UNA EXPLOSIÓN DEJÓ OCHO MUERTOS EN MINA DE OYÓN
En el yacimiento de carbón de piedra trabajaban nueve obreros. Uno de ellos estaría con vida. Gases tóxicos habrían asfixiado a los trabajadores y a quienes intentaron rescatarlos.
Una explosión en una mina de carbón en la provincia limeña de Oyón habría causado la muerte de ocho trabajadores por asfixia.
Todo ocurrió al promediar la una de la madrugada, cuando nueve obreros se encontraban realizando sus labores diarias de extracción de carbón de piedra.
Según las investigaciones, los trabajadores del yacimiento –de propiedad de Minera Gazuna S.A.– no se habrían percatado de la acumulación de gas en el interior de la mina. Se presume que esto pudo haber generado la explosión y la liberación de gases tóxicos, lo que dificultó que los obreros respiraran.
El hecho se produjo a dos kilómetros y medio de la zona norte de Oyón, camino a Cajatambo, en Lima. De acuerdo con las primeras indagaciones, la falta de implementos de seguridad habría impedido que se salvaran. “Al parecer, todos murieron asfixiados. No se registró ningún derrumbe”, contó a Perú.21 un agente de la comisaría de Oyón. Al cierre de esta edición se hablaba de un sobreviviente: un minero que salió a comprar café.
INFORMALIDAD. Algunas personas intentaron retirar los cadáveres del interior de la mina. Sin embargo, resultaron afectadas por el gas. “Al menos cinco personas estuvieron en observación por una hora debido a problemas respiratorios”, indicó personal de la posta local.
Élmer Ruiz, director de la Dirección Regional de Energía y Minas de Lima Provincias, señaló que las actividades de Gazuna S.A. se desarrollaban de manera informal.
Según los registros del Ministerio de Energía y Minas (MEM), la empresa no contaba con un permiso ambiental para la explotación y exploración de carbón. Por ello, ha recomendado la paralización de actividades y el cierre de la mina.
Los resultados de las investigaciones de la Fiscalía determinarán la denuncia penal contra los dueños de la compañía. Su principal accionista es Efraín Delgado Ruiz.
Diario Perú 21-Lima 04/02/2010
COMUNICADO CNDDHH: EXPROPIACIÓN DISFRAZADA DE SERVIDUMBRE SOBRE TIERRAS COMUNITARIAS
Ante la imposición de una servidumbre minera sobre el territorio de la Comunidad Campesina de El Tingo, en Cajamarca, mediante Resolución Suprema nº 080-2009-EM, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos declara ante la opinión pública lo siguiente:
1.- El procedimiento de servidumbre minera, previsto en el artículo 7 de la Ley General de Minería, permite imponer la actividad minera contra la voluntad de las comunidades campesinas. Este procedimiento existe desde el gobierno de Fujimori, pero muy rara vez se ha utilizado.
2.- La servidumbre minera constituye, en realidad, una expropiación disimulada e inconstitucional.
- Se trata de una expropiación, porque 20 años de actividad minera, incluyendo la instalación de fosas de relaves, suponen la destrucción del terreno utilizado, convirtiendo esta parte del territorio comunal en una zona inservible para la agricultura.
- Esta expropiación de hecho no se inscribe en ninguno de los supuestos constitucionales, ya que se efectúa con el fin de facilitar las actividades de una empresa privada (Coymolache, perteneciente a la compañía minera Buenaventura) y no para realizar un servicio público o proteger la seguridad nacional.
3.- Además, en el caso que nos ocupa no se ha respetado la exigencia constitucional de una justa indemnización a la comunidad campesina afectada, ya que la disposición del Gobierno contempla solo 3,500 dólares por hectárea, y no considera el impacto ambiental y social que sufrirá la comunidad campesina como consecuencia de la actividad minera, teniendo en cuenta a este respecto los antecedentes de la empresa Yanacocha, vinculada al mismo grupo empresarial.
