El padre italiano Mario Bartollini Palombi –conocido como padre Bartolini en Perú, donde lleva 35 años como misionero-, fue absuelto del delito de rebelión y otros presuntos delitos, en una causa interpuesta por el congresista Aurelio Pastor y una empresa deforestadora de un amplio terreno en la Amazonía peruana, el 20 de diciembre pasado, por el juez del Primer Juzgado Mayor Alto Amazonas. La causa acusaba al religioso pasionista y otros líderes eclesiales y pobladores de la Amazonía peruana.También fueron absueltos Eduardo Geovanni Acate Coronel, director de Radio Oriente, Gorki Vásquez Silva, Adilia Tapullima Torres, Elías Sánchez Días, Javier Álava Floríndez, y Vladimiro Tapayuri Murayari, que fueron procesados por una serie de presuntos delitos, el más grave el de rebelión, imputado también al padre Bartolini.
El misionero pasionista fue absuelto de todos los cargos, reconociendo la sentencia su actividad misionera, y que su actuación en la huelga obedeció a los mandatos de la Doctrina Social de la Iglesia. La sentencia, en uno de sus fundamentos, sostiene que el padre Bartolini actuó cumpliendo su misión de religioso. Un precedente muy importante para la labor de la Iglesia en su misión evangelizadora y humanizadora.
El padre Mario Bartollini Palombi, originario de la región de Las Marcas italiana, lleva 35 años como misionero en Perú. Desde su llegada al país iberoamericano, realizó su trabajo en la selva peruana. Primero, en el río Marañón, y luego en San Martín-Barranquita, jurisdicción eclesiástica del Vicariato de Yurimaguas, cuyo obispo es José Luis Aztigarraga.
El 21 de diciembre de 2010, el párroco Jonny Martínez, párroco de la catedral de Yurimaguas, escribió una carta al padre pasionista Jesús María Aristín, de la Comisión Pasionista Internacional de Solidaridad, para comunicarle la lectura de la sentencia de los procesados (ver: http://www.passiochristi.org/ES/ES.htm).
Comunica que el padre Mario y Geovanni Acate fueron absueltos de todos los delitos imputados. A los demás dirigentes les condenaron por uno o más delitos a cuatro años de pena privativa de libertad no efectiva, y al pago de diez mil nuevos soles.
Las reacciones ante esta lectura, dice el padre Martínez, fueron diversas. El procurador del Poder Judicial anunció a los medios que habría apelación a segunda instancia.
Los imputados -señala en su carta el párroco- “opinan que para ellos es el premio que da un gobierno injusto a los dirigentes o líderes que buscaron en todo momento la justicia, pero que seguirán en pie de lucha”.
El padre Mario dijo en Radio Oriente que “su alegría hubiera sido mayor si todos hubieran sido absueltos de este proceso injusto”. Además, dijo que “es una lección para la sociedad, no hay que temer a los poderosos, ni a la corrupción debemos afrontarlo con la verdad y la justicia”.
Monseñor José Luis Astigarraga obispo del Vicariato donde sucedieron los hechos, afirmó que “el mensaje de todo este proceso es muy positivo para nuestros pueblos de la Amazonía. La toma de conciencia de nuestros pueblos: defender los derechos y hacerlos respetar. Necesitamos mayor unión y que las nuevas generaciones aprendan de estos hechos y acontecimientos que marcan la historia peruana. La gente muestra su descontento por dicha sentencia. No ha sido justa. Y eso significa que el problema como tal, sigue pendiente. Nuestra Amazonía está siendo amenazada y nuestros hermanos indígenas y ribereños igualmente”.
Cinco días antes, medios vaticanos anunciaron la lectura de la sentencia. La noticia la dio Franco Pignotti, presidente de la asociación Aloe, que inició una campaña de apoyo al pasionista. El padre Bartolini podría haber sido condenado hasta a once años de cárcel por los sucesos de Bagua.
Estos medios informaron también que el caso llegó al Ministerio de Exteriores italiano, en respuesta a una solicitud de Maurizio Blasi, consejero de la Federación Nacional de la Prensa Italiana, alineada a favor del padre Bartolini.
El Ministerio declaró seguir “con la máxima atención y asiduidad el asunto del padre Bartolini” y haber procedido a “sensibilizar al embajador peruano en Roma, acerca de la creciente atención con la que el caso es seguido en nuestro país, manifestándole el auspicio, y al mismo tiempo, la convicción de que la magistratura peruana, en su autonomía, actuará en el pleno respeto de los procedimientos de ley de los derechos humanos”.
La absolución, según afirman medios pasionistas, crea un precedente, al reconocer que la Iglesia, fiel a su labor de evangelización, acompaña a los indígenas, tal como dice el documento de Aparecida: “Como discípulos y misioneros al servicio de la vida, acompañamos a los pueblos indígenas y originarios en el fortalecimiento de sus identidades y organizaciones propias, la defensa del territorio, una educación intercultural bilingüe y la defensa de sus derechos” (Aparecida, 529-530).
Los acusados recurrieron en apelación la sentencia, que examinará la sala superior. Uno de los motivos de la nueva causa es que no tuvieron abogado defensor desde el inicio del proceso. En el caso de Vladimiro Tapayuri, hubo además un error del juzgado, que debe ser rectificado en sala.
En Barranquita, el padre Bartolini ejerció su misión pastoral entre los campesinos ribereños y algunas comunidades nativas. Visitaba de modo itinerante pueblo por pueblo y a las poblaciones que viven de los ríos. Son testigos de esta ardua labor del pasionista, los Misioneros de Jesús y muchas congregaciones del Vicariato, que conocen y comparten su trabajo. Le tocó vivir la etapa terrorista del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), en la década de los años 80 y 90, ya que una de las bases del grupo guerrillero, estuvo en el Piñal.
