En la mira Tumbes, Cajamarca, Piura, Lambayeque, La Libertad y Áncash enfrentan graves problemas socioambientales y laborales
CONFLICTOS SOCIALES DEBILITAN AL NORTE
El norte esta que arde. De los 260 conflictos que ha registrado la Defensoría del Pueblo en el Perú, 66 están distribuidos en Tumbes (1), Piura (18), Cajamarca (17), La Libertad (9), Lambayeque (5) y Áncash (17). De esta cifra 52 se encuentran activos y 14 están latentes, con el riesgo de reactivarse
Una muestra de que la situación está empeorando es que de los 14 casos nuevos reportados en abril último, nueve tienen lugar en esta zona del `país
La disputa por la administración de la empresa azucarera Agropucalá, en Lambayeque, la oposición de los moradores de Celendín al proyecto minero Conga de Yanacocha en Cajamarca, las protestas de los trabajadores de la minera La Poderosa, en la Libertad y la huelga de los trabajadores de la empresa petrolera Savia Perú, en Piura son algunos de los nuevos conflictos que han surgido el mes pasado y que aún no tienen solución, pese que en algunos casos se ha entablado el diálogo entre las partes
El reporte de los conflictos sociales Nº 74 presentado ayer por la defensoría del pueblo, ha puesto en evidencia la grave situación en el Norte, pues ya se han registrado varios episodios de violencia, como durante el enfrentamiento entre comerciantes informales del Complejo de Mercados de Piura y el municipio provincial, en marzo pasado cuando murieron cinco personas. Este caso todavía no ha sido solucionado pues las mesas de diálogo no han dado resultados concretos.
El único caso que ha sido retirado recientemente de esta lista es el conflicto socioambiental en la provincia de Sechura en Piura, donde los pobladores demandaban la reubicación de antenas de telefonía celular, ante el temor de que se produzcan daños a la salud y al medio ambiente. Esto se debe a la ausencia de actividad de los actores involucrados, mas a que no se haya llegado a una solución
Larga Lista. Áncash tiene 14 conflictos activos. Entre los casos que han desatado esta situación figuran la suspensión del alcalde de Bolognesi por supuestas irregularidades en su gestión y las denuncias de contaminación producida por la empresa Antamina en varias comunidades del distrito de San Marcos.
En la Libertad, destacan la protesta de los pobladores de Sayapullo contra la compañía minera del mismo nombre, los reclamos de los trabajadores de la minera La Poderosa y los excesos de las rondas campesinas en Pataz
Además de la disputa por Agropucalá, Lambayeque enfrenta la oposición de los pobladores de Reque a la instalación de una planta de la minera La Granja-Río Reque y el reclamo de beneficios laborales de los trabajadores de Epsel
En Piura, persiste el rechazo de la población de Huancabamba al retorno del alcalde, el rechazo de los maricultores de Parachique a la explotación de petróleo que realiza Petrotech y la huelga de los trabajadores de la empresa petrolera Savia Perú, entre otros conflictos
Un conflicto nuevo en Cajamarca es el que sostienen los moradores de la provincia de Celendín quienes se oponen al proyecto minera Conga, de la Minera Yanacocha. Aunque se ha iniciado un proceso de diálogo aún no se ha solucionado el problema
La mayoría de los problemas registrados en esta región son socioambientales y están relacionados con la minería. Sólo uno de los 17 es de tipo laboral las empresas comunales de maquinaria pesada de Hualgayoc se oponen a la supervisión de su contratación y de los trabajadores por parte de Gold Fields La Cima
Tumbes cierra la lista con un conflicto socioambiental que ha pasado de activo a latente. En este caso, los pescadores artesanales de la zona costera se oponen a la explotación de petróleo y a la construcción de plataformas en el litoral. Según los hombres de mar, estas actividades afectarían los recursos marinos el medioambiente y sus labores
Además de los conflictos también destacan en el reporte de la defensoría las protestas por otros casos que, en abril, fueron 42 a nivel nacional. En el norte Lambayeque encabezo la lista con cuatro acciones de protesta, seguida por Piura y Áncash
Ante esta situación La Defensoría del Pueblo ha exhortado a los actores sociales, autoridades y entidades competentes a que se busquen mecanismos de diálogo y consenso. Sin embargo el incremento de los conflictos evidencia que muy pocos han hecho caso a esta invocación
Diario Perú 21-Lima 11/05/2010
CRECEN LOS CONFLICTOS SOCIALES
Alerta. Por segundo mes consecutivo. En abril aparecieron 14 nuevos conflictos y 7 casos se reactivaron, según informe mensual de la Defensoría.
