En conferencia de prensa, los representantes del Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú (FDSFNP) que llegaron el día de ayer a Lima para reunirse con autoridades gubernamentales, dieron a conocer que están dispuestos a retomar el proceso de diálogo para tratar de resolver los conflictos sociales generados por la minera Río Blanco Copper S.A. (antes Minera Majaz) en sus territorios.
Carlos Martínez, presidente del FDSFNP y alcalde de la provincia de San Ignacio en Cajamarca, declaró que tras reunirse con representantes del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), llegaron al acuerdo de presentar, como FDSFNP, una propuesta para reiniciar el proceso de diálogo.
Asimismo, manifestó que la Defensoría del Pueblo les ha planteado interponer sus buenos oficios para hacer posible que se lleve adelante el proceso de diálogo que ellos propongan.
Sin embargo, Martínez lamentó que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) no los recibiera y sólo les informara que la PCM ya no se hará cargo de dar seguimiento a los conflictos mineros, y que estos quedaron en manos del MINEM, dejando sin efecto el proceso previo al diálogo iniciado en San Ignacio y Ayabaca durante la gestión del Premier Yehude Simon.
De otro lado, los miembros del FDSFNP denunciaron que la presencia de 150 miembros de la policía que fueron enviados a Huancabamba, Piura, a prevenir supuestos hechos de violencia durante las celebraciones por el segundo aniversario de la consulta vecinal, realizada el 16 de setiembre del 2007 (donde el 97% de los votantes manifestó estar en contra de la actividad minera), fue financiada por la empresa minera Río Blanco Copper S.A (antes Minera Majaz) tal como lo demuestran las fotografías obtenidas por el FDSFNP, donde aparece una lista de supuestos miembros de la PNP firmando un planillón para recibir sus alimentos a nombre de la empresa minera.
Sobre la situación legal relacionada al caso Majaz, el abogado David Velazco, miembro de Fedepaz, informó sobre la lentitud con la que el juzgado de Huancabamba viene tratando la denuncia por tortura, que hicieran 28 comuneros a la citada empresa minera. Por el contrario, se les inició un proceso por delito contra la tranquilidad pública y otros, pasando de la condición de acusadores a procesados. Otro hecho que importa gran relevancia es la denuncia por usurpación de tierras en contra de funcionarios y accionistas de la empresa minera, presentada en Ayabaca, donde la fiscalía abrió proceso por existir indicios de su presencia ilegal y por ende de la usurpación de territorios de las comunidades campesinas.
El FDSFNP presentó mapas que grafican el incremento de las concesiones mineras en las provincias de Ayabaca y Huancabamba, corroborando la teoría del posible distrito minero que se pretende en la zona, y cómo su ubicación compromete al 44.5% de los páramos generadores de agua en las regiones de Piura y Cajamarca, pudiendo comprometer la calidad y cantidad de este recurso hídrico.
Finalmente, los miembros del FDSFNP, dieron a conocer que el MINEM adicionalmente, se ha comprometido a revisar, conjuntamente con OSINERGMIN, la situación actual del cierre de mina de la empresa Río Blanco Copper S.A., que debió culminar en noviembre del 2006, y revisar la situación legal de la empresa, que actualmente realiza actividades de manera ilegal, pues no tiene permisos ni de las comunidades campesinas, ni del propio Ministerio de Energía y Minas, el que venció en noviembre del 2006.
http://connuestroperu.com
Con Nuestro Perú 01/09/2009
HEROES DEL MEDIOAMBIENTE
Lucien Chauvin.-
Para el padre Marco Arana, salvar almas no es suficiente.
El sacerdote peruano ha hecho parte de su vocacion salvar la tierra, que él llama su hogar, de los efectos devastadores de la minería.
Marco Arana es cofundador de Grufides, una organización medioambientalista y de derechos humanos que trabaja con los pobladores y campesinos afectados por la minería en la región de Cajamarca en el norte peruano.
Esa área hermosa y escarpada de los andes del norte de Peru alberga a la mina Yanacocha, de la Minera Newmont, cuya oficina central está en Denver. Yanacocha es la mina a tajo abierto más grande de Sudamérica - y por casi 20 años Marco Arana (que ahora tiene 46) ha liderado a sus feligreses en una lucha para proteger sus derechos contra las violaciones de derechos por parte del personal de las empresas mineras, emprendiendo campañas que van desde ayudar a los campesinos a conseguir un precio justo por sus tierras a la protección de fuentes de aguas subterráneas.
Marco Arana argumenta que las operaciones que realiza Yanacocha usualmente ocasionan más daño que beneficios, porque la empresa minera da trabajo a relativamente pocas personas y los que trabajan para la minera no son, por lo general, propios del lugar.
La práctica de filtración de oro y plata de la roca empapándola con cianuro daña el ecosistema y desplaza a las familias campesinas de un tipo de actividades que proporcionan empleos más sostenibles.
“No soy antiminero", insiste Arana, " pero tenemos que encontrar un equilibrio que satisfaga las necesidades de la población así como sus condiciones socio-ambientales. Los problemas ambientales van de la mano con los problemas económicos y sociales."
Su buena voluntad (del padre Arana) y su compromiso firme le han ganado cierto respeto reticente por parte del gobierno peruano, que ha recurrido a Arana para ayudar a calmar discusiones en los conflictos minerod mas violentos en el país.
Pero él también se ha ganado enemigos. En 2006, mientras luchaban contra una propuesta de expansión de la mina Yanacocha, Arana y sus colegas de Grufides fueron sujetos de una misteriosa campaña de vigilancia e intimidación, llamada "Operación Diablo", conducida por una empresa de seguridad privada. Arana y miembros de su familia recibieron amenazas de muerte, y fuentes anónimas que hablan de rumores con el objetivo de desacreditar al sacerdote. La empresa minera negó su participación reiteradamente; y una investigación hecha por la oficina del procurador de la República Cajamarca fue archivada debido a "carencia de pruebas. "
Arana, quien se ha unido con otros ecologistas y activistas de derechos humanos para formar un partido político llamado Tierra y Libertad, razona filosóficamente sobre los peligros: "Todas las luchas por la justicia surgen contra la injusticia" - dice.
CONSEJO VERDE:
‘Hemos dejado de usar objetos de oro en nuestra parroquia. Dios no debería ser adorado con productos que causan sufrimiento y destruyen la naturaleza‘
http://www.conflictosmineros.net/contenidos/19-peru/5026-heroes-del-medioambiente
Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina 30/09/2009
Carlos Martínez, presidente del FDSFNP y alcalde de la provincia de San Ignacio en Cajamarca, declaró que tras reunirse con representantes del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), llegaron al acuerdo de presentar, como FDSFNP, una propuesta para reiniciar el proceso de diálogo.
