RONDEROS DE CAJAMARCA Y LAMBAYEQUE EVALÚAN PARO MACRORREGIONAL CONTRA LA ZANJA
Ronderos de Cajamarca y Lambayeque se reunirán esta tarde en Chiclayo para debatir la propuesta para acatar un paro macrorregional indefinido en rechazo al proyecto minero La Zanja, al cual acusan de poner en peligro la cuenca que da origen a nueve ríos.
Así lo anunció Estinaldo Quispe, presidente de la Federación de Rondas Campesinas de la provincia de Santa Cruz (Cajamarca), quien a través de CNR criticó la nula voluntad del gobierno por atender su pedido de una comisión de alto nivel.
Quispe Mego denunció que el proyecto, a cargo de la minera Buenaventura, amenaza la cabecera de cuenca del Chancay-Lambayeque. Por ello, hoy una delegación de sus dirigentes se reunirá con los titulares de otras organizaciones -incluyendo ronderos de Piura- para analizar la posibilidad de una paralización indefinida.
Por ello, invocó al presidente de la República, Alan García, y al premier Javier Velásquez Quesquén a honrar el compromiso asumido hace seis meses por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), respecto al envío de una comisión técnica especializada.
Agregó que las actividades mineras han contaminado ya algunos afluentes de la zona; cito como ejemplo al Río San Pedro, el cual el dirigente dijo está envenenado según un estudio de la Universidad Pedro Ruiz Gallo.
Cabe recordar que el marcha del 22 de junio pasado, más de diez mil ronderos de diversas provincias de las regiones de Cajamarca y Lambayeque marcharon por las calles de Chiclayo para manifestarse en contra del proyecto La Zanja.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 02/07/2010
LA CONTAMINACIÓN DEL RÍO OPAMAYO
El envenenamiento de las aguas del río Opamayo como consecuencia del colapso de un dique que retenía 21, 420 metros cúbicos de relaves pertenecientes a la empresa minera Caudalosa Chica constituye el accidente ambiental más grave acaecido en el país en los últimos años. El derrumbe del dique ocasionó que un alud de relaves se precipitara a las aguas del río Totora (distrito de Huachopampa, Huancavelica), las cuales pasaron al Opamayo, del cual es afluente, contaminándolo a lo largo de 80 kilómetros.
A las circunstancias del accidente, acaecido el 25 de junio, se agrega como agravante el que los habitantes de unos diez poblados que dependen para su sobrevivencia de las aguas del río, pues utilizan sus aguas para beber ellos mismos y sus animales, así como para regar sus sembríos y pescar las abundantes truchas que contenía, no fueran prevenidos hasta días más tarde, lapso en el que estuvieron haciendo uso de las aguas contaminadas.
En la actualidad el Opamayo es un río muerto, como consecuencia de las cantidades de plomo y otros minerales vertidos en sus aguas, lo que ha ocasionado el fin de toda la vida animal que contenía. Miles de truchas se pudren en sus riberas, que requieren de una intervención urgente y continua para ser descontaminadas, y las comunidades necesitan forraje y agua para mantener en vida su ganado y regar sus tierras.
Luego de que se pudo conocer lo ocurrido, representantes del gobierno regional de Huancavelica y miembros del Comité de Fiscalización del Medio Ambiente de la provincia de Angaraes han puesto en marcha un plan de emergencia. También la Fiscalía de Prevención del Delito ha tomado muestras del agua envenenada para determinar las sustancias tóxicas que contiene. Y, por cierto, se ha pedido a la población no consumirla.
Al mismo tiempo, Osinergmin ha ordenado la paralización de actividades de la minera Caudalosa Chica, que ha sumado sus esfuerzos a los de las restantes entidades para tratar de paliar los efectos del derrumbe. Se estima que unas 700 personas se encuentran trabajando en la construcción de muros para impedir el avance de las aguas contaminadas y reforzar las defensas, así como iniciar la limpieza de las riberas del río.
Antonio Brack, ministro ambiental, se constituyó en el lugar del accidente, que calificó como muy grave, y anunció severas sanciones a la empresa minera e incluso su cierre si, como se afirma, no puso en marcha de inmediato un plan de contingencia apenas producido el derrumbe del dique. Por desgracia, todas estas medidas ocurren una vez consumados los hechos. Ojalá que el Ministerio del Ambiente cuente ya con un mapa de relaves mineros y los inspeccione regularmente, pues el problema es que muchos están en abandono, al corresponder a minas que han cesado de operar, constituyendo una amenaza latente.
Diario La República-Lima 02/06/2010
Los desechos tóxicos que afectaron los afluentes en Angaraes y Tayacaja, se han extendido hasta la cuenca del Marañón.
CRECE PREOCUPACIÓN
El gerente regional de Desarrollo Económico, Nelson Huamaní, demandó a la minera acelerar los trabajos de recojo de los relaves a orillas del río, ya que es un latente peligro para la población, animales y la agro ganadería.
Varias comunidades campesinas afectadas por el derrame de desechos tóxicos en el río Escalera, lo que a su vez contaminó los afluentes Huachocolpa y Opamayo, en las provincias de Angaraes y Tayacaja, acordaron llevar a cabo marchas de protesta contra la actividad minera en Huancavelica por generar daños ambientales y poner en riesgo a la población de la zona.
César Zorrilla, alcalde encargado de la municipalidad provincial de Angaraes, indicó que en una reunión con representantes de las comunidades campesinas se acordó realizar jornadas de protesta, y anunció que denunciará penalmente a la empresa minera por la grave contaminación generada.
Las autoridades de Huancavelica, en tanto, demandaron a la minera Caudalosa Chica a precisar la composición química del relave vertido el 26 de junio tras colapsar el depósito de desechos, en el distrito de Huachocolpa, a fin de conocer la magnitud exacta del desastre a la flora y fauna en toda la micro cuenta del río Opamayo y Huachocolpa”.