Desde la radio, sus homilías y su presencia personal en aquellos pueblos dejaron profundos recuerdos en los habitantes de la zona. Combatió al MRTA, que llegó amenazarle y conminarle a que abandonara el pueblo. El misionero italiano se enfrentó a ellos directamente, y logró que el grupo guerrillero se fuera de la zona. La población apoyaba al misionero y lo defendía. Lo saben las autoridades militares de la época.
Pasado este periodo de violencia, se hizo mediador para apoyar a muchas familias afectadas por la violencia, y se logró una relativa paz en la comunidad. Hasta que el milenio trajo a la Amazonía nuevos conflictos: el problema de la posesión de la tierra.
¿Qué pasó en Barranquita?
Según relata el diario peruano La Nación, en las extensiones de bosque primario, en San Martín, cerca de la frontera con Loreto, hay propietarios que fueron ignorados en la toma de decisiones gubernamentales. De manera irregular, y sin los requisitos técnicos, le fueron adjudicadas al Grupo Romero tres mil hectáreas de bosque primario, mediante la resolución ministerial 255-2007-AG, al precio de cuatrocientos mil nuevos soles.
Las irregularidades fueron expuestas en la acción administrativa de nulidad de resolución que, hasta la fecha, no se ha resuelto en el Ministerio de Agricultura de Perú.
Para el diario La Nación, tales disposiciones tienen claro motivo político porque, en primer lugar, “no se contó con un estudio de impacto ambiental sobre el bosque”. Este fue aprobado el año pasado, y también fue cuestionado, porque debió ser previo a la resolución ministerial, lo que “demuestra la ilegalidad de dicha resolución”, dice este medio.
Además, “no cuenta con la resolución o acuerdo del gobierno regional que esta actividad sea de interés regional, como es de requisito para estos casos, tan sólo una carta de posibilidad del anterior gobierno regional”.
“No se ha tenido en cuenta –añade el diario peruano- que los bosques primarios son patrimonio de la nación, en consecuencia, no podían ser enajenados, para ello con una simple resolución de Agricultura, de la región se redimensiona el bosque, sobrepasándose sobre la norma emitida por el ministro Quijandria, sobre las áreas de bosque de producción permanente que tenía San Martín”.
Por último, concluye este medio, “no ha tenido en cuenta, a las poblaciones ribereñas y nativas, que se encuentran en dichas áreas, lo que ha originado un conflicto social, que el Estado y la empresa no quieren ver”.
El papel de la Iglesia en el diálogo
Ante la posibilidad que los nativos y campesinos ribereños perdieran sus tierras, la Iglesia asumió un compromiso mediador, para acompañar a los que sufren las consecuencias de aquellas decisiones políticas. El sacerdote Bartolini, párroco de Barranquita, y la misionera de Jesús Lucero Guillén Cornejo, asumieron esta defensa, por lo que fueron perseguidos y amenazados con procesos judiciales, campañas de desprestigio, y amenazas.
En 2007, cuando el Grupo Romero pretendió apoderarse de manera irregular de las tierras de Barranquita, la población organizada lo impidió, con la expulsión de algunos funcionarios del PETT SAN MARTIN (Programa Especial de Titulación de Tierras), que entraron en los bosques para demarcarla y titular a favor del citado grupo empresarial.
La expulsión de los funcionarios fue fruto de una asamblea del pueblo y todas sus autoridades, entre las que se encontraban el alcalde, el párroco, y la representante de la Mesa de Lucha contra la Pobreza, hermana Lucero Guillén. Todos ellos fueron acusados de coacción y secuestro, ante el juzgado penal de Lamas, que los absolvió.
En 2009, el fiscal apeló ante la instancia superior, la misma que anuló la primera sentencia, y la envió a otro juzgado, a pesar de observar que no existía prueba objetiva de la comisión de dichos delitos. El caso se derivó al Segundo Juzgado Liquidador de San Martín, Expediente 2049-2007, el mismo que fue declarado prescrito, por el tiempo transcurrido.
Posteriormente, los nativos solicitaron al padre Bartolini que los asistiera pastoralmente durante la huelga amazónica en defensa de su tierras y, en 2009, para garantizar la paz y la tranquilidad en la zona del Yurimaguas. El acompañamiento duró el tiempo de la huelga, lo que provocó la ira del actual Gobierno y la de algunos parlamentarios, que denunciaron al misionero por el delito de rebelión, con el presunto objetivo de expulsarlo del país. El promotor de esta acción fue el congresista Aurelio Pastor, representante de San Martín.
El nuevo proceso fue interpuesto tras los sucesos de Bagua, y a raíz de una homilía del padre Bartolini, en la misa celebrada en memoria de las víctimas de la violencia en Bagua. (Ver: http://www.zenit.org/article-31472?l=spanish; http://www.zenit.org/article-4815?l=spanish).
El fundador de los pasionistas, san Pablo de la Cruz, recibió el carisma de “dedicarse a promover en los fieles la devoción a la Pasión de Cristo”. En 1741, fueron aprobadas las constituciones de la Orden por Benedicto XIV. Los religiosos pasionistas anunciarían el misterio de la Cruz y Pasión de Cristo a lo cual se obligarían por el voto específico. Hoy su acción misionera se concreta en: pasión por la vida y por los crucificados de este mundo.
Servindi-Lima 12/01/2011