APUS DEL RÍO MARAÑÓN PROTESTAN CONTRA DESATENCIÓN DE PLUSPETROL
A las 3 de la tarde de hoy 62 apus o jefes tradicionales protestarán en la ciudad de Iquitos contra la empresa Plus Petrol y el Estado Peruano por no atender a los afectados del derrame de petróleo en el río Marañón, el pasado 19 de junio.
La marcha se iniciará en la Plaza 28 de Julio y luego se dirigirá hacia el local de Plus Petrol donde se realizará un plantón con apoyo de organizaciones y redes sociales locales.
Alfonso López, presidente de la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (ACODESPA), informó que tomaron esta medida luego una reunión con los representantes de la empresa donde no se llegó a ningún acuerdo.
El encuentro se realizó el sábado 17 de julio en las instalaciones del Vicariato de San José del Amazonas con representantes de la empresa quienes evadieron asumir compromisos.
“A pesar que les explicamos que la medicina y los alimentos no llegan, no dieron ninguna salida concreta” señaló López.
La empresa respondió que “las medicinas deben ser coordinadas con el Ministerio de Salud” y “en Iquitos no hay la cantidad suficiente de alimentos para abastecer a la zona afectada. Se tiene que traer de Lima, pero para esto se necesita de un avión del que no disponemos” informó López.
“La población está muy enferma. Hay problemas de diarrea, vómitos, dolores de cuerpo, de estómago y de cabeza. Además, hay enfermedades de la piel” y ninguna autoridad del Estado ni la empresa toma acciones concretas, agregó.
Los representantes de la empresa se excusaron en que no tienen la logística necesaria para atender a todas las comunidades afectadas.
El presidente de ACODESPA calificó de “burla para los pueblos” la actitud de la empresa que ofreció una respuesta para esta semana.
“No existe un plan de contingencia, los mismos pobladores sacaron las plantas acuáticas llenas de petróleo”, prosiguió López.
“La empresa echó unos químicos que asentaron el petróleo y que ahora recién sale a flote con el aumento del nivel del río y es jalado por la corriente” indicó.
Por ello, también exigen que no se siga utilizando el río para transportar el crudo. “Hay otros medios que se pueden emplear sin el riesgo de ocasionar esos derrames”, expresó el dirigente, quién anunció que continuarán con las denuncias y exigirán las indemnizaciones que correspondan.
Servindi-Lima 20/07/2010
DIRIGENTES INDÍGENAS INICIAN ACCIONES DE PROTESTA CONTRA PLUSPETROL
Un grupo de 72 jefes comunales de los distritos de Parinari y Urarinas (Loreto) iniciarán desde hoy acciones de protesta contra la empresa argentina Pluspetrol, responsable del derrame de crudo ocurrido el 19 de junio en Saramuro.
Alfonso López, presidente de la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca, precisó que una de las primeras acciones será una movilización hacia la oficina de Pluspetrol -ubicada en Iquitos- la misma que contará con respaldo de varias organizaciones de base de la región.
“Esta tarde nos concentraremos en la Plaza 28 de Julio junto a 72 apus y 30 pobladores provenientes del río Marañón. Vamos a marchar en protesta contra Pluspetrol, ante la falta de seriedad y apoyo respecto a las acciones que han debido tomar para evitar más contaminación en la zona del derrame de petróleo”, señaló.
El dirigente sostuvo que estas acciones de lucha se vienen implementando luego que el último fin de semana, la petrolera argentina les dijera que no tienen recursos para atender a la población afectada, lo que generó indignación entre los líderes indígenas que se encuentran en Iquitos reclamando atención para sus comunidades.
“Sólo prometen y nada más. En la reunión que tuvimos con los funcionarios de la compañía, les explicamos que la medicina no llega, ni los alimentos; entonces, indicaron que las medicinas deben ser coordinadas a través del Ministerio de Salud. Respecto a los alimentos dicen que acá en Iquitos no hay suficiente como para abastecer a toda la zona que está afectada y que tienen que traer de Lima y para eso necesitan el apoyo de un avión y que por ahora no tienen el avión, lo cual pues es una burla si tenemos en cuenta las ingentes ganancias de esta empresa”, cuestionó.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 20/07/2010
A las 3 de la tarde de hoy 62 apus o jefes tradicionales protestarán en la ciudad de Iquitos contra la empresa Plus Petrol y el Estado Peruano por no atender a los afectados del derrame de petróleo en el río Marañón, el pasado 19 de junio.
La marcha se iniciará en la Plaza 28 de Julio y luego se dirigirá hacia el local de Plus Petrol donde se realizará un plantón con apoyo de organizaciones y redes sociales locales.
Alfonso López, presidente de la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (ACODESPA), informó que tomaron esta medida luego una reunión con los representantes de la empresa donde no se llegó a ningún acuerdo.
El encuentro se realizó el sábado 17 de julio en las instalaciones del Vicariato de San José del Amazonas con representantes de la empresa quienes evadieron asumir compromisos.
“A pesar que les explicamos que la medicina y los alimentos no llegan, no dieron ninguna salida concreta” señaló López.
La empresa respondió que “las medicinas deben ser coordinadas con el Ministerio de Salud” y “en Iquitos no hay la cantidad suficiente de alimentos para abastecer a la zona afectada. Se tiene que traer de Lima, pero para esto se necesita de un avión del que no disponemos” informó López.
