Dragar el cauce de los ríos para remediar materia tóxica en Huancavelica, propone experto.
SOLUCIÓN AL DERRAME
El pasado viernes 25 de junio, la ruptura del dique de contención de la planta de relave “A” de la empresa Caudalosa Chica originó que un volumen de 50 mil metros cúbicos de relave se vertiera sobre el río Huachocolpa, afectando más de mil 500 hectáreas de terreno aguas abajo y a alrededor de cuatro mil 100 usuarios directos, llegando hasta los ríos Opamayo, Lircay, Urubamba, Cachi y Mantaro.
En una emisora de radio, Guy Carvajal, profesor del curso de biorremediación de la facultad de ingeniería ambiental de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), planteó que se realice un dragado de los fondos para eliminar toda la materia tóxica.
“Para el problema actual de la contaminación del río lo que se tiene que hacer es tratar de restaurar el cauce del río, es decir hacer el dragado de los fondos, de los sedimentos, tratar de eliminar toda esta materia tóxica que ha venido”, dijo.
“Ese sedimento se puede llevar a canchas de relave y se puede volver a tratar eso mediante el uso de vegetación, se puede acostumbrar a cierto tipo de organismos como las plantas a que se pueda a través de canales o de zanjas que se puedan hacer los llamados humedales en los cuales se restaura un poco la relación que se hace entre bacterias, hongos que viven en las raíces de las plantas”, precisó Carvajal.
En otro momento, Manuel Pulgar Vidal director ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental subrayó en “Ampliación del domingo” la situación de pobreza que se vive en la región. “Huancavelica es una región con minería histórica, es más, las famosas minas de azogue que se utilizaban para luego llevarlas a las minas de Potosí, durante la Colonia, están en esta región y efectivamente hay una actividad minera por años. Huancavelica es la región más pobre del país, más del 85% en condiciones de pobreza y algunos de los distritos afectados por estos relaves, uno de ellos Anchonga, que es uno de los distritos más pobres del país, con el 91% de la población en condiciones de pobreza”, aseguró.
Sobre el particular, Pulgar Vidal indicó que se deben ejecutar una serie de acciones desde el punto de vista legal. “Acá es necesaria una declaratoria de emergencia ambiental, porque se necesitan acciones de corto plazo por lo menos para asegurar la calidad de vida de la población y su salud, eso es lo más urgente”, precisó.
“Lo segundo, dentro de lo que es el derecho penal cuando uno piensa en tipificación de delitos, aquí no solamente hay una cuestión de exceso de límites máximos permisibles, sino el hecho de que no se haya avisado oportunamente a la población y haya utilizado esta agua para beber, para su ganado o para riego, que esto ocurrió en la noche y al día siguiente sin la debida información, esta población se ha visto expuesta a una contaminación”, continuó.
“Lo tercero y lo más importante, es una situación típica es crónica de una muerte anunciada. Estas empresas mineras están actuando con muy poca responsabilidad y Osinergmin había hecho un monitoreo inopinado a la zona de Huancavelica y además Apoyo consultoría había hecho un informe sobre el tema del comportamiento ambiental y si se lee estos informes son dramáticos. En la zona donde hay dos grandes yacimientos Huachocolpa y San Genaro el nivel de cumplimiento de la normatividad ambiental no llega ni al 50%”, puntualizó.
Diario La Primera-Lima 05/07/2010
PADRE PAUL MC AULEY APELARÁ LA ORDEN DE SU EXPULSIÓN DEL PAÍS
Descargo. Niega haber cometido faltas, pues su trabajo está en la línea de la iglesia católica. Religioso británico señaló que todas las acusaciones que ha recibido del gobierno se tendrán que aclarar. Niega presidir una ONG.
El padre Paul John Mc Auley rechazó las acusaciones del premier Javier Velásquez Quesquén sobre una supuesta labor para promover protestas contra el gobierno, y anunció que hoy iniciará junto a sus abogados la apelación de los cargos que le ha formulado la División de Seguridad del Estado por, supuestamente, haber violado la Ley de Extranjería.
