del Ambiente declarar al distrito Hualgayoc en estado de “Emergencia ambiental”; pues en dicha jurisdicción se ubican mil 286 pasivos ambientales, de los cuales sólo 33 se encuentran en tratamiento.
El Ministerio del Ambiente, ha solicitado la información correspondiente a la Gerencia de Recursos Naturales y Medioambiente (RENAMA) del Gobierno Regional.
Las zonas más contaminadas son El Tingo, Llaucano y Maigasbamba. Los afluentes de agua han desaparecido o son tóxicos, fluye incluso agua de con una coloración verdosa, rojiza, imposible consumir ese líquido, y es poco lo actuado para revertir esta situación dijo Sergio Sánchez Ibáñez, gerente de RENAMA.
Los pasivos ambientales requieren de noventa y cinco millones de dólares americanos para ser tratados. Son pasivos consecuencia de la minería, agregó.
Actualmente, las empresas Culquirrumi atiende 28 pasivos ambientales y; El Dorado 5 pasivos.
Objetivo de la Emergencia Ambiental
El objetivo de la declaratoria de “emergencia ambiental” es proteger al ambiente y la salud humana. La Ley Nro.28804: Ley que regula la declaratoria de emergencia ambiental, precisa dos conjuntos de acciones.
El primero se orienta a proteger la salud de las personas, sea mediante su evacuación, las restricciones para evitar que las personas se vean expuestas al riesgo, o la atención directa a las personas, incluyendo la vigilancia de la salud de los afectados.
El segundo grupo se orienta a recuperar la calidad del ambiente dañado, lo que a su vez implicará la desaparición del riesgo para las personas.
Es importante resaltar que el artículo 2º de la Ley Nº 28804 precisa que la declaración de emergencia ambiental es independiente de las responsabilidades civiles, penales o administrativas a que hubiera lugar.
La declaratoria de emergencia corresponde al Consejo Nacional del Ambiente, en coordinación con el Ministerio de Salud y el INDECI. Esta debe basarse en criterios que de acuerdo con la Ley deben derivar en indicadores que orienten la decisión de declarar o no la emergencia ambiental. Para ello, la propia norma considera que el Ministerio de Salud debe participar activamente en el proceso.
La declaratoria puede originarse en un pedido de parte o ser declarada de oficio. Formalmente, la declaratoria requiere de la emisión de una resolución por parte del CONAM, la cual debería, aunque no lo indica la norma, ser publicada en El Diario Oficial.
La emergencia debe ser enfrentada a partir del Plan de Acción Inmediato. Nuevos aspectos que aparezcan durante la atención de la emergencia deberían ser incorporados al plan, por lo que el reglamento debería considerar esta flexibilidad de forma clara y precisa.
Diario Panorama Cajamarquino 01/09/2009
INDIGNA CONCESIÓN DEL LAGO
Los congresistas puneños Susana Vilca y Yonhy Lescano manifestaron ayer indignación y enviaron sendos escritos a los ministerios de Energía y Minas y del Ambiente, exigiendo explicaciones sobre la concesión irregular de los lotes 155 y 156 para exploración petrolera en la cuenca del lago Titicaca.
“Están afectando la reserva natural del Titicaca por 47 millones de dólares, cuando el pueblo de Puno puede producir muchísimo más con una adecuada política gubernamental que impulse el desarrollo de esta cuenca, acá huele a ‘faenones”, dijo Lescano y agregó que esta concesión también estaría violando pactos internacionales y afectando la ya delicada relación con Bolivia, país con el que compartimos el lago.
“Estamos revisando la situación legal de estas concesiones, si cuentan con los permisos, los estudios de impacto ambiental, para tener una respuesta clara y tomar las acciones pertinentes”, afirmó Vilca, y agregó que los puñenos lucharán por el lago.
Diario La Primera-Lima 01/09/2009
MINERÍA Y CONFLICTOS
Habla José de Echave, quien ha publicado junto a con Alejandro Diez, Ludwig Huber, Bruno Revesz, Xavier Ricard Lanata y Martín Tanaka el libro Minería y conflicto social.
-¿Cuáles son la causas de los conflictos sociales?
-Lo primero es que existe un marco legal que genera asimetrías y es favorable a las inversiones de empresas mineras y, que ha ido recortando los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población. Creo que la base de los conflictos es la cuestión de asimetría, es una situación que el país vive desde comienzos del 90.
-¿Cuántos conflictos hay?
-Más que el número lo preocupante es la tendencia. Estamos en un país donde la mitad de los conflictos que se producen son socio ambientales, según la Defensoría del Pueblo. Dentro de estos conflictos el 70% tiene que ver con la minería.
-¿Qué efectos ha tenido la judicialización?