“La población está muy enferma. Hay problemas de diarrea, vómitos, dolores de cuerpo, de estómago y de cabeza. Además, hay enfermedades de la piel” y ninguna autoridad del Estado ni la empresa toma acciones concretas, agregó.
Los representantes de la empresa se excusaron en que no tienen la logística necesaria para atender a todas las comunidades afectadas.
El presidente de ACODESPA calificó de “burla para los pueblos” la actitud de la empresa que ofreció una respuesta para esta semana.
“No existe un plan de contingencia, los mismos pobladores sacaron las plantas acuáticas llenas de petróleo”, prosiguió López.
“La empresa echó unos químicos que asentaron el petróleo y que ahora recién sale a flote con el aumento del nivel del río y es jalado por la corriente” indicó.
Por ello, también exigen que no se siga utilizando el río para transportar el crudo. “Hay otros medios que se pueden emplear sin el riesgo de ocasionar esos derrames”, expresó el dirigente, quién anunció que continuarán con las denuncias y exigirán las indemnizaciones que correspondan.
Servindi-Lima 20/07/2010
DIRIGENTES INDÍGENAS INICIAN ACCIONES DE PROTESTA CONTRA PLUSPETROL
Un grupo de 72 jefes comunales de los distritos de Parinari y Urarinas (Loreto) iniciarán desde hoy acciones de protesta contra la empresa argentina Pluspetrol, responsable del derrame de crudo ocurrido el 19 de junio en Saramuro.
Alfonso López, presidente de la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca, precisó que una de las primeras acciones será una movilización hacia la oficina de Pluspetrol -ubicada en Iquitos- la misma que contará con respaldo de varias organizaciones de base de la región.
“Esta tarde nos concentraremos en la Plaza 28 de Julio junto a 72 apus y 30 pobladores provenientes del río Marañón. Vamos a marchar en protesta contra Pluspetrol, ante la falta de seriedad y apoyo respecto a las acciones que han debido tomar para evitar más contaminación en la zona del derrame de petróleo”, señaló.
El dirigente sostuvo que estas acciones de lucha se vienen implementando luego que el último fin de semana, la petrolera argentina les dijera que no tienen recursos para atender a la población afectada, lo que generó indignación entre los líderes indígenas que se encuentran en Iquitos reclamando atención para sus comunidades.
“Sólo prometen y nada más. En la reunión que tuvimos con los funcionarios de la compañía, les explicamos que la medicina no llega, ni los alimentos; entonces, indicaron que las medicinas deben ser coordinadas a través del Ministerio de Salud. Respecto a los alimentos dicen que acá en Iquitos no hay suficiente como para abastecer a toda la zona que está afectada y que tienen que traer de Lima y para eso necesitan el apoyo de un avión y que por ahora no tienen el avión, lo cual pues es una burla si tenemos en cuenta las ingentes ganancias de esta empresa”, cuestionó.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 20/07/2010
ENCUENTRO INTERDISTRITAL DE COMUNIDADES DE AYACUCHO Y HUANCAVELICA RECHAZAN MINERÍA
Las comunidades campesinas de los distritos de San José de Ticllas, Vinchos, Socos y Santiago de Pischa en Ayacucho y Santo Tomás de Pata, en Huancavelica, acordaron no suscribir ningún contrato de servidumbre para actividades mineras en sus territorios.
Señalan que la minería representa una amenaza a la agricultura, ganadería y fuentes de agua, y por el contrario impulsarán el desarrollo alternativo interdistrital haciendo realidad la forestación y reforestación total en el cerro Ccewahuillca y los cerros colindantes con los distritos Vinchos, Socos y Ticllas.
Como parte del fortalecimiento institucional acordaron concluir con el proceso de saneamiento físico y legal de sus territorios comunales, en particular, la titulación de tierras de las comunidades campesinas del distrito de San José de Ticllas.
El evento denominado II Encuentro Interdistrital Comunal Vinchos, Socos, San José de Ticllas, Santiago de Pischa, fue realizado en la cumbre del cerro Ccewahuillca, y contó con la asistencia de alrededor de 200 representantes así como de la congresista Juana Huancahuari.
La organización estuvo a cargo del Frente de Defensa de los recursos naturales y del medio ambiente de los distritos Vinchos, Socos y Ticcllas.
Por Vinchos asistieron los representantes de las comunidades de Ñaupallaccta, Opancca, Antapuna, Hatunpampa, Itanayoc, Paccha, Choccyacc y Vinchos.
Por Ticllas estuvieron presentes delegados de Campamento, Chullumpampa, Rumihuasi, Carmen Alto, Ticllas, Santa Rosa e Incapampa.
Por el distrito de Santiago de Pischa, las comunidades de Atacocha, Molinos, Titimina, Cachi, Piwan. Por Socos, Maucallaccta, Yanayaco y Pucaloma, Luyanta. También asistieron representantes de Cedro y los gobiernos locales, entre otros.
Por el distrito huancavelicano de Santo Tomás de Pata asistieron delegados de las comunidades de Patallaccta.
Los organizadores anunciaron que continuarán realizando eventos informativos y de capacitación en los distritos.
Las comunidades campesinas de los distritos de San José de Ticllas, Vinchos, Socos y Santiago de Pischa en Ayacucho y Santo Tomás de Pata, en Huancavelica, acordaron no suscribir ningún contrato de servidumbre para actividades mineras en sus territorios.