4.-La imposición de la servidumbre minera contraviene claramente el Convenio 169 de la OIT, que establece el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados antes del desarrollo de actividades extractivas en sus territorios, así como el derecho de los pueblos a elegir libremente su modelo de desarrollo. Supone también un claro incumplimiento de las recomendaciones sobre esta materia que recientemente han dado al Gobierno peruano el Relator de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, la OIT, el Comité para la Erradicación de la Discriminación Racial, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, dentro del Perú, la Defensoría del Pueblo.
5.- Más allá de este caso concreto, que supone una clara vulneración de los derechos de la Comunidad de El Tingo, estamos sumamente preocupados por lo que podría ser el anuncio de una nueva estrategia para doblegar la resistencia de las comunidades que, haciendo uso de sus legítimos derechos, se oponen al desarrollo de actividades extractivas en sus territorios.
6.- Como hemos señalado reiteradamente, la injusticia es la principal causa de la creciente conflictividad social, y una política como la que parece anunciarse solo contribuirá a desestabilizar aún más el país y a debilitar nuestra democracia. Hacemos un llamado a las autoridades, y en particular al Gobierno, a actuar con prudencia y responsabilidad, y entre tanto, a no aplicar esta cuestionada resolución suprema.
Derechos Humanos Perú-Lima 03/02/2010
POBLACIÓN DE PULÁN RECHAZA A MINERA LA ZANJA
El alcalde del distrito de Pulán en la provincia de Santa Cruz, organizaciones de la cuenca hidrográfica Chancay, Lambayeque - Zaña y población en general, rechazan la presencia de del proyecto minero La Zanja y reiteran el pedido de anulación de exploración y explotación del proyecto minero ante la presidencia del Consejo de Ministros.
El profesor Celso Santa Cruz Izquierdo, Alcalde Distrital de Pulán, sobre la presencia de la minería en esa zona manifestó que, el proyecto minero no cuenta con la licencia social, así como lo demuestra la Defensoría del Pueblo de Cajamarca y el Ministerio Público de la Provincia de Santa Cruz. Aseveró que por encontrase en cabecera de cuenca, afectaría al medio ambiente, agricultura, ganadería y las cuencas hidrográficas de los afluentes que forman el Rió Chancay; indicó que generaría un grave problema social ya que perjudicaría el proceso de desarrollo agropecuario del 100% del distrito de Pulán y el 69.96% del territorio total de la provincia de Santa Cruz (Estadística de Derechos Mineros Vigentes de INNGEMET - marzo 2009), además perjudicaría 180, 000 hectáreas de cultivo y a 450,000 usuarios de riego aproximadamente del Valle Chancay - Lambayeque.
Manifestó, que la Municipalidad Distrital de Pulán ha elaborado un Plan de Desarrollo Alternativo a la Minería, el mismo que ha sido presentado y consensuado con las instituciones y organizaciones y ciudadanía en general del distrito, donde demuestra que la agricultura y la ganadería es más rentable y sostenible en el tiempo.
Finalmente el alcalde distrital a través de un documento, reiteró su pedido al Primer Ministro de anular el proceso de exploración y explotación del proyecto minero La Zanja en el distrito de Pulán, provincia de Santa Cruz, departamento de Cajamarca, ya que de está manera se está evitando tener posteriores conflictos sociales en este lugar.
Virtual Informativa-Bambamarca 03/02/2010
DESPUÉS DE DOE RUN, QUIÉN SALVARÁ A LA OROYA
Finalmente, y de manera por demás merecida, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) ha procedido a expulsar de sus filas a la estadounidense Doe Run, por la falta de voluntad que esa empresa reiteradamente ha mostrado para solucionar sus problemas y cumplir compromisos adquiridos con el país, sus trabajadores, acreedores, proveedores y sobre todo la comunidad, víctima directa del daño ecológico que generan sus actividades de procesamiento de metales.
Tal vez esta censura debió cumplirse antes. Si bien Doe Run empezó a operar en el Complejo Metalúrgico de La Oroya, en 1997, y en la mina Cobriza de Huancavelica, en 1998, en los últimos años ha faltado permanentemente obligaciones que son vitales.
