MEM REMEDIARÁ 60% DE PASIVOS AMBIENTALES EN HUALGAYOC
El Ministerio de Energía y Minas (MEM) a través de su Dirección General de Minería (DGM) promoverá el 2010 la remediación de aproximadamente el 60% de los pasivos ambientales, con apoyo de la población y municipalidades distritales y provincial de Hualgayoc.
A este y otros acuerdos arribó la Mesa de Trabajo en Hualgayoc, donde participó una Comisión de Alto Nivel del Ejecutivo que encabezó el Ministerio de Energía y Minas (MEM) con las autoridades locales de dicha provincia para analizar la problemática minera en Hualgayoc.
“La contaminación de agua tiene que ver con la presencia de pasivos mineros. Hay pasivos ambientales que deben ser remediados, como parte de un plan de trabajo del presente año. Es importante tener un acuerdo de trabajo, para este fin, entre dirigentes, autoridades, empresas y el MEM”.
“Con este trabajo se va a mejorar la calidad del agua”, señaló José Luis Carbajal director de la Oficina General de Gestión Social (OGGS) del MEM.
La Mesa de Trabajo, se prolongó por más de cinco horas en el auditorio de la Municipalidad distrital de Hualgayoc, donde los funcionarios de Osinergmin, Ingemmet y del propio Ministerio, explicaron a los pobladores las características de las concesiones mineras, los estudios de impacto ambiental actualmente vigentes y las actividades de supervisión y fiscalización minera que se viene realizando en esta zona, así como los pasivos mineros que se encuentran en la provincia de Hualgayoc.
Del mismo modo, las autoridades locales hicieron saber su preocupación sobre el otorgamiento de nuevas concesiones mineras en la provincia.
Entre los acuerdos se establece que el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) realizará una medición inopinada de las vibraciones causadas por la empresa minera Gold Fields en las zonas aledañas donde realiza sus operaciones.
OSINERGMIN enviará un informe, a las autoridades de la provincia, sobre las acciones de sanción iniciadas contra Activos Mineros, por un deslizamiento de relaves.
También se acordó que el gobierno regional de Cajamarca enviará un documento sustentatorio, a la Oficina General de gestión Social (OGGS) del MEM, sobre los puntos de captación necesarios para el desarrollo del proyecto de agua y saneamiento en las ciudades de Bambamarca y Hualgayoc.
Minera San Nicolás
A pesar de una serie de visitas, inspecciones y sanciones de FONAM y otras entidades la Minera San Nicolás sigue operando en la jurisdicción de Hualgayoc de manera ilegal, causando serio daño al medioambiente.
OSINERGMIN se encargará de presentar a la Fiscalía de la Nación la denuncia penal correspondiente por la continuación de las operaciones de la empresa San Nicolás, empresa minera que pese a estar sancionada con la paralización de operaciones sigue operando.
De la Cuenca del Tingo Maigasbamba se benefician 12 mil moradores de 60 comunidades repartidos en 38 canales de regadío. Las autoridades no pueden hacer cumplir las sanciones y órdenes de cierre de sus operaciones.
Diario Panorama Cajamarquino 09/02/2010
FISCAL DENUNCIAN A 47 MINEROS INFORMALES DE ALGAMARCA
47 de 350 mineros informales de Algamarca, plenamente identificados, fueron denunciados por el Fiscal de Prevención del Delito, Guillermo Vargas Cerna por el delito contra la ecología en su modalidad de contaminación del medio ambiente.
Según el representante del Ministerio Público, los 47 mineros informales incurrieron en el delito de contaminación del Medio Ambiente tipificado el artículo Nº 304 del Código Penal en agravio del estado y del centro poblado menor de Algamarca.
Precisó que estos mineros están utilizando insumos peligrosos como; cal y cianuro que contaminan las aguas que riegan los cultivos del Valle de Condebamba.
Vargas, aseguró que otro grupo de personas, aún en etapa de identificación, vienen siendo investigados por la Policía Nacional del Perú por los mismos cargos y que posteriormente serían denunciados ante el Poder Judicial.