Señalan que la minería representa una amenaza a la agricultura, ganadería y fuentes de agua, y por el contrario impulsarán el desarrollo alternativo interdistrital haciendo realidad la forestación y reforestación total en el cerro Ccewahuillca y los cerros colindantes con los distritos Vinchos, Socos y Ticllas.
Como parte del fortalecimiento institucional acordaron concluir con el proceso de saneamiento físico y legal de sus territorios comunales, en particular, la titulación de tierras de las comunidades campesinas del distrito de San José de Ticllas.
El evento denominado II Encuentro Interdistrital Comunal Vinchos, Socos, San José de Ticllas, Santiago de Pischa, fue realizado en la cumbre del cerro Ccewahuillca, y contó con la asistencia de alrededor de 200 representantes así como de la congresista Juana Huancahuari.
La organización estuvo a cargo del Frente de Defensa de los recursos naturales y del medio ambiente de los distritos Vinchos, Socos y Ticcllas.
Por Vinchos asistieron los representantes de las comunidades de Ñaupallaccta, Opancca, Antapuna, Hatunpampa, Itanayoc, Paccha, Choccyacc y Vinchos.
Por Ticllas estuvieron presentes delegados de Campamento, Chullumpampa, Rumihuasi, Carmen Alto, Ticllas, Santa Rosa e Incapampa.
Por el distrito de Santiago de Pischa, las comunidades de Atacocha, Molinos, Titimina, Cachi, Piwan. Por Socos, Maucallaccta, Yanayaco y Pucaloma, Luyanta. También asistieron representantes de Cedro y los gobiernos locales, entre otros.
Por el distrito huancavelicano de Santo Tomás de Pata asistieron delegados de las comunidades de Patallaccta.
Los organizadores anunciaron que continuarán realizando eventos informativos y de capacitación en los distritos.
Servindi-Lima 20/07/2010
“GOBIERNO ESTÁ PARCIALIZADO CON MINERAS”
El Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú, formado por las ONG CooperAcción, Grufides y Fedepaz, dio a conocer hace unos días su sexto informe, en el que se examina la situación de la minería en cinco regiones: Piura, Cajamarca, Junín, Cusco y Apurímac. José de Echave, economista y responsable del Programa Derechos Colectivos e Industrias Extractivas de CooperAcción, analiza en la siguiente entrevista la situación de la minería en el país, los conflictos sociales y ambientales que la rodean y la política del gobierno en este tema.
¿Los conflictos sociales y ambientales producidos por la minería además de haber aumentado en número, también se están incrementando en intensidad?
Sí, sin ninguna duda. Hay un crecimiento en el número y especialmente en la intensidad de estos conflictos, que se van convirtiendo en conflictos que apuntan a cambios en políticas públicas. Hay una ausencia absoluta de estrategia para enfrentar los conflictos…
¿O hay una estrategia del gobierno que se centra en desacreditar las protestas y en la represión?
Se busca criminalizar la protesta. Esa es una lógica que agudiza los conflictos. Se ha afirmado una visión profundamente autoritaria. El gobierno no reconoce las razones objetivas de los conflictos sociales y los caricaturiza. Los conflictos están planteando la necesidad de modificar las reglas de juego para que la situación sea más equilibrada…
¿La razón central de los conflictos entre las poblaciones y las empresas mineras es la exigencia por una mayor participación en las ganancias que tienen estas empresas, o el rechazo a la minería como una opción de desarrollo?
Los conflictos no son uniformes. Hay zonas, como Piura, algunas provincias de Cajamarca, algunas zonas de Cusco, donde hay un rechazo a la minería, que no forma parte de la visión de desarrollo que tienen esas poblaciones y que, por el contrario, la perciben como una actividad que los va a afectar. Sin embargo, hay poblaciones, como las de Moquegua o Tacna, que coexisten con la actividad minera y en esos escenarios la población apunta a tratar de conseguir nuevos acuerdos sociales con la minería, lo que implica mayores recursos económicos y empleo local. No todos los conflictos vinculados a la minería tienen la misma agenda.
¿Los proyectos mineros en el Perú cumplen los estándares ambientales mínimos aceptados internacionalmente?
Nuestra legislación es sumamente laxa en este aspecto. Nuestros límites máximos de emisión de fundiciones y otras operaciones mineras son demasiado permisibles. Los estudios de impacto ambiental son totalmente obsoletos…
¿Son obsoletos o están parcializados con los intereses de las empresas?
Las dos cosas. Los estudios de impacto ambiental son hechos por una consultora que es elegida y pagada por la empresa minera, y responden a los intereses de la empresa que los encarga. Y los procesos de implementación del estudio de impacto ambiental con las audiencias públicas están totalmente controlados por las empresas. Además de responder a los intereses de las empresas, estos estudios de impacto ambiental también son obsoletos, porque sus estándares están muy por debajo de los estándares internacionales mínimos planteados por organismos como el Banco mundial y el BID. Este instrumento, que es prácticamente el que decide qué proyecto minero se aprueba y cuál no, está seriamente cuestionado.
¿Cómo ve la ordenanza del Gobierno Regional del Cusco que prohíbe las concesiones mineras?
