NATIVOS EVALÚAN HOY INFORME OFICIAL SOBRE ‘BAGUAZO’
En Bagua Chica. Apus Awajun y Wampis decidirán qué hacer, señala dirigente Servando Puerta. Se suspendió diligencia en la que Pujupat debía explicar su vinculación con muerte de policía.
Elizabeth Prado, enviada especial.
Las autoridades principales de las etnias awajun y wampis procedentes de las cuencas de Santiago, Cenepa, Marañón, Nieva, Chiriaco y Chirinos se reúnen hoy en Bagua Chica para analizar el informe final de la comisión investigadora de los hechos del 5 de junio de 2009, y determinarán las medidas que adoptarán en adelante.
“El documento será evaluado por los nativos y ellos decidirán lo que harán”, informó Servando Puerta Peña, presidente de la Organización Regional de Pueblos indígenas de la Amazonía Norte (Orpian).
Dicho informe no individualiza responsabilidades por la muerte de 34 personas, entre policías y nativos. Dos comisionados criticaron que tampoco se tomaron en cuenta todos los testimonios recogidos.
En tanto, la diligencia judicial para que el nativo Asterio Pujupat explique su participación en la desaparición del mayor PNP Felipe Bazán Soles fue postergada por el juez Francisco Miranda debido a que el procurador Oswaldo Arroyo y la fiscal desestimaron la participación de Juanito Kunchikui como intérprete del acusado al no haber sido nombrado por el Poder Judicial.
Sobre el avance de la investigación para determinar la culpabilidad de Pupujat, el juez expresó que con la reconstrucción de hechos y el examen de superposición de imágenes a las fotografìas donde se ve al policía rodeado de nativos, se aclarará la situación del acusado por homicidio calificado.
El procurador criticó que en 30 días el proceso no haya avanzado y dijo que una muestra de ello es que aún no han declarado los testigos César Ñáñez y el obispo Santiago García de la Razilla.
La clave
Reclama inocencia. Alejandro Carrascal, abogado de Pujupat, expresó que su defendido nunca dijo a la Policía que participó en la muerte del mayor Felipe Bazán.
Diario La República-Lima 28/01/2010
CLAUSURAN MINA EN PASCO DONDE TRABAJABAN MENORES DE EDAD
El director regional de Energía y Minas de Pasco, Cornelio Ramos Alania, indicó que el fin de semana pasado se clausuró una mina informal que funcionaba en el centro poblado de Villavista, en el distrito de Paucartambo, donde laboraban dos menores de edad, de 14 y 16 años.
De acuerdo con Ramos Alania, esta situación es muy común en la zona debido a lo lejos de su ubicación. Sin embargo, aseguró que su dependencia trabaja arduamente para luchar contra este tipo de delitos, con charlas de concientización a la población.
Informó que la mina fue clausurada en el marco de una inspección que realizaba la Dirección Regional de Energía y Minas de Pasco como parte de su plan de trabajo de fiscalización y formalización de las minas informales que hay en la zona.
En tal sentido, dijo que la Concesión Minera San Pablo 2, con el RUC Nº 20541479161 y cuyo representante legal es Santiago Espinoza Rojas operaba sin el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y la autorización de impacto de suelos.
Agregó que no se sabe si los menores fueron víctimas de trata de personas, pues fueron encontrados con sus padres, quienes también trabajaban en la mina en pésimas condiciones.
El funcionrio dijo que, de acuerdo con el decreto supremo Nº 046, en su artículo 25, se procedió a cerrar absolutamente la mina. De otro lado, el gobierno regional está haciendo trabajos de concientización para que los pobladores sepan las edades en las que los menores pueden trabajar.
“Si bien los jóvenes de 14 o 15 años físicamente no parecen niños, lo siguen siendo. Lamentablemente, la pobreza de esta zona los obliga a trabajar en este tipo de trabajos ilegales y llevan a sus hijos”, puntualizó.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 27/01/2010
MINERO ECUATORIANO PRETENDE LAVAR ORO EN TERRITORIO DE PERÚ
Osado. A cambio ofrece construir muro protector. Ante la indiferencia de las autoridades, pobladores de La Balza constituyen una ronda que los represente.
Elízabeth Prado.