Asimismo, manifestó que la Defensoría del Pueblo les ha planteado interponer sus buenos oficios para hacer posible que se lleve adelante el proceso de diálogo que ellos propongan.
Sin embargo, Martínez lamentó que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) no los recibiera y sólo les informara que la PCM ya no se hará cargo de dar seguimiento a los conflictos mineros, y que estos quedaron en manos del MINEM, dejando sin efecto el proceso previo al diálogo iniciado en San Ignacio y Ayabaca durante la gestión del Premier Yehude Simon.
De otro lado, los miembros del FDSFNP denunciaron que la presencia de 150 miembros de la policía que fueron enviados a Huancabamba, Piura, a prevenir supuestos hechos de violencia durante las celebraciones por el segundo aniversario de la consulta vecinal, realizada el 16 de setiembre del 2007 (donde el 97% de los votantes manifestó estar en contra de la actividad minera), fue financiada por la empresa minera Río Blanco Copper S.A (antes Minera Majaz) tal como lo demuestran las fotografías obtenidas por el FDSFNP, donde aparece una lista de supuestos miembros de la PNP firmando un planillón para recibir sus alimentos a nombre de la empresa minera.
Sobre la situación legal relacionada al caso Majaz, el abogado David Velazco, miembro de Fedepaz, informó sobre la lentitud con la que el juzgado de Huancabamba viene tratando la denuncia por tortura, que hicieran 28 comuneros a la citada empresa minera. Por el contrario, se les inició un proceso por delito contra la tranquilidad pública y otros, pasando de la condición de acusadores a procesados. Otro hecho que importa gran relevancia es la denuncia por usurpación de tierras en contra de funcionarios y accionistas de la empresa minera, presentada en Ayabaca, donde la fiscalía abrió proceso por existir indicios de su presencia ilegal y por ende de la usurpación de territorios de las comunidades campesinas.
El FDSFNP presentó mapas que grafican el incremento de las concesiones mineras en las provincias de Ayabaca y Huancabamba, corroborando la teoría del posible distrito minero que se pretende en la zona, y cómo su ubicación compromete al 44.5% de los páramos generadores de agua en las regiones de Piura y Cajamarca, pudiendo comprometer la calidad y cantidad de este recurso hídrico.
Finalmente, los miembros del FDSFNP, dieron a conocer que el MINEM adicionalmente, se ha comprometido a revisar, conjuntamente con OSINERGMIN, la situación actual del cierre de mina de la empresa Río Blanco Copper S.A., que debió culminar en noviembre del 2006, y revisar la situación legal de la empresa, que actualmente realiza actividades de manera ilegal, pues no tiene permisos ni de las comunidades campesinas, ni del propio Ministerio de Energía y Minas, el que venció en noviembre del 2006.
http://connuestroperu.com
Con Nuestro Perú 01/09/2009
HEROES DEL MEDIOAMBIENTE
Lucien Chauvin.-
Para el padre Marco Arana, salvar almas no es suficiente.
El sacerdote peruano ha hecho parte de su vocacion salvar la tierra, que él llama su hogar, de los efectos devastadores de la minería.
Marco Arana es cofundador de Grufides, una organización medioambientalista y de derechos humanos que trabaja con los pobladores y campesinos afectados por la minería en la región de Cajamarca en el norte peruano.
Esa área hermosa y escarpada de los andes del norte de Peru alberga a la mina Yanacocha, de la Minera Newmont, cuya oficina central está en Denver. Yanacocha es la mina a tajo abierto más grande de Sudamérica - y por casi 20 años Marco Arana (que ahora tiene 46) ha liderado a sus feligreses en una lucha para proteger sus derechos contra las violaciones de derechos por parte del personal de las empresas mineras, emprendiendo campañas que van desde ayudar a los campesinos a conseguir un precio justo por sus tierras a la protección de fuentes de aguas subterráneas.
Marco Arana argumenta que las operaciones que realiza Yanacocha usualmente ocasionan más daño que beneficios, porque la empresa minera da trabajo a relativamente pocas personas y los que trabajan para la minera no son, por lo general, propios del lugar.
La práctica de filtración de oro y plata de la roca empapándola con cianuro daña el ecosistema y desplaza a las familias campesinas de un tipo de actividades que proporcionan empleos más sostenibles.
“No soy antiminero", insiste Arana, " pero tenemos que encontrar un equilibrio que satisfaga las necesidades de la población así como sus condiciones socio-ambientales. Los problemas ambientales van de la mano con los problemas económicos y sociales."
Su buena voluntad (del padre Arana) y su compromiso firme le han ganado cierto respeto reticente por parte del gobierno peruano, que ha recurrido a Arana para ayudar a calmar discusiones en los conflictos minerod mas violentos en el país.
Pero él también se ha ganado enemigos. En 2006, mientras luchaban contra una propuesta de expansión de la mina Yanacocha, Arana y sus colegas de Grufides fueron sujetos de una misteriosa campaña de vigilancia e intimidación, llamada "Operación Diablo", conducida por una empresa de seguridad privada. Arana y miembros de su familia recibieron amenazas de muerte, y fuentes anónimas que hablan de rumores con el objetivo de desacreditar al sacerdote. La empresa minera negó su participación reiteradamente; y una investigación hecha por la oficina del procurador de la República Cajamarca fue archivada debido a "carencia de pruebas. "
Arana, quien se ha unido con otros ecologistas y activistas de derechos humanos para formar un partido político llamado Tierra y Libertad, razona filosóficamente sobre los peligros: "Todas las luchas por la justicia surgen contra la injusticia" - dice.
CONSEJO VERDE:
‘Hemos dejado de usar objetos de oro en nuestra parroquia. Dios no debería ser adorado con productos que causan sufrimiento y destruyen la naturaleza‘
http://www.conflictosmineros.net/contenidos/19-peru/5026-heroes-del-medioambiente
Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina 30/09/2009
MINERÍA INFORMAL CAUSA CONTAMINACIÓN CON CIANURO EN SHIRACMACA
Debido a la minería informal, mas de mil 500 familias de la comunidad de Shiracmaca, en el sector del cerro El Toro, provincia de Sánchez Carrión (La Libertad) están expuestas a la contaminación por cianuro, arsénico, mercurio y plomo.
Así lo confirmó Hugo Casanova Herrera, jefe del equipo de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) que visitó el lugar -del 18 al 20 de setiembre- para recoger muestras de agua y suelo para conocer con exactitud la cantidad de metales pesados que contiene tanto el agua de la zona, como la tierra de cultivos de pan de llevar.