Por segundo mes consecutivo los conflictos sociales se incrementaron en el país. Catorce nuevos casos se manifestaron, siete conflictos se reactivaron, y del total de 260 problemas sociales ninguno fue solucionado.
El reporte Nº 74 de Defensoría del Pueblo, correspondiente a abril, señala que la mitad de los catorce nuevos casos es de tipo socioambiental. Los otros seis responden a problemas laborales, mientras que uno tiene origen comunal.
El documento también refiere que la mitad de los 260 conflictos sigue siendo de carácter socioambiental.
Los nuevos casos presentados en abril tienen que ver con la oposición a proyectos mineros, el incumplimiento de acuerdos de las empresas mineras, la exigencia de remediación ambiental, el cierre de operaciones mineras, así como exigencias laborales, denuncias por contaminación minera y despojo de tierras comunales.
El reporte de Defensoría del Pueblo registra a las mineras Yanacocha, Gold Fields, Rumi Maki, Qochapata, Sayapullo, La Poderosa, Raura, Aruntani y a otras como contraparte de los nuevos conflictos sociales. Estos casos se dieron en las regiones de Cajamarca, Cusco, La Libertad, Lima, Pasco, Áncash, Piura, Lima y Puno.
En cuanto a los siete conflictos reactivados, cuatro son de tipo socioambiental y tienen que ver con las empresas Doe Run, Perú LNG, y Volcan.
Los otros tres responden a reclamos al gobierno central (Apurímac), a demandas al gobierno regional (Loreto) y el tercer conflicto reactivado se debe a una demarcación territorial insatisfecha (Puno).
La Defensoría del Pueblo cumplió en abril 160 supervisiones preventivas, 22 acciones de intermediación y dos defensas legales.
El dato
Atención. La Defensoría del Pueblo exhortó al diálogo en los casos de hidroeléctrica de Inambari, petroquímica de Ica, azucarera Pucalá, agua potable en Juliaca y el mercado de Piura.
Diario La República-Lima 11/05/2010
COCACHACRA NO PARTICIPARÁ EN MESA SOBRE PROYECTO TÍA MARÍA
Las autoridades y dirigentes del distrito arequipeño de Cocachacra no participarán en la instalación de la mesa de diálogo, programada para este martes, sobre el proyecto minero Tía María.
Así lo ratificó Julio Gutiérrez, presidente del Frente de Defensa Ambiental de la referida localidad, quien a través de CNR acusó a la empresa Southern Perú de pretender usar la mesa para validar su proyecto minero.
Gutiérrez Zeballos dijo que el gobierno ha trastocado el real sentido de esta mesa técnica, al recordar que tras el paro de abril se acordó que ésta serviría para demostrar la inviabilidad de Tía María.
En cambio, el dirigente señaló que, ahora, Southern Perú quiere utilizar la mesa para levantar las observaciones formuladas desde la sociedad civil a su Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
Más aún, denunció que la compañía ha incumplido con la disposición de suspender todas sus actividades por un lapso de 90 días. Según dijo, la población observa el movimiento de vehículos de Souther Perú, así como el traslado de camiones con agua.
Agregó que semanas atrás le expresaron estas inquietudes al premier Javier Velásquez Quesquén. Sin embargo, aún no reciben respuesta alguna. "Southern quieren que le validen cualquier cosa como trámite administrativo", remarcó.
Finalmente, Gutiérrez emplazó a las autoridades de Arequipa a honrar su compromiso de mediar en defensa de los recursos hídricos del departamento y, en particular, del valle del Tambo.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 11/05/2010
LEY DE CONSULTA GARANTIZA VIDA DE NATIVOS
Obligación. Miembro de OIT dijo que el estado debe aplicarla. Xavier Boudonet aclaró que el Convenio 169 tampoco da a los indígenas el derecho a veto.
Xavier Boudonet, especialista en normas internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, manifestó que el derecho a la consulta garantiza la supervivencia de los pueblos indígenas y que su aplicación es una obligación del Estado.