Esa decisión expresa una preocupación legítima de las autoridades regionales por el avance caótico de la minería. Por ejemplo, casi un 90% de Chumbivilcas está concesionado a la minería. Sin embargo, los gobiernos regionales no tienen facultades sobre la mediana y gran minería, y las concesiones se otorgan en Lima. Este caso del Cusco abre una interesante discusión sobre las concesiones mineras y cómo involucramos en la toma de decisiones a las autoridades regionales para buscar un desarrollo más armónico. El incremento de las concesiones mineras, ahora estamos bordeando los 20 millones de hectáreas, plantea un debate importante de cómo ordenamos el territorio para definir en qué zonas puede haber minería y en cuáles no…
¿Deben suspenderse las concesiones mineras hasta que se produzca ese ordenamiento del territorio?
Eso ayudaría a que el crecimiento de la minería sea menos caótico. Hoy en día basta que una empresa minera pida operar en un territorio que no esté concesionado para que éste se le entregue, sin tomar en cuenta si este territorio es un ecosistema sensible o si hay poblaciones en ese lugar.
¿Para desarrollar un proyecto minero, una ley de consulta debe incluir la obligación de tener el consentimiento de la población que va a ser afectada, o basta con el procedimiento de consulta?
Sin duda que se requiere el consentimiento de la población. Si no es así, el gobierno puede decir ya consulté y ahora decido qué hacer. El reto para quienes quieren hacer minería es convencer a la población, y si no lo logran deben aceptar que no hay condiciones para desarrollar la minería en esa zona y dar un paso atrás.
¿Qué efectos tendría la no promulgación de la ley de consulta o la aprobación de una ley mediatizada con las observaciones hechas por el Ejecutivo?
Las observaciones que ha planteado el gobierno, una de las cuales es no reconocer a las comunidades campesinas de la sierra y de la costa como pueblos indígenas, desnaturalizan la ley de consulta. Una ley con esas observaciones estaría muy por debajo de lo que plantea el Convenio 169 de la OIT. Sería una caricatura de consulta ciudadana que sin duda provocaría una reacción muy fuerte de las poblaciones que tenían mucha expectativa con una ley de consulta. Cuando haya más información y más consulta a la población, entonces habrá menos conflictos.
El informe del Observatorio de Conflictos Mineros señala que hay una ausencia del Estado que permite abusos de las empresas mineras. ¿El problema es una ausencia del Estado o la existencia de una política estatal que defiende los intereses de las empresas mineras sobre los derechos de las poblaciones afectadas?
Existen ambos componentes. El PNUD ha trabajado un mapa que muestra dónde está presente el Estado y dónde no lo está, y si uno cruza esa información con las zonas de las operaciones de las empresas extractivas, de minería e Hidrocarburos, en la gran mayoría de casos hay una coincidencia de esas operaciones con las zonas de ausencia del Estado. Ese es un primer problema. Pero el otro elemento es que cuando el Estado interviene, esa intervención es parcializada con la empresa y no se percibe un Estado que busque contribuir a eliminar las asimetrías (entre las empresas y las comunidades). La opción del Estado es apostar a que las industrias extractivas sigan creciendo. El problema es que estas actividades siguen creciendo sin mecanismos de control, fiscalización y regulación.
El gobierno ha anunciado para este año inversiones en minería por tres mil millones de dólares. Como están las cosas, ¿esa es una buena o una mala noticia?
Nadie dice que el país se cierre a las inversiones, pero como están las cosas, con un Estado que deja hacer, que no interviene y que cuando interviene lo hace en forma parcializada con las empresas, y viendo la evolución de los conflictos vinculados a las industrias extractivas, lo evidente es que más inversiones mineras traerán más conflictos sociales y ambientales.
¿Es un error apostar a la minería como la locomotora del desarrollo económico del país?
El Perú es un país mega diverso y se debe apuntar a tener una economía diversificada respetuosa de la diversidad del país. Dentro de eso la minería puede tener un espacio, yo no creo que se deban cerrar todas las minas o que no se puedan aprobar nuevos proyectos mineros, pero no creo que la minería deba ser el núcleo central del desarrollo. Apostar a un modelo profundamente extractivista es un error.
“El TLC protege a Doe Run”
Hace un año el gobierno amplió por segunda vez el plazo a Doe Run para que cumpla con el Programa de Adecuación Ambiental (PAMA) de la fundición de La Oroya y este 27 de julio se vence el plazo para que la empresa reanude sus operaciones. Pero hasta ahora Doe Run ha incumplido sus compromisos. ¿Qué puede pasar en La Oroya?
La opción de darle a Doe Run mayor tiempo para que cumpla con el PAMA ha sido un error, de este gobierno y del anterior. Hemos llegado a una situación límite y aparentemente la empresa no va a reiniciar sus operaciones. En ese escenario, el gobierno va a tener que tomar la opción del retiro de la empresa. Eso abre una discusión complicada sobre lo que el contrato permite. Hoy en día, a causa del capítulo de inversiones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, la empresa tiene mayores herramientas que antes para defenderse…
¿El TLC amarra al gobierno para actuar frente a una empresa como Doe Run que reiteradamente ha incumplido sus compromisos?