Conocedor del estado de emergencia que vive el caserío de La Balsa, en San Ignacio, Cajamarca, que está a punto de perder su colegio y varias viviendas por el fuerte caudal del río Canchis, el empresario ecuatoriano Esmundo Sánchez Ordóñez pidió permiso a las autoridades de ese poblado limítrofe y al alcalde distrital de Namballe para introducir maquinaria pesada en este afluente y efectuar trabajos de lavado de oro.
“El río ya se ha llevado 150 metros de tierra ribereña y ninguna autoridad nos presta ayuda, por eso hemos venido a Namballe para que el alcalde y las rondas nos ayuden a decidir si aceptamos la propuesta o no” , manifestó el teniente gobernador de La Balza, Charles Peña.
Las 36 bases de la Federación de Ronderos de Namballe y el alcalde distrital Amadeo Mijahuanca consideraron una vergüenza para el Perú que un empresario ecuatoriano se ocupe del trabajo de las autoridades nacionales aprovechándose del peligro que corre este caserío.
Mijahuanca planteó a la Municipalidad Provincial de San Ignacio el uso del Foncomun para ejecutar la defensa ribereña de La Balza, ubicada junto al puente internacional “Integrando” que une Perú con Ecuador.
En tanto, Francisco Neyra, presidente de la Federación de Ronderos de Namballe, manifestó que es necesario exigir al gobierno regional que se ocupe de la frontera viva en la provincia de San Ignacio a través de la ejecución de proyectos de desarrollo, aprovechando su riqueza natural.
Ante la indiferencia de las autoridades, la delegación procedente de La Balza solicitó constituir una base rondera en esta localidad para hacer frente a situaciones como la que viven, así como representar al pueblo ante los funcionarios provinciales y nacionales.
Los habitantes de La Balza proponen constituir allí un centro turístico, teniendo en cuenta su cercanía con el Santuario Nacional de Tabaconas-Namballe y una ruta de acceso directo a Ecuador mediante el puente internacional que une Perú con ese país.
El dato
Olvidado. El caserío de La Balza está ubicado a orillas del río Canchis, que divide a Ecuador y Perú. Está habitado por unas 100 familias que se dedican, fundamentalmente, a la agricultura y ganadería. El escaso comercio lo desarrollan en el lado ecuatoriano, al cual llegan a través del puente internacional construido en el gobierno anterior.
Diario La República-Lima 27/01/2010
El 2010 será para el sector, pero no exento de problemas
AUMENTO DE ACTIVIDAD MINERA TRAERÍA MÁS CONFLICTOS SOCIALES
Este año habría 100% más de inversión que lo registrado el 2009. Viceministro dice que Gobierno está trabajando en el área de prevención
Por: Álvaro Gastañaduí
En los próximos seis años las empresas mineras invertirán US$30.000 millones en proyectos de exploración, explotación y refinación minera. Según el viceministro de Minas, Fernando Gala Soldevilla, este año se esperaría una inversión de US$5.000 millones, 100% más que en el 2009. Este monto de inversiones traería un aumento de la actividad minera y con ella la posibilidad de que se presenten más conflictos relacionados con ese sector.
Otro de los elementos que generaría estos problemas es el hecho de que los municipios de los centros mineros recibirán menos de la mitad por canon minero al haber disminuido en más de 60% la recaudación del Impuesto a la Renta y ello traería un mayor descontento. Además, según el especialista en minería, José de Echave, las áreas concesionadas superarán las 20 millones de hectáreas, 15% más que el 2009.
A esto habría que añadir que este año será un año de elecciones regionales y municipales y la actividad minera es usada siempre como plataforma política.
LABOR EN PREVENCIÓN
Según el viceministro de Minas, al Gobierno le preocupan los conflictos sociales que puedan presentarse y por ello intenta prevenirlos. Gala Soldevilla aseguró que este es un tema que obliga al Estado a ser más acucioso, pero también —agregó— “se necesita de la colaboración de las empresas para que sean más sinceras con el Gobierno y le comuniquen qué problemas tienen con sus comunidades vecinas.
Aseguró que muchos de los conflictos no tienen una causa real, sino una percepción errada de la comunidad, que debe ser esclarecida. “Eso es comunicación y no solo de la empresa sino también del Estado y de la sociedad civil”, dijo.
