INFORMARÁN EN LIMA SOBRE PRETENDIDA BASE MILITAR EN HUANCABAMBA
Representantes del Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú (FDSFNP), que integra a las municipalidades provinciales y distritales, rondas y comunidades campesinas y organizaciones sociales de Ayabaca, Huancabamba, Jaén y San Ignacio, en Piura y Cajamarca respectivamente, llegan a Lima para ofrecer una conferencia de prensa donde plantearán públicamente su preocupación por la decisión del gobierno, de implementar una base militar en la zona donde se ubica el campamento minero de la empresa Río Blanco Copper S.A. y explicarán cómo es que esta decisión ampara la presencia ilegal de dicha empresa minera y viola sus derechos fundamentales.
La actividad que es una respuesta a las pretensiones del Gobierno, se hará el jueves 12 de noviembre y en ella, darán a conocer los detalles e impacto de esta medida, que surge como consecuencia de un atentado que aún no se explica y donde perdieron la vida tres trabajadores de Río Blanco.
Asimismo informarán sobre las propuestas y acciones que se vienen realizando para lograr que los lamentables hechos ocurridos el 1º noviembre en el campamento de la empresa minera sean esclarecidos de manera transparente e imparcial, de modo tal, que se confirme que no están involucrados con los hechos violentos acontecidos.
De igual forma, Ronald Gamarra, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), acompañará en la mesa a los miembros del frente y expondrá su punto de vista al respecto.
Finalmente, el Grupo de Apoyo de la Red Muqui para el Caso Majaz, que forma parte del equipo técnico del FDSFNP, también se pronunciará sobre el tema.
El Regional de Piura 11/11/2009
¿QUIÉN PARA GRAVE DAÑO ECOLÓGICO EN MADRE DE DIOS?
Hay que poner coto a la brutal deforestación y a la altísima contaminación de suelos y ríos en la zona de Madre de Dios, que ha llegado a niveles insostenibles, debido principalmente a la caótica minería informal y al descontrol de las autoridades.
El panorama es desolador. Según lo han comprobado nuestros reporteros, debido a la invasión de mineros ilegales y al uso del mercurio que usan de modo indiscriminado para separar el oro, los bosques se están convirtiendo en desiertos y se amenaza no solo al ecosistema de la vecina Reserva Nacional del Manu, sino también la salud de la población.
Como sucede también en Piura (Las Lomas, Tambo Grande, Majaz, etc.) y otras regiones, los desechos de mercurio se vierten irresponsablemente a los ríos y quebradas, lo que crea una cadena de contaminación de impredecibles consecuencias. Se calcula que solo en Madre de Dios se utilizan anualmente 50 toneladas de este elemento.
Todo esto tiene responsables directos e indirectos en varios niveles, pues el problema se remonta a hace tres décadas, por lo que no puede achacársele todo al Ministerio del Ambiente, de reciente creación.
Desde la década del 80, haciendo un recuento somero, hemos tenido 5 presidentes de la República, 29 jefes de Gabinete, 20 ministros de Energía y Minas, 2 presidentes regionales y 21 alcaldes provinciales que debieron tomar acciones más concretas y efectivas para controlar, sancionar y detener este crimen ecológico.
No pueden alegar que no fueron advertidos, pues reiteradamente El Comercio y otros medios denunciaron este avance depredador. En abril pasado, hace solo siete meses, recogimos declaraciones del presidente de la región Madre de Dios, quien llegó a decir: “Este problema ya se nos escapó de las manos”. ¿Y qué se ha hecho? ¿Qué acciones tomaron el Ministerio de Energía y Minas, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico y las otras instancias del Gobierno Central?
Pues casi nada. Lo mismo puede decirse de la sociedad civil, que muchas veces se enfrasca en duras confrontaciones por la propiedad de territorios o fuentes de agua, pero no protesta con la misma fuerza cuando se contaminan sus ríos y se afecta su salud. Y qué decir de las ONG, que se dedican a atacar a la minería formal y reciben fondos del extranjero para ello, pero soslayan los funestos daños de los extractores artesanales.
Tampoco se puede perder de vista que hay otros graves problemas medioambientales. Lo que se necesita, en general, es orden y control, como lo hemos solicitado también para la minería formal, por ejemplo en el escandaloso caso de Doe Run, que involucra a todo un pueblo en un entorno social y político sumamente delicado.
En lo que se refiere a Madre de Dios, lo más urgente es prohibir la importación libre de mercurio y controlar su uso, así como reglamentar los procedimientos de su recaptura y reutilización, que deben ser obligatorios. Luego, debe revisarse el sistema de derechos mineros, la mayoría de los cuales no cuenta con estudios de impacto ambiental, así como promover incentivos para formalizar a los mineros.
Entendemos la necesidad de agenciarse de medios para vivir o sobrevivir. Pero no podemos aceptar que se pervierta el concepto de solidaridad social, al extremo de aceptar como hecho consumado una actividad tan ilegal y dañina como la minería informal, que pone en riesgo el ecosistema y la vida de millones de personas.