Boudonet, quien vino a Lima para asistir a un seminario internacional que trató la implementación de este derecho en el Perú y América Latina, aclaró que el Art. 6 del Convenio 169 no atribuye el derecho a veto a los nativos.
Pero señaló que el Estado está en la obligación de abrir un proceso de diálogo, y agregó que el derecho a la consulta es sobre todo un espacio, “casi una negociación en la que las dos partes tienen que esforzarse por llegar a un acuerdo”.
Para ello, dijo, el proceso de consulta tiene que ser previo a la licitación, porque este es susceptible a afectar derechos indígenas
Diario La República-Lima 11/05/2010
NATIVOS CONSIDERAN QUE LLAMADO A RECONCILIACIÓN FUE SÓLO PARA LA TRIBUNA
Las propuestas de diálogo formuladas por el gobierno a los pueblos indígenas después de los hechos del 5 de junio del 2009 en Bagua (Amazonas), han sido meros saludos a la tribuna.
Así lo sostuvo Salomón Awanash, vocero de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), quien a través de CNR lamentó el escaso avance para reconocer los derechos de las comunidades a un año de los luctuosos acontecimientos en Curva del Diablo.
Awanash refirió que, a menos de un mes de conmemorarse el primer aniversario de aquella jornada, el Ejecutivo no cumple aún con las indemnizaciones para los familiares de la treintena de caídos -entre policías y civiles.
De igual manera, denunció que el Ejecutivo no demuestra mayor interés por reconocer el derecho de las comunidades de una consulta previa, libre e informada, tal como lo disponen los convenios internacionales suscritos por el Estado peruano.
Es por ello que el 5 de junio se llevará a cabo, en Amazonas, una marcha pacífica donde participarán líderes y lideresas de distintas organizaciones de la región para recordar este evento, que calificó como una "marca histórica".
Agregó que, próximamente, AIDESEP convocará a un congreso nacional de pueblos indígenas, donde acordarán las acciones con miras a llevar sus reclamos a las Naciones Unidas y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La ocasión será propicia, también, para debatir los decretos legislativos, origen de las protestas de las comunidades de la selva el año pasado, y que a la fecha siguen sin ser derogados.
"Si no son derogados, en este congreso nacional, se analizarán y seguramente se tomarán acuerdos", acotó.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 10/05/2010
CONFLICTOS SOCIALES DEBILITAN AL NORTE
El norte esta que arde. De los 260 conflictos que ha registrado la Defensoría del Pueblo en el Perú, 66 están distribuidos en Tumbes (1), Piura (18), Cajamarca (17), La Libertad (9), Lambayeque (5) y Áncash (17). De esta cifra 52 se encuentran activos y 14 están latentes, con el riesgo de reactivarse
Una muestra de que la situación está empeorando es que de los 14 casos nuevos reportados en abril último, nueve tienen lugar en esta zona del `país
La disputa por la administración de la empresa azucarera Agropucalá, en Lambayeque, la oposición de los moradores de Celendín al proyecto minero Conga de Yanacocha en Cajamarca, las protestas de los trabajadores de la minera La Poderosa, en la Libertad y la huelga de los trabajadores de la empresa petrolera Savia Perú, en Piura son algunos de los nuevos conflictos que han surgido el mes pasado y que aún no tienen solución, pese que en algunos casos se ha entablado el diálogo entre las partes
El reporte de los conflictos sociales Nº 74 presentado ayer por la defensoría del pueblo, ha puesto en evidencia la grave situación en el Norte, pues ya se han registrado varios episodios de violencia, como durante el enfrentamiento entre comerciantes informales del Complejo de Mercados de Piura y el municipio provincial, en marzo pasado cuando murieron cinco personas. Este caso todavía no ha sido solucionado pues las mesas de diálogo no han dado resultados concretos.
El único caso que ha sido retirado recientemente de esta lista es el conflicto socioambiental en la provincia de Sechura en Piura, donde los pobladores demandaban la reubicación de antenas de telefonía celular, ante el temor de que se produzcan daños a la salud y al medio ambiente. Esto se debe a la ausencia de actividad de los actores involucrados, mas a que no se haya llegado a una solución
Larga Lista. Áncash tiene 14 conflictos activos. Entre los casos que han desatado esta situación figuran la suspensión del alcalde de Bolognesi por supuestas irregularidades en su gestión y las denuncias de contaminación producida por la empresa Antamina en varias comunidades del distrito de San Marcos.