Ahora el caso ya se encuentra en el Juzgado Penal de Cajabamba y dependerá de ellos la sanción correspondiente, teniendo en cuenta, que los inculpados están atentado contra el medio ambiente y la salud: contaminación de suelos y aguas.
Precisó que la investigación inicialmente estuvo a cargo de la fiscalía de Cajabamba conjuntamente con la policía y remitido a su despacho para su ampliación. Con esta información se procedió a la denuncia penal.
Diario Panorama Cajamarquino 09/02/2010
POBLACIÓN DE BARRANQUITA RESPALDA A DIRECTOR REGIONAL DE AGRICULTURA
La población de Barranquita respalda al director regional de Agricultura, Antonio Arce, quien fue denunciado por el Grupo Romero, tras ordenar el cese de sus actividades en los bosques del distrito.
Así lo aseguró la integrante del Frente Cívico de Defensa y Desarrollo de San Martín (FRECIDES), Semira Pérez, quien a través de CNR indicó que, de ser necesario, tomarían medidas en defensa de los bosques primarios.
“Consideramos que la resolución Nº 023, emitida por las Dirección Regional Agraria de San Martín (DRASAM), es el paso más correcto que puede dar una autoridad que trabaja para su pueblo. Barranquita y todos en San Martín, junto a las comunidades indígenas, respaldan al actual director”, declaró.
Pérez Saavedra consideró vergonzoso que se acuse a Arce de abuso de autoridad, sólo por emitir una resolución que suspende las acciones de “cambio de uso de suelo” que venía desarrollando Agrícola de Caynarchi, empresa perteneciente al Grupo Romero.
“No es posible que alguien que sale en defensa de sus pueblo sea enjuiciado sólo porque tiene poder económico; la actitud del Grupo Romero es como si fuera un estado dentro de otro estado porque va la autoridad, la fiscal, para hacer una inspección y no lo han permitido”, aseveró.
En ese sentido, informó que los lideres coordinan actividades para sensibilizar a la población más alejada sobre este problema, y de este modo conseguir su apoyo.
“Cuando conocen al detalle sí responden el llamado. La actitud de las autoridades ha sido realmente digna de resarcir esta decisión valiente”, finalizó.
Como se recuerda, a fines de enero, la DRASAM declaró nula la resolución administrativa que permitía al Grupo Romero realizar actividades de deforestación y conversión de uso del predio denominado “Palmas del Oriente”, en el distrito de Barranquita, provincia de Lamas.
La resolución Nº 023-2010-GRSM/DRASAM anula, así mismo, la autorización para el cambio de uso de tierra con aptitud agropecuaria con cobertura boscosa en selva.
De esta manera, el emporio empresarial queda prohibido de realizar actividades en esta zona, donde más de mil hectáreas de bosques vírgenes fueron depredados, según denunció en su momento Radio y Televisión Oriente de Yurimaguas.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 09/02/2010
El Ministerio de Energía y Minas (MEM) a través de su Dirección General de Minería (DGM) promoverá el 2010 la remediación de aproximadamente el 60% de los pasivos ambientales, con apoyo de la población y municipalidades distritales y provincial de Hualgayoc.
A este y otros acuerdos arribó la Mesa de Trabajo en Hualgayoc, donde participó una Comisión de Alto Nivel del Ejecutivo que encabezó el Ministerio de Energía y Minas (MEM) con las autoridades locales de dicha provincia para analizar la problemática minera en Hualgayoc.
“La contaminación de agua tiene que ver con la presencia de pasivos mineros. Hay pasivos ambientales que deben ser remediados, como parte de un plan de trabajo del presente año. Es importante tener un acuerdo de trabajo, para este fin, entre dirigentes, autoridades, empresas y el MEM”.
“Con este trabajo se va a mejorar la calidad del agua”, señaló José Luis Carbajal director de la Oficina General de Gestión Social (OGGS) del MEM.