En el 2001 anunció un agresivo plan de reforestación, pero en el 2005 solicitó al Ministerio de Energía y Minas una primera prórroga, que se le concedió al año siguiente. Desde entonces, ha venido postergando el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), pese a su relevancia para enfrentar esa especie de agonía que padece La Oroya y que la convierte en una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo, con niveles insoportables de azufre en la atmósfera y enormes daños colaterales al sistema ambiental de la sierra central.
Según la SNMPE, Doe Run ha ejecutado el 52% del plan ambiental, pero aún debe invertir 160 millones de dólares más para adecuarse a estándares socioambientales que se niega a desembolsar, aduciendo miles de excusas. Lo mismo sucedió en el 2005, cuando sostuvo que la competencia china le había causado complicaciones financieras y que los problemas ambientales habían superado sus expectativas. Luego, fue la crisis financiera internacional, entre otras excusas.
A estas alturas, lo que el país demanda de manera prioritaria es que Doe Run simplemente abandone el país, aun cuando haya sometido a sus trabajadores a un nefasto círculo vicioso, que los lleva a soportar el paulatino deterioro de su calidad de vida porque la planta de procesamiento es el único trabajo que conocen.
En segundo lugar, el Gobierno tiene que hallar una salida producto de una alianza estratégica con el sector privado. Parafraseando al economista Michael Porter, el desarrollo del Perú solo será posible si el Perú eleva su competitividad. Y para dar ese salto, “el sector empresarial y el Gobierno deben colaborar para ayudar a crecer a todas las industrias existentes y emergentes”.
Al respecto, resulta atendible la propuesta del presidente de la Confiep, Ricardo Briceño, de reconvertir La Oroya en una ciudad industrial. Además, podría estudiarse la aplicación de la ley que exonera del pago del Impuesto a la Renta (IR) a las actividades económicas realizadas en localidades ubicadas por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Además del grave daño ecológico, no olvidemos que en La Oroya subyace un enorme problema social latente que corresponde al Estado atender con el concurso del empresariado y la sociedad civil.
Así como el Perú ha avanzado en el proceso de respetar los contratos con las empresas extranjeras, también tiene que exigir que estas cumplan con lo pactado, más aun cuando en riesgo está la vida de toda una ciudad y sus recursos ambientales.
Diario El Comercio-Lima 03/02/2010
En el yacimiento de carbón de piedra trabajaban nueve obreros. Uno de ellos estaría con vida. Gases tóxicos habrían asfixiado a los trabajadores y a quienes intentaron rescatarlos.
Una explosión en una mina de carbón en la provincia limeña de Oyón habría causado la muerte de ocho trabajadores por asfixia.
Todo ocurrió al promediar la una de la madrugada, cuando nueve obreros se encontraban realizando sus labores diarias de extracción de carbón de piedra.
Según las investigaciones, los trabajadores del yacimiento –de propiedad de Minera Gazuna S.A.– no se habrían percatado de la acumulación de gas en el interior de la mina. Se presume que esto pudo haber generado la explosión y la liberación de gases tóxicos, lo que dificultó que los obreros respiraran.
El hecho se produjo a dos kilómetros y medio de la zona norte de Oyón, camino a Cajatambo, en Lima. De acuerdo con las primeras indagaciones, la falta de implementos de seguridad habría impedido que se salvaran. “Al parecer, todos murieron asfixiados. No se registró ningún derrumbe”, contó a Perú.21 un agente de la comisaría de Oyón. Al cierre de esta edición se hablaba de un sobreviviente: un minero que salió a comprar café.
INFORMALIDAD. Algunas personas intentaron retirar los cadáveres del interior de la mina. Sin embargo, resultaron afectadas por el gas. “Al menos cinco personas estuvieron en observación por una hora debido a problemas respiratorios”, indicó personal de la posta local.
Élmer Ruiz, director de la Dirección Regional de Energía y Minas de Lima Provincias, señaló que las actividades de Gazuna S.A. se desarrollaban de manera informal.
Según los registros del Ministerio de Energía y Minas (MEM), la empresa no contaba con un permiso ambiental para la explotación y exploración de carbón. Por ello, ha recomendado la paralización de actividades y el cierre de la mina.
Los resultados de las investigaciones de la Fiscalía determinarán la denuncia penal contra los dueños de la compañía. Su principal accionista es Efraín Delgado Ruiz.