En declaraciones para La República, el sacerdote británico señaló que todas las acusaciones que ha recibido del gobierno se tendrán que aclarar. Mc Auley precisó que la organización que preside, Red Ambiental Loretana, no es una ONG –como lo ha señalado Velásquez Quesquén– sino una asociación civil.
“Si se ve, los apoyos para proyectos son muy pocos. Todos somos voluntarios, no somos una institución de gente que gana sueldos, el único que gana sueldo es el encargado de la página web”, afirmó el sacerdote.
Asimismo, Paul John Mc Auley manifestó que todo el trabajo que ha realizado, como miembro de la Iglesia, durante estos años a favor de las comunidades amazónicas, ha estado dirigido bajo los lineamientos de la Iglesia Católica, precisados en el Concilio Vaticano II, y lo establecido por la Conferencia Episcopal Peruana en lo que respecta a la defensa de los derechos humanos y del medio ambiente.
El religioso indicó que, desde que se hizo público su caso, ha tenido contacto con los obispos de la amazonía, así como con el vicariato de San José –Iquitos–, quienes le han expresado su respaldo frente a la orden de expulsión del país. Además, indicó que dichas autoridades se pronunciarían oficialmente en las próximas horas en contra de la medida del gobierno.
Acciones legales
El padre Mc Auley anunció que en las primeras horas de hoy se acercará junto a sus abogados a las oficinas de la División de Seguridad del Estado de Iquitos, a fin de solicitar el atestado que ha servido de base para la cancelación de su residencia en el país para así poder apelar la resolución en su contra.
“Difícilmente los abogados pueden defenderme si no tienen los detalles ni los cargos levantados en mi contra”, apuntó.
El religioso cuenta con el apoyo legal de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), así como del vicariato de Iquitos y de la Congregación de Hermanos de La Salle, a la cual pertenece.
La medida contra el padre Mc Auley también ha sido rechazada por organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Ronald Gamarra, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, dijo que el religioso no ha cometido ninguna falta contra la Ley de Extranjería y que, por lo tanto, el gobierno debería revocar la medida.
Pronunciamiento oficial
Por su parte, el premier Javier Velásquez Quesquén volvió a hablar del tema y dejó abierta la posibilidad de que la defensa del padre Mc Auley apele la resolución de la Dirección General de Migraciones que le canceló la residencia y ordenó su salida del país.
“Es un acto administrativo que puede ser apelado”, expresó.
Sin embargo, Velásquez indicó que la decisión fue tomada en el marco de la ley y de los convenios internacionales, de los cuales –puntualizó– nuestro país es respetuoso tanto en lo correspondiente a los derechos como a las obligaciones.
“El Perú es muy respetuoso del principio internacionalmente reconocido de no intervención en los asuntos internos de cada uno de los países de la comunidad internacional”, agregó.
Claves
Labor. La Red Ambientalista Loretana es una asociación que busca el manejo justo y sostenible de los recursos naturales de la selva. Como parte de ese trabajo han visitado colegios y universidades para realizar campañas de concientización.
Cargos. Según las autoridades, la institución que preside Mc Auley maneja fondos de la cooperación internacional y ha participado en protestas contra el gobierno por temas amazónicos.
“Es una afrenta a nuestra misión”
La Conferencia de Religiosos del Perú expresó su indignación ante la expulsión de nuestro país del padre Paul John Mc Auley, pues calificaron esa medida como un grave atentado contra la democracia en el país y contra el convenio suscrito entre el Estado Peruano y la Santa Sede. Además, señalaron que la expulsión de Mc Auley “es sentida por los miles de religiosos peruanos como una seria afrenta a nuestra misión”.
Por su parte, la secretaria ejecutiva de la organización medioambientalista Red Muqui, Ana Leyva, señaló que el pedido de expulsión del padre Mc Auley es un acto de arbitrariedad del gobierno, pues el religioso solo realizaba una labor para que los nativos de la amazonía tengan una opinión crítica y participen en las decisiones del Estado sobre su territorio.