El TLC le pone restricciones al gobierno. No me parecería extraño que la empresa utilice el TLC para demandar al estado peruano en tribunales internacionales. El argumento, que se lo he escuchado al ex ministro Ferrero, de que el TLC no protege a la empresa no es cierto. Le recomendaría al ex ministro Ferrero que revise el artículo 10.71 del capítulo de inversiones del TLC, en el que claramente hay varios elementos que esta empresa puede utilizar a su favor. El TLC protege a las inversiones, a las buenas y a las malas.
¿La Oroya es un caso emblemático de la parcialización del Estado con las empresas y su desinterés por el medio ambiente y la población?
Sin duda. Es una evidencia de esa parcialización y también de la incapacidad del Estado.
“Islay, Cajamarca y Piura son las zonas de mayor conflictividad por la minería”
¿Cuáles son las zonas del país en las que en este momento existe una mayor conflictividad social a causa de la minería?
En Islay (Arequipa), por el proyecto minero de Tía María que está en una zona en la que hay una actividad agrícola muy intensa. El 61% de Islay, que es una provincia costeña profundamente agrícola, está concesionado a la minería. En Islay hay un conflicto muy claro entre minería y agricultura. Cajamarca, donde hay un nuevo proceso de expansión minera muy fuerte sin consulta a la población. Ahí hay conflictos con varias empresas, como Yanacocha por el proyecto Conga, Gold Fields, Anglo American. Piura es otra zona de conflicto latente.
En Piura el rechazo mayoritario a las operaciones de la empresa Río Blanco ya ha dejado varios muertos. ¿Hay una salida a la vista a este conflicto?
Hay un entrampamiento muy fuerte. Las autoridades locales y la población han pedido reinstalar la mesa de diálogo, pero aparentemente para el gobierno el diálogo está cerrado y ha respondido a las protestas anunciado la instalación de una base militar en la zona. Este es un caso emblemático donde las instancias democráticas de diálogo retroceden frente a la vocación autoritaria del gobierno.
¿Por qué Río Blanco genera tanto rechazo?
En Piura hay un rechazo mayoritario no solamente al proyecto minero de Río Blanco, sino a que esa zona, que es agrícola, se convierta en un distrito minero. Es claro que ahí la gente no quiere que haya minería. Forzar el ingreso de la minería genera una situación de mucha tensión. La población rechaza la minería porque esta zona donde está Río Blanco tiene un ecosistema muy especial, donde hay un sistema de lagunas, de páramos que recogen y distribuyen agua. Es una zona donde la población está muy vinculada a actividades de agricultura orgánica, como café. La población sabe que en esa misma zona se están intentando desarrollar otros cuatro o cinco proyectos mineros de envergadura, y que el proyecto de Río Blanco sería el primero en entrar a esa zona para convertirla en un distrito minero.
¿Un modelo de desarrollo agrícola sería más sostenible y rentable para la población de esa zona que la minería?
Sin duda que en esa zona un desarrollo basado en la agricultura y en el ecoturismo es una alternativa más viable y sostenible que la minería, y en perspectiva es económicamente más rentable para la población. Hay que generar las condiciones para desarrollar esta alternativa.
Diario La Primera-Lima 19/07/2010
MULTAN A MINERA CAUDALOSA POR CONTAMINACIÓN EN LOS RÍOS OPAMAYO Y ESCALERA
El Gobierno decidió sancionar a la empresa con 36 millones de soles por contaminar con 21 mil metros cúbicos de relaves mineros los dos ríos del departamento de Huancavelica. Nota relacionada
Según el reporte de la a Autoridad Nacional del Agua (ANA), quedó confirmado que el 100% del agua de los ríos fue contaminada por el desembalse de desechos mineros, tras ceder el pasado 26 de junio un muro de contención de un embalse que los contenía.
Sumado a la multa, la minera Caudalosa deberá presentar un plan de mitigación y restauración de la calidad del agua afectada.
Diario La República-Lima 19/07/2010
NATIVOS COCAMA CONVOCAN PROTESTAS CONTRA PLUSPETROL
Comunidades indígenas cocama afectadas por el reciente derrame de petróleo en el río Marañón, en Loreto, coordinan una serie de protestas para esta semana ante el incumplimiento de las ofertas realizadas por Pluspetrol.
Alfonso López, presidente de la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca, advirtió que las bases consideran que la postura de la empresa argentina es una burla.
El dirigente recordó que la compañía se comprometió a surtirles de medicinas, alimentos y agua; incluso, mediante sendos comunicados de prensa. Empero, a la fecha niegan haber recibido apoyo alguno.
López Tejada señaló que los dirigentes de la zona acordaron permanecer en Iquitos para conocer de cerca los avances en el cumplimiento de los compromisos asumidos por la empresa, aunque dijo también que paralelamente coordinan acciones de protesta si es que la empresa no cumple lo acordado.
“Hemos tenido esta primera reunión con la empresa para ver hasta dónde iba su voluntad de atendernos pero no se les ve nada. Les hemos enviado el documento pidiendo las medicinas, alimentos y agua para los afectados, pero hasta ahora no responden y eso que ellos han generado el problema en la zona. Ahora, ellos nos han escuchado y han respondido que nos pueden dar una respuesta hasta la próxima semana porque ahora no cuentan con avión, con recursos para hacer el envío, que tendrían que coordinar con Lima. ¿Cómo es eso? Eso es una burla para los pueblos. Esta es una empresa que puede cumplir, sobre todo por el daño que han causado a los pueblos y
al medio ambiente”, declaró.