AUSENCIA DEL ESTADO
Para De Echave, del Observatorio de Conflictos Mineros, en la actividad minera aún se observa una ausencia del Estado para proteger los derechos de los ciudadanos y hacer cumplir la normatividad. Además, según estudios del Consorcio de Investigación Económica y Social, hay una gran desconfianza entre todos los actores involucrados.
De Echave también advirtió que el entorno electoral podría agudizar los conflictos mineros, aunque advirtió que podría ser un buen momento para resolverlos.
TRASFONDO OSCURO
Tras asegurar que la minería formal está logrando que se disminuya la pobreza en el Perú, el consultor en temas agrarios y mineros, Fernando Cillóniz, enfatizó que detrás de muchos de los conflictos hay intereses políticos o del narcotráfico. También lamentó la falta de una mayor participación del Estado, que interviene solo cuando el conflicto estalla.
MÁS DIÁLOGO
Para Rolando Luque, adjunto para la Prevención de los Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, el Gobierno y las empresas deben trabajar con criterio preventivo. También señaló que no hay nada más eficaz en esta tarea que la detección temprana del conflicto y la apertura del diálogo.
Luque también demandó que la Oficina de Gestión de Conflictos del Gobierno Central articule su trabajo con las oficinas responsables de atender este tema en cada uno de los ministerios. Refirió que el Estado es la más grande red informativa de los conflictos.
MÁS DATOS
Sugieren más comunicación
1 Tanto el viceministro de Minas, Fernando Gala, como la Defensoría consideran la comunicación como la mejor forma de evitar los conflictos.
2 La Defensoría también pide a las partes cumplir sus obligaciones.
3 Además, evitar el diálogo confrontacional, registrar acuerdos, cumplir promesas y promover la participación civil.
CLAVES
Fuentes de conflicto social
El caso de La Oroya (Doe Run) es una amenaza constante de conflicto y afecta aspectos sociales, laborales y ambientales.
También podrían tener problemas las mineras Chinalco y Xstrata con la reubicación de un distrito y una comunidad rural.
Además, los proyectos Majaz (Piura) y Tía María (Arequipa) está en consulta con su comunidad.
Diario El Comercio-Lima 27/01/2010
En Bagua Chica. Apus Awajun y Wampis decidirán qué hacer, señala dirigente Servando Puerta. Se suspendió diligencia en la que Pujupat debía explicar su vinculación con muerte de policía.
Elizabeth Prado, enviada especial.
Las autoridades principales de las etnias awajun y wampis procedentes de las cuencas de Santiago, Cenepa, Marañón, Nieva, Chiriaco y Chirinos se reúnen hoy en Bagua Chica para analizar el informe final de la comisión investigadora de los hechos del 5 de junio de 2009, y determinarán las medidas que adoptarán en adelante.
“El documento será evaluado por los nativos y ellos decidirán lo que harán”, informó Servando Puerta Peña, presidente de la Organización Regional de Pueblos indígenas de la Amazonía Norte (Orpian).
Dicho informe no individualiza responsabilidades por la muerte de 34 personas, entre policías y nativos. Dos comisionados criticaron que tampoco se tomaron en cuenta todos los testimonios recogidos.
En tanto, la diligencia judicial para que el nativo Asterio Pujupat explique su participación en la desaparición del mayor PNP Felipe Bazán Soles fue postergada por el juez Francisco Miranda debido a que el procurador Oswaldo Arroyo y la fiscal desestimaron la participación de Juanito Kunchikui como intérprete del acusado al no haber sido nombrado por el Poder Judicial.
Sobre el avance de la investigación para determinar la culpabilidad de Pupujat, el juez expresó que con la reconstrucción de hechos y el examen de superposición de imágenes a las fotografìas donde se ve al policía rodeado de nativos, se aclarará la situación del acusado por homicidio calificado.
El procurador criticó que en 30 días el proceso no haya avanzado y dijo que una muestra de ello es que aún no han declarado los testigos César Ñáñez y el obispo Santiago García de la Razilla.
La clave
Reclama inocencia. Alejandro Carrascal, abogado de Pujupat, expresó que su defendido nunca dijo a la Policía que participó en la muerte del mayor Felipe Bazán.