En la Libertad, destacan la protesta de los pobladores de Sayapullo contra la compañía minera del mismo nombre, los reclamos de los trabajadores de la minera La Poderosa y los excesos de las rondas campesinas en Pataz
Además de la disputa por Agropucalá, Lambayeque enfrenta la oposición de los pobladores de Reque a la instalación de una planta de la minera La Granja-Río Reque y el reclamo de beneficios laborales de los trabajadores de Epsel
En Piura, persiste el rechazo de la población de Huancabamba al retorno del alcalde, el rechazo de los maricultores de Parachique a la explotación de petróleo que realiza Petrotech y la huelga de los trabajadores de la empresa petrolera Savia Perú, entre otros conflictos
Un conflicto nuevo en Cajamarca es el que sostienen los moradores de la provincia de Celendín quienes se oponen al proyecto minera Conga, de la Minera Yanacocha. Aunque se ha iniciado un proceso de diálogo aún no se ha solucionado el problema
La mayoría de los problemas registrados en esta región son socioambientales y están relacionados con la minería. Sólo uno de los 17 es de tipo laboral las empresas comunales de maquinaria pesada de Hualgayoc se oponen a la supervisión de su contratación y de los trabajadores por parte de Gold Fields La Cima
Tumbes cierra la lista con un conflicto socioambiental que ha pasado de activo a latente. En este caso, los pescadores artesanales de la zona costera se oponen a la explotación de petróleo y a la construcción de plataformas en el litoral. Según los hombres de mar, estas actividades afectarían los recursos marinos el medioambiente y sus labores
Además de los conflictos también destacan en el reporte de la defensoría las protestas por otros casos que, en abril, fueron 42 a nivel nacional. En el norte Lambayeque encabezo la lista con cuatro acciones de protesta, seguida por Piura y Áncash
Ante esta situación La Defensoría del Pueblo ha exhortado a los actores sociales, autoridades y entidades competentes a que se busquen mecanismos de diálogo y consenso. Sin embargo el incremento de los conflictos evidencia que muy pocos han hecho caso a esta invocación
Diario Perú 21-Lima 11/05/2010
CRECEN LOS CONFLICTOS SOCIALES
Alerta. Por segundo mes consecutivo. En abril aparecieron 14 nuevos conflictos y 7 casos se reactivaron, según informe mensual de la Defensoría.
Por segundo mes consecutivo los conflictos sociales se incrementaron en el país. Catorce nuevos casos se manifestaron, siete conflictos se reactivaron, y del total de 260 problemas sociales ninguno fue solucionado.
El reporte Nº 74 de Defensoría del Pueblo, correspondiente a abril, señala que la mitad de los catorce nuevos casos es de tipo socioambiental. Los otros seis responden a problemas laborales, mientras que uno tiene origen comunal.
El documento también refiere que la mitad de los 260 conflictos sigue siendo de carácter socioambiental.
Los nuevos casos presentados en abril tienen que ver con la oposición a proyectos mineros, el incumplimiento de acuerdos de las empresas mineras, la exigencia de remediación ambiental, el cierre de operaciones mineras, así como exigencias laborales, denuncias por contaminación minera y despojo de tierras comunales.
El reporte de Defensoría del Pueblo registra a las mineras Yanacocha, Gold Fields, Rumi Maki, Qochapata, Sayapullo, La Poderosa, Raura, Aruntani y a otras como contraparte de los nuevos conflictos sociales. Estos casos se dieron en las regiones de Cajamarca, Cusco, La Libertad, Lima, Pasco, Áncash, Piura, Lima y Puno.
En cuanto a los siete conflictos reactivados, cuatro son de tipo socioambiental y tienen que ver con las empresas Doe Run, Perú LNG, y Volcan.
Los otros tres responden a reclamos al gobierno central (Apurímac), a demandas al gobierno regional (Loreto) y el tercer conflicto reactivado se debe a una demarcación territorial insatisfecha (Puno).
La Defensoría del Pueblo cumplió en abril 160 supervisiones preventivas, 22 acciones de intermediación y dos defensas legales.
El dato
Atención. La Defensoría del Pueblo exhortó al diálogo en los casos de hidroeléctrica de Inambari, petroquímica de Ica, azucarera Pucalá, agua potable en Juliaca y el mercado de Piura.