Diario Perú 21-Lima 04/02/2010
COMUNICADO CNDDHH: EXPROPIACIÓN DISFRAZADA DE SERVIDUMBRE SOBRE TIERRAS COMUNITARIAS
Ante la imposición de una servidumbre minera sobre el territorio de la Comunidad Campesina de El Tingo, en Cajamarca, mediante Resolución Suprema nº 080-2009-EM, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos declara ante la opinión pública lo siguiente:
1.- El procedimiento de servidumbre minera, previsto en el artículo 7 de la Ley General de Minería, permite imponer la actividad minera contra la voluntad de las comunidades campesinas. Este procedimiento existe desde el gobierno de Fujimori, pero muy rara vez se ha utilizado.
2.- La servidumbre minera constituye, en realidad, una expropiación disimulada e inconstitucional.
- Se trata de una expropiación, porque 20 años de actividad minera, incluyendo la instalación de fosas de relaves, suponen la destrucción del terreno utilizado, convirtiendo esta parte del territorio comunal en una zona inservible para la agricultura.
- Esta expropiación de hecho no se inscribe en ninguno de los supuestos constitucionales, ya que se efectúa con el fin de facilitar las actividades de una empresa privada (Coymolache, perteneciente a la compañía minera Buenaventura) y no para realizar un servicio público o proteger la seguridad nacional.
3.- Además, en el caso que nos ocupa no se ha respetado la exigencia constitucional de una justa indemnización a la comunidad campesina afectada, ya que la disposición del Gobierno contempla solo 3,500 dólares por hectárea, y no considera el impacto ambiental y social que sufrirá la comunidad campesina como consecuencia de la actividad minera, teniendo en cuenta a este respecto los antecedentes de la empresa Yanacocha, vinculada al mismo grupo empresarial.
4.-La imposición de la servidumbre minera contraviene claramente el Convenio 169 de la OIT, que establece el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados antes del desarrollo de actividades extractivas en sus territorios, así como el derecho de los pueblos a elegir libremente su modelo de desarrollo. Supone también un claro incumplimiento de las recomendaciones sobre esta materia que recientemente han dado al Gobierno peruano el Relator de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, la OIT, el Comité para la Erradicación de la Discriminación Racial, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, dentro del Perú, la Defensoría del Pueblo.
5.- Más allá de este caso concreto, que supone una clara vulneración de los derechos de la Comunidad de El Tingo, estamos sumamente preocupados por lo que podría ser el anuncio de una nueva estrategia para doblegar la resistencia de las comunidades que, haciendo uso de sus legítimos derechos, se oponen al desarrollo de actividades extractivas en sus territorios.
6.- Como hemos señalado reiteradamente, la injusticia es la principal causa de la creciente conflictividad social, y una política como la que parece anunciarse solo contribuirá a desestabilizar aún más el país y a debilitar nuestra democracia. Hacemos un llamado a las autoridades, y en particular al Gobierno, a actuar con prudencia y responsabilidad, y entre tanto, a no aplicar esta cuestionada resolución suprema.
Derechos Humanos Perú-Lima 03/02/2010
POBLACIÓN DE PULÁN RECHAZA A MINERA LA ZANJA
El alcalde del distrito de Pulán en la provincia de Santa Cruz, organizaciones de la cuenca hidrográfica Chancay, Lambayeque - Zaña y población en general, rechazan la presencia de del proyecto minero La Zanja y reiteran el pedido de anulación de exploración y explotación del proyecto minero ante la presidencia del Consejo de Ministros.
El profesor Celso Santa Cruz Izquierdo, Alcalde Distrital de Pulán, sobre la presencia de la minería en esa zona manifestó que, el proyecto minero no cuenta con la licencia social, así como lo demuestra la Defensoría del Pueblo de Cajamarca y el Ministerio Público de la Provincia de Santa Cruz. Aseveró que por encontrase en cabecera de cuenca, afectaría al medio ambiente, agricultura, ganadería y las cuencas hidrográficas de los afluentes que forman el Rió Chancay; indicó que generaría un grave problema social ya que perjudicaría el proceso de desarrollo agropecuario del 100% del distrito de Pulán y el 69.96% del territorio total de la provincia de Santa Cruz (Estadística de Derechos Mineros Vigentes de INNGEMET - marzo 2009), además perjudicaría 180, 000 hectáreas de cultivo y a 450,000 usuarios de riego aproximadamente del Valle Chancay - Lambayeque.