A través de CNR, el especialista detalló que también se realizó una campaña médica donde se tomaron muestras de sangre de adultos y niños. Los exámenes arrojaron la presencia de metales en la sangre de los lugareños.
Por ello, la UNT efectuará exámenes para determinar la calidad del ADN y coordinar acciones de mitigación junto a las autoridades. Estas acciones serán agrupadas en tres campañas, adelantó Casanova, a desarrollarse en 2010.
Con ese objetivo, la referida casa de estudios superiores suscribirá un convenio interinstitucional con la municipalidad distrital de Huamachuco y la provincia de Sánchez Carrión para encontrar maneras de reducir los estragos causados por la minería informal.
Posteriormente, refirió el especialista, acudirán al Gobierno Regional de La Libertad para coordinar medidas que den continuidad a esta iniciativa.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 30/09/2009
AUTORIDADES PIDEN A LA PCM RETIRO DE PROYECTO MINERO RÍO BLANCO
Más de dos años después de la consulta vecinal sobre el proyecto minero Río Blanco Copper (ex Majaz), las autoridades del Ejecutivo no cumplen aún con las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo para que la empresa se retire de la serranía piurana.
Así lo denunció el alcalde de la provincia cajamarquina de San Ignacio, Carlos Martínez, quien invocó al gobierno central a disponer la salida de Río Blanco Copper S.A de las comunidades campesinas de Ayabaca, Pacaipampa (Ayabaca) y El Carmen de la Frontera (Huancabamba), en Piura.
Martínez, quien es además presidente del Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte (FDSFN), señaló que no hay interés alguno de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para retomar el diálogo sobre el cierre de operaciones de Río Blanco y que dicha compañía concrete una remediación ambiental.
Por otra parte, el burgomaestre indicó que la ONG "Integrando", creada —según dijo— para favorecer los intereses de Majaz, y asociada al Grupo Romero, interviene en la zona “sembrando conflicto en zonas como Jaén, Ayabaca y San Ignacio, dividiendo a la población”.
Agregó que las autoridades policiales y de la gobernación local no prestan atención a los reclamos de los dirigentes comuneros “pero sí dan todo el aval a lo que dice la empresa y la ONG Integrando”. Informó que de toda esa problemática se dio cuenta a la Defensoría del Pueblo en la visita que realizaron ayer a dicha institución.
:: Incremento de concesiones
Por otra parte, denunció que hay mapas que acreditan el incremento de las concesiones mineras de seis mil a 24 mil hectáreas, y superponiéndolas a zonas protegidas, como el caso de la reserva de Tabaconas Namballe, donde se ha dado una concesión a favor de una compañía canadiense.
“Ése es el legado del ex premier Yehude Simon. En esa zona hay páramos únicos en Latinoamérica”, expresó en el programa Diálogo Directo, de CNR.
En el 2007, los distritos piuranos de Ayabaca, El Carmen de la Frontera y Pacaipampa se pronunciaron mayoritariamente en contra del proyecto de la minera Río Blanco, cuyas actividades comprometían cuencas acuíferas en San Ignacio, Jaén (en Cajamarca) y otras localidades.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 29/09/2009
CONFORMAN COMISIÓN FISCALIZADORA PARA CUMPLIMIENTO DEL PAMA DE DOE RUN
La comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso designó a los cuatro congresistas que conformarán la comisión que se encargará de fiscalizar el cumplimiento del plazo de 30 meses adicionales, otorgado a la empresa Doe Run para la aplicación del Plan de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).
Sobre este tema, la congresista Gloria Ramos (Bloque Popular) informó a CNR que ella será parte de ese grupo de trabajo junto con sus colegas: Rafael Yamashiro (Unidad Nacional), Carlos Cánepa (Partido Nacionalista), y Oswaldo de la Cruz (Grupo Fujimorista). Ramos, precisó que en la próxima sesión elegirán quién será el coordinador del grupo.
El objetivo de esta comisión, es monitorear el cumplimiento del plazo entregado a dicha empresa para la aplicación del PAMA en La Oroya y debe analizar los compromisos anteriores de Doe Run y saber porqué no los cumplió. “Debemos tocar el tema con más profundidad”. La legisladora indicó que tales resultados también se deben consignar en un informe para difundirlo a la opinión pública.
Finalmente, la congresista por Pasco, expresó que la labor supervisora del citado grupo debe tener carácter vinculante ante el Ejecutivo. “espero que sea vinculante, siempre hemos elevado los informes pero el Ejecutivo si es conveniente lo acepta, sino, no lo hace”.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 29/09/2009
Diario Perú 21-Lima 28/09/2009
MAYORITARIO RECHAZO A PROYECTO MINERO TÍA MARÍA EN ISLAY
En el distrito de Cocachacra, donde se ejecutaría el proyecto de SPCC, se instalaron 26 mesas de sufragio en el estadio "Benigno Pérez Málaga". De los 3055 votos obtenidos, 2916 fueron para el "No". En contraste, la menor cantidad de votantes se registró en Mollendo, la capital provincial, donde apenas acudieron a a las urnas unas 80 personas.
La jornada se desarrolló sin incidentes gracias al resguardo de la Policía Nacional y a la supervisión de la Asociación Civil Transparencia.
Luego de conocerse los resultados parciales, hubo un mitin encabezado por los alcaldes distritales Juan Guillén López (Cocachacra), Richar Cruz (Dean Valdivia), Regina Lavalle (Islay-Matarani) y Guillermo Mamani (Punta de Bombom).
Para este lunes, dichas autoridades celebrarán una reunión para evaluar nuevas acciones. Los resultados definitivos de la consulta -que carece de carácter vinculante- se conocerán mañana.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 28/09/2009
Debido a la minería informal, mas de mil 500 familias de la comunidad de Shiracmaca, en el sector del cerro El Toro, provincia de Sánchez Carrión (La Libertad) están expuestas a la contaminación por cianuro, arsénico, mercurio y plomo.
Así lo confirmó Hugo Casanova Herrera, jefe del equipo de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) que visitó el lugar -del 18 al 20 de setiembre- para recoger muestras de agua y suelo para conocer con exactitud la cantidad de metales pesados que contiene tanto el agua de la zona, como la tierra de cultivos de pan de llevar.
A través de CNR, el especialista detalló que también se realizó una campaña médica donde se tomaron muestras de sangre de adultos y niños. Los exámenes arrojaron la presencia de metales en la sangre de los lugareños.
Por ello, la UNT efectuará exámenes para determinar la calidad del ADN y coordinar acciones de mitigación junto a las autoridades. Estas acciones serán agrupadas en tres campañas, adelantó Casanova, a desarrollarse en 2010.
