RECLAMAN APLICACIÓN DE CONSULTA PARA CONCESIONES MINERAS
La Oficina de Derechos Humanos y Medio Ambiente de Puno pidió la aplicación de la consulta a las comunidades campesinas sobre todas las concesiones mineras que afectan sus territorios y que se garantice su derecho a compartir los beneficios de la explotación de recursos.
En pronunciamiento dirigido a las autoridades y a la opinión pública, la asociación demandó también que se incorporen miembros de la sociedad civil en la comisión creada mediante la Resolución Suprema 131-2011-PCM y rechazó asimismo, la intervención de las fuerzas armadas en el conflicto en Puno.
Pronunciamiento
La Oficina de Derechos Humanos y Medio Ambiente de Puno, nos dirigimos a la opinión pública, al Presidente de la República Dr. Alan García Pérez, a la Presidencia del Consejo de Ministros, a la Presidencia del Congreso de la República, al Presidente Regional de Puno. Frente al justo reclamos de los hermanos y hermanas de la zona sur de nuestra región, en contra de las concesiones mineras y petroleras, manifestamos lo siguiente:
La Región Puno, tiene como problema principal el débil acceso y calidad de agua para el consumo humano, actividades agropecuarias, pesca y otros. Las actividades mineras solo son de beneficio de pocas personas convirtiéndose en la causa de la miseria de la población regional.
En el año 2010, se han recibido 1,656 solicitudes de concesiones mineras en Puno, se han registrado en el Inventario Actualizado de Pasivos Ambientales Mineros hasta el 28 de agosto del año 2010, que existen 256 Pasivos Ambientales en la Región, ubicados en la Provincia de Carabaya 80, Puno 16, San Antonio de Putina 51, Sandia 3, Lampa 54, San Román 9, Azángaro 2, Huancané 1, Chucuito 37, y 3 que no se conoce los lugares, existen también las concesiones de los lotes petroleros Nº 105, 141, 155 y 156 que abarcan a 11 de las 13 provincias de la Región.
El 48% de los conflictos sociales son medio ambientales, estos conflictos por lo general ocurren cuando no hay información oportuna, cuando empresas mineras ingresan a territorios de Comunidades Campesinas, sin respetar el Derecho a la Consulta y el consentimiento libre e informado.
Desde hace 16 días, los pobladores de la zona sur de la Región, entre ellos mujeres, niños y ancianos, permanecen en la intemperie, solicitando solución a sus legítimos derechos la suspensión de las Concesiones Mineras y Petroleras y la derogatoria del Decreto Supremo 083-2007-EM, sin que haya respuesta de parte del Estado hasta el momento. Durante los últimos días esta medida de lucha, ha recibido el apoyo de muchas organizaciones sociales, instituciones, universidades de nuestra Región de Puno, quienes se unen ante esta protesta mostrando su indignación ante la dejadez de parte del Gobierno Central.
Por esta razón solicitamos lo siguiente:
1. Exigimos el cumplimiento de la aplicación del Derecho a la Consulta, a todas las concesiones mineras emitidas por el INGEMMET desde el año 1995, que afectan los derechos de las comunidades campesinas de la región de Puno, establecidos en los artículos 6,7,15 del Convenio 169 de la OIT, y ahora estipulado en el Decreto Supremo 023-EM, Reglamento del Procedimiento para la aplicación del Derecho a la Consulta a los Pueblos Indígenas para las actividades Minero Energéticas. Así como se garantice el derecho de los pueblos indígenas a compartir beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Convenio 169 de la OIT y de los fundamentos 52 y 53 de la sentencia 00022-2009-PI/TC.
2. Respecto a la Resolución Suprema 131-2011-PCM, la cual rechazamos y pedimos la incorporación a esta comisión a los actores de la sociedad civil y otras instituciones que trabajan el tema medioambiental, especialmente de los dirigentes del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la zona sur, actualmente en conflicto con la Empresa Minera Bear Creek Mining, Santa Ana. Demandamos que para el funcionamiento de esta Comisión se precise los objetivos, facultades y se acorte los plazos, y que las reuniones de esta comisión deben ser realizadas en la ciudad de Puno y que los acuerdos al que arriben tengan carácter vinculante.
3. Rechazamos la Resolución Suprema Nº 191-2011-DE, que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú, por cuanto no es una respuesta que ayuda al dialogo y a resolver los problemas con mecanismos pacíficos.
4. Invocamos a las autoridades regionales y locales a la sociedad civil a mantener calma y responsabilidad para la conformación de una Comisión Regional, que ayude al dialogo con el Gobierno Central para la solución del conflicto.
