Monterrico Metals Plc., empresa británica propietaria de Río Blanco Copper S.A., antes llamada Minera Majaz S.A. aceptó indemnizar a 32 campesinos torturados en la sede del campamento minero y a los familiares de un campesino muerto entre el 1 y 3 de agosto de 2005.La empresa aceptó indemnizar a los campesinos para que los demandantes den por concluida la demanda interpuesta en junio de 2009, ante las Altas Cortes Británicas contra Monterrico Metals Plc., en su condición de casa matríz de Río Blanco Copper S.A.
La Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz) considera que Monterrico Metals Plc., aunque no admite expresa responsabilidad en los hechos, aceptó pagar la indemnización porque consideran que las víctimas tienen una sólida demanda.
Fedepaz, quién patrocina a los comuneros, sostuvo que existen numerosas pruebas de los delitos de lesa humanidad cometidos. Entre estos, más de 80 testimonios que indican la responsabilidad de la empresa, más de 50 fotografías que muestran a las víctimas con graves lesiones en la sede del campamento minero, entre otras.
Los hechos
En aquella ocasión centenares de campesinos de las provincias de Huancabamba y Ayabaca en Piura, así como de San Ignacio en Cajamarca, ubicados en la parte norte del Perú, fueron duramente reprimidos luego de realizar una marcha pacífica de sacrificio al campamento ubicado en las alturas de Piura.
En los actos de violencia provocados por la empresa participaron funcionarios y trabajadores de la Empresa Minera Majaz S.A. (hoy Río Blanco Copper S.A.) y de la empresa de seguridad Forza.
La marcha se realizó con la finalidad de sensibilizar a las autoridades públicas y a los funcionarios de la empresa minera respecto a sus desatendidos pedidos de diálogo.
Los comuneros desaprobaban el proyecto minero dentro de sus tierras comunales por que afectaría su forma de vida y desarrollo fundamentados en actividades sostenibles como la agricultura, la ganadería, el turismo ecológico y la agro-exportación.
Los efectivos policiales y miembros del equipo de seguridad de Forza no solo reprimieron con violencia a los pacíficos comuneros sino que además secuestraron a un grupo de campesinos, a quienes sometieron a torturas y malos tratos por casi cuatro días dentro del campamento minero.
La demanda
Los comuneros realizaron la demanda con el patrocinio de la Fedepaz y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. FEDEPAZ, a través del Centro Legal de Defensores del Medio Ambiente (EDLC por su sigla en inglés) logró interesar al estudio de abogados británico Leigh Day & Co. para representar a las víctimas, quién se consternó por la gravedad de los hechos.
En junio de 2009 los tribunales británicos ordenaron inmovilizar los activos de Monterrico Metals Plc, con la finalidad de prever el pago efectivo de la indemnización. El 16 de octubre de 2009 una jueza británica confirmó la inmovilización por tratarse de una “causa probable”.
Luego de la etapa del acopio de pruebas el juicio estaba previsto iniciarse en octubre de 2011 pero que ya no proseguirá debido a la decisión de Monterrico Metals Plc de aceptar pagar las indemnizaciones demandadas por las víctimas.
Sanción penal para los respopnsables
FEDEPAZ expresó su satisfacción por el reconocimiento logrado gracias a la eficaz e imparcial actuación de la justicia británica y que aún no se ha encontrado en el Perú.
Esperan que se imponga una sanción penal justa contra todos aquellos policías, funcionarios y trabajadores de la empresa minera y de seguridad, con responsabilidad en los graves crímenes que cometieron contra humildes comuneros que lo único que buscaban era defender su modo de vida.
A pesar del tiempo transcurrido aún se desarrolla actualmente una investigación penal preparatoria para juicio oral contra dos coroneles y doce sub-oficiales de la Policía Nacional. Asimismo, se investiga a otros generales y oficiales de la policía, funcionarios y trabajadores de la empresa Majaz y de Forza.
Mediante una nota de prensa Fedepaz consideró además necesario mejorar los marcos normativos del sector minero para que las empresas se vean obligadas a respetar los derechos de las personas y especialmente de los pueblos indígenas.
Servindi-Lima 21.07.2011