Sostuvo que, hasta el momento, han podido registrar a 21 mil pobladores afectados por el derrame ocurrido el pasado 19 de junio en la zona de Saramuro, quienes atraviesan una situación difícil que la empresa no parece comprender.
“Exigimos que ya no sigan amenazando con la utilización del río para transportar el crudo. Estamos constantemente amenazados por otro posible derrame y ellos deben saber que hay otros medios que pueden utilizar para cruzar el río desde Saramuro, sin ocasionar esos derrames. Al margen seguirán su camino las denuncias existentes y las indemnizaciones que tengan que hacerse”, demandó.
Cabe indicar que el sábado último se desarrolló una reunión en la sede del Vicariato San José del Amazonas, entre dirigentes indígenas cocamas y representantes de Pluspetrol, donde no se llegaron a acuerdos pues la empresa alega que no puede cumplir sus compromisos de ayuda debido a falta de recursos y proveedores, lo que generó la reacción airada de dirigentes indígenas.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 19/07/2010
El Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú, formado por las ONG CooperAcción, Grufides y Fedepaz, dio a conocer hace unos días su sexto informe, en el que se examina la situación de la minería en cinco regiones: Piura, Cajamarca, Junín, Cusco y Apurímac. José de Echave, economista y responsable del Programa Derechos Colectivos e Industrias Extractivas de CooperAcción, analiza en la siguiente entrevista la situación de la minería en el país, los conflictos sociales y ambientales que la rodean y la política del gobierno en este tema.
¿Los conflictos sociales y ambientales producidos por la minería además de haber aumentado en número, también se están incrementando en intensidad?
Sí, sin ninguna duda. Hay un crecimiento en el número y especialmente en la intensidad de estos conflictos, que se van convirtiendo en conflictos que apuntan a cambios en políticas públicas. Hay una ausencia absoluta de estrategia para enfrentar los conflictos…
¿O hay una estrategia del gobierno que se centra en desacreditar las protestas y en la represión?
Se busca criminalizar la protesta. Esa es una lógica que agudiza los conflictos. Se ha afirmado una visión profundamente autoritaria. El gobierno no reconoce las razones objetivas de los conflictos sociales y los caricaturiza. Los conflictos están planteando la necesidad de modificar las reglas de juego para que la situación sea más equilibrada…
¿La razón central de los conflictos entre las poblaciones y las empresas mineras es la exigencia por una mayor participación en las ganancias que tienen estas empresas, o el rechazo a la minería como una opción de desarrollo?
Los conflictos no son uniformes. Hay zonas, como Piura, algunas provincias de Cajamarca, algunas zonas de Cusco, donde hay un rechazo a la minería, que no forma parte de la visión de desarrollo que tienen esas poblaciones y que, por el contrario, la perciben como una actividad que los va a afectar. Sin embargo, hay poblaciones, como las de Moquegua o Tacna, que coexisten con la actividad minera y en esos escenarios la población apunta a tratar de conseguir nuevos acuerdos sociales con la minería, lo que implica mayores recursos económicos y empleo local. No todos los conflictos vinculados a la minería tienen la misma agenda.
¿Los proyectos mineros en el Perú cumplen los estándares ambientales mínimos aceptados internacionalmente?
Nuestra legislación es sumamente laxa en este aspecto. Nuestros límites máximos de emisión de fundiciones y otras operaciones mineras son demasiado permisibles. Los estudios de impacto ambiental son totalmente obsoletos…
¿Son obsoletos o están parcializados con los intereses de las empresas?
Las dos cosas. Los estudios de impacto ambiental son hechos por una consultora que es elegida y pagada por la empresa minera, y responden a los intereses de la empresa que los encarga. Y los procesos de implementación del estudio de impacto ambiental con las audiencias públicas están totalmente controlados por las empresas. Además de responder a los intereses de las empresas, estos estudios de impacto ambiental también son obsoletos, porque sus estándares están muy por debajo de los estándares internacionales mínimos planteados por organismos como el Banco mundial y el BID. Este instrumento, que es prácticamente el que decide qué proyecto minero se aprueba y cuál no, está seriamente cuestionado.
¿Cómo ve la ordenanza del Gobierno Regional del Cusco que prohíbe las concesiones mineras?
Esa decisión expresa una preocupación legítima de las autoridades regionales por el avance caótico de la minería. Por ejemplo, casi un 90% de Chumbivilcas está concesionado a la minería. Sin embargo, los gobiernos regionales no tienen facultades sobre la mediana y gran minería, y las concesiones se otorgan en Lima. Este caso del Cusco abre una interesante discusión sobre las concesiones mineras y cómo involucramos en la toma de decisiones a las autoridades regionales para buscar un desarrollo más armónico. El incremento de las concesiones mineras, ahora estamos bordeando los 20 millones de hectáreas, plantea un debate importante de cómo ordenamos el territorio para definir en qué zonas puede haber minería y en cuáles no…
¿Deben suspenderse las concesiones mineras hasta que se produzca ese ordenamiento del territorio?
Eso ayudaría a que el crecimiento de la minería sea menos caótico. Hoy en día basta que una empresa minera pida operar en un territorio que no esté concesionado para que éste se le entregue, sin tomar en cuenta si este territorio es un ecosistema sensible o si hay poblaciones en ese lugar.