El alcalde del distrito de Huachocolpa, Celso Condori, dijo que la presa de relaves, que contenía unas 500 toneladas métricas, se deslizó hacia el río Escalera y Huachocolpa hasta extenderse al río Opamayo, llegando además a contaminar la flora de las comunidades de Palcas, Totora, Yanaututo, Tucsipampa, Rumichaca y los distritos de Lircay, Ocopa, Anchonga, Huayllay Grande, Cangalla, Callanmarca y Huancahuanca. Indicó que con las autoridades comunales empadronarán a todos los afectados.
El subgerente de Gestión Ambiental del Gobierno Regional de Huancavelica, Hugo Caballero, dijo a LA PRIMERA que la contaminación se habría extendido hasta la cuenca del río Mantaro. El derrame del relave, detalló, afectó unas seis hectáreas de cultivos (maíz, palta, durazno, chirimoya y otros), sólo en la localidad de Pomacocha, a donde llegó ayer para evaluar los daños. Explicó que los trabajos de evaluación de los daños se realizan en tres zonas y que la empresa ha enviado a todos sus trabajadores a participar en el recojo de los sedimentos del relave. Estimó, empero, entre seis meses y un año el tiempo para la limpieza de los ríos, sobre todo a través de la lluvia, cuyo periodo se inicia en diciembre de cada año.
Diario La Primera-Lima 02/06/2010
Por rechazar demanda de paralizar inversiones petroleras en la selva, planteada por las comunidades nativas amazónicas.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CON PETROLERAS Y CONTRA INDÍGENAS
Golpe bajo contra los nativos lanza ente oficial.
La bancada nacionalista cuestionó ayer al Tribunal Constitucional por declarar improcedente la demanda de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) de paralizar las inversiones petroleras en los lotes 37 y 69 de la Amazonía, ofrecidos por el gobierno a empresas transnacionales sin consultar con las comunidades afectadas, antes de la firma de los contratos y el inicio de las operaciones.
Para la vocera nacionalista Marisol Espinoza resulta inconcebible que el intérprete de la Constitución base su decisión en un supuesto principio de “seguridad jurídica de las inversiones”, convirtiendo el derecho de la consulta en una norma inferior, de “aplicación gradual” y cuyo incumplimiento, como en este caso, mantiene la “legalidad” de lo realizado.
“Todos saben que no se han hecho las consultas a los pueblos de la zona que reclaman también el respeto de sus derechos, consagrados en la Carta Magna”, remarcó Espinoza. “Con este ultimo pronunciamiento de la máxima instancia del TC, se confirma que todo el país será lotizado... y lo peor es que el Ejecutivo no quiere hacer la consulta”, precisó la congresista nacionalista.
Se viene la protesta
Por su parte, el también congresista loretano Víctor Isla dijo que tras la resolución del TC la Amazonía va a protestar de manera enérgica contra el intento de entregar la selva a la voracidad de las empresas extranjeras.
Isla sostiene que esta situación ha sido provocada por el copamiento aprista que ha sufrido el TC en los últimos años, al punto que el consejero Mesía –aprista- ha vuelto a la presidencia del Tribunal con la ayuda del ex presidente Vergara, en una clara maniobra política.
Resolución política
La sentencia del TC coincide con la presentación de ocho observaciones del Poder Ejecutivo a la ley de derecho de consulta, aprobada por el Congreso luego de largas negociaciones como medida de distensión y encauzamiento del conflicto entre el Estado y los pueblos indígenas que llegó a su punto culminante durante los hechos del Baguazo en el año 2009.
El TC ha sentenciado reforzando la posición del gobierno en varios puntos: (1) en el tema del veto, que supuestamente estaría detrás de la exigencia de consulta y que se contrapone con la idea de que si hay desacuerdo prevalece la posición del Estado (veto estatal); (2) en la cuestión de que si no se ha hecho la consulta, no hay responsabilidad de los funcionarios; (3) al dictaminar que la consulta es de “aplicación gradual”, mientras los contratos petroleros tienen plena vigencia; (4) en la discusión sobre cuáles son los pueblos comprendidos en el derecho de consulta, si son sólo las llamadas “comunidades no contactadas” y “aisladas” o todas las poblaciones originarias (el gobierno y el TC, restringen el concepto); (5) en el punto que se estarían jugando las posibilidades de inversión futura y las decisiones políticas y constitucionales deberían adaptarse a ello.
Diario La Primera-Lima 02/06/2010
PLUSPETROL DENUNCIADO PENALMENTE POR DERRAME DE PETRÓLEO
Acción judicial. Bancada nacionalista presentó la denuncia ante la fiscalía de la nación. Según el congresista Víctor Isla, la pena podría ser hasta por veinte años.
La bancada Nacionalista del Congreso presentó ayer una denuncia penal contra Pluspetrol, la petrolera de capitales argentinos, ante la Fiscalía de la Nación por el derrame de petróleo en el río Marañón, ocurrido el 19 de junio en las inmediaciones del caserío Tiwinza, en el distrito de Urarinas (Loreto).
Según explicó el congresista Víctor Isla, esta denuncia está dirigida a los representantes de Pluspetrol, la que se sustenta en el artículo 286 del Código Penal, que señala los delitos de la salud pública por la contaminación de las aguas.
“El delito de contaminación del agua es gravísimo, y va con penas de hasta 10 años y si es de muerte subsiguiente puede ir con penas de hasta 20 años”, dijo.
Por su parte, la congresista Marisol Espinoza manifestó que –según lo conversado con la Fiscalía– hay un plazo de 20 días para conocer la sanción tras el resultado del trabajo de los peritos que fueron enviados a la zona.
“El Estado no solo tiene que garantizar un medio ambiente sano sino también la vida y la salud de los pobladores ya que ellos beben agua del río Marañón”, afirmó.
El derrame en el río Marañón fue de 300 barriles de crudo que iban en una barcaza que brindaba servicios a Pluspetrol Norte.