Con ese objetivo, la referida casa de estudios superiores suscribirá un convenio interinstitucional con la municipalidad distrital de Huamachuco y la provincia de Sánchez Carrión para encontrar maneras de reducir los estragos causados por la minería informal.
Posteriormente, refirió el especialista, acudirán al Gobierno Regional de La Libertad para coordinar medidas que den continuidad a esta iniciativa.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 30/09/2009
AUTORIDADES PIDEN A LA PCM RETIRO DE PROYECTO MINERO RÍO BLANCO
Más de dos años después de la consulta vecinal sobre el proyecto minero Río Blanco Copper (ex Majaz), las autoridades del Ejecutivo no cumplen aún con las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo para que la empresa se retire de la serranía piurana.
Así lo denunció el alcalde de la provincia cajamarquina de San Ignacio, Carlos Martínez, quien invocó al gobierno central a disponer la salida de Río Blanco Copper S.A de las comunidades campesinas de Ayabaca, Pacaipampa (Ayabaca) y El Carmen de la Frontera (Huancabamba), en Piura.
Martínez, quien es además presidente del Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte (FDSFN), señaló que no hay interés alguno de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para retomar el diálogo sobre el cierre de operaciones de Río Blanco y que dicha compañía concrete una remediación ambiental.
Por otra parte, el burgomaestre indicó que la ONG "Integrando", creada —según dijo— para favorecer los intereses de Majaz, y asociada al Grupo Romero, interviene en la zona “sembrando conflicto en zonas como Jaén, Ayabaca y San Ignacio, dividiendo a la población”.
Agregó que las autoridades policiales y de la gobernación local no prestan atención a los reclamos de los dirigentes comuneros “pero sí dan todo el aval a lo que dice la empresa y la ONG Integrando”. Informó que de toda esa problemática se dio cuenta a la Defensoría del Pueblo en la visita que realizaron ayer a dicha institución.
:: Incremento de concesiones
Por otra parte, denunció que hay mapas que acreditan el incremento de las concesiones mineras de seis mil a 24 mil hectáreas, y superponiéndolas a zonas protegidas, como el caso de la reserva de Tabaconas Namballe, donde se ha dado una concesión a favor de una compañía canadiense.
“Ése es el legado del ex premier Yehude Simon. En esa zona hay páramos únicos en Latinoamérica”, expresó en el programa Diálogo Directo, de CNR.
En el 2007, los distritos piuranos de Ayabaca, El Carmen de la Frontera y Pacaipampa se pronunciaron mayoritariamente en contra del proyecto de la minera Río Blanco, cuyas actividades comprometían cuencas acuíferas en San Ignacio, Jaén (en Cajamarca) y otras localidades.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 29/09/2009
CONFORMAN COMISIÓN FISCALIZADORA PARA CUMPLIMIENTO DEL PAMA DE DOE RUN
La comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso designó a los cuatro congresistas que conformarán la comisión que se encargará de fiscalizar el cumplimiento del plazo de 30 meses adicionales, otorgado a la empresa Doe Run para la aplicación del Plan de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).
Sobre este tema, la congresista Gloria Ramos (Bloque Popular) informó a CNR que ella será parte de ese grupo de trabajo junto con sus colegas: Rafael Yamashiro (Unidad Nacional), Carlos Cánepa (Partido Nacionalista), y Oswaldo de la Cruz (Grupo Fujimorista). Ramos, precisó que en la próxima sesión elegirán quién será el coordinador del grupo.
El objetivo de esta comisión, es monitorear el cumplimiento del plazo entregado a dicha empresa para la aplicación del PAMA en La Oroya y debe analizar los compromisos anteriores de Doe Run y saber porqué no los cumplió. “Debemos tocar el tema con más profundidad”. La legisladora indicó que tales resultados también se deben consignar en un informe para difundirlo a la opinión pública.
Finalmente, la congresista por Pasco, expresó que la labor supervisora del citado grupo debe tener carácter vinculante ante el Ejecutivo. “espero que sea vinculante, siempre hemos elevado los informes pero el Ejecutivo si es conveniente lo acepta, sino, no lo hace”.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 29/09/2009
HUALGAYOC FIRME EN RECLAMOS POR VISTA ALEGRE
Autoridades exigen que representantes del Ejecutivo en mesas de dialogo tengan poder de decisión.
El alcalde provincial de Hualgayoc, Esteban Campos Benavides, solicitó al gobierno central que designe representantes con capacidad de decisión para las próximas reuniones que sostendrán a fin de tratar sobre la viabilidad de las concesiones mineras en esta provincia cajamarquina.
Si bien el burgomaestre celebró la decisión del Ejecutivo de firmar un acta donde se acuerda que la empresa minera Consolidada de Hualgayoc S.A. retirará su maquinaria del caserío de Vista Alegre, Campos destacó la necesidad de que los funcionarios tengan poder de decisión ante los requerimientos de la población.
La autoridad edil indicó que de esa manera se garantizará la fluidez del diálogo entre las dos instancias de gobierno -vale decir, local y central- en las reuniones que se celebrarán a partir de la quincena de octubre.
Campos Benavides aseguró que los habitantes de Vista Alegre y Hualgayoc están contentos porque, tras varias semanas de reclamo, se han sentido escuchados por el ministerio de Energía y Minas (MEM). No obstante, remarcó que el deseo común es que ya no se otorguen más concesiones mineras en sus tierras.
Como se recuerda, las autoridades de Hualgayoc acordaron el último jueves -junto con representantes del gobierno central- el cese inmediato y definitivo de las operaciones de la minera Consolidada S.A. en esta provincia cajamarquina.
Este acuerdo se concretó luego que Vista Alegre fuera escenario de un enfrentamiento entre la población y el personal que resguardaba a la compañía minera, el cual dejó como saldo dos fallecidos.
Cabe precisar que este caserío produce más de 20 mil litros de leche a la semana, parte de la cual se vende a grandes empresas nacionales. Además, Vista Alegre produce cerca de 40 toneladas de queso que es comercializado cada semana en los principales mercados de Cajamarca, Trujillo (La Libertad), Chiclayo (Lambayeque) y Lima.
Diario El Clarín-Cajamarca 28/09/2009
SE PRONUNCIARON CONTRA EL PROYECTO TÍA MARÍA
En los días previos, hubo una guerra informativa entre la minera y quienes apoyaron la consulta. Finalmente se realizó en Cocachacra, Mollendo, Matarani, Dean Valdivia, Mejía y Punta de Bombón.