¿Para desarrollar un proyecto minero, una ley de consulta debe incluir la obligación de tener el consentimiento de la población que va a ser afectada, o basta con el procedimiento de consulta?
Sin duda que se requiere el consentimiento de la población. Si no es así, el gobierno puede decir ya consulté y ahora decido qué hacer. El reto para quienes quieren hacer minería es convencer a la población, y si no lo logran deben aceptar que no hay condiciones para desarrollar la minería en esa zona y dar un paso atrás.
¿Qué efectos tendría la no promulgación de la ley de consulta o la aprobación de una ley mediatizada con las observaciones hechas por el Ejecutivo?
Las observaciones que ha planteado el gobierno, una de las cuales es no reconocer a las comunidades campesinas de la sierra y de la costa como pueblos indígenas, desnaturalizan la ley de consulta. Una ley con esas observaciones estaría muy por debajo de lo que plantea el Convenio 169 de la OIT. Sería una caricatura de consulta ciudadana que sin duda provocaría una reacción muy fuerte de las poblaciones que tenían mucha expectativa con una ley de consulta. Cuando haya más información y más consulta a la población, entonces habrá menos conflictos.
El informe del Observatorio de Conflictos Mineros señala que hay una ausencia del Estado que permite abusos de las empresas mineras. ¿El problema es una ausencia del Estado o la existencia de una política estatal que defiende los intereses de las empresas mineras sobre los derechos de las poblaciones afectadas?
Existen ambos componentes. El PNUD ha trabajado un mapa que muestra dónde está presente el Estado y dónde no lo está, y si uno cruza esa información con las zonas de las operaciones de las empresas extractivas, de minería e Hidrocarburos, en la gran mayoría de casos hay una coincidencia de esas operaciones con las zonas de ausencia del Estado. Ese es un primer problema. Pero el otro elemento es que cuando el Estado interviene, esa intervención es parcializada con la empresa y no se percibe un Estado que busque contribuir a eliminar las asimetrías (entre las empresas y las comunidades). La opción del Estado es apostar a que las industrias extractivas sigan creciendo. El problema es que estas actividades siguen creciendo sin mecanismos de control, fiscalización y regulación.
El gobierno ha anunciado para este año inversiones en minería por tres mil millones de dólares. Como están las cosas, ¿esa es una buena o una mala noticia?
Nadie dice que el país se cierre a las inversiones, pero como están las cosas, con un Estado que deja hacer, que no interviene y que cuando interviene lo hace en forma parcializada con las empresas, y viendo la evolución de los conflictos vinculados a las industrias extractivas, lo evidente es que más inversiones mineras traerán más conflictos sociales y ambientales.
¿Es un error apostar a la minería como la locomotora del desarrollo económico del país?
El Perú es un país mega diverso y se debe apuntar a tener una economía diversificada respetuosa de la diversidad del país. Dentro de eso la minería puede tener un espacio, yo no creo que se deban cerrar todas las minas o que no se puedan aprobar nuevos proyectos mineros, pero no creo que la minería deba ser el núcleo central del desarrollo. Apostar a un modelo profundamente extractivista es un error.
“El TLC protege a Doe Run”
Hace un año el gobierno amplió por segunda vez el plazo a Doe Run para que cumpla con el Programa de Adecuación Ambiental (PAMA) de la fundición de La Oroya y este 27 de julio se vence el plazo para que la empresa reanude sus operaciones. Pero hasta ahora Doe Run ha incumplido sus compromisos. ¿Qué puede pasar en La Oroya?
La opción de darle a Doe Run mayor tiempo para que cumpla con el PAMA ha sido un error, de este gobierno y del anterior. Hemos llegado a una situación límite y aparentemente la empresa no va a reiniciar sus operaciones. En ese escenario, el gobierno va a tener que tomar la opción del retiro de la empresa. Eso abre una discusión complicada sobre lo que el contrato permite. Hoy en día, a causa del capítulo de inversiones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, la empresa tiene mayores herramientas que antes para defenderse…
¿El TLC amarra al gobierno para actuar frente a una empresa como Doe Run que reiteradamente ha incumplido sus compromisos?
El TLC le pone restricciones al gobierno. No me parecería extraño que la empresa utilice el TLC para demandar al estado peruano en tribunales internacionales. El argumento, que se lo he escuchado al ex ministro Ferrero, de que el TLC no protege a la empresa no es cierto. Le recomendaría al ex ministro Ferrero que revise el artículo 10.71 del capítulo de inversiones del TLC, en el que claramente hay varios elementos que esta empresa puede utilizar a su favor. El TLC protege a las inversiones, a las buenas y a las malas.
¿La Oroya es un caso emblemático de la parcialización del Estado con las empresas y su desinterés por el medio ambiente y la población?
Sin duda. Es una evidencia de esa parcialización y también de la incapacidad del Estado.
“Islay, Cajamarca y Piura son las zonas de mayor conflictividad por la minería”
¿Cuáles son las zonas del país en las que en este momento existe una mayor conflictividad social a causa de la minería?
En Islay (Arequipa), por el proyecto minero de Tía María que está en una zona en la que hay una actividad agrícola muy intensa. El 61% de Islay, que es una provincia costeña profundamente agrícola, está concesionado a la minería. En Islay hay un conflicto muy claro entre minería y agricultura. Cajamarca, donde hay un nuevo proceso de expansión minera muy fuerte sin consulta a la población. Ahí hay conflictos con varias empresas, como Yanacocha por el proyecto Conga, Gold Fields, Anglo American. Piura es otra zona de conflicto latente.