La Mesa de Trabajo, se prolongó por más de cinco horas en el auditorio de la Municipalidad distrital de Hualgayoc, donde los funcionarios de Osinergmin, Ingemmet y del propio Ministerio, explicaron a los pobladores las características de las concesiones mineras, los estudios de impacto ambiental actualmente vigentes y las actividades de supervisión y fiscalización minera que se viene realizando en esta zona, así como los pasivos mineros que se encuentran en la provincia de Hualgayoc.
Del mismo modo, las autoridades locales hicieron saber su preocupación sobre el otorgamiento de nuevas concesiones mineras en la provincia.
Entre los acuerdos se establece que el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) realizará una medición inopinada de las vibraciones causadas por la empresa minera Gold Fields en las zonas aledañas donde realiza sus operaciones.
OSINERGMIN enviará un informe, a las autoridades de la provincia, sobre las acciones de sanción iniciadas contra Activos Mineros, por un deslizamiento de relaves.
También se acordó que el gobierno regional de Cajamarca enviará un documento sustentatorio, a la Oficina General de gestión Social (OGGS) del MEM, sobre los puntos de captación necesarios para el desarrollo del proyecto de agua y saneamiento en las ciudades de Bambamarca y Hualgayoc.
Minera San Nicolás
A pesar de una serie de visitas, inspecciones y sanciones de FONAM y otras entidades la Minera San Nicolás sigue operando en la jurisdicción de Hualgayoc de manera ilegal, causando serio daño al medioambiente.
OSINERGMIN se encargará de presentar a la Fiscalía de la Nación la denuncia penal correspondiente por la continuación de las operaciones de la empresa San Nicolás, empresa minera que pese a estar sancionada con la paralización de operaciones sigue operando.
De la Cuenca del Tingo Maigasbamba se benefician 12 mil moradores de 60 comunidades repartidos en 38 canales de regadío. Las autoridades no pueden hacer cumplir las sanciones y órdenes de cierre de sus operaciones.
Diario Panorama Cajamarquino 09/02/2010
FISCAL DENUNCIAN A 47 MINEROS INFORMALES DE ALGAMARCA
47 de 350 mineros informales de Algamarca, plenamente identificados, fueron denunciados por el Fiscal de Prevención del Delito, Guillermo Vargas Cerna por el delito contra la ecología en su modalidad de contaminación del medio ambiente.
Según el representante del Ministerio Público, los 47 mineros informales incurrieron en el delito de contaminación del Medio Ambiente tipificado el artículo Nº 304 del Código Penal en agravio del estado y del centro poblado menor de Algamarca.
Precisó que estos mineros están utilizando insumos peligrosos como; cal y cianuro que contaminan las aguas que riegan los cultivos del Valle de Condebamba.
Vargas, aseguró que otro grupo de personas, aún en etapa de identificación, vienen siendo investigados por la Policía Nacional del Perú por los mismos cargos y que posteriormente serían denunciados ante el Poder Judicial.
Ahora el caso ya se encuentra en el Juzgado Penal de Cajabamba y dependerá de ellos la sanción correspondiente, teniendo en cuenta, que los inculpados están atentado contra el medio ambiente y la salud: contaminación de suelos y aguas.
Precisó que la investigación inicialmente estuvo a cargo de la fiscalía de Cajabamba conjuntamente con la policía y remitido a su despacho para su ampliación. Con esta información se procedió a la denuncia penal.
Diario Panorama Cajamarquino 09/02/2010
POBLACIÓN DE BARRANQUITA RESPALDA A DIRECTOR REGIONAL DE AGRICULTURA
La población de Barranquita respalda al director regional de Agricultura, Antonio Arce, quien fue denunciado por el Grupo Romero, tras ordenar el cese de sus actividades en los bosques del distrito.
Así lo aseguró la integrante del Frente Cívico de Defensa y Desarrollo de San Martín (FRECIDES), Semira Pérez, quien a través de CNR indicó que, de ser necesario, tomarían medidas en defensa de los bosques primarios.