-Ese es uno de los grandes problemas, parte de la idea es que no existen bases objetivas que expliquen los conflictos y que más bien hay agendas ocultas, subalternas y la actitud es precisamente tratar de encontrar como motivo del conflicto la acción de algunas organizaciones sociales, de organizaciones no gubernamentales. Hay una acción de criminalización de la protesta.
-¿Cuál es la función de la sociedad civil?
-Hay tres o cuatro estrategias que están en curso y que son claves. Una primera es apoyar el fortalecimiento organizativo de las poblaciones. Entonces, las poblaciones se están organizando frente a los conflictos mineros. Hay una estrategia de acompañamiento, de asesoría y desarrollo de capacidades. El deseo de hacer visible el conflicto, y una cuarta es modificar las reglas de juego.
-A pesar de los conflictos, la minería es una fuente de trabajo.
-Bueno, más o menos alrededor de unos 120,000 peruanos trabajan en minería y no llega al 1% de la población económicamente activa. Nadie está planteando que no exista la minería, es una actividad importante. Lo que está puesto sobre la mesa son las condiciones en las cuales una actividad, de tanta trascendencia como la minería, debería desarrollarse. Estamos hablando de aspectos económicos, sociales, de temas ambientales y laborales. Las comunidades alto andinas y amazónicas también han puesto en agenda los temas culturales.
Diario La Primera-Lima 31/08/2009
CREEN QUE EL GOBIERNO SÍ CONOCÍA DIÁLOGO EN BAGUA
Galarreta pide que comisión investigadora determine responsabilidad de ex ministros. Lombardi en contra de que el Apra “y sus aliados” presidan este grupo de trabajo.
Voceros de la oposición cuestionaron al Gobierno por dejar que el pasado 5 de junio la policía interviniera en Bagua, a pesar de que –como lo reveló ayer Perú.21– el jefe de la IV Región Policial, general Javier Uribe, y los líderes nativos sostenían conversaciones para que se levantara el bloqueo en la carretera Fernando Belaunde.
Es más, ante las afirmaciones del ex premier Yehude Simon, quien afirmó que el Gobierno desconocía de estas tratativas, Marisol Espinoza del humalismo y Luis Galarreta de Unidad Nacional indicaron que resulta “absurdo” pensar que el Ejecutivo no sabía de las gestiones del general Uribe.
“Es imposible que no tuvieran esa información. El Gobierno tiene un sistema de Inteligencia, esas conversaciones eran públicas y el avance de las mismas fue difundido por medios locales. Lo que pasa es que alguien decidió apostar por la fuerza, dejando de lado el diálogo”, señaló Espinoza.
Para la congresista, un día antes de los trágicos hechos en Bagua –que dejaron 24 policías y 10 civiles muertos– el Consejo de Ministros aprobó que se desalojara a los nativos por la fuerza, a pesar de las gestiones que la iglesia, y el presidente regional de San Martín, César Villanueva, realizaban para levantar el bloqueo.
Por su parte, Luis Galarreta sostuvo que la prueba de que el Gobierno actuó con imprudencia en Bagua es que la policía llegó a la denominada Curva del Diablo sin esperar al personal de apoyo enviado por las Fuerzas Armadas.
“Desde un inicio estuvo mal elaborada la estrategia que se iba a aplicar en Bagua. Cómo podían no estar enterados de las conversaciones, y si lo estaban, como dicen, por qué no llamaron a su representante antes de actuar. Encima no esperaron los refuerzos que enviaron las Fuerzas Armadas. El propio Ántero Flores-Aráoz lo reconoció”, manifestó.
El legislador pidió que la comisión del Congreso que investigará el 'Baguazo’ determine si los ex ministros Yehude Simon, Mercedes Cabanillas y Ántero Flores son responsables por la evidente descoordinación. “Esto no es ponerse del lado de los extremistas. Lo que se necesita es saber si actuaron mal”, sentenció.
PRESIDENCIA OPOSITORA. De otro lado, el congresista Guido Lombardi (UN), nominado como integrante de la comisión que investigará el caso, expresó su preocupación por la posibilidad de que el Apra “o sus aliados del fujimorismo y la Alianza Nacional” presidan este grupo, pues la conclusión de su informe sería favorable a los ex ministros implicados en este tema. En ese sentido, propuso que la oposición dirija esta investigación.
Tanto la ex ministra del Interior Mercedes Cabanillas como el actual titular de ese portafolio, el general PNP Octavio Salazar, evitaron dar declaraciones sobre este tema. “No voy a hablar mientras no concluyan las indagaciones”, respondió Salazar.