Diario La República-lima 02/07/2010
LAS CONSECUENCIAS DEL DERRAME PETROLERO
El 20 de abril se produjo una explosión que mató a 8 obreros en el pozo Deepwater Horizon de la empresa British Petroleum en el fondo submarino del Golfo de México, a 69 km de la costa de Luisiana. Han pasado 79 días y el petróleo sigue saliendo del pozo sin que los técnicos de la empresa hayan podido evitarlo.
Según los analistas, este derrame se ha convertido en el más grande de la historia petrolera pues los estimados más conservadores calculan que se han vertido más de 71 millones de galones (1.7 millones de barriles) a las aguas marinas. El derrame ya ha llegado a las costas de varios Estados y, en el peor escenario, la temporada de huracanes podría impedir las tentativas de cerrarlo.
Según Bloomberg, las pérdidas de BP ya suman US$ 22,000 millones, contabilizados de la siguiente manera: del 2005 al 2008, la empresa recompró US$ 37,000 millones de sus propias acciones con el objetivo de pagar dividendos a sus accionistas. Como el valor de las acciones ha caído en 53% (al 28 de junio), estas acciones ahora solo valen US$ 15,000 millones (excluyendo los dividendos).
Pero eso no es todo, pues esta suma representa solo el “castigo del mercado” al valor de las acciones de BP. Falta ver cuáles serán los montos de las multas que le impondrán el gobierno de EEUU y los múltiples juicios de cientos de particulares a la empresa. Muchos afirman, por ello, que el costo total podría superar los US$ 30,000 millones, lo que representa el 12% del total de activos de la empresa, que ascienden a US$ 240,000 millones (muy cerca de los US$ 242,000 millones de Exxon Mobil, la empresa petrolera Nº 1 del mundo).
Pero el fondo del asunto es el enorme daño ecológico causado por el derrame, que podría hacer desaparecer una gran cantidad de especies marinas y desaparecer la pesca y otras actividades en la zona. Este desastre ha “recargado las pilas” no solo de los grupos ecologistas sino de amplios sectores de la población que hoy se oponen a la exploración y explotación petrolera en los fondos marinos.
Así, Barack Obama ha retrocedido de su reciente autorización a la exploración petrolera en la costa este de EEUU (desde Delaware hasta Florida) promulgando un moratoria, ha suspendido la exploración en Alaska y ha cancelado la licitación de bloques petroleros en el Golfo de México y en la costa de Virginia.
Pero esto no ha sido suficiente para detener las críticas, que también alcanzan con fuerza al gobierno. Así, el reconocido analista Barry Ritzholtz dice que un estadista debería reforzar la regulación en la industria petrolera, que a todas luces es demasiada laxa y que sucumbe ante las enormes presiones de los lobbies de las grandes empresas petroleras.
Además, un estadista debiera poner en marcha una especie de “Proyecto Manhattan” (que impulsó la investigación nuclear que desembocó en la creación de la bomba atómica a principios de la década del 40) para impulsar el desarrollo de nuevas tecnologías para el desarrollo de fuentes alternativas de energía. Agrega que “el sector privado fracasó en hacerlo durante el siglo pasado, por lo que, nosotros, el pueblo, tenemos el deber de hacerlo” (Missed Opportunity, BP Gulf of Mexico Disaster, en www.roubini.com).
También nos dice Ritzholtz que se debería poner un impuesto (tipo Pigou) de 10 centavos a los 10 millones de barriles diarios de consumo automotor (420 millones de galones al día) para orientarlos a programas de investigación productiva y transporte público masivo.
Como se aprecia, el derrame del Deepwater puede traer profundos cambios en las actividades extractivas, las que también deben llegar a nuestro país. Es el momento.
Diario La República-Lima 02/06/2010
PIDEN CIERRE DE MINERA Y EXPULSIÓN DE PETROLERA DEL PAÍS
-Petrolera lleva 20 años contaminando parajes de la selva
Organizaciones indígenas y representantes políticos, pidieron sanciones drásticas contra la empresa petrolera Pluspetrol y la minera Caudalosa Chica, acusadas de provocar “daños criminales” contra comunidades indígenas y medio ambiente.
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) exigió una sanción penal contra la argentina Pluspetrol, empresa que ha reportado 78 derrames de petróleo en cuatro años en la amazonia contaminando el agua de consumo humano con sustancias que dañan gravemente el sistema ecológico.
La empresa lleva 20 años contaminando parajes de la selva, todo un récord histórico que ensombrece al país de Maradona, según reporta el semanario Hildebrandt en sus trece.
Por su parte, la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI) demandó el cierre definitivo de la minera Caudalosa Chica, por provocar un “atentado criminal contra el río Opomayo, en Huancavelica, que fue contaminado por un alud de 500 toneladas métricas de relaves mineros, afectando a las poblaciones cercanas”.
Mientras que, los congresistas Víctor Isla y Miró Ruiz, demandarán penalmente ante la Fiscalía de la Nación a las empresas que provocaron el derrame de petróleo en Loreto y el relave en la sierra de Huancavelica.
Ambos se amparan en el artículo 286 del Código Penal referido a la contaminación de aguas o sustancias destinadas al consumo, norma según la cual “el que envenena, contamina o adultera aguas o sustancias alimenticias o medicinales destinadas al consumo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de diez años”.
La pena contempla también que si resultan lesiones graves o muerte y el agente (en estos casos los propietarios de las empresas Pluspetrol) pudo prever estos resultados, la pena será no menor de diez ni mayor de veinte años.
Como se recuerda, al menos 300 barriles de crudo se derramaron en el río Marañón de una barcaza que brindaba servicios a la empresa Pluspetrol Norte.
La comunidad de Santa Rita de Castilla, al igual que otras ubicadas en el cauce del Marañón, utiliza las aguas del río para consumo.
Según un análisis de laboratorio a cargo de especialistas del Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana (IIAP), las muestras de agua recogidas del lugar evidencian una contaminación alta.
La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) acusó también a la empresa minera Caudalosa Chica de cometer un “atentado criminal” tras denunciar que la minera “no alertó” a la población, “poniendo en serio peligro la vida de hombres, animales y sembríos que consumen las aguas de los ríos para su superviviencia”.