Diario La República-Lima 11/05/2010
COCACHACRA NO PARTICIPARÁ EN MESA SOBRE PROYECTO TÍA MARÍA
Las autoridades y dirigentes del distrito arequipeño de Cocachacra no participarán en la instalación de la mesa de diálogo, programada para este martes, sobre el proyecto minero Tía María.
Así lo ratificó Julio Gutiérrez, presidente del Frente de Defensa Ambiental de la referida localidad, quien a través de CNR acusó a la empresa Southern Perú de pretender usar la mesa para validar su proyecto minero.
Gutiérrez Zeballos dijo que el gobierno ha trastocado el real sentido de esta mesa técnica, al recordar que tras el paro de abril se acordó que ésta serviría para demostrar la inviabilidad de Tía María.
En cambio, el dirigente señaló que, ahora, Southern Perú quiere utilizar la mesa para levantar las observaciones formuladas desde la sociedad civil a su Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
Más aún, denunció que la compañía ha incumplido con la disposición de suspender todas sus actividades por un lapso de 90 días. Según dijo, la población observa el movimiento de vehículos de Souther Perú, así como el traslado de camiones con agua.
Agregó que semanas atrás le expresaron estas inquietudes al premier Javier Velásquez Quesquén. Sin embargo, aún no reciben respuesta alguna. "Southern quieren que le validen cualquier cosa como trámite administrativo", remarcó.
Finalmente, Gutiérrez emplazó a las autoridades de Arequipa a honrar su compromiso de mediar en defensa de los recursos hídricos del departamento y, en particular, del valle del Tambo.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 11/05/2010
LEY DE CONSULTA GARANTIZA VIDA DE NATIVOS
Obligación. Miembro de OIT dijo que el estado debe aplicarla. Xavier Boudonet aclaró que el Convenio 169 tampoco da a los indígenas el derecho a veto.
Xavier Boudonet, especialista en normas internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, manifestó que el derecho a la consulta garantiza la supervivencia de los pueblos indígenas y que su aplicación es una obligación del Estado.
Boudonet, quien vino a Lima para asistir a un seminario internacional que trató la implementación de este derecho en el Perú y América Latina, aclaró que el Art. 6 del Convenio 169 no atribuye el derecho a veto a los nativos.
Pero señaló que el Estado está en la obligación de abrir un proceso de diálogo, y agregó que el derecho a la consulta es sobre todo un espacio, “casi una negociación en la que las dos partes tienen que esforzarse por llegar a un acuerdo”.
Para ello, dijo, el proceso de consulta tiene que ser previo a la licitación, porque este es susceptible a afectar derechos indígenas
Diario La República-Lima 11/05/2010
NATIVOS CONSIDERAN QUE LLAMADO A RECONCILIACIÓN FUE SÓLO PARA LA TRIBUNA
Las propuestas de diálogo formuladas por el gobierno a los pueblos indígenas después de los hechos del 5 de junio del 2009 en Bagua (Amazonas), han sido meros saludos a la tribuna.
Así lo sostuvo Salomón Awanash, vocero de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), quien a través de CNR lamentó el escaso avance para reconocer los derechos de las comunidades a un año de los luctuosos acontecimientos en Curva del Diablo.
Awanash refirió que, a menos de un mes de conmemorarse el primer aniversario de aquella jornada, el Ejecutivo no cumple aún con las indemnizaciones para los familiares de la treintena de caídos -entre policías y civiles.
De igual manera, denunció que el Ejecutivo no demuestra mayor interés por reconocer el derecho de las comunidades de una consulta previa, libre e informada, tal como lo disponen los convenios internacionales suscritos por el Estado peruano.
Es por ello que el 5 de junio se llevará a cabo, en Amazonas, una marcha pacífica donde participarán líderes y lideresas de distintas organizaciones de la región para recordar este evento, que calificó como una "marca histórica".
Agregó que, próximamente, AIDESEP convocará a un congreso nacional de pueblos indígenas, donde acordarán las acciones con miras a llevar sus reclamos a las Naciones Unidas y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La ocasión será propicia, también, para debatir los decretos legislativos, origen de las protestas de las comunidades de la selva el año pasado, y que a la fecha siguen sin ser derogados.
"Si no son derogados, en este congreso nacional, se analizarán y seguramente se tomarán acuerdos", acotó.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 10/05/2010