OTRA VEZ DOE RUN CONTRA EL PERÚ
Las últimas maniobras de Doe Run son tan desconcertantes como indignantes. Ahora, a pesar del reiterado incumplimiento de sus obligaciones legales, contractuales y ambientales en nuestro país, pretende forzar al Estado Peruano a aceptar un proceso de arbitraje en el marco del TLC con Estados Unidos. Es decir, pasaríamos de víctimas a victimarios, lo que es realmente absurdo e injusto, tratándose de una empresa que ha incumplido una y otra vez sus obligaciones con el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) y ha incrementado de modo exponencialmente peligroso la contaminación en toda la zona de La Oroya. Ahora, tratando de sacar provecho de los instrumentos del TLC con Estados Unidos, Doe Run quiere obligar al Perú a que asuma responsabilidades por el daño ambiental causado en La Oroya desde 1997, cuando asumió las operaciones del complejo metalúrgico.
Según los especialistas, difícilmente la empresa logrará su cometido en cualquiera de las vías arbitrales: el Centro Internacional para el Arreglo de Controversias Relacionadas con las Inversiones (Ciadi) o la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (Cnudmi). Entonces, involucrando a su empresa matriz en Estados Unidos, el grupo Renco, Doe Run solo buscaría, con estas maniobras desesperadas e inescrupulosas, ganar algo de tiempo y presionar al Gobierno Peruano para que le permita flexibilizar sus compromisos ambientales, refinanciar su millonaria deuda o, en última instancia, tentar una millonaria indemnización ante un tribunal internacional.
Se calcula que las obligaciones de Doe Run ya superarían los US$800 millones, de los cuales unos US$600 millones corresponden al Estado (por impuestos, incumplimiento del PAMA y multas) y el resto por deudas a sus proveedores. A ese total habría que añadir las posibles indemnizaciones a raíz de las 11 denuncias por daño ambiental admitidas por un juez de Missouri, en Estados Unidos.
En tal escenario, el Estado Peruano tiene que responder con firmeza haciendo uso de todos los instrumentos legales a su alcance, mientras continúa el proceso concursal de la junta de acreedores ante el Indecopi en torno a una empresa como Doe Run, cuyas prácticas irresponsables han causado gravísimo daño al medio ambiente y la salud de miles de personas, lo que no puede quedar impune.
Diario El Comercio-Lima 10/01/2011
Las últimas maniobras de Doe Run son tan desconcertantes como indignantes. Ahora, a pesar del reiterado incumplimiento de sus obligaciones legales, contractuales y ambientales en nuestro país, pretende forzar al Estado Peruano a aceptar un proceso de arbitraje en el marco del TLC con Estados Unidos. Es decir, pasaríamos de víctimas a victimarios, lo que es realmente absurdo e injusto, tratándose de una empresa que ha incumplido una y otra vez sus obligaciones con el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) y ha incrementado de modo exponencialmente peligroso la contaminación en toda la zona de La Oroya. Ahora, tratando de sacar provecho de los instrumentos del TLC con Estados Unidos, Doe Run quiere obligar al Perú a que asuma responsabilidades por el daño ambiental causado en La Oroya desde 1997, cuando asumió las operaciones del complejo metalúrgico.
Según los especialistas, difícilmente la empresa logrará su cometido en cualquiera de las vías arbitrales: el Centro Internacional para el Arreglo de Controversias Relacionadas con las Inversiones (Ciadi) o la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (Cnudmi). Entonces, involucrando a su empresa matriz en Estados Unidos, el grupo Renco, Doe Run solo buscaría, con estas maniobras desesperadas e inescrupulosas, ganar algo de tiempo y presionar al Gobierno Peruano para que le permita flexibilizar sus compromisos ambientales, refinanciar su millonaria deuda o, en última instancia, tentar una millonaria indemnización ante un tribunal internacional.
Se calcula que las obligaciones de Doe Run ya superarían los US$800 millones, de los cuales unos US$600 millones corresponden al Estado (por impuestos, incumplimiento del PAMA y multas) y el resto por deudas a sus proveedores. A ese total habría que añadir las posibles indemnizaciones a raíz de las 11 denuncias por daño ambiental admitidas por un juez de Missouri, en Estados Unidos.
En tal escenario, el Estado Peruano tiene que responder con firmeza haciendo uso de todos los instrumentos legales a su alcance, mientras continúa el proceso concursal de la junta de acreedores ante el Indecopi en torno a una empresa como Doe Run, cuyas prácticas irresponsables han causado gravísimo daño al medio ambiente y la salud de miles de personas, lo que no puede quedar impune.
Diario El Comercio-Lima 10/01/2011