“Consideramos que la resolución Nº 023, emitida por las Dirección Regional Agraria de San Martín (DRASAM), es el paso más correcto que puede dar una autoridad que trabaja para su pueblo. Barranquita y todos en San Martín, junto a las comunidades indígenas, respaldan al actual director”, declaró.
Pérez Saavedra consideró vergonzoso que se acuse a Arce de abuso de autoridad, sólo por emitir una resolución que suspende las acciones de “cambio de uso de suelo” que venía desarrollando Agrícola de Caynarchi, empresa perteneciente al Grupo Romero.
“No es posible que alguien que sale en defensa de sus pueblo sea enjuiciado sólo porque tiene poder económico; la actitud del Grupo Romero es como si fuera un estado dentro de otro estado porque va la autoridad, la fiscal, para hacer una inspección y no lo han permitido”, aseveró.
En ese sentido, informó que los lideres coordinan actividades para sensibilizar a la población más alejada sobre este problema, y de este modo conseguir su apoyo.
“Cuando conocen al detalle sí responden el llamado. La actitud de las autoridades ha sido realmente digna de resarcir esta decisión valiente”, finalizó.
Como se recuerda, a fines de enero, la DRASAM declaró nula la resolución administrativa que permitía al Grupo Romero realizar actividades de deforestación y conversión de uso del predio denominado “Palmas del Oriente”, en el distrito de Barranquita, provincia de Lamas.
La resolución Nº 023-2010-GRSM/DRASAM anula, así mismo, la autorización para el cambio de uso de tierra con aptitud agropecuaria con cobertura boscosa en selva.
De esta manera, el emporio empresarial queda prohibido de realizar actividades en esta zona, donde más de mil hectáreas de bosques vírgenes fueron depredados, según denunció en su momento Radio y Televisión Oriente de Yurimaguas.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 09/02/2010
COMUNICADO EXPROPIACION DISFRAZADA DE SERVIDUMBRE SOBRE TIERRAS COMUNITARIAS
Ante la imposición de una servidumbre minera sobre el territorio de la Comunidad Campesina de El Tingo, en Cajamarca, mediante Resolución Suprema nº 080-2009-EM, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos declara ante la opinión pública lo siguiente:
1.- El procedimiento de servidumbre minera, previsto en el artículo 7 de la Ley General de Minería, permite imponer la actividad minera contra la voluntad de las comunidades campesinas. Este procedimiento existe desde el gobierno de Fujimori, pero muy rara vez se ha utilizado.
2.- La servidumbre minera constituye, en realidad, una expropiación disimulada e inconstitucional.
- Se trata de una expropiación, porque 20 años de actividad minera, incluyendo la instalación de fosas de re laves, suponen la destrucción del terreno utilizado, convirtiendo esta parte del territorio comunal en una zona inservible para la agricultura.
- Esta expropiación de hecho no se inscribe en ninguno de los supuestos constitucionales, ya que se efectúa con el fin de facilitar las actividades de una empresa privada (Coymolache, perteneciente a la compañía minera Buenaventura) y no para realizar un servicio público o proteger la seguridad nacional.
3.- Además, en el caso que nos ocupa no se ha respetado la exigencia constitucional de una justa indemnización a la comunidad campesina afectada, ya que la disposición del Gobierno contempla solo 3,500 dólares por hectárea, y no considera el impacto ambiental y social que sufrirá la comunidad campesina como consecuencia de la actividad minera, teniendo en cuenta a este respecto los antecedentes de la empresa Yanacocha, vinculada al mismo grupo empresarial.
4.- La imposición de la servidumbre minera contraviene claramente el Convenio 16,9 de la OIT, que establece el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados antes del desarrollo de actividades extractivas en sus territorios, así como el derecho de los pueblos a elegir libremente su modelo de desarrollo. Supone también un claro incumplimiento de las recomendaciones sobre esta materia que recientemente han dado al Gobierno peruano el Relator de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, la OIT, el Comité Rara la Erradicación de la Discriminación Racial, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, dentro del Perú, la Defensoría del Pueblo.