Ocurrió lo previsible: la población de la provincia de Islay se mostró en contra del proyecto minero Tía María de Southern Peru. Según informaron los organizadores de la consulta, alrededor del 80% de la población que votó se pronunció en contra de la minera.
En Cocachacra –donde se instalará la mina– la mayoría acudió a votar. Desde las ocho de la mañana, se instalaron 27 mesas para el sufragio de, aproximadamente, 6,400 personas, según informó el presidente del comité electoral, Julio Gutiérrez. El proceso culminó a las 4 de la tarde, aunque en los distritos de Punta de Bombón y Dean Valdivia se prorrogó por una hora más.
Hubo dos tipos de consulta: la vecinal y la popular. La primera se dio en Cocachacra, Dean Valdivia, Punta de Bombón y Mejía, y contó con mesas de votación y padrones. Este proceso fue impulsado por los municipios. En tanto, en Mollendo y Matarani se dio una consulta popular pues esta no contaba con padrón y fue promovida por la misma población. Se debe tener en cuenta que Mollendo es el distrito donde más actividad ha habido respecto de esta consulta, pues tiene, además, la mayor población electoral.
En Cocachacra y Punta de Bombón se ha votado con cédulas que tenían dos preguntas: sobre el proyecto Tía María y acerca del uso del agua para la actividad minera. En el resto de localidades solo se preguntó si estaban a favor o en contra de la mina.
Todo el proceso transcurrió con normalidad y contó con la presencia de veedores de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería del Perú (Conacami), Transparencia y de la Defensoría del Pueblo.
LO BUENO Y MALO. Entre los aspectos positivos del proyecto minero están que representa una inversión de mil millones de dólares. En los dos años de construcción de la planta, generará 3,500 empleos. Además, Tía María pagaría 700 millones de soles al año en impuestos, con lo cual el canon minero para la región Arequipa ascendería a 350 millones de soles. Sobre todo, dinamizaría la economía en Cocachacra.
No obstante, Southern Peru plantea usar el agua del subsuelo del río Tambo para sus operaciones, por lo cual los agricultores se oponen por temor a impactos negativos. La mina está a solo 2.5 km del valle y del río Tambo, así como a 6.3 km del poblado de Cocachacra. Finalmente, Southern Peru tiene un antecedente negativo: el impacto que tuvo su fundición del Valle de Tambo, ubicado en Ilo.
Autoridades exigen que representantes del Ejecutivo en mesas de dialogo tengan poder de decisión.
El alcalde provincial de Hualgayoc, Esteban Campos Benavides, solicitó al gobierno central que designe representantes con capacidad de decisión para las próximas reuniones que sostendrán a fin de tratar sobre la viabilidad de las concesiones mineras en esta provincia cajamarquina.
Si bien el burgomaestre celebró la decisión del Ejecutivo de firmar un acta donde se acuerda que la empresa minera Consolidada de Hualgayoc S.A. retirará su maquinaria del caserío de Vista Alegre, Campos destacó la necesidad de que los funcionarios tengan poder de decisión ante los requerimientos de la población.
La autoridad edil indicó que de esa manera se garantizará la fluidez del diálogo entre las dos instancias de gobierno -vale decir, local y central- en las reuniones que se celebrarán a partir de la quincena de octubre.
Campos Benavides aseguró que los habitantes de Vista Alegre y Hualgayoc están contentos porque, tras varias semanas de reclamo, se han sentido escuchados por el ministerio de Energía y Minas (MEM). No obstante, remarcó que el deseo común es que ya no se otorguen más concesiones mineras en sus tierras.
Como se recuerda, las autoridades de Hualgayoc acordaron el último jueves -junto con representantes del gobierno central- el cese inmediato y definitivo de las operaciones de la minera Consolidada S.A. en esta provincia cajamarquina.
Este acuerdo se concretó luego que Vista Alegre fuera escenario de un enfrentamiento entre la población y el personal que resguardaba a la compañía minera, el cual dejó como saldo dos fallecidos.
Cabe precisar que este caserío produce más de 20 mil litros de leche a la semana, parte de la cual se vende a grandes empresas nacionales. Además, Vista Alegre produce cerca de 40 toneladas de queso que es comercializado cada semana en los principales mercados de Cajamarca, Trujillo (La Libertad), Chiclayo (Lambayeque) y Lima.
Diario El Clarín-Cajamarca 28/09/2009
SE PRONUNCIARON CONTRA EL PROYECTO TÍA MARÍA
En los días previos, hubo una guerra informativa entre la minera y quienes apoyaron la consulta. Finalmente se realizó en Cocachacra, Mollendo, Matarani, Dean Valdivia, Mejía y Punta de Bombón.
Ocurrió lo previsible: la población de la provincia de Islay se mostró en contra del proyecto minero Tía María de Southern Peru. Según informaron los organizadores de la consulta, alrededor del 80% de la población que votó se pronunció en contra de la minera.
En Cocachacra –donde se instalará la mina– la mayoría acudió a votar. Desde las ocho de la mañana, se instalaron 27 mesas para el sufragio de, aproximadamente, 6,400 personas, según informó el presidente del comité electoral, Julio Gutiérrez. El proceso culminó a las 4 de la tarde, aunque en los distritos de Punta de Bombón y Dean Valdivia se prorrogó por una hora más.
Hubo dos tipos de consulta: la vecinal y la popular. La primera se dio en Cocachacra, Dean Valdivia, Punta de Bombón y Mejía, y contó con mesas de votación y padrones. Este proceso fue impulsado por los municipios. En tanto, en Mollendo y Matarani se dio una consulta popular pues esta no contaba con padrón y fue promovida por la misma población. Se debe tener en cuenta que Mollendo es el distrito donde más actividad ha habido respecto de esta consulta, pues tiene, además, la mayor población electoral.
En Cocachacra y Punta de Bombón se ha votado con cédulas que tenían dos preguntas: sobre el proyecto Tía María y acerca del uso del agua para la actividad minera. En el resto de localidades solo se preguntó si estaban a favor o en contra de la mina.
Todo el proceso transcurrió con normalidad y contó con la presencia de veedores de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería del Perú (Conacami), Transparencia y de la Defensoría del Pueblo.
LO BUENO Y MALO. Entre los aspectos positivos del proyecto minero están que representa una inversión de mil millones de dólares. En los dos años de construcción de la planta, generará 3,500 empleos. Además, Tía María pagaría 700 millones de soles al año en impuestos, con lo cual el canon minero para la región Arequipa ascendería a 350 millones de soles. Sobre todo, dinamizaría la economía en Cocachacra.
