Fracasa intento de detener a líder aimara Walter Aduviri por denuncia gubernamental. Dirigente se refugió en local de Panamericana Televisión.
PROVOCACIÓN DEL GOBIERNO AGRAVA EL CONFLICTO PUNEÑO
La virtual vicepresidenta Marisol Espinoza dijo que el gobierno de Ollanta Humala “privilegiará” la cultura de diálogo para evitar este tipo de conflictos y expresó que para solucionar la crisis en el sur de Puno se “analizará toda la información necesaria sobre el tema”.
DETALLE
Walter Aduviri y sus paisanos piden el cese de las concesiones mineras en la región sur de Puno, la cancelación de las concesiones petroleras. Además, la derogatoria del DS 083 que permite concesiones a menos de 50 kilómetros de la frontera, pese a que la Constitución lo prohíbe, así como el cese de persecución a los dirigentes campesinos.
El presidente del Frente de Defensa de la Zona Sur de Puno,
Walter Aduviri, permanecía hasta el cierre de la edición en el local de Panamericana Televisión, resistiendo una orden judicial de detención, dictada por una denuncia del gobierno, en una evidente provocación del Ejecutivo.La denuncia gubernamental responsabiliza a Aduviri y otros dirigentes aimaras de los desmanes registrados en mayo pasado en la capital del Altiplano y que los dirigentes sociales atribuyeron a infiltrados favorecidos por la sospechosa tolerancia policial.
Aduviri, quien lidera las protestas campesinas contra la actividad minera en las provincias del sur de Puno, fronterizas con Bolivia, permaneció en el canal a la espera de la llegada del fiscal puneño encargado del caso, facultado para cambiar el mandato de detención preliminar por una orden de comparecencia.
En las afueras de la estación, decenas de policías aguardaban para detenerlo y se enfrascaron en violentas discusiones e intercambio de empujones y golpes con los dirigentes comunales aimaras que buscan vanamente dialogar con las autoridades del gobierno sobre sus demandas.
Cuestiona la orden
Cercado y declarado “huésped” por la televisora, Aduviri indicó que la orden de detención contra él y otros siete dirigentes “no tiene fundamento jurídico ni sustento porque no tienen pruebas” de la acusación.
Sostuvo además que los aimaras no han cometido actos delincuenciales. “Mientras mis manos no estén manchadas de sangre y mi conciencia esté limpia, ni el pueblo aimara ni yo le debemos nada a nadie”, anotó.
Además dijo que la protesta que demanda la anulación de las concesiones mineras solo busca conservar la gran reserva de agua que constituye el lago Titicaca, con el fin de protegerla de la contaminación de las mineras.
“Lo único que hemos pedido es la reivindicación y el respeto para nuestro territorio, nuestros recursos naturales, nuestro recurso agua, queremos que el bolsón del agua del Titicaca no desaparezca del mundo. Lo que queremos es conservar esta reserva hídrica”, señaló.
“Una vez más invoco a los hermanos aimaras a mantener la calma, somos optimistas de que vamos a llevar resultados positivos para la región de Puno, en especial a la zona aimara”, dijo.
Los hechos
Aduviri y su delegación llegaron hace tres días a Lima para exponer sus demandas ante LA PRIMERA ministra, Rosario Fernández; el ministro de energía y Minas, Pedro Sánchez, y el presidente del Congreso, César Zumaeta, pero éstos se negaron a recibirlos aduciendo que los dirigentes tienen orden de captura.
Fernández alegó que los aimaras no aceptaban que el diálogo sea solo con 30 de los 300 llegados a Lima y querían participar todos, lo que era inviable.
El dirigente puneño llegó a las 6 y 30 de la mañana a Panamericana para una entrevista con el periodista Beto Ortiz y se enteró que la Policía había llegado para detenerlo. De inmediato, los aimaras empezaron a reclamar y Aduviri se negó a salir y entregarse, advirtiendo que si lo hacía podría estallar una protesta de grandes proporciones en las provincias aimaras.
El gerente del canal, Federico Anchorena, intentó calmar los ánimos, ofreciéndole a Aduviri que suba con cuatro acompañantes a dialogar a los pisos superiores. Momentos después llegaron a acompañarlo y mediar los congresistas electos Yonhy Lescano y Javier Diez Canseco.
La fiscal de turno, Rocío Acevedo, llegó a las 11 de la mañana y tomó las declaraciones preventivas de Aduviri, acompañado de sus abogados y de la representante de la Defensoría del Pueblo, Imelda Tumialán, quien informó que el dirigente aimara ya no sería detenido, quedando sin efecto el mandato de captura.
El abogado Rubén Calizaya dijo que al dirigente le tomaron sus datos personales y le preguntaron cuál fue su participación en los desmanes producidos el pasado 26 de mayo. “Aduviri dio sus declaraciones de ley y negó su participación en los saqueos e incendios contra instalaciones estatales en Puno”, expresó.
Entretanto, miles de aimaras realizaron marchas y mítines por las calles de Puno en defensa de sus dirigentes y, en Desaguadero, amenazaron con tomar el Puente Internacional. Unos tres mil pobladores de las localidades de la provincia de Chucuito, esperaban el desarrollo de los acontecimientos.
Denuncian maniobra Oficialista
El legislador Yonhy Lescano denunció que la orden de captura fue una maniobra del gobierno, tras saber que Aduviri y su comitiva se dirigían a Lima para dialogar con los ministros.
“No nos han entregado ningún documento de notificación para que Aduviri declare, al parecer ha habido una orden de captura cuando los dirigentes aimaras llegan voluntariamente a Lima. ¿Es políticamente correcto, es ético y adecuado para el país invitar al diálogo y luego con los procuradores promover una orden de captura?”, preguntó.
LA PRIMERA ministra Fernández, por su parte, lejos de sumarse a los esfuerzos de distensión y de solución del problema, exigió en Lima que la orden de detención de Aduviri se cumpliera, en contradicción con su declarada disposición a dialogar con los dirigentes.
En tanto, la Sala Penal de Apelaciones de Puno, presidida por Manuel Quintanilla Chacón, reprogramó para hoy la audiencia del caso, a solicitud escrita de la fiscal Gaby Pantigoso. La Sala deberá pronunciarse sobre el recurso impugnatorio de apelación, presentado por los abogados de Aduviri.
Al mismo tiempo, en Puno la situación se normalizó ayer en la provincia de Carabaya tras una huelga, luego que el gobierno cancelara mediante un decreto el proyecto de la hidroeléctrica de Inambari, rechazada por los pobladores, y la provincia de Ayaviri inició otra huelga general contra la presencia de tres empresas mineras.