La oficina de Derechos Humanos y medio Ambiente de Puno, ratifica su compromiso de seguir trabajando por la defensa de la vida, los derechos humanos y el cuidado del medio ambiente en el marco del desarrollo humano sostenible.
Servindi-Lima 25.05.2011
En pronunciamiento dirigido a las autoridades y a la opinión pública, la asociación demandó también que se incorporen miembros de la sociedad civil en la comisión creada mediante la Resolución Suprema 131-2011-PCM y rechazó asimismo, la intervención de las fuerzas armadas en el conflicto en Puno.
Pronunciamiento
La Oficina de Derechos Humanos y Medio Ambiente de Puno, nos dirigimos a la opinión pública, al Presidente de la República Dr. Alan García Pérez, a la Presidencia del Consejo de Ministros, a la Presidencia del Congreso de la República, al Presidente Regional de Puno. Frente al justo reclamos de los hermanos y hermanas de la zona sur de nuestra región, en contra de las concesiones mineras y petroleras, manifestamos lo siguiente:
La Región Puno, tiene como problema principal el débil acceso y calidad de agua para el consumo humano, actividades agropecuarias, pesca y otros. Las actividades mineras solo son de beneficio de pocas personas convirtiéndose en la causa de la miseria de la población regional.
En el año 2010, se han recibido 1,656 solicitudes de concesiones mineras en Puno, se han registrado en el Inventario Actualizado de Pasivos Ambientales Mineros hasta el 28 de agosto del año 2010, que existen 256 Pasivos Ambientales en la Región, ubicados en la Provincia de Carabaya 80, Puno 16, San Antonio de Putina 51, Sandia 3, Lampa 54, San Román 9, Azángaro 2, Huancané 1, Chucuito 37, y 3 que no se conoce los lugares, existen también las concesiones de los lotes petroleros Nº 105, 141, 155 y 156 que abarcan a 11 de las 13 provincias de la Región.
El 48% de los conflictos sociales son medio ambientales, estos conflictos por lo general ocurren cuando no hay información oportuna, cuando empresas mineras ingresan a territorios de Comunidades Campesinas, sin respetar el Derecho a la Consulta y el consentimiento libre e informado.
Desde hace 16 días, los pobladores de la zona sur de la Región, entre ellos mujeres, niños y ancianos, permanecen en la intemperie, solicitando solución a sus legítimos derechos la suspensión de las Concesiones Mineras y Petroleras y la derogatoria del Decreto Supremo 083-2007-EM, sin que haya respuesta de parte del Estado hasta el momento. Durante los últimos días esta medida de lucha, ha recibido el apoyo de muchas organizaciones sociales, instituciones, universidades de nuestra Región de Puno, quienes se unen ante esta protesta mostrando su indignación ante la dejadez de parte del Gobierno Central.
Por esta razón solicitamos lo siguiente:
1. Exigimos el cumplimiento de la aplicación del Derecho a la Consulta, a todas las concesiones mineras emitidas por el INGEMMET desde el año 1995, que afectan los derechos de las comunidades campesinas de la región de Puno, establecidos en los artículos 6,7,15 del Convenio 169 de la OIT, y ahora estipulado en el Decreto Supremo 023-EM, Reglamento del Procedimiento para la aplicación del Derecho a la Consulta a los Pueblos Indígenas para las actividades Minero Energéticas. Así como se garantice el derecho de los pueblos indígenas a compartir beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Convenio 169 de la OIT y de los fundamentos 52 y 53 de la sentencia 00022-2009-PI/TC.
2. Respecto a la Resolución Suprema 131-2011-PCM, la cual rechazamos y pedimos la incorporación a esta comisión a los actores de la sociedad civil y otras instituciones que trabajan el tema medioambiental, especialmente de los dirigentes del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la zona sur, actualmente en conflicto con la Empresa Minera Bear Creek Mining, Santa Ana. Demandamos que para el funcionamiento de esta Comisión se precise los objetivos, facultades y se acorte los plazos, y que las reuniones de esta comisión deben ser realizadas en la ciudad de Puno y que los acuerdos al que arriben tengan carácter vinculante.
3. Rechazamos la Resolución Suprema Nº 191-2011-DE, que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú, por cuanto no es una respuesta que ayuda al dialogo y a resolver los problemas con mecanismos pacíficos.
4. Invocamos a las autoridades regionales y locales a la sociedad civil a mantener calma y responsabilidad para la conformación de una Comisión Regional, que ayude al dialogo con el Gobierno Central para la solución del conflicto.
La oficina de Derechos Humanos y medio Ambiente de Puno, ratifica su compromiso de seguir trabajando por la defensa de la vida, los derechos humanos y el cuidado del medio ambiente en el marco del desarrollo humano sostenible.
Servindi-Lima 25.05.2011