No obstante, Southern Peru plantea usar el agua del subsuelo del río Tambo para sus operaciones, por lo cual los agricultores se oponen por temor a impactos negativos. La mina está a solo 2.5 km del valle y del río Tambo, así como a 6.3 km del poblado de Cocachacra. Finalmente, Southern Peru tiene un antecedente negativo: el impacto que tuvo su fundición del Valle de Tambo, ubicado en Ilo.
Diario Perú 21-Lima 28/09/2009
MAYORITARIO RECHAZO A PROYECTO MINERO TÍA MARÍA EN ISLAY
En el distrito de Cocachacra, donde se ejecutaría el proyecto de SPCC, se instalaron 26 mesas de sufragio en el estadio "Benigno Pérez Málaga". De los 3055 votos obtenidos, 2916 fueron para el "No". En contraste, la menor cantidad de votantes se registró en Mollendo, la capital provincial, donde apenas acudieron a a las urnas unas 80 personas.
La jornada se desarrolló sin incidentes gracias al resguardo de la Policía Nacional y a la supervisión de la Asociación Civil Transparencia.
Luego de conocerse los resultados parciales, hubo un mitin encabezado por los alcaldes distritales Juan Guillén López (Cocachacra), Richar Cruz (Dean Valdivia), Regina Lavalle (Islay-Matarani) y Guillermo Mamani (Punta de Bombom).
Para este lunes, dichas autoridades celebrarán una reunión para evaluar nuevas acciones. Los resultados definitivos de la consulta -que carece de carácter vinculante- se conocerán mañana.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 28/09/2009
VIDA TÓXICA
Desde Pasco, Cajamarca y Junín, llegaron a Lima para contarnos su historia. Su pedido más urgente es la cobertura médica del Estado para frenar los efectos dañinos de la exposición al plomo y al mercurio.
Por María Isabel Gonzales
Hay un lugar en el Perú donde la gente camina entre nubecillas amarillentas que a su paso impregnan el ambiente de un olor fétido. Al desintegrarse se cuelan en las narices de cuanta persona necesita del aire para vivir. Hemorragias nasales, desmayos, pérdida de memoria y falta de motricidad son solo algunas de las terribles consecuencias que acarrea. Este escenario toma forma en el centro poblado Champamarca, en la región Pasco, un lugar tan alejado y pobre que se pierde de vista en el mapa. Pero Champamarca existe, y en ella viven 300 personas. Todas y cada una afectadas por un depósito de metales tóxicos llamado Excelsior. Allí se acumularon por más de diez años en el desmonte sin clasificar de las mineras Centromín y Volcan, que además de filtrarse en el aire quedaron asentados en el agua convirtiéndola en veneno líquido.
En el 2006, Activos Mineros, una empresa de remediación ambiental, tomó control del depósito en un intento de controlar las sustancias tóxicas en el ambiente. Para Esther Mandujano, madre champamarquina, no son suficientes las acciones de Activos Mineros. Le basta con leer los resultados de los análisis de sangre de sus hijos Jesús y Antony. El primero tiene siete veces más plomo en el cuerpo de lo que los estándares permiten y el segundo doce veces más. Esther llora, porque mientras algunos se tiran la pelota evitando hacerse responsables, Jesús, su hijo mayor, ha dejado de crecer, no puede concentrarse en el colegio y duerme por las tardes para no sentir dolores de cabeza. En la posta médica solo le dan paracetamol y amoxicilina para calmar sus males.
Así se pasan los días para Jesús y todos los demás champamarquinos, tomando paliativos, pero respirando siempre aire con metales tóxicos. Condenados todos a unos días tristes, amarillos y fétidos.
Mercurio suelto
Era junio del 2000, faltaba un mes para fiestas patrias y los habitantes del centro poblado Choropampa en Cajamarca anhelaban ingresos extras. De pronto un trailer con mercurio de la minera Yanacocha derramó su contenido –altamente tóxico– en las calles. Cuando la empresa se dio cuenta del desastre ofreció comprar el producto. “Se compra azogue y/o mercurio a 20 soles el kilo”, puso en unos carteles. Todos vieron una oportunidad. Niños, adultos y ancianos recogieron el metal de las calles, lo vendieron y regresaron triunfantes a casa por haber otenido un poco de dinero. ”Decían que eso no contaminaba hasta cuatro días después, cuando la enfermera del pueblo Luisa Arribasplata cayó enferma. Se la llevaron a Lima y luego nos enteramos que era por el mercurio”, dice Graciano Carbajal, actual alcalde del centro poblado. El anterior falleció por males vinculados al mercurio.
Graciano no sabe a quién recurrir, frunce el ceño y aprieta con sus manos un registro de pacientes intoxicados de mercurio. “No solo nos han contaminado a nosotros, sino también a las plantas y a los animales. Cuando los agricultores quieren ir a vender sus productos a otros pueblos, los marginan. No quieren comprarles”, cuenta. Según él, Yanacocha ha zanjado el tema comprándoles el mercurio. Sin embargo, de los 3 mil habitantes de su pueblo, Graciano asegura que más de la mitad tienen elevados niveles de mercurio en el organismo. Así como en Pasco, los niños sufren hemorragias, otros tienen erupciones en la piel y las mujeres se desmayan o sufren abortos espontáneos.
Después de la muerte de su predecesor, Vicente Zárate, quien se fue de este mundo víctima de un mal causado por metales pesados, Graciano le ha prometido a su gente luchar por la presencia del Estado en su comunidad. “Queremos cobertura médica, que tomen muestras del aire, el agua y el suelo y nos ayuden a revertir la contaminación. Necesitamos ayuda cuanto antes, ya estamos cansados de ver a nuestros niños postrados por hemorragias, de sentirnos inútiles ante la insensibilidad de una empresa”, dice Graciano. Aunque luce cansado, se fuerza a sí mismo a estar lúcido. Tiene el compromiso de conseguir justicia para Choropampa.
Siempre La Oroya
La historia de contaminación en La Oroya, por emisión de plomo de varias empresas mineras que se asentaron ahí desde los años 50, la hemos visto en la televisión. La hemos leído en los periódicos y la hemos escuchado en la radio. Es decir, la conocemos pero no la vivimos. Por eso Pablo Fabián, poblador y padre de familia de La Oroya, no desmaya en su pedido de declarar a su comunidad en emergencia. Los altos niveles de plomo en el ambiente le hacen temer peores consecuencias de las que ya ha sido testigo. “Más de 120 mil hectáreas de tierra están inutilizables porque la emisión de plomo las ha calcinado”, revela Pablo. Para él Doe Run, la minera asentada en La Oroya, tiene responsabilidad en la contaminación pero también el Estado. No quiere dinero. Pablo quiere salud, aire limpio y tierra fértil.