Diario La República-Lima 05/07/2010
SOLUCIÓN AL DERRAME
El pasado viernes 25 de junio, la ruptura del dique de contención de la planta de relave “A” de la empresa Caudalosa Chica originó que un volumen de 50 mil metros cúbicos de relave se vertiera sobre el río Huachocolpa, afectando más de mil 500 hectáreas de terreno aguas abajo y a alrededor de cuatro mil 100 usuarios directos, llegando hasta los ríos Opamayo, Lircay, Urubamba, Cachi y Mantaro.
En una emisora de radio, Guy Carvajal, profesor del curso de biorremediación de la facultad de ingeniería ambiental de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), planteó que se realice un dragado de los fondos para eliminar toda la materia tóxica.
“Para el problema actual de la contaminación del río lo que se tiene que hacer es tratar de restaurar el cauce del río, es decir hacer el dragado de los fondos, de los sedimentos, tratar de eliminar toda esta materia tóxica que ha venido”, dijo.
“Ese sedimento se puede llevar a canchas de relave y se puede volver a tratar eso mediante el uso de vegetación, se puede acostumbrar a cierto tipo de organismos como las plantas a que se pueda a través de canales o de zanjas que se puedan hacer los llamados humedales en los cuales se restaura un poco la relación que se hace entre bacterias, hongos que viven en las raíces de las plantas”, precisó Carvajal.
En otro momento, Manuel Pulgar Vidal director ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental subrayó en “Ampliación del domingo” la situación de pobreza que se vive en la región. “Huancavelica es una región con minería histórica, es más, las famosas minas de azogue que se utilizaban para luego llevarlas a las minas de Potosí, durante la Colonia, están en esta región y efectivamente hay una actividad minera por años. Huancavelica es la región más pobre del país, más del 85% en condiciones de pobreza y algunos de los distritos afectados por estos relaves, uno de ellos Anchonga, que es uno de los distritos más pobres del país, con el 91% de la población en condiciones de pobreza”, aseguró.
Sobre el particular, Pulgar Vidal indicó que se deben ejecutar una serie de acciones desde el punto de vista legal. “Acá es necesaria una declaratoria de emergencia ambiental, porque se necesitan acciones de corto plazo por lo menos para asegurar la calidad de vida de la población y su salud, eso es lo más urgente”, precisó.
“Lo segundo, dentro de lo que es el derecho penal cuando uno piensa en tipificación de delitos, aquí no solamente hay una cuestión de exceso de límites máximos permisibles, sino el hecho de que no se haya avisado oportunamente a la población y haya utilizado esta agua para beber, para su ganado o para riego, que esto ocurrió en la noche y al día siguiente sin la debida información, esta población se ha visto expuesta a una contaminación”, continuó.
“Lo tercero y lo más importante, es una situación típica es crónica de una muerte anunciada. Estas empresas mineras están actuando con muy poca responsabilidad y Osinergmin había hecho un monitoreo inopinado a la zona de Huancavelica y además Apoyo consultoría había hecho un informe sobre el tema del comportamiento ambiental y si se lee estos informes son dramáticos. En la zona donde hay dos grandes yacimientos Huachocolpa y San Genaro el nivel de cumplimiento de la normatividad ambiental no llega ni al 50%”, puntualizó.
Diario La Primera-Lima 05/07/2010
PADRE PAUL MC AULEY APELARÁ LA ORDEN DE SU EXPULSIÓN DEL PAÍS
Descargo. Niega haber cometido faltas, pues su trabajo está en la línea de la iglesia católica. Religioso británico señaló que todas las acusaciones que ha recibido del gobierno se tendrán que aclarar. Niega presidir una ONG.
El padre Paul John Mc Auley rechazó las acusaciones del premier Javier Velásquez Quesquén sobre una supuesta labor para promover protestas contra el gobierno, y anunció que hoy iniciará junto a sus abogados la apelación de los cargos que le ha formulado la División de Seguridad del Estado por, supuestamente, haber violado la Ley de Extranjería.