Diario Perú 21-Lima 31/08/2009
LA CUENCA DEL TITICACA: CONFLICTO PETROLERO
Reliance Industries, empresa privada de la India, hizo su ingreso al sector hidrocarburos del Perú con la exploración y explotación del Lote 141, ubicado en la cuenca del lago Titicaca. En la actualidad, el gran potencial de hidrocarburos ubicado en esta zona ha hecho que se incluyan tres lotes más de esta área, los 154, 155 y 156.
Los dos últimos ya fueron concesionados bajo contrato en abril de este año. El Lote 155 ubicado en la provincias de Azángaro, San Antonio de Putina, Huancané y Moho y el Lote 156 en las provincias de Puno, El Collao y Chucuito. Mientras tanto, el 154 está actualmente por consecionarse, según manifestó el congresista Jhony Lescano, en un diario local.
Se dice que el gobierno ha desarrollado los procesos de inversión y adjudicaciones de estos lotes a puerta cerrada y sin ningún tipo de consulta a las poblaciones ni a las autoridades puneñas. El titular de la Dirección Regional de Energía y Minas de Puno (DREM), Víctor Paredes, manifestó: “El gobierno nacional ha entregado los recursos naturales de la región Puno sin considerar opinión alguna. Ninguna autoridad puneña estaba enterada de esta licitación, prácticamente lo ha hecho a espaldas de la población. Yo me enteré después de tres meses de haber sido suscrito el contrato con empresas extranjeras, cuando llegó el contrato a mi despacho a fines del mes de julio donde se confirma y autoriza la exploración y explotación de los yacimientos petroleros en la cuenca del Titicaca. El ministro de Energía y Minas y el presidente de Perú Petro tienen que dar cuenta de estos hechos si quieren que estos cuestionamientos no aumenten”, manifestó Víctor Paredes, titular de la DREM, asegurando que su institución tomara acciones al respecto. En el caso del municipio de Puno y el Gobierno Regional aseguraron que recién fueron notificados después de un mes de haberse firmado los contratos.
Como se sabe en el mes de julio, Perú Petro convocó a una audiencia pública en la provincia de Moho para informar a la población sobre la explotación de estos hidrocarburos en la zona, la cual desde un primer momento fue rechazada e incluso provocó la movilización de la población en la plaza de esta provincia.
Especialistas en materia ambiental también han demostrado su preocupación ante el posible deterioro del ecosistema. David Aranibar Huaquisto, Jefe de la Reserva Nacional de Titicaca, refirió que cualquier intento de explotación en el Titicaca es un atentado contra la vida dado que el área protegida es el pulmón del mundo que se pondría en peligro. Aseveró además que esta explotación debe realizarse previo Estudio de Impacto Ambiental, para garantizar la vida de las especies que habitan en el lago.
Entre otras apreciaciones dijo que el ambiguo articulado debe ser empleado de acuerdo a la Ley 26834 de Áreas Naturales Protegidas, que en sus artículos 1 y 3 indican claramente que las reservas se establecen con carácter definitivo, por lo que su reducción física o modificación solo será posible mediante una Ley que actualmente no existe.
Sin embargo no sorprendería que con suma conveniencia estas normas legales fueran maniobradas para lograr sus objetivos, todo podría suceder, pues la intención queda sustentada con las acciones del gobierno nacional que licitó sin consulta alguna y a puertas cerradas estos lotes (155 y 156) para que sean explorados, muy a pesar de que parte de ellos están en el entorno de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional del Titicaca.
Dato:
La Reserva Nacional del Lago Titicaca está establecida mediante el Decreto Supremo N. 185-78 AA del 31 de octubre de 1978, con la finalidad de conservar los recursos naturales del lago Titicaca. Actualmente se encuentra protegida por el Tratado Internacional de la Convención RAMSAR.
Con Nuestro Perú- 30/08/2009
EL DESALOJO VIOLENTO EN BAGUA SE ADELANTÓ SIN RAZÓN ALGUNA
Testimonios de autoridades políticas, eclesiásticas y de Apus ponen en evidencia el inexplicable apresuramiento de la operación policial del 5 de junio pasado. Ese mismo día, los nativos iban a abandonar la Curva del Diablo de manera pacífica.
Aquel día, los nativos pudieron haberse ido tranquilamente, pero alguien apresuró los hechos. (Perú.21)
La reconstrucción de los hechos del día previo al ‘Baguazo’, ocurrido el 5 de junio pasado, permite comprender que la muerte de 24 policías y 10 nativos pudo haberse evitado, y evidencia, una vez más, que la operación policial de desalojo de la carretera Fernando Belaunde fue apresurado, poco planificado y negligente.