En Piura el rechazo mayoritario a las operaciones de la empresa Río Blanco ya ha dejado varios muertos. ¿Hay una salida a la vista a este conflicto?
Hay un entrampamiento muy fuerte. Las autoridades locales y la población han pedido reinstalar la mesa de diálogo, pero aparentemente para el gobierno el diálogo está cerrado y ha respondido a las protestas anunciado la instalación de una base militar en la zona. Este es un caso emblemático donde las instancias democráticas de diálogo retroceden frente a la vocación autoritaria del gobierno.
¿Por qué Río Blanco genera tanto rechazo?
En Piura hay un rechazo mayoritario no solamente al proyecto minero de Río Blanco, sino a que esa zona, que es agrícola, se convierta en un distrito minero. Es claro que ahí la gente no quiere que haya minería. Forzar el ingreso de la minería genera una situación de mucha tensión. La población rechaza la minería porque esta zona donde está Río Blanco tiene un ecosistema muy especial, donde hay un sistema de lagunas, de páramos que recogen y distribuyen agua. Es una zona donde la población está muy vinculada a actividades de agricultura orgánica, como café. La población sabe que en esa misma zona se están intentando desarrollar otros cuatro o cinco proyectos mineros de envergadura, y que el proyecto de Río Blanco sería el primero en entrar a esa zona para convertirla en un distrito minero.
¿Un modelo de desarrollo agrícola sería más sostenible y rentable para la población de esa zona que la minería?
Sin duda que en esa zona un desarrollo basado en la agricultura y en el ecoturismo es una alternativa más viable y sostenible que la minería, y en perspectiva es económicamente más rentable para la población. Hay que generar las condiciones para desarrollar esta alternativa.
Diario La Primera-Lima 19/07/2010
MULTAN A MINERA CAUDALOSA POR CONTAMINACIÓN EN LOS RÍOS OPAMAYO Y ESCALERA
El Gobierno decidió sancionar a la empresa con 36 millones de soles por contaminar con 21 mil metros cúbicos de relaves mineros los dos ríos del departamento de Huancavelica. Nota relacionada
Según el reporte de la a Autoridad Nacional del Agua (ANA), quedó confirmado que el 100% del agua de los ríos fue contaminada por el desembalse de desechos mineros, tras ceder el pasado 26 de junio un muro de contención de un embalse que los contenía.
Sumado a la multa, la minera Caudalosa deberá presentar un plan de mitigación y restauración de la calidad del agua afectada.
Diario La República-Lima 19/07/2010
NATIVOS COCAMA CONVOCAN PROTESTAS CONTRA PLUSPETROL
Comunidades indígenas cocama afectadas por el reciente derrame de petróleo en el río Marañón, en Loreto, coordinan una serie de protestas para esta semana ante el incumplimiento de las ofertas realizadas por Pluspetrol.
Alfonso López, presidente de la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca, advirtió que las bases consideran que la postura de la empresa argentina es una burla.
El dirigente recordó que la compañía se comprometió a surtirles de medicinas, alimentos y agua; incluso, mediante sendos comunicados de prensa. Empero, a la fecha niegan haber recibido apoyo alguno.
López Tejada señaló que los dirigentes de la zona acordaron permanecer en Iquitos para conocer de cerca los avances en el cumplimiento de los compromisos asumidos por la empresa, aunque dijo también que paralelamente coordinan acciones de protesta si es que la empresa no cumple lo acordado.
“Hemos tenido esta primera reunión con la empresa para ver hasta dónde iba su voluntad de atendernos pero no se les ve nada. Les hemos enviado el documento pidiendo las medicinas, alimentos y agua para los afectados, pero hasta ahora no responden y eso que ellos han generado el problema en la zona. Ahora, ellos nos han escuchado y han respondido que nos pueden dar una respuesta hasta la próxima semana porque ahora no cuentan con avión, con recursos para hacer el envío, que tendrían que coordinar con Lima. ¿Cómo es eso? Eso es una burla para los pueblos. Esta es una empresa que puede cumplir, sobre todo por el daño que han causado a los pueblos y
al medio ambiente”, declaró.
Sostuvo que, hasta el momento, han podido registrar a 21 mil pobladores afectados por el derrame ocurrido el pasado 19 de junio en la zona de Saramuro, quienes atraviesan una situación difícil que la empresa no parece comprender.
“Exigimos que ya no sigan amenazando con la utilización del río para transportar el crudo. Estamos constantemente amenazados por otro posible derrame y ellos deben saber que hay otros medios que pueden utilizar para cruzar el río desde Saramuro, sin ocasionar esos derrames. Al margen seguirán su camino las denuncias existentes y las indemnizaciones que tengan que hacerse”, demandó.
Cabe indicar que el sábado último se desarrolló una reunión en la sede del Vicariato San José del Amazonas, entre dirigentes indígenas cocamas y representantes de Pluspetrol, donde no se llegaron a acuerdos pues la empresa alega que no puede cumplir sus compromisos de ayuda debido a falta de recursos y proveedores, lo que generó la reacción airada de dirigentes indígenas.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 19/07/2010