Diario El Comercio-Lima 11/11/2009
Representantes del Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú (FDSFNP), que integra a las municipalidades provinciales y distritales, rondas y comunidades campesinas y organizaciones sociales de Ayabaca, Huancabamba, Jaén y San Ignacio, en Piura y Cajamarca respectivamente, llegan a Lima para ofrecer una conferencia de prensa donde plantearán públicamente su preocupación por la decisión del gobierno, de implementar una base militar en la zona donde se ubica el campamento minero de la empresa Río Blanco Copper S.A. y explicarán cómo es que esta decisión ampara la presencia ilegal de dicha empresa minera y viola sus derechos fundamentales.
La actividad que es una respuesta a las pretensiones del Gobierno, se hará el jueves 12 de noviembre y en ella, darán a conocer los detalles e impacto de esta medida, que surge como consecuencia de un atentado que aún no se explica y donde perdieron la vida tres trabajadores de Río Blanco.
Asimismo informarán sobre las propuestas y acciones que se vienen realizando para lograr que los lamentables hechos ocurridos el 1º noviembre en el campamento de la empresa minera sean esclarecidos de manera transparente e imparcial, de modo tal, que se confirme que no están involucrados con los hechos violentos acontecidos.
De igual forma, Ronald Gamarra, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), acompañará en la mesa a los miembros del frente y expondrá su punto de vista al respecto.
Finalmente, el Grupo de Apoyo de la Red Muqui para el Caso Majaz, que forma parte del equipo técnico del FDSFNP, también se pronunciará sobre el tema.
El Regional de Piura 11/11/2009
¿QUIÉN PARA GRAVE DAÑO ECOLÓGICO EN MADRE DE DIOS?
Hay que poner coto a la brutal deforestación y a la altísima contaminación de suelos y ríos en la zona de Madre de Dios, que ha llegado a niveles insostenibles, debido principalmente a la caótica minería informal y al descontrol de las autoridades.
El panorama es desolador. Según lo han comprobado nuestros reporteros, debido a la invasión de mineros ilegales y al uso del mercurio que usan de modo indiscriminado para separar el oro, los bosques se están convirtiendo en desiertos y se amenaza no solo al ecosistema de la vecina Reserva Nacional del Manu, sino también la salud de la población.
Como sucede también en Piura (Las Lomas, Tambo Grande, Majaz, etc.) y otras regiones, los desechos de mercurio se vierten irresponsablemente a los ríos y quebradas, lo que crea una cadena de contaminación de impredecibles consecuencias. Se calcula que solo en Madre de Dios se utilizan anualmente 50 toneladas de este elemento.
Todo esto tiene responsables directos e indirectos en varios niveles, pues el problema se remonta a hace tres décadas, por lo que no puede achacársele todo al Ministerio del Ambiente, de reciente creación.
Desde la década del 80, haciendo un recuento somero, hemos tenido 5 presidentes de la República, 29 jefes de Gabinete, 20 ministros de Energía y Minas, 2 presidentes regionales y 21 alcaldes provinciales que debieron tomar acciones más concretas y efectivas para controlar, sancionar y detener este crimen ecológico.
No pueden alegar que no fueron advertidos, pues reiteradamente El Comercio y otros medios denunciaron este avance depredador. En abril pasado, hace solo siete meses, recogimos declaraciones del presidente de la región Madre de Dios, quien llegó a decir: “Este problema ya se nos escapó de las manos”. ¿Y qué se ha hecho? ¿Qué acciones tomaron el Ministerio de Energía y Minas, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico y las otras instancias del Gobierno Central?
Pues casi nada. Lo mismo puede decirse de la sociedad civil, que muchas veces se enfrasca en duras confrontaciones por la propiedad de territorios o fuentes de agua, pero no protesta con la misma fuerza cuando se contaminan sus ríos y se afecta su salud. Y qué decir de las ONG, que se dedican a atacar a la minería formal y reciben fondos del extranjero para ello, pero soslayan los funestos daños de los extractores artesanales.
Tampoco se puede perder de vista que hay otros graves problemas medioambientales. Lo que se necesita, en general, es orden y control, como lo hemos solicitado también para la minería formal, por ejemplo en el escandaloso caso de Doe Run, que involucra a todo un pueblo en un entorno social y político sumamente delicado.
En lo que se refiere a Madre de Dios, lo más urgente es prohibir la importación libre de mercurio y controlar su uso, así como reglamentar los procedimientos de su recaptura y reutilización, que deben ser obligatorios. Luego, debe revisarse el sistema de derechos mineros, la mayoría de los cuales no cuenta con estudios de impacto ambiental, así como promover incentivos para formalizar a los mineros.
Entendemos la necesidad de agenciarse de medios para vivir o sobrevivir. Pero no podemos aceptar que se pervierta el concepto de solidaridad social, al extremo de aceptar como hecho consumado una actividad tan ilegal y dañina como la minería informal, que pone en riesgo el ecosistema y la vida de millones de personas.
Diario El Comercio-Lima 11/11/2009