En declaraciones para La República, el sacerdote británico señaló que todas las acusaciones que ha recibido del gobierno se tendrán que aclarar. Mc Auley precisó que la organización que preside, Red Ambiental Loretana, no es una ONG –como lo ha señalado Velásquez Quesquén– sino una asociación civil.
“Si se ve, los apoyos para proyectos son muy pocos. Todos somos voluntarios, no somos una institución de gente que gana sueldos, el único que gana sueldo es el encargado de la página web”, afirmó el sacerdote.
Asimismo, Paul John Mc Auley manifestó que todo el trabajo que ha realizado, como miembro de la Iglesia, durante estos años a favor de las comunidades amazónicas, ha estado dirigido bajo los lineamientos de la Iglesia Católica, precisados en el Concilio Vaticano II, y lo establecido por la Conferencia Episcopal Peruana en lo que respecta a la defensa de los derechos humanos y del medio ambiente.
El religioso indicó que, desde que se hizo público su caso, ha tenido contacto con los obispos de la amazonía, así como con el vicariato de San José –Iquitos–, quienes le han expresado su respaldo frente a la orden de expulsión del país. Además, indicó que dichas autoridades se pronunciarían oficialmente en las próximas horas en contra de la medida del gobierno.
Acciones legales
El padre Mc Auley anunció que en las primeras horas de hoy se acercará junto a sus abogados a las oficinas de la División de Seguridad del Estado de Iquitos, a fin de solicitar el atestado que ha servido de base para la cancelación de su residencia en el país para así poder apelar la resolución en su contra.
“Difícilmente los abogados pueden defenderme si no tienen los detalles ni los cargos levantados en mi contra”, apuntó.
El religioso cuenta con el apoyo legal de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), así como del vicariato de Iquitos y de la Congregación de Hermanos de La Salle, a la cual pertenece.
La medida contra el padre Mc Auley también ha sido rechazada por organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Ronald Gamarra, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, dijo que el religioso no ha cometido ninguna falta contra la Ley de Extranjería y que, por lo tanto, el gobierno debería revocar la medida.
Pronunciamiento oficial
Por su parte, el premier Javier Velásquez Quesquén volvió a hablar del tema y dejó abierta la posibilidad de que la defensa del padre Mc Auley apele la resolución de la Dirección General de Migraciones que le canceló la residencia y ordenó su salida del país.
“Es un acto administrativo que puede ser apelado”, expresó.
Sin embargo, Velásquez indicó que la decisión fue tomada en el marco de la ley y de los convenios internacionales, de los cuales –puntualizó– nuestro país es respetuoso tanto en lo correspondiente a los derechos como a las obligaciones.
“El Perú es muy respetuoso del principio internacionalmente reconocido de no intervención en los asuntos internos de cada uno de los países de la comunidad internacional”, agregó.
Claves
Labor. La Red Ambientalista Loretana es una asociación que busca el manejo justo y sostenible de los recursos naturales de la selva. Como parte de ese trabajo han visitado colegios y universidades para realizar campañas de concientización.
Cargos. Según las autoridades, la institución que preside Mc Auley maneja fondos de la cooperación internacional y ha participado en protestas contra el gobierno por temas amazónicos.
“Es una afrenta a nuestra misión”
La Conferencia de Religiosos del Perú expresó su indignación ante la expulsión de nuestro país del padre Paul John Mc Auley, pues calificaron esa medida como un grave atentado contra la democracia en el país y contra el convenio suscrito entre el Estado Peruano y la Santa Sede. Además, señalaron que la expulsión de Mc Auley “es sentida por los miles de religiosos peruanos como una seria afrenta a nuestra misión”.
Por su parte, la secretaria ejecutiva de la organización medioambientalista Red Muqui, Ana Leyva, señaló que el pedido de expulsión del padre Mc Auley es un acto de arbitrariedad del gobierno, pues el religioso solo realizaba una labor para que los nativos de la amazonía tengan una opinión crítica y participen en las decisiones del Estado sobre su territorio.
Diario La República-Lima 05/07/2010