Hoy tiene 53 años, y ha podido ver cómo La Oroya se fue ennegreciendo. Cuando era niño frotaba las monedas en la tierra y estas empezaban a brillar. En ese entonces no entendía por qué sucedía, le parecía divertido. Hasta que fue creciendo y se dio cuenta de que todo a su alrededor estaba contaminado. Ingenuamente pensó que eso se revertiría, y tuvo esperanza. Se casó con Digna y tiene tres hijos: Ana María de 19, Alcides de 16 y Amparo de 5 años, todos intoxicados con plomo y arsénico. “Parece que nuestras autoridades no saben lo que hace el plomo, pero si no saben yo les voy a explicar. El plomo en el organismo retarda el crecimiento, produce anemia y fallas cognitivas. Contamina el ambiente y todo lo que consumimos“, dice Pablo, conocedor de su realidad. Sus palabras no son resentidas ni amargas, explica cada detalle con generosidad porque quiere recibir lo mismo a cambio.
Está cansado de tocar puertas buscando ayuda. Sus ojeras son profundas, pues ha pasado muchas noches en vela cuidando a su pequeña Amparo cuando esta se ha desmayado. Los médicos de la posta le dicen que es por el plomo y cada vez que escucha esa respuesta no puede evitar recriminarse por no tener mayores ingresos y sacarla de ahí. Así como Esther y Graciano, Pablo es también una víctima de la emisión de metales tóxicos. Tiene documentos que lo prueban. Mientras ellos alzan la voz y reclaman por su derecho a la salud y a un ecosistema sano, el problema de la contaminación subsiste en estos y otros lugares por la indiferencia del Estado y de muchas empresas que no realizan una actividad minera limpia.
Organizándose
La primera semana de setiembre la Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (Conacami) convocó a las poblaciones afectadas en su salud a una asamblea para articular propuestas que protejan su derecho a la salud. La iniciativa que tuvo más consenso fue la indemnización para todos los afectados. Para hacer un pedido formal harán un registro nacional para tener a todas las víctimas organizadas. Mario Palacios, dirigente de Conacami, dijo que en el 2003 ingresaron 15 demandas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Tres de ellos prosperaron en la corte: uno fue Choropampa, otro San Mateo de Huanchor y el último el Callao. De ellos solo en San Mateo de Huanchor se cumplió la ley internacional y la minera cerró sus puertas. En los otros casos, las demandadas no se han retirado y mucho menos han limpiado el ecosistema que afectaron.
Diario La República-Lima 27/09/2009
Desde Pasco, Cajamarca y Junín, llegaron a Lima para contarnos su historia. Su pedido más urgente es la cobertura médica del Estado para frenar los efectos dañinos de la exposición al plomo y al mercurio.
Por María Isabel Gonzales
Hay un lugar en el Perú donde la gente camina entre nubecillas amarillentas que a su paso impregnan el ambiente de un olor fétido. Al desintegrarse se cuelan en las narices de cuanta persona necesita del aire para vivir. Hemorragias nasales, desmayos, pérdida de memoria y falta de motricidad son solo algunas de las terribles consecuencias que acarrea. Este escenario toma forma en el centro poblado Champamarca, en la región Pasco, un lugar tan alejado y pobre que se pierde de vista en el mapa. Pero Champamarca existe, y en ella viven 300 personas. Todas y cada una afectadas por un depósito de metales tóxicos llamado Excelsior. Allí se acumularon por más de diez años en el desmonte sin clasificar de las mineras Centromín y Volcan, que además de filtrarse en el aire quedaron asentados en el agua convirtiéndola en veneno líquido.
En el 2006, Activos Mineros, una empresa de remediación ambiental, tomó control del depósito en un intento de controlar las sustancias tóxicas en el ambiente. Para Esther Mandujano, madre champamarquina, no son suficientes las acciones de Activos Mineros. Le basta con leer los resultados de los análisis de sangre de sus hijos Jesús y Antony. El primero tiene siete veces más plomo en el cuerpo de lo que los estándares permiten y el segundo doce veces más. Esther llora, porque mientras algunos se tiran la pelota evitando hacerse responsables, Jesús, su hijo mayor, ha dejado de crecer, no puede concentrarse en el colegio y duerme por las tardes para no sentir dolores de cabeza. En la posta médica solo le dan paracetamol y amoxicilina para calmar sus males.
Así se pasan los días para Jesús y todos los demás champamarquinos, tomando paliativos, pero respirando siempre aire con metales tóxicos. Condenados todos a unos días tristes, amarillos y fétidos.
Mercurio suelto
Era junio del 2000, faltaba un mes para fiestas patrias y los habitantes del centro poblado Choropampa en Cajamarca anhelaban ingresos extras. De pronto un trailer con mercurio de la minera Yanacocha derramó su contenido –altamente tóxico– en las calles. Cuando la empresa se dio cuenta del desastre ofreció comprar el producto. “Se compra azogue y/o mercurio a 20 soles el kilo”, puso en unos carteles. Todos vieron una oportunidad. Niños, adultos y ancianos recogieron el metal de las calles, lo vendieron y regresaron triunfantes a casa por haber otenido un poco de dinero. ”Decían que eso no contaminaba hasta cuatro días después, cuando la enfermera del pueblo Luisa Arribasplata cayó enferma. Se la llevaron a Lima y luego nos enteramos que era por el mercurio”, dice Graciano Carbajal, actual alcalde del centro poblado. El anterior falleció por males vinculados al mercurio.
Graciano no sabe a quién recurrir, frunce el ceño y aprieta con sus manos un registro de pacientes intoxicados de mercurio. “No solo nos han contaminado a nosotros, sino también a las plantas y a los animales. Cuando los agricultores quieren ir a vender sus productos a otros pueblos, los marginan. No quieren comprarles”, cuenta. Según él, Yanacocha ha zanjado el tema comprándoles el mercurio. Sin embargo, de los 3 mil habitantes de su pueblo, Graciano asegura que más de la mitad tienen elevados niveles de mercurio en el organismo. Así como en Pasco, los niños sufren hemorragias, otros tienen erupciones en la piel y las mujeres se desmayan o sufren abortos espontáneos.
Después de la muerte de su predecesor, Vicente Zárate, quien se fue de este mundo víctima de un mal causado por metales pesados, Graciano le ha prometido a su gente luchar por la presencia del Estado en su comunidad. “Queremos cobertura médica, que tomen muestras del aire, el agua y el suelo y nos ayuden a revertir la contaminación. Necesitamos ayuda cuanto antes, ya estamos cansados de ver a nuestros niños postrados por hemorragias, de sentirnos inútiles ante la insensibilidad de una empresa”, dice Graciano. Aunque luce cansado, se fuerza a sí mismo a estar lúcido. Tiene el compromiso de conseguir justicia para Choropampa.