Servindi-Lima 01/06/2010
SANCIÓN A MINERA POR DERRAME EN RÍO OPAMAYO SUPERARÍA LOS DOS MILLONES DE SOLES
La minera La Caudalosa Chica, responsable por el derrame de más de 21 mil metros cúbicos de relaves sobre el río Opamayo, en Huachocolpa (Huancavelica) podría recibir una sanción de hasta 600 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) equivalente a dos millones 160 mil nuevos soles.
Así lo refirió Raúl Roca, director general de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente (MINAM), quien a través de CNR brindó detalles sobre las actividades de su portafolio tras el colapso de un dique con productos tóxicos.
Indicó que, en este caso, se aplicarán las normas implementadas el año 2000 por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) en materia ambiental. De igual modo, se exigirá a la empresa la puesta en marcha de un plan de recuperación ambiental en la zona.
Señaló que los estudios a desarrollar por especialistas del MINAM junto al Gobierno Regional de Huancavelica, el MEM y el Ministerio de Agricultura (MINAG), entre otros, permitirán determinar el grado de contaminación ocasionado por los residuos.
"Aplicando un plan de remediación adecuado, es factible recuperarse las condiciones; pero hay que tomar medidas concretas para lograr ese propósito", remarcó.
Así mismo, dejó abierta la posibilidad de indemnizar a los pobladores afectados por este incidente. "Eso se podría ver desde el punto de vista legal (...) en todo caso, si ha habido una afectación a su actividad económica, tendría que verse esa posibilidad".
Respecto al tema de salud, añadió que el Ministerio de Salud (MINSA) viene tomando la previsiones del caso para evitar que los lugareños consuman el agua contaminada por los materiales tóxicos.
Sin embargo, Roca Pinto evitó pronunciarse en cuanto a la posible expulsión del país de esta empresa. Precisó, en cambio, que corresponde al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) determinar las sanciones que correspondan y, de ser menester, se aplicará el Código Penal.
Cabe recordar que, según la evaluación preliminar de daños realizada por las autoridades de Defensa Civil de Huancavelica, el derrame registrado el viernes pasado afectó el 80% de las aguas del Opamayo.
La contaminación del río, el cual desemboca en la localidad de Lircay (capital de la provincia de Angaraes), afectó a 892 personas del distrito huancavelicano de Huachocolca, precisa la información publicada en la página web del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI).
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 01/07/2010
AFECTADOS POR DERRAME DE CRUDO DENUNCIAN REPARTO DE ALIMENTOS EN MAL ESTADO
Los pobladores de la provincia de Parinari (Loreto) afectados por el derrame de crudo perteneciente a la empresa Pluspetrol denunciaron haber recibido alimentos enlatados en mal estado.
A través de Radio La Voz de la Selva, Américo Vela, representante de las autoridades de la localidad, dijo que la citada compañía distribuyó hace dos días un lote de víveres en lata, los cuales emitían malos olores.
Vela informó que el caso ha sido comunicado a la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Loreto, para que evalúe muestras de estos alimentos a través de su Dirección de Salud Ambiental.
Se trata de un lote de alimentos enlatados que fueron repartidos entre los pobladores de las trece comunidades afectadas por el derrame de 300 barriles de petróleo, ocurrido el 19 de junio en las inmediaciones del caserío Tiwinza, en el distrito de Urarinas.
De otro lado, el responsable de la Oficina de Defensa Nacional del Gobierno Regional de Loreto (GOREL), Robert Falcón, aseveró que prosiguen las labores de apoyo a los afectados, mediante el envío de agua embotellada y el monitoreo a cargo de personal de Defensa Civil.
Así mismo, Pluspetrol emitió un cuarto comunicado donde indica que se ha logrado recuperar el 80% del crudo derramado en el río; sin embargo, las comunidades indígenas desconfían de estas cifras puesto que -como se recuerda- la empresa minimizó inicialmente la magnitud del incidente.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 01/07/2010
LORETO: CANCELAN RESIDENCIA EN PERÚ A RELIGIOSO AMBIENTALISTA BRITÁNICO
El religioso británico Paul Mc Auley, presidente de la Red Ambiental de Loreto (RAL) recibió hoy una resolución del Ministerio del Interior (MININTER) donde se le informa de la cancelación de su residencia en nuestro país.
En la resolución ministerial 0571-2010-IN, se alude un atestado policial del Departamento de Seguridad del Estado de la V División Territorial PNP, con fecha del 18 de agosto del 2009.
En dicho informe, se afirma que Mc Auley "ha venido participando en diferentes actividades de carácter político, como marchas de protesta (...) y demás actos que constituyen una alteración del orden público".
En ese sentido, se determina que el titular de RAL ha incurrido en una infracción tipificada en el artículo 63 de la Ley de Extranjería, por lo cual se le cancela la residencia concedida en 2006 y se le dan siete días calendario para abandonar territorio peruano, sin posibilidad de retorno.
Cabe indicar el religioso británico no posee procesos ni juicios pendientes por este tipo de acciones. En cambio, se le reconoce por acompañar de manera permanente a las comunidades indígenas de las zonas del Marañón y el Pastaza.
En días pasados, Mc Auley anunció que la RAL solicitaría al Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Energía y Minería (OSINERGMIN) realice una inspección a las bases de la empresa petrolera Pluspetrol, responsable del derrame de 300 barriles de crudo en el río Marañón.
Desde que llegó a Iquitos, Mc Auley inició su trabajo en defensa de las comunidades achuar afectadas por la contaminación con cadmio y plomo, producto de los vertimientos indiscriminados de las empresas petroleras en especial Pluspetrol. Es así que formó, junto a otros voluntarios, la Red Ambiental de Loreto (RAL), que mantuvo participación activa en las denuncias contra empresas e instituciones que atentan contra la calidad del ambiente.