Manifestó, que la Municipalidad Distrital de Pulán ha elaborado un Plan de Desarrollo Alternativo a la Minería, el mismo que ha sido presentado y consensuado con las instituciones y organizaciones y ciudadanía en general del distrito, donde demuestra que la agricultura y la ganadería es más rentable y sostenible en el tiempo.
Finalmente el alcalde distrital a través de un documento, reiteró su pedido al Primer Ministro de anular el proceso de exploración y explotación del proyecto minero La Zanja en el distrito de Pulán, provincia de Santa Cruz, departamento de Cajamarca, ya que de está manera se está evitando tener posteriores conflictos sociales en este lugar.
Virtual Informativa-Bambamarca 03/02/2010
DESPUÉS DE DOE RUN, QUIÉN SALVARÁ A LA OROYA
Finalmente, y de manera por demás merecida, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) ha procedido a expulsar de sus filas a la estadounidense Doe Run, por la falta de voluntad que esa empresa reiteradamente ha mostrado para solucionar sus problemas y cumplir compromisos adquiridos con el país, sus trabajadores, acreedores, proveedores y sobre todo la comunidad, víctima directa del daño ecológico que generan sus actividades de procesamiento de metales.
Tal vez esta censura debió cumplirse antes. Si bien Doe Run empezó a operar en el Complejo Metalúrgico de La Oroya, en 1997, y en la mina Cobriza de Huancavelica, en 1998, en los últimos años ha faltado permanentemente obligaciones que son vitales.
En el 2001 anunció un agresivo plan de reforestación, pero en el 2005 solicitó al Ministerio de Energía y Minas una primera prórroga, que se le concedió al año siguiente. Desde entonces, ha venido postergando el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), pese a su relevancia para enfrentar esa especie de agonía que padece La Oroya y que la convierte en una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo, con niveles insoportables de azufre en la atmósfera y enormes daños colaterales al sistema ambiental de la sierra central.
Según la SNMPE, Doe Run ha ejecutado el 52% del plan ambiental, pero aún debe invertir 160 millones de dólares más para adecuarse a estándares socioambientales que se niega a desembolsar, aduciendo miles de excusas. Lo mismo sucedió en el 2005, cuando sostuvo que la competencia china le había causado complicaciones financieras y que los problemas ambientales habían superado sus expectativas. Luego, fue la crisis financiera internacional, entre otras excusas.
A estas alturas, lo que el país demanda de manera prioritaria es que Doe Run simplemente abandone el país, aun cuando haya sometido a sus trabajadores a un nefasto círculo vicioso, que los lleva a soportar el paulatino deterioro de su calidad de vida porque la planta de procesamiento es el único trabajo que conocen.
En segundo lugar, el Gobierno tiene que hallar una salida producto de una alianza estratégica con el sector privado. Parafraseando al economista Michael Porter, el desarrollo del Perú solo será posible si el Perú eleva su competitividad. Y para dar ese salto, “el sector empresarial y el Gobierno deben colaborar para ayudar a crecer a todas las industrias existentes y emergentes”.
Al respecto, resulta atendible la propuesta del presidente de la Confiep, Ricardo Briceño, de reconvertir La Oroya en una ciudad industrial. Además, podría estudiarse la aplicación de la ley que exonera del pago del Impuesto a la Renta (IR) a las actividades económicas realizadas en localidades ubicadas por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Además del grave daño ecológico, no olvidemos que en La Oroya subyace un enorme problema social latente que corresponde al Estado atender con el concurso del empresariado y la sociedad civil.
Así como el Perú ha avanzado en el proceso de respetar los contratos con las empresas extranjeras, también tiene que exigir que estas cumplan con lo pactado, más aun cuando en riesgo está la vida de toda una ciudad y sus recursos ambientales.
Diario El Comercio-Lima 03/02/2010