5.- Más allá de este caso concreto, que supone una clara vulneración de los derechos de la Comunidad de El Tingo, estamos sumamente preocupados por lo que podría ser el anuncio de una nueva estrategia para doblegar la resistencia de las comunidades que haciendo uso de sus legítimos derechos, se oponen al desarrollo de actividades extractivas en sus territorios
6.- Como hemos señalado reiteradamente, la injusticia es la principal causa de la creciente conflictividad social, y una política como la que parece anunciarse solo contribuirá a desestabilizar aún más el país y a debilitar nuestra democracia. Hacemos un llamado a las autoridades, y en particular al Gobierno, a actuar con prudencia y responsabilidad, y entre tanto, a no aplicar esta cuestionada resolución suprema.
Lima, 6 de febrero del 2010 Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
Diario Panorama Cajamarquino 06/02/2010
Ante la imposición de una servidumbre minera sobre el territorio de la Comunidad Campesina de El Tingo, en Cajamarca, mediante Resolución Suprema nº 080-2009-EM, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos declara ante la opinión pública lo siguiente:
1.- El procedimiento de servidumbre minera, previsto en el artículo 7 de la Ley General de Minería, permite imponer la actividad minera contra la voluntad de las comunidades campesinas. Este procedimiento existe desde el gobierno de Fujimori, pero muy rara vez se ha utilizado.
2.- La servidumbre minera constituye, en realidad, una expropiación disimulada e inconstitucional.
- Se trata de una expropiación, porque 20 años de actividad minera, incluyendo la instalación de fosas de re laves, suponen la destrucción del terreno utilizado, convirtiendo esta parte del territorio comunal en una zona inservible para la agricultura.
- Esta expropiación de hecho no se inscribe en ninguno de los supuestos constitucionales, ya que se efectúa con el fin de facilitar las actividades de una empresa privada (Coymolache, perteneciente a la compañía minera Buenaventura) y no para realizar un servicio público o proteger la seguridad nacional.
3.- Además, en el caso que nos ocupa no se ha respetado la exigencia constitucional de una justa indemnización a la comunidad campesina afectada, ya que la disposición del Gobierno contempla solo 3,500 dólares por hectárea, y no considera el impacto ambiental y social que sufrirá la comunidad campesina como consecuencia de la actividad minera, teniendo en cuenta a este respecto los antecedentes de la empresa Yanacocha, vinculada al mismo grupo empresarial.
4.- La imposición de la servidumbre minera contraviene claramente el Convenio 16,9 de la OIT, que establece el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados antes del desarrollo de actividades extractivas en sus territorios, así como el derecho de los pueblos a elegir libremente su modelo de desarrollo. Supone también un claro incumplimiento de las recomendaciones sobre esta materia que recientemente han dado al Gobierno peruano el Relator de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, la OIT, el Comité Rara la Erradicación de la Discriminación Racial, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, dentro del Perú, la Defensoría del Pueblo.
5.- Más allá de este caso concreto, que supone una clara vulneración de los derechos de la Comunidad de El Tingo, estamos sumamente preocupados por lo que podría ser el anuncio de una nueva estrategia para doblegar la resistencia de las comunidades que haciendo uso de sus legítimos derechos, se oponen al desarrollo de actividades extractivas en sus territorios
6.- Como hemos señalado reiteradamente, la injusticia es la principal causa de la creciente conflictividad social, y una política como la que parece anunciarse solo contribuirá a desestabilizar aún más el país y a debilitar nuestra democracia. Hacemos un llamado a las autoridades, y en particular al Gobierno, a actuar con prudencia y responsabilidad, y entre tanto, a no aplicar esta cuestionada resolución suprema.
Lima, 6 de febrero del 2010 Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
Diario Panorama Cajamarquino 06/02/2010