Una de las autoridades que pretendió cuestionarlo fue el alcalde de Iquitos, Salomón Abensur Díaz, precisamente cuando el religioso junto a un colectivo de ambientalistas denunció la instalación de un botadero municipal en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, ubicada en la carretera Iquitos-Nauta
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 01/07/2010
Ronderos de Cajamarca y Lambayeque se reunirán esta tarde en Chiclayo para debatir la propuesta para acatar un paro macrorregional indefinido en rechazo al proyecto minero La Zanja, al cual acusan de poner en peligro la cuenca que da origen a nueve ríos.
Así lo anunció Estinaldo Quispe, presidente de la Federación de Rondas Campesinas de la provincia de Santa Cruz (Cajamarca), quien a través de CNR criticó la nula voluntad del gobierno por atender su pedido de una comisión de alto nivel.
Quispe Mego denunció que el proyecto, a cargo de la minera Buenaventura, amenaza la cabecera de cuenca del Chancay-Lambayeque. Por ello, hoy una delegación de sus dirigentes se reunirá con los titulares de otras organizaciones -incluyendo ronderos de Piura- para analizar la posibilidad de una paralización indefinida.
Por ello, invocó al presidente de la República, Alan García, y al premier Javier Velásquez Quesquén a honrar el compromiso asumido hace seis meses por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), respecto al envío de una comisión técnica especializada.
Agregó que las actividades mineras han contaminado ya algunos afluentes de la zona; cito como ejemplo al Río San Pedro, el cual el dirigente dijo está envenenado según un estudio de la Universidad Pedro Ruiz Gallo.
Cabe recordar que el marcha del 22 de junio pasado, más de diez mil ronderos de diversas provincias de las regiones de Cajamarca y Lambayeque marcharon por las calles de Chiclayo para manifestarse en contra del proyecto La Zanja.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 02/07/2010
LA CONTAMINACIÓN DEL RÍO OPAMAYO
El envenenamiento de las aguas del río Opamayo como consecuencia del colapso de un dique que retenía 21, 420 metros cúbicos de relaves pertenecientes a la empresa minera Caudalosa Chica constituye el accidente ambiental más grave acaecido en el país en los últimos años. El derrumbe del dique ocasionó que un alud de relaves se precipitara a las aguas del río Totora (distrito de Huachopampa, Huancavelica), las cuales pasaron al Opamayo, del cual es afluente, contaminándolo a lo largo de 80 kilómetros.
A las circunstancias del accidente, acaecido el 25 de junio, se agrega como agravante el que los habitantes de unos diez poblados que dependen para su sobrevivencia de las aguas del río, pues utilizan sus aguas para beber ellos mismos y sus animales, así como para regar sus sembríos y pescar las abundantes truchas que contenía, no fueran prevenidos hasta días más tarde, lapso en el que estuvieron haciendo uso de las aguas contaminadas.
En la actualidad el Opamayo es un río muerto, como consecuencia de las cantidades de plomo y otros minerales vertidos en sus aguas, lo que ha ocasionado el fin de toda la vida animal que contenía. Miles de truchas se pudren en sus riberas, que requieren de una intervención urgente y continua para ser descontaminadas, y las comunidades necesitan forraje y agua para mantener en vida su ganado y regar sus tierras.
Luego de que se pudo conocer lo ocurrido, representantes del gobierno regional de Huancavelica y miembros del Comité de Fiscalización del Medio Ambiente de la provincia de Angaraes han puesto en marcha un plan de emergencia. También la Fiscalía de Prevención del Delito ha tomado muestras del agua envenenada para determinar las sustancias tóxicas que contiene. Y, por cierto, se ha pedido a la población no consumirla.
Al mismo tiempo, Osinergmin ha ordenado la paralización de actividades de la minera Caudalosa Chica, que ha sumado sus esfuerzos a los de las restantes entidades para tratar de paliar los efectos del derrumbe. Se estima que unas 700 personas se encuentran trabajando en la construcción de muros para impedir el avance de las aguas contaminadas y reforzar las defensas, así como iniciar la limpieza de las riberas del río.
Antonio Brack, ministro ambiental, se constituyó en el lugar del accidente, que calificó como muy grave, y anunció severas sanciones a la empresa minera e incluso su cierre si, como se afirma, no puso en marcha de inmediato un plan de contingencia apenas producido el derrumbe del dique. Por desgracia, todas estas medidas ocurren una vez consumados los hechos. Ojalá que el Ministerio del Ambiente cuente ya con un mapa de relaves mineros y los inspeccione regularmente, pues el problema es que muchos están en abandono, al corresponder a minas que han cesado de operar, constituyendo una amenaza latente.
Diario La República-Lima 02/06/2010
Los desechos tóxicos que afectaron los afluentes en Angaraes y Tayacaja, se han extendido hasta la cuenca del Marañón.
CRECE PREOCUPACIÓN
El gerente regional de Desarrollo Económico, Nelson Huamaní, demandó a la minera acelerar los trabajos de recojo de los relaves a orillas del río, ya que es un latente peligro para la población, animales y la agro ganadería.
Varias comunidades campesinas afectadas por el derrame de desechos tóxicos en el río Escalera, lo que a su vez contaminó los afluentes Huachocolpa y Opamayo, en las provincias de Angaraes y Tayacaja, acordaron llevar a cabo marchas de protesta contra la actividad minera en Huancavelica por generar daños ambientales y poner en riesgo a la población de la zona.
César Zorrilla, alcalde encargado de la municipalidad provincial de Angaraes, indicó que en una reunión con representantes de las comunidades campesinas se acordó realizar jornadas de protesta, y anunció que denunciará penalmente a la empresa minera por la grave contaminación generada.
Las autoridades de Huancavelica, en tanto, demandaron a la minera Caudalosa Chica a precisar la composición química del relave vertido el 26 de junio tras colapsar el depósito de desechos, en el distrito de Huachocolpa, a fin de conocer la magnitud exacta del desastre a la flora y fauna en toda la micro cuenta del río Opamayo y Huachocolpa”.