Diario La República-Lima 28/01/2010
CLAUSURAN MINA EN PASCO DONDE TRABAJABAN MENORES DE EDAD
El director regional de Energía y Minas de Pasco, Cornelio Ramos Alania, indicó que el fin de semana pasado se clausuró una mina informal que funcionaba en el centro poblado de Villavista, en el distrito de Paucartambo, donde laboraban dos menores de edad, de 14 y 16 años.
De acuerdo con Ramos Alania, esta situación es muy común en la zona debido a lo lejos de su ubicación. Sin embargo, aseguró que su dependencia trabaja arduamente para luchar contra este tipo de delitos, con charlas de concientización a la población.
Informó que la mina fue clausurada en el marco de una inspección que realizaba la Dirección Regional de Energía y Minas de Pasco como parte de su plan de trabajo de fiscalización y formalización de las minas informales que hay en la zona.
En tal sentido, dijo que la Concesión Minera San Pablo 2, con el RUC Nº 20541479161 y cuyo representante legal es Santiago Espinoza Rojas operaba sin el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y la autorización de impacto de suelos.
Agregó que no se sabe si los menores fueron víctimas de trata de personas, pues fueron encontrados con sus padres, quienes también trabajaban en la mina en pésimas condiciones.
El funcionrio dijo que, de acuerdo con el decreto supremo Nº 046, en su artículo 25, se procedió a cerrar absolutamente la mina. De otro lado, el gobierno regional está haciendo trabajos de concientización para que los pobladores sepan las edades en las que los menores pueden trabajar.
“Si bien los jóvenes de 14 o 15 años físicamente no parecen niños, lo siguen siendo. Lamentablemente, la pobreza de esta zona los obliga a trabajar en este tipo de trabajos ilegales y llevan a sus hijos”, puntualizó.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 27/01/2010
MINERO ECUATORIANO PRETENDE LAVAR ORO EN TERRITORIO DE PERÚ
Osado. A cambio ofrece construir muro protector. Ante la indiferencia de las autoridades, pobladores de La Balza constituyen una ronda que los represente.
Elízabeth Prado.
Conocedor del estado de emergencia que vive el caserío de La Balsa, en San Ignacio, Cajamarca, que está a punto de perder su colegio y varias viviendas por el fuerte caudal del río Canchis, el empresario ecuatoriano Esmundo Sánchez Ordóñez pidió permiso a las autoridades de ese poblado limítrofe y al alcalde distrital de Namballe para introducir maquinaria pesada en este afluente y efectuar trabajos de lavado de oro.
“El río ya se ha llevado 150 metros de tierra ribereña y ninguna autoridad nos presta ayuda, por eso hemos venido a Namballe para que el alcalde y las rondas nos ayuden a decidir si aceptamos la propuesta o no” , manifestó el teniente gobernador de La Balza, Charles Peña.
Las 36 bases de la Federación de Ronderos de Namballe y el alcalde distrital Amadeo Mijahuanca consideraron una vergüenza para el Perú que un empresario ecuatoriano se ocupe del trabajo de las autoridades nacionales aprovechándose del peligro que corre este caserío.
Mijahuanca planteó a la Municipalidad Provincial de San Ignacio el uso del Foncomun para ejecutar la defensa ribereña de La Balza, ubicada junto al puente internacional “Integrando” que une Perú con Ecuador.
En tanto, Francisco Neyra, presidente de la Federación de Ronderos de Namballe, manifestó que es necesario exigir al gobierno regional que se ocupe de la frontera viva en la provincia de San Ignacio a través de la ejecución de proyectos de desarrollo, aprovechando su riqueza natural.
Ante la indiferencia de las autoridades, la delegación procedente de La Balza solicitó constituir una base rondera en esta localidad para hacer frente a situaciones como la que viven, así como representar al pueblo ante los funcionarios provinciales y nacionales.
Los habitantes de La Balza proponen constituir allí un centro turístico, teniendo en cuenta su cercanía con el Santuario Nacional de Tabaconas-Namballe y una ruta de acceso directo a Ecuador mediante el puente internacional que une Perú con ese país.
El dato
Olvidado. El caserío de La Balza está ubicado a orillas del río Canchis, que divide a Ecuador y Perú. Está habitado por unas 100 familias que se dedican, fundamentalmente, a la agricultura y ganadería. El escaso comercio lo desarrollan en el lado ecuatoriano, al cual llegan a través del puente internacional construido en el gobierno anterior.