Siempre La Oroya
La historia de contaminación en La Oroya, por emisión de plomo de varias empresas mineras que se asentaron ahí desde los años 50, la hemos visto en la televisión. La hemos leído en los periódicos y la hemos escuchado en la radio. Es decir, la conocemos pero no la vivimos. Por eso Pablo Fabián, poblador y padre de familia de La Oroya, no desmaya en su pedido de declarar a su comunidad en emergencia. Los altos niveles de plomo en el ambiente le hacen temer peores consecuencias de las que ya ha sido testigo. “Más de 120 mil hectáreas de tierra están inutilizables porque la emisión de plomo las ha calcinado”, revela Pablo. Para él Doe Run, la minera asentada en La Oroya, tiene responsabilidad en la contaminación pero también el Estado. No quiere dinero. Pablo quiere salud, aire limpio y tierra fértil.
Hoy tiene 53 años, y ha podido ver cómo La Oroya se fue ennegreciendo. Cuando era niño frotaba las monedas en la tierra y estas empezaban a brillar. En ese entonces no entendía por qué sucedía, le parecía divertido. Hasta que fue creciendo y se dio cuenta de que todo a su alrededor estaba contaminado. Ingenuamente pensó que eso se revertiría, y tuvo esperanza. Se casó con Digna y tiene tres hijos: Ana María de 19, Alcides de 16 y Amparo de 5 años, todos intoxicados con plomo y arsénico. “Parece que nuestras autoridades no saben lo que hace el plomo, pero si no saben yo les voy a explicar. El plomo en el organismo retarda el crecimiento, produce anemia y fallas cognitivas. Contamina el ambiente y todo lo que consumimos“, dice Pablo, conocedor de su realidad. Sus palabras no son resentidas ni amargas, explica cada detalle con generosidad porque quiere recibir lo mismo a cambio.
Está cansado de tocar puertas buscando ayuda. Sus ojeras son profundas, pues ha pasado muchas noches en vela cuidando a su pequeña Amparo cuando esta se ha desmayado. Los médicos de la posta le dicen que es por el plomo y cada vez que escucha esa respuesta no puede evitar recriminarse por no tener mayores ingresos y sacarla de ahí. Así como Esther y Graciano, Pablo es también una víctima de la emisión de metales tóxicos. Tiene documentos que lo prueban. Mientras ellos alzan la voz y reclaman por su derecho a la salud y a un ecosistema sano, el problema de la contaminación subsiste en estos y otros lugares por la indiferencia del Estado y de muchas empresas que no realizan una actividad minera limpia.
Organizándose
La primera semana de setiembre la Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (Conacami) convocó a las poblaciones afectadas en su salud a una asamblea para articular propuestas que protejan su derecho a la salud. La iniciativa que tuvo más consenso fue la indemnización para todos los afectados. Para hacer un pedido formal harán un registro nacional para tener a todas las víctimas organizadas. Mario Palacios, dirigente de Conacami, dijo que en el 2003 ingresaron 15 demandas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Tres de ellos prosperaron en la corte: uno fue Choropampa, otro San Mateo de Huanchor y el último el Callao. De ellos solo en San Mateo de Huanchor se cumplió la ley internacional y la minera cerró sus puertas. En los otros casos, las demandadas no se han retirado y mucho menos han limpiado el ecosistema que afectaron.
Diario La República-Lima 27/09/2009
MINERA COIMOLACHE SOLICITA SERVIDUMBRE MINERA
Sara Luz Estela Pérez, Natural de la comunidad El Tingo denunció ante este medio de comunicación que la Compañía Minera Coimolache ha solicitado la servidumbre minera de 6 hectáreas de terreno de propiedad de la mencionada.
Indicó que actualmente tiene el asesoramiento la señorita Mirtha de la ONG GRUFIDES de Cajamarca, la misma que con el apoyo de la indicada presentó un documento a la Defensoría del Pueblo, Gobierno Regional y vía fax al Ministerio de Energía y Minas solicitando información de la solicitud de servidumbre minera solicitada por minera Coimolache.
"Los señores de Minera Coimolache son una tira de abusivos, porque me quieren desplazar de mis terrenos a cambio de nada, yo no estoy de acuerdo a vender mis tierras y voy a permanecer en mi lugar hasta el ultimo y no quiero vender mis tierras porque la minería trae contaminación, prostitución, drogadicción, enfermedades al territorio", manifestó.
Indicó que tiene dos hijos, uno en el nivel primario y una hija estudia en la Universidad Privada de Cajamarca, por lo que tiene que trabajar en la ganadería y agricultura para mantener a sus hijos, "ellos están iniciando procesos de servidumbre minera y las autoridades de Bambamarca tienen que apoyarme y también porque van a contaminar más el río Tingo Maygasbamba".
Denunciará a Energía y Minas por hacer caso omiso a su solicitud, ellos se preocupan en dar licencia social a los mineros y de nosotros no se acuerdan, sostuvo.
Virtual Informativa-Bambamarca 27/09/2009
Sara Luz Estela Pérez, Natural de la comunidad El Tingo denunció ante este medio de comunicación que la Compañía Minera Coimolache ha solicitado la servidumbre minera de 6 hectáreas de terreno de propiedad de la mencionada.
Indicó que actualmente tiene el asesoramiento la señorita Mirtha de la ONG GRUFIDES de Cajamarca, la misma que con el apoyo de la indicada presentó un documento a la Defensoría del Pueblo, Gobierno Regional y vía fax al Ministerio de Energía y Minas solicitando información de la solicitud de servidumbre minera solicitada por minera Coimolache.
"Los señores de Minera Coimolache son una tira de abusivos, porque me quieren desplazar de mis terrenos a cambio de nada, yo no estoy de acuerdo a vender mis tierras y voy a permanecer en mi lugar hasta el ultimo y no quiero vender mis tierras porque la minería trae contaminación, prostitución, drogadicción, enfermedades al territorio", manifestó.
Indicó que tiene dos hijos, uno en el nivel primario y una hija estudia en la Universidad Privada de Cajamarca, por lo que tiene que trabajar en la ganadería y agricultura para mantener a sus hijos, "ellos están iniciando procesos de servidumbre minera y las autoridades de Bambamarca tienen que apoyarme y también porque van a contaminar más el río Tingo Maygasbamba".
Denunciará a Energía y Minas por hacer caso omiso a su solicitud, ellos se preocupan en dar licencia social a los mineros y de nosotros no se acuerdan, sostuvo.
Virtual Informativa-Bambamarca 27/09/2009