Se unen agricultores de regiones Lambayeque y Cajamarca
EXIGEN ANULAR CONCESIÓN MINERA A LA ZANJA
Agricultores lambayecanos se unieron a la lucha de los comuneros de provincia Santa Cruz (Cajamarca) exigiendo se anule la concesión otorgada a la minera La Zanja para operar en la cabecera de cuenca del río Chancay, pues esta actividad contaminaría el agua que consumen y utilizan para actividades agrícolas y ganadera de los pobladores de ambas regiones, ubicados a lo largo de la vertiente
Ayer marcharon hasta la sede del gobierno regional de Lambayeque consiguiendo el respaldo de las autoridades locales. Anunciaron que viajarán a Lima para entregar sendos memoriales al congreso y a la Presidencia del Consejo de Ministros, esperando la mediación del gobierno nacional.
Durante el desplazamiento los cajamarquinos dijeron que en el proceso de exploración han perdido ganado y los bebés nacen con malformaciones por el contacto con los minerales
Diario La República-Lima 17/11/2009
DENUNCIAN PRESIONES A COMUNEROS PIURANOS POR ATAQUE A RÍO BLANCO
Al menos cinco comuneros de Huancabamba (Piura) habrían sido detenidos y torturados por la Policía para que se autoincriminen por el ataque al campamento de la minera Río Blanco, ocurrido el 1 de noviembre.
Así lo denunció Marisol Espinoza, vocera de la bancada del Partido Nacionalista, quien ayer recibió el testimonio de los comuneros Abdelí Herrera Neyra, de caserío Rosario Bajo, y de Servando Quinde Alberca, del Sagrado Corazón de Jesús.
Espinoza afirmó que ambos fueron sacados a la fuerza de sus domicilios por agentes policiales, sin autorización de por medio, y trasladados a la comisaría de Huancabamba.
En la estación policial, de acuerdo a la legisladora, los quisieron obligar a confesar que fueron los autores del atentado de inicios de mes en el campamento "Henry´s Hill", donde murieron dos vigilantes y un funcionario de la minera.
Señaló que el caso trae el recuerdo de las torturas sufridas por comuneros piuranos a fines de julio del 2005, y se enmarca dentro de la anunciada instalación de una base militar en la zona.
"La historia se vuelve a repetir (...) nuevamente la justicia se pone al servicio de las empresas privadas para poner una base militar. Primero es la vida de nuestros ciudadanos, de nuestros ronderos", remarcó.
Para la parlamentaria, el ataque resulta sospechoso, tomando en cuenta que la minera cuenta con el servicio de vigilancia a cargo de la empresa Forza. Por ello, sugirió la existencia de un complot para usar el ataque a la minera como pretexto para militarizar la zona.
Agregó que la responsabilidad recae principalmente en el Ejecutivo, que desde la gestión de Jorge Del Castillo como primer ministro ha evadido su responsabilidad de retomar el diálogo con las comunidades de la serranía de Piura.
De igual modo, Espinoza Cruz cuestionó la postura asumida por el actual premier Javier Velásquez Quesquén, de quien dijo ha preferido sentarse a dialogar con las mineras y trasladar el caso al Ministerio de Energía y Minas, cuando se requiere de un enfoque multisectorial.
"Este es un tema de derechos, de respeto a la comunidad; se aumenta el proceso de conflictibilidad en la zona al no respetar la institucionalidad que debe existir", concluyó.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 17/11/2009
EL PROBLEMA NO ES SOLO AMBIENTAL
La deforestación por culpa del mercurio, utilizada en la minería informal en Madre de Dios, es una de las caras de la misma moneda. Es excelente echar luz sobre el horror minero en Madre de Dios, pero no es muy diferente al horror minero en La Oroya o en Cerro de Pasco.
El problema crucial contra lo que se está planteando no es ambiental ni tecnológico, sino socioeconómico e institucional. La minería ha corrompido a las instituciones y ha tomado control de alcaldías, ciudades enteras, comunidades y oficinas públicas. Así, en este estado de las cosas, es absolutamente inaceptable que el Gobierno Nacional le eche el muerto a los incipientes gobiernos regionales.
Si queremos soluciones es necesario no solo denunciar a los grupos chicos (que no son tan chicos), sino también reconocer y apoyar enérgicamente los esfuerzos de la gente decente, chicos y grandes, que está tratando de cambiar la cosa. Eso incluye agentes oficiales, honestos y empresas responsables en la gran minería, que también existen.
En la pequeña minería hay un sinnúmero de organizaciones e individuos que muy valientemente, durante años, han denunciado lo que ahora se publica. Pero han ido más lejos, estableciendo condiciones de diálogo y proponiendo alternativas a los mineros artesanales. Por eso no tiene mucho sentido entrar “con la pata en alto” en Madre de Dios.
El propio ministro Antonio Brack está actuando en respuesta a las gestiones de esas organizaciones y personas. Menciono varias: El Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, la asociación Huarayo (que tiene un albergue para adolescentes rescatados de los campamentos mineros, en Mazuco), Pro Naturaleza (la primera ONG ambientalista en comisionar un estudio sobre el impacto social de la minería en Madre de Dios), el Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata y Cáritas-Madre de Dios. En suma, la sociedad civil hace años se compró el pleito, incluso sin apoyo del Estado.