El alcalde del distrito de Huachocolpa, Celso Condori, dijo que la presa de relaves, que contenía unas 500 toneladas métricas, se deslizó hacia el río Escalera y Huachocolpa hasta extenderse al río Opamayo, llegando además a contaminar la flora de las comunidades de Palcas, Totora, Yanaututo, Tucsipampa, Rumichaca y los distritos de Lircay, Ocopa, Anchonga, Huayllay Grande, Cangalla, Callanmarca y Huancahuanca. Indicó que con las autoridades comunales empadronarán a todos los afectados.
El subgerente de Gestión Ambiental del Gobierno Regional de Huancavelica, Hugo Caballero, dijo a LA PRIMERA que la contaminación se habría extendido hasta la cuenca del río Mantaro. El derrame del relave, detalló, afectó unas seis hectáreas de cultivos (maíz, palta, durazno, chirimoya y otros), sólo en la localidad de Pomacocha, a donde llegó ayer para evaluar los daños. Explicó que los trabajos de evaluación de los daños se realizan en tres zonas y que la empresa ha enviado a todos sus trabajadores a participar en el recojo de los sedimentos del relave. Estimó, empero, entre seis meses y un año el tiempo para la limpieza de los ríos, sobre todo a través de la lluvia, cuyo periodo se inicia en diciembre de cada año.
Diario La Primera-Lima 02/06/2010
Por rechazar demanda de paralizar inversiones petroleras en la selva, planteada por las comunidades nativas amazónicas.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CON PETROLERAS Y CONTRA INDÍGENAS
Golpe bajo contra los nativos lanza ente oficial.
La bancada nacionalista cuestionó ayer al Tribunal Constitucional por declarar improcedente la demanda de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) de paralizar las inversiones petroleras en los lotes 37 y 69 de la Amazonía, ofrecidos por el gobierno a empresas transnacionales sin consultar con las comunidades afectadas, antes de la firma de los contratos y el inicio de las operaciones.
Para la vocera nacionalista Marisol Espinoza resulta inconcebible que el intérprete de la Constitución base su decisión en un supuesto principio de “seguridad jurídica de las inversiones”, convirtiendo el derecho de la consulta en una norma inferior, de “aplicación gradual” y cuyo incumplimiento, como en este caso, mantiene la “legalidad” de lo realizado.
“Todos saben que no se han hecho las consultas a los pueblos de la zona que reclaman también el respeto de sus derechos, consagrados en la Carta Magna”, remarcó Espinoza. “Con este ultimo pronunciamiento de la máxima instancia del TC, se confirma que todo el país será lotizado... y lo peor es que el Ejecutivo no quiere hacer la consulta”, precisó la congresista nacionalista.
Se viene la protesta
Por su parte, el también congresista loretano Víctor Isla dijo que tras la resolución del TC la Amazonía va a protestar de manera enérgica contra el intento de entregar la selva a la voracidad de las empresas extranjeras.
Isla sostiene que esta situación ha sido provocada por el copamiento aprista que ha sufrido el TC en los últimos años, al punto que el consejero Mesía –aprista- ha vuelto a la presidencia del Tribunal con la ayuda del ex presidente Vergara, en una clara maniobra política.
Resolución política
La sentencia del TC coincide con la presentación de ocho observaciones del Poder Ejecutivo a la ley de derecho de consulta, aprobada por el Congreso luego de largas negociaciones como medida de distensión y encauzamiento del conflicto entre el Estado y los pueblos indígenas que llegó a su punto culminante durante los hechos del Baguazo en el año 2009.
El TC ha sentenciado reforzando la posición del gobierno en varios puntos: (1) en el tema del veto, que supuestamente estaría detrás de la exigencia de consulta y que se contrapone con la idea de que si hay desacuerdo prevalece la posición del Estado (veto estatal); (2) en la cuestión de que si no se ha hecho la consulta, no hay responsabilidad de los funcionarios; (3) al dictaminar que la consulta es de “aplicación gradual”, mientras los contratos petroleros tienen plena vigencia; (4) en la discusión sobre cuáles son los pueblos comprendidos en el derecho de consulta, si son sólo las llamadas “comunidades no contactadas” y “aisladas” o todas las poblaciones originarias (el gobierno y el TC, restringen el concepto); (5) en el punto que se estarían jugando las posibilidades de inversión futura y las decisiones políticas y constitucionales deberían adaptarse a ello.
Diario La Primera-Lima 02/06/2010
PLUSPETROL DENUNCIADO PENALMENTE POR DERRAME DE PETRÓLEO
Acción judicial. Bancada nacionalista presentó la denuncia ante la fiscalía de la nación. Según el congresista Víctor Isla, la pena podría ser hasta por veinte años.
La bancada Nacionalista del Congreso presentó ayer una denuncia penal contra Pluspetrol, la petrolera de capitales argentinos, ante la Fiscalía de la Nación por el derrame de petróleo en el río Marañón, ocurrido el 19 de junio en las inmediaciones del caserío Tiwinza, en el distrito de Urarinas (Loreto).
Según explicó el congresista Víctor Isla, esta denuncia está dirigida a los representantes de Pluspetrol, la que se sustenta en el artículo 286 del Código Penal, que señala los delitos de la salud pública por la contaminación de las aguas.
“El delito de contaminación del agua es gravísimo, y va con penas de hasta 10 años y si es de muerte subsiguiente puede ir con penas de hasta 20 años”, dijo.
Por su parte, la congresista Marisol Espinoza manifestó que –según lo conversado con la Fiscalía– hay un plazo de 20 días para conocer la sanción tras el resultado del trabajo de los peritos que fueron enviados a la zona.
“El Estado no solo tiene que garantizar un medio ambiente sano sino también la vida y la salud de los pobladores ya que ellos beben agua del río Marañón”, afirmó.
El derrame en el río Marañón fue de 300 barriles de crudo que iban en una barcaza que brindaba servicios a Pluspetrol Norte.
Diario La República-lima 02/07/2010
LAS CONSECUENCIAS DEL DERRAME PETROLERO
El 20 de abril se produjo una explosión que mató a 8 obreros en el pozo Deepwater Horizon de la empresa British Petroleum en el fondo submarino del Golfo de México, a 69 km de la costa de Luisiana. Han pasado 79 días y el petróleo sigue saliendo del pozo sin que los técnicos de la empresa hayan podido evitarlo.