Diario La República-Lima 27/01/2010
El 2010 será para el sector, pero no exento de problemas
AUMENTO DE ACTIVIDAD MINERA TRAERÍA MÁS CONFLICTOS SOCIALES
Este año habría 100% más de inversión que lo registrado el 2009. Viceministro dice que Gobierno está trabajando en el área de prevención
Por: Álvaro Gastañaduí
En los próximos seis años las empresas mineras invertirán US$30.000 millones en proyectos de exploración, explotación y refinación minera. Según el viceministro de Minas, Fernando Gala Soldevilla, este año se esperaría una inversión de US$5.000 millones, 100% más que en el 2009. Este monto de inversiones traería un aumento de la actividad minera y con ella la posibilidad de que se presenten más conflictos relacionados con ese sector.
Otro de los elementos que generaría estos problemas es el hecho de que los municipios de los centros mineros recibirán menos de la mitad por canon minero al haber disminuido en más de 60% la recaudación del Impuesto a la Renta y ello traería un mayor descontento. Además, según el especialista en minería, José de Echave, las áreas concesionadas superarán las 20 millones de hectáreas, 15% más que el 2009.
A esto habría que añadir que este año será un año de elecciones regionales y municipales y la actividad minera es usada siempre como plataforma política.
LABOR EN PREVENCIÓN
Según el viceministro de Minas, al Gobierno le preocupan los conflictos sociales que puedan presentarse y por ello intenta prevenirlos. Gala Soldevilla aseguró que este es un tema que obliga al Estado a ser más acucioso, pero también —agregó— “se necesita de la colaboración de las empresas para que sean más sinceras con el Gobierno y le comuniquen qué problemas tienen con sus comunidades vecinas.
Aseguró que muchos de los conflictos no tienen una causa real, sino una percepción errada de la comunidad, que debe ser esclarecida. “Eso es comunicación y no solo de la empresa sino también del Estado y de la sociedad civil”, dijo.
AUSENCIA DEL ESTADO
Para De Echave, del Observatorio de Conflictos Mineros, en la actividad minera aún se observa una ausencia del Estado para proteger los derechos de los ciudadanos y hacer cumplir la normatividad. Además, según estudios del Consorcio de Investigación Económica y Social, hay una gran desconfianza entre todos los actores involucrados.
De Echave también advirtió que el entorno electoral podría agudizar los conflictos mineros, aunque advirtió que podría ser un buen momento para resolverlos.
TRASFONDO OSCURO
Tras asegurar que la minería formal está logrando que se disminuya la pobreza en el Perú, el consultor en temas agrarios y mineros, Fernando Cillóniz, enfatizó que detrás de muchos de los conflictos hay intereses políticos o del narcotráfico. También lamentó la falta de una mayor participación del Estado, que interviene solo cuando el conflicto estalla.
MÁS DIÁLOGO
Para Rolando Luque, adjunto para la Prevención de los Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, el Gobierno y las empresas deben trabajar con criterio preventivo. También señaló que no hay nada más eficaz en esta tarea que la detección temprana del conflicto y la apertura del diálogo.
Luque también demandó que la Oficina de Gestión de Conflictos del Gobierno Central articule su trabajo con las oficinas responsables de atender este tema en cada uno de los ministerios. Refirió que el Estado es la más grande red informativa de los conflictos.
MÁS DATOS
Sugieren más comunicación
1 Tanto el viceministro de Minas, Fernando Gala, como la Defensoría consideran la comunicación como la mejor forma de evitar los conflictos.
2 La Defensoría también pide a las partes cumplir sus obligaciones.
3 Además, evitar el diálogo confrontacional, registrar acuerdos, cumplir promesas y promover la participación civil.
CLAVES
Fuentes de conflicto social
El caso de La Oroya (Doe Run) es una amenaza constante de conflicto y afecta aspectos sociales, laborales y ambientales.
También podrían tener problemas las mineras Chinalco y Xstrata con la reubicación de un distrito y una comunidad rural.
Además, los proyectos Majaz (Piura) y Tía María (Arequipa) está en consulta con su comunidad.
Diario El Comercio-Lima 27/01/2010