[*] Universidad Cayetano Heredia
Diario El Comercio-Lima 16/11/2009
EXIGEN ANULAR CONCESIÓN MINERA A LA ZANJA
Agricultores lambayecanos se unieron a la lucha de los comuneros de provincia Santa Cruz (Cajamarca) exigiendo se anule la concesión otorgada a la minera La Zanja para operar en la cabecera de cuenca del río Chancay, pues esta actividad contaminaría el agua que consumen y utilizan para actividades agrícolas y ganadera de los pobladores de ambas regiones, ubicados a lo largo de la vertiente
Ayer marcharon hasta la sede del gobierno regional de Lambayeque consiguiendo el respaldo de las autoridades locales. Anunciaron que viajarán a Lima para entregar sendos memoriales al congreso y a la Presidencia del Consejo de Ministros, esperando la mediación del gobierno nacional.
Durante el desplazamiento los cajamarquinos dijeron que en el proceso de exploración han perdido ganado y los bebés nacen con malformaciones por el contacto con los minerales
Diario La República-Lima 17/11/2009
DENUNCIAN PRESIONES A COMUNEROS PIURANOS POR ATAQUE A RÍO BLANCO
Al menos cinco comuneros de Huancabamba (Piura) habrían sido detenidos y torturados por la Policía para que se autoincriminen por el ataque al campamento de la minera Río Blanco, ocurrido el 1 de noviembre.
Así lo denunció Marisol Espinoza, vocera de la bancada del Partido Nacionalista, quien ayer recibió el testimonio de los comuneros Abdelí Herrera Neyra, de caserío Rosario Bajo, y de Servando Quinde Alberca, del Sagrado Corazón de Jesús.
Espinoza afirmó que ambos fueron sacados a la fuerza de sus domicilios por agentes policiales, sin autorización de por medio, y trasladados a la comisaría de Huancabamba.
En la estación policial, de acuerdo a la legisladora, los quisieron obligar a confesar que fueron los autores del atentado de inicios de mes en el campamento "Henry´s Hill", donde murieron dos vigilantes y un funcionario de la minera.
Señaló que el caso trae el recuerdo de las torturas sufridas por comuneros piuranos a fines de julio del 2005, y se enmarca dentro de la anunciada instalación de una base militar en la zona.
"La historia se vuelve a repetir (...) nuevamente la justicia se pone al servicio de las empresas privadas para poner una base militar. Primero es la vida de nuestros ciudadanos, de nuestros ronderos", remarcó.
Para la parlamentaria, el ataque resulta sospechoso, tomando en cuenta que la minera cuenta con el servicio de vigilancia a cargo de la empresa Forza. Por ello, sugirió la existencia de un complot para usar el ataque a la minera como pretexto para militarizar la zona.
Agregó que la responsabilidad recae principalmente en el Ejecutivo, que desde la gestión de Jorge Del Castillo como primer ministro ha evadido su responsabilidad de retomar el diálogo con las comunidades de la serranía de Piura.
De igual modo, Espinoza Cruz cuestionó la postura asumida por el actual premier Javier Velásquez Quesquén, de quien dijo ha preferido sentarse a dialogar con las mineras y trasladar el caso al Ministerio de Energía y Minas, cuando se requiere de un enfoque multisectorial.
"Este es un tema de derechos, de respeto a la comunidad; se aumenta el proceso de conflictibilidad en la zona al no respetar la institucionalidad que debe existir", concluyó.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 17/11/2009
EL PROBLEMA NO ES SOLO AMBIENTAL
La deforestación por culpa del mercurio, utilizada en la minería informal en Madre de Dios, es una de las caras de la misma moneda. Es excelente echar luz sobre el horror minero en Madre de Dios, pero no es muy diferente al horror minero en La Oroya o en Cerro de Pasco.
El problema crucial contra lo que se está planteando no es ambiental ni tecnológico, sino socioeconómico e institucional. La minería ha corrompido a las instituciones y ha tomado control de alcaldías, ciudades enteras, comunidades y oficinas públicas. Así, en este estado de las cosas, es absolutamente inaceptable que el Gobierno Nacional le eche el muerto a los incipientes gobiernos regionales.
Si queremos soluciones es necesario no solo denunciar a los grupos chicos (que no son tan chicos), sino también reconocer y apoyar enérgicamente los esfuerzos de la gente decente, chicos y grandes, que está tratando de cambiar la cosa. Eso incluye agentes oficiales, honestos y empresas responsables en la gran minería, que también existen.
En la pequeña minería hay un sinnúmero de organizaciones e individuos que muy valientemente, durante años, han denunciado lo que ahora se publica. Pero han ido más lejos, estableciendo condiciones de diálogo y proponiendo alternativas a los mineros artesanales. Por eso no tiene mucho sentido entrar “con la pata en alto” en Madre de Dios.
El propio ministro Antonio Brack está actuando en respuesta a las gestiones de esas organizaciones y personas. Menciono varias: El Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, la asociación Huarayo (que tiene un albergue para adolescentes rescatados de los campamentos mineros, en Mazuco), Pro Naturaleza (la primera ONG ambientalista en comisionar un estudio sobre el impacto social de la minería en Madre de Dios), el Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata y Cáritas-Madre de Dios. En suma, la sociedad civil hace años se compró el pleito, incluso sin apoyo del Estado.
[*] Universidad Cayetano Heredia
Diario El Comercio-Lima 16/11/2009