Según los analistas, este derrame se ha convertido en el más grande de la historia petrolera pues los estimados más conservadores calculan que se han vertido más de 71 millones de galones (1.7 millones de barriles) a las aguas marinas. El derrame ya ha llegado a las costas de varios Estados y, en el peor escenario, la temporada de huracanes podría impedir las tentativas de cerrarlo.
Según Bloomberg, las pérdidas de BP ya suman US$ 22,000 millones, contabilizados de la siguiente manera: del 2005 al 2008, la empresa recompró US$ 37,000 millones de sus propias acciones con el objetivo de pagar dividendos a sus accionistas. Como el valor de las acciones ha caído en 53% (al 28 de junio), estas acciones ahora solo valen US$ 15,000 millones (excluyendo los dividendos).
Pero eso no es todo, pues esta suma representa solo el “castigo del mercado” al valor de las acciones de BP. Falta ver cuáles serán los montos de las multas que le impondrán el gobierno de EEUU y los múltiples juicios de cientos de particulares a la empresa. Muchos afirman, por ello, que el costo total podría superar los US$ 30,000 millones, lo que representa el 12% del total de activos de la empresa, que ascienden a US$ 240,000 millones (muy cerca de los US$ 242,000 millones de Exxon Mobil, la empresa petrolera Nº 1 del mundo).
Pero el fondo del asunto es el enorme daño ecológico causado por el derrame, que podría hacer desaparecer una gran cantidad de especies marinas y desaparecer la pesca y otras actividades en la zona. Este desastre ha “recargado las pilas” no solo de los grupos ecologistas sino de amplios sectores de la población que hoy se oponen a la exploración y explotación petrolera en los fondos marinos.
Así, Barack Obama ha retrocedido de su reciente autorización a la exploración petrolera en la costa este de EEUU (desde Delaware hasta Florida) promulgando un moratoria, ha suspendido la exploración en Alaska y ha cancelado la licitación de bloques petroleros en el Golfo de México y en la costa de Virginia.
Pero esto no ha sido suficiente para detener las críticas, que también alcanzan con fuerza al gobierno. Así, el reconocido analista Barry Ritzholtz dice que un estadista debería reforzar la regulación en la industria petrolera, que a todas luces es demasiada laxa y que sucumbe ante las enormes presiones de los lobbies de las grandes empresas petroleras.
Además, un estadista debiera poner en marcha una especie de “Proyecto Manhattan” (que impulsó la investigación nuclear que desembocó en la creación de la bomba atómica a principios de la década del 40) para impulsar el desarrollo de nuevas tecnologías para el desarrollo de fuentes alternativas de energía. Agrega que “el sector privado fracasó en hacerlo durante el siglo pasado, por lo que, nosotros, el pueblo, tenemos el deber de hacerlo” (Missed Opportunity, BP Gulf of Mexico Disaster, en www.roubini.com).
También nos dice Ritzholtz que se debería poner un impuesto (tipo Pigou) de 10 centavos a los 10 millones de barriles diarios de consumo automotor (420 millones de galones al día) para orientarlos a programas de investigación productiva y transporte público masivo.
Como se aprecia, el derrame del Deepwater puede traer profundos cambios en las actividades extractivas, las que también deben llegar a nuestro país. Es el momento.
Diario La República-Lima 02/06/2010
PIDEN CIERRE DE MINERA Y EXPULSIÓN DE PETROLERA DEL PAÍS
-Petrolera lleva 20 años contaminando parajes de la selva
Organizaciones indígenas y representantes políticos, pidieron sanciones drásticas contra la empresa petrolera Pluspetrol y la minera Caudalosa Chica, acusadas de provocar “daños criminales” contra comunidades indígenas y medio ambiente.
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) exigió una sanción penal contra la argentina Pluspetrol, empresa que ha reportado 78 derrames de petróleo en cuatro años en la amazonia contaminando el agua de consumo humano con sustancias que dañan gravemente el sistema ecológico.
La empresa lleva 20 años contaminando parajes de la selva, todo un récord histórico que ensombrece al país de Maradona, según reporta el semanario Hildebrandt en sus trece.
Por su parte, la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI) demandó el cierre definitivo de la minera Caudalosa Chica, por provocar un “atentado criminal contra el río Opomayo, en Huancavelica, que fue contaminado por un alud de 500 toneladas métricas de relaves mineros, afectando a las poblaciones cercanas”.
Mientras que, los congresistas Víctor Isla y Miró Ruiz, demandarán penalmente ante la Fiscalía de la Nación a las empresas que provocaron el derrame de petróleo en Loreto y el relave en la sierra de Huancavelica.
Ambos se amparan en el artículo 286 del Código Penal referido a la contaminación de aguas o sustancias destinadas al consumo, norma según la cual “el que envenena, contamina o adultera aguas o sustancias alimenticias o medicinales destinadas al consumo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de diez años”.
La pena contempla también que si resultan lesiones graves o muerte y el agente (en estos casos los propietarios de las empresas Pluspetrol) pudo prever estos resultados, la pena será no menor de diez ni mayor de veinte años.
Como se recuerda, al menos 300 barriles de crudo se derramaron en el río Marañón de una barcaza que brindaba servicios a la empresa Pluspetrol Norte.
La comunidad de Santa Rita de Castilla, al igual que otras ubicadas en el cauce del Marañón, utiliza las aguas del río para consumo.
Según un análisis de laboratorio a cargo de especialistas del Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana (IIAP), las muestras de agua recogidas del lugar evidencian una contaminación alta.
La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) acusó también a la empresa minera Caudalosa Chica de cometer un “atentado criminal” tras denunciar que la minera “no alertó” a la población, “poniendo en serio peligro la vida de hombres, animales y sembríos que consumen las aguas de los ríos para su superviviencia”.