Autoridades políticas, eclesiásticas y dirigentes indígenas, que entre el 1 y el 4 de junio participaron en reuniones en busca de una salida pacífica al conflicto amazónico, han revelado a Perú.21 que la última de ellas, efectuada el día 4 en la noche, pudo cambiar el rumbo de los hechos, pues allí los dirigentes nativos señalaron que podrían abandonar pacíficamente la Curva del Diablo a las 10 de la mañana del día siguiente. Pero, como se sabe, la intervención empezó cinco horas antes, y la vía pacífica terminó convirtiéndose en un camino de sangre.
En esa reunión, realizada en la Estación 7, en el lugar denominado El Valor, a 20 minutos de Bagua, el general Javier Uribe, jefe de la IV Región Policial; el obispo de Jaén, Santiago García; el alcalde provincial de Jaén, Jaime Vílchez; y los apus, encabezados por Santiago Awanash, discutieron las pocas probabilidades que aún quedaban. “En esa reunión se dejó abierta la posibilidad de abandonar la carretera, pero sabiendo que (Awanash) no podía tomar la decisión final, le dijo al general Uribe que existía esa posibilidad”, relató el obispo García.
ÚLTIMOS RECURSOS. De acuerdo con la versión del sacerdote –que coincide con los otros testimonios recogidos–, “la mayor parte de los dirigentes indígenas estaba por la opción de retirarse al día siguiente, temprano”. El presidente de la región San Martín, César Villanueva –quien ayudó en las conversaciones– habló esa tarde con Leandro Calvo, un dirigente indígena representativo.
“Leandro me dijo que había condiciones para reunirnos al día siguiente, en Bagua, para buscar una salida. El día 4, en la noche, acordamos encontrarnos allí para la mañana del día 5”, manifestó, tras recordar debía viajar temprano a Bagua para finiquitar el desalojo de la carretera.
“Esa noche busqué por todos lados comunicarme con el general Uribe, porque con él habíamos conseguido la tranquilidad en San Martín, pero no había comunicación, y *por esas cosas que suelen ocurrir, no pude hacerlo*”, agregó Villanueva.
Awanash nos dijo que en la audiencia de esa noche, “el general Uribe me pidió que maneje la situación con inteligencia (con los pobladores nativos) porque ya había una orden de Lima y las cosas ya estaban en otro nivel”. Según otras versiones, Uribe estuvo extraño en la reunión. “Él había venido dialogando bien, pero ya se le notaba el peso de que tenía que hacerlo y dijo que esperaba órdenes de Lima, que las cosas ya no estaban en sus manos”, narró el obispo.
Pese a ello, quedaban posibilidades. Por la noche, al terminar el evento, Awanash debía volver a la Curva del Diablo para someter a consulta el desalojo. Este y Uribe, acordaron una nueva reunión para el día siguiente, a las 10 de la mañana. “Él aceptó ese plazo, nos teníamos que volver a encontrar en El Reposo para que conozca nuestra decisión”, contó.
Por alguna razón, los nativos sabían que iban a retirarse, pues desde la tarde habían empezado a beber masato. Por eso, cuando Awanash pidió sus votos, la propuesta fue aprobada por mayoría y la celebración prosiguió. “Como señal de alegría, tomaron masato, pero no se emborracharon, eso es mentira”, dijo el obispo.
Un periodista local refirió que “esa noche un dirigente nos llamó al diario y nos comunicó que levantaban la huelga y que al día siguiente se retiraban a las 10”. Juan Sausa y Eder Cárdenas, de Radio Marañón, reportaron que “*las condiciones ya eran difíciles* para los nativos, básicamente por el tema de la alimentación”.
Mientras los nativos organizaban comisiones para conseguir camiones que al día siguiente los sacaran del lugar, en Corral Quemado, los hombres del general Luis Muguruza se preparaban para la acción de desalojo. No se sabe si el general Uribe informó al alto mando policial y a la entonces ministra del Interior Mercedes Cabanillas que aún era posible el desalojo pacífico, pues ni este oficial quiso responder a nuestro llamado, ni el jefe de la Policía, Miguel Hidalgo, dio cuenta del tema.
POLICÍA SE APRESURÓ. Lo cierto es que, como reveló Perú.21 el 25 de junio pasado, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas también consideró que la Policía se apresuró con su operación. Según el Acta de la Junta Especial de Investigación Operativa, la Policía no esperó el despliegue de 800 militares y policías que iban camino a Bagua, procedentes de Lima, Tumbes y Chiclayo.
“Esta consideración no fue tomada en el planeamiento realizado por la PNP (y) la fecha y hora no fue de conocimiento de los mandos militares”, decía el documento secreto. En suma, no tuvieron en cuenta las negociaciones ni las advertencias castrenses. ¿Quién presionó por el apresuramiento?
Diario Perú 21-Lima 30/08/2009