DECRETO DE URGENCIA 001-2011: ¿EL PERÚ EN SUBASTA?El 17 de enero pasado, se publicó el Decreto de Urgencia 001-2011, el cual “facilita” la promoción de la inversión privada en 33 grandes proyectos de infraestructura y de servicios públicos. ¿Qué se entiende por facilitar? El decreto en cuestión plantea lo siguiente:
* La viabilidad de los proyectos podrá ser otorgada con estudios a nivel de pre-factibilidad, esto es, se acortan los plazos para poner en ejecución los mencionados proyectos.
* Las certificaciones ambientales dejan de ser requisito para la obtención de autorizaciones administrativas para la ejecución del proyecto adjudicado.
* Los terrenos, edificaciones y/o empresas de propiedad directa o indirecta del Estado requeridas para la concesión serán transferidos automáticamente y a título gratuito, para lo cual solo se necesita obtener un Decreto Supremo (DS) del sector correspondiente.
* El Estado queda obligado a indemnizar el perjuicio que esto cause y el pago de una indemnización por el uso del bien gravado, la cual será fijado por acuerdo de partes o en caso contrario, conforme lo establezca el DS antes mencionado. Es decir, se agilizan los trámites compensatorios.
Como se observa, estamos ante un decreto que afecta nuestra soberanía nacional porque toca grandes proyectos de infraestructura estratégica que necesitan ser, para su ejecución, debidamente planificados, fiscalizados y contar con el apoyo de la población beneficiaria. Sin embargo, esta norma concentra todo el poder en Proinversión y en el MEF, dejando fuera de juego a todas las instancias de fiscalización y otorgando a algunas solo un mero papel consultivo. Por esto, en opinión del analista Nelson Manrique, el descalabro que vive el partido aprista estaría llevando al Presidente Alan García a forzar negociados que involucran miles de millones de dólares y donde se prevé enormes comisiones.
En contra de dicho decreto se ha pronunciado la agrupación Gana Perú. A través de un comunicado sostienen que el DU 001-2011 no tiene sustento constitucional, porque no hay emergencia que lo justifique. Asimismo, la Bancada Nacionalista en el Congreso ha presentado el Proyecto de Ley 4617/2010-CR, con el cual se busca derogar la cuestionada norma. Al respecto también se ha pronunciado el diario El Comercio en su editorial del miércoles 26 de enero, donde afirman que este decreto “establece un absurdo y abusivo privilegio a favor de un determinado grupo de inversores, eximiéndolos de cumplir con las obligaciones ambientales normadas en nuestro país y que son práctica usual en el ámbito global”.
Finalmente, a sabiendas que la mayoría de conflictos sociales en el país son de naturaleza socio-ambiental, ¿cómo es posible que el gobierno emita este tipo de normas? En estricto, este decreto atenta contra el marco institucional que rige en los procesos de concesión y de inversión público-privadas del país, bajo el pretexto de “acelerar” los trámites correspondientes para los 33 proyectos de la norma. Pero, ¿por qué han sido elegidos justamente estos proyectos?, ¿cuáles son las razones o estudios técnicos que sustentan la elección de estos proyectos respecto al resto?, ¿qué se esconde bajo la mesa? Estas son interrogantes que nos quedan luego de analizar este falaz decreto.
Servindi-Lima 28/01/2011