Servindi-Lima 01/06/2010
SANCIÓN A MINERA POR DERRAME EN RÍO OPAMAYO SUPERARÍA LOS DOS MILLONES DE SOLES
La minera La Caudalosa Chica, responsable por el derrame de más de 21 mil metros cúbicos de relaves sobre el río Opamayo, en Huachocolpa (Huancavelica) podría recibir una sanción de hasta 600 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) equivalente a dos millones 160 mil nuevos soles.
Así lo refirió Raúl Roca, director general de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente (MINAM), quien a través de CNR brindó detalles sobre las actividades de su portafolio tras el colapso de un dique con productos tóxicos.
Indicó que, en este caso, se aplicarán las normas implementadas el año 2000 por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) en materia ambiental. De igual modo, se exigirá a la empresa la puesta en marcha de un plan de recuperación ambiental en la zona.
Señaló que los estudios a desarrollar por especialistas del MINAM junto al Gobierno Regional de Huancavelica, el MEM y el Ministerio de Agricultura (MINAG), entre otros, permitirán determinar el grado de contaminación ocasionado por los residuos.
"Aplicando un plan de remediación adecuado, es factible recuperarse las condiciones; pero hay que tomar medidas concretas para lograr ese propósito", remarcó.
Así mismo, dejó abierta la posibilidad de indemnizar a los pobladores afectados por este incidente. "Eso se podría ver desde el punto de vista legal (...) en todo caso, si ha habido una afectación a su actividad económica, tendría que verse esa posibilidad".
Respecto al tema de salud, añadió que el Ministerio de Salud (MINSA) viene tomando la previsiones del caso para evitar que los lugareños consuman el agua contaminada por los materiales tóxicos.
Sin embargo, Roca Pinto evitó pronunciarse en cuanto a la posible expulsión del país de esta empresa. Precisó, en cambio, que corresponde al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) determinar las sanciones que correspondan y, de ser menester, se aplicará el Código Penal.
Cabe recordar que, según la evaluación preliminar de daños realizada por las autoridades de Defensa Civil de Huancavelica, el derrame registrado el viernes pasado afectó el 80% de las aguas del Opamayo.
La contaminación del río, el cual desemboca en la localidad de Lircay (capital de la provincia de Angaraes), afectó a 892 personas del distrito huancavelicano de Huachocolca, precisa la información publicada en la página web del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI).
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 01/07/2010
AFECTADOS POR DERRAME DE CRUDO DENUNCIAN REPARTO DE ALIMENTOS EN MAL ESTADO
Los pobladores de la provincia de Parinari (Loreto) afectados por el derrame de crudo perteneciente a la empresa Pluspetrol denunciaron haber recibido alimentos enlatados en mal estado.
A través de Radio La Voz de la Selva, Américo Vela, representante de las autoridades de la localidad, dijo que la citada compañía distribuyó hace dos días un lote de víveres en lata, los cuales emitían malos olores.
Vela informó que el caso ha sido comunicado a la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Loreto, para que evalúe muestras de estos alimentos a través de su Dirección de Salud Ambiental.
Se trata de un lote de alimentos enlatados que fueron repartidos entre los pobladores de las trece comunidades afectadas por el derrame de 300 barriles de petróleo, ocurrido el 19 de junio en las inmediaciones del caserío Tiwinza, en el distrito de Urarinas.
De otro lado, el responsable de la Oficina de Defensa Nacional del Gobierno Regional de Loreto (GOREL), Robert Falcón, aseveró que prosiguen las labores de apoyo a los afectados, mediante el envío de agua embotellada y el monitoreo a cargo de personal de Defensa Civil.
Así mismo, Pluspetrol emitió un cuarto comunicado donde indica que se ha logrado recuperar el 80% del crudo derramado en el río; sin embargo, las comunidades indígenas desconfían de estas cifras puesto que -como se recuerda- la empresa minimizó inicialmente la magnitud del incidente.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 01/07/2010
LORETO: CANCELAN RESIDENCIA EN PERÚ A RELIGIOSO AMBIENTALISTA BRITÁNICO
El religioso británico Paul Mc Auley, presidente de la Red Ambiental de Loreto (RAL) recibió hoy una resolución del Ministerio del Interior (MININTER) donde se le informa de la cancelación de su residencia en nuestro país.
En la resolución ministerial 0571-2010-IN, se alude un atestado policial del Departamento de Seguridad del Estado de la V División Territorial PNP, con fecha del 18 de agosto del 2009.
En dicho informe, se afirma que Mc Auley "ha venido participando en diferentes actividades de carácter político, como marchas de protesta (...) y demás actos que constituyen una alteración del orden público".
En ese sentido, se determina que el titular de RAL ha incurrido en una infracción tipificada en el artículo 63 de la Ley de Extranjería, por lo cual se le cancela la residencia concedida en 2006 y se le dan siete días calendario para abandonar territorio peruano, sin posibilidad de retorno.
Cabe indicar el religioso británico no posee procesos ni juicios pendientes por este tipo de acciones. En cambio, se le reconoce por acompañar de manera permanente a las comunidades indígenas de las zonas del Marañón y el Pastaza.
En días pasados, Mc Auley anunció que la RAL solicitaría al Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Energía y Minería (OSINERGMIN) realice una inspección a las bases de la empresa petrolera Pluspetrol, responsable del derrame de 300 barriles de crudo en el río Marañón.
Desde que llegó a Iquitos, Mc Auley inició su trabajo en defensa de las comunidades achuar afectadas por la contaminación con cadmio y plomo, producto de los vertimientos indiscriminados de las empresas petroleras en especial Pluspetrol. Es así que formó, junto a otros voluntarios, la Red Ambiental de Loreto (RAL), que mantuvo participación activa en las denuncias contra empresas e instituciones que atentan contra la calidad del ambiente.
Una de las autoridades que pretendió cuestionarlo fue el alcalde de Iquitos, Salomón Abensur Díaz, precisamente cuando el religioso junto a un colectivo de ambientalistas denunció la instalación de un botadero municipal en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, ubicada en la carretera Iquitos-Nauta
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 01/07/2010