MONTERRICO METALS (EX-MAJAZ) ACEPTA INDEMNIZAR A VÍCTIMAS DE TORTURA

Demandantes peruanos por torturas indemnizados por Monterrico

Los procedimientos legales iniciados por 33 peruanos contra Monterrico Metals PLC del Reino Unido se han resuelto mediante el pago de indemnizaciones sin haberse admitido la responsabilidad. El juicio ante el Tribunal Superior de Londres estaba programado por 10 semanas a partir de octubre con aproximadamente 80 testigos de los Demandantes. Los Demandantes alegaron el uso de torturas de parte de la policía peruana luego de una protesta en la mina de cobre Río Blanco de Monterrico (cerca de Ecuador) en agosto de 2005. La mina es de una subsidiaria peruana de Monterrico, Río Blanco Copper SA ("RBC"). RBC pertenece (a través de 2 compañías de las Islas Caimán) a Monterrico.

Ex empleados de la mina y otras personas proporcionaron testimonios. Los demandantes reclamaban que Monterrico era cómplice de torturas/maltratos, alegando lo siguiente (lo cual es negado en su integridad por Monterrico): El gerente del campo minero, Román Tirado, quien se refirió a los manifestantes como miembros terroristas de "Sendero Luminoso", incitó a la policía a atacarlos y a maltratarlos; algunos empleados y el contratista de la seguridad de la mina, Forza [actualmente propiedad de Securitas (Suecia)], participaron en el maltrato (incluso capturando, golpeando e insultando a los manifestantes, entregando sacos y sogas para detenerlos y transportando las municiones de la policía); la compañía falló en prevenir el maltrato ocurrido durante 2-3 días en las instalaciones de la mina; el Sr. Tirado dio instrucciones a los empleados de trasladar lejos de allí el cuerpo de Melanio García (un manifestante que había sido asesinado).

Río Blanco era el principal activo de Monterrico. El director fundador de Monterrico y Director de Operaciones, Ray Angus (ingeniero australiano), también era el Director General de RBC en Perú. Testigos afirmaron que Angus estuvo en contacto regular con Mr. Tirado durante los incidentes. Los demandantes alegaron que Monterrico controlaba la operación peruana y que RBC era, en efecto, la misma entidad jurídica que Monterrico.

Las fotografías tomadas durante el incidente mostraban a los manifestantes encapuchados, esposados y heridos. Los demandantes alegaron (si bien Monterrico lo niega) que fueron golpeados, abusados, amenazados (incluso de violación y muerte), dos mujeres fueron abusadas sexualmente, a todos se les forzó a ingerir comida podrida y se les detuvo en una plataforma húmeda para la matanza de animales. Cinco demandantes fueron heridos con arma de fuego; uno de ellos perdió un ojo. Los psiquiatras del ilustre Hospital Maudsley confirmaron que la mayoría de los accionantes aún sufren de trastornos por estrés postraumático (PTSD, por sus siglas en inglés), algunos muy severo. La demandante Elizabeth Cunya Novillo declaró: "Los tres días de detención fueron de los peores de mi vida. Cuando me pegaron, todo mi mundo cambió... fue como si un tornado hubiese destruido todo". Otro accionante, Senesio Jiménez, afirmó: "Cuando llegamos para dialogar, nos botaron a golpes y balazos, nos torturaron en nuestra propia tierra. A veces al campesino lo tratan como un animal sin derecho a vivir, no tienen compasión. Pensé que no había ninguna esperanza de justicia. Todos los días me acuerdo de los golpes y el abuso. No puedo olvidarlo. Cuando trabajo, esos pensamientos no se van. Tengo desesperación que mi tierra vaya a desaparecer.

No hemos visto pruebas que sugieran que la compañía haya reclamado por la conducta de la policía o investigado el maltrato de los manifestantes. Pero a los demandantes se los acusó penalmente por la manifestación (y otros asuntos no relacionados), presuntamente la compañía apoyó esos procesos.

Los demandantes también alegaron que el incidente formó parte de la estrategia de la compañía diseñada para reprimir la oposición, con inclusión de: Un ataque (en abril de 2006) organizado por RBC a la comunidad campesina de Segunda Cajas, por aproximadamente 80 personas con palos y piedras lo que derivó en el uso de fuerza excesiva por parte de la policía contra los campesinos; varios otros incidentes provocativos y violentos organizados por la compañía entre enero y abril de 2006 para intimidar a los opositores de la mina y justificar el establecimiento local de presencia policial. Monterrico lo niega en su totalidad.

En septiembre de 2006, RBC expresó por escrito a las comunidades sus: "disculpas más sentidas por las actitudes y los conflictos ocurridos en el pasado entre ciertos miembros de su personal y trabajadores, y algunas familias, organizaciones y líderes comunitarios de las provincias de Huancabamba y Ayabaca. Se ha reprendido seriamente a las personas relacionadas con estos conflictos y se las ha desvinculado permanentemente de nuestra compañía, como expresión del deseo de lo Directores de [RBC] de que tales actitudes nunca vuelvan a repetirse en el futuro... Como expresión de nuestra buena voluntad... de aquí en más [RBC] no iniciará más acciones judiciales; este será el rol exclusivo del fiscal". Sin embargo, Monterrico niega que dicha disculpa se relacione con el incidente de agosto de 2005.

Al parecer, el caso pone de manifiesto los conflictos en Perú y en otros lugares entre las comunidades indígenas y las operaciones mineras multinacionales. Esta protesta se originó por la creencia de parte de las comunidades locales de que sus inquietudes relativas al potencial impacto ambiental de la mina estaban siendo ignoradas. En 2006, la Defensoría del Pueblo (Perú) llegó a la conclusión de que la compañía estaba ocupando la tierra ilegalmente debido a que no había consentimiento de las comunidades, tal como se requiere. Monterrico lo objeta. La cuestión está en manos de la Justicia en Perú.

En febrero de 2009, el Centro Legal de Defensores del Medio Ambiente (http://www.edlc.org/), con base en Estados Unidos, contactó a Leigh Day & Co ("LDC") por el caso. LDC luego se puso en contacto con los abogados en derechos humanos de Lima de Fedepaz (http://www.fedepaz.org/) y la Coordinadora (http://www.derechos.net/cnddhh/), quienes asistieron a los demandantes en la defensa ante las acusaciones penales arriba mencionadas. Monterrico fue adquirida por Zijin Consortium (China) en 2008; por lo cual, las oficinas corporativas de Monterrico se mudaron a Hong Kong. A LDC le preocupó que Monterrico cerrara su oficina en el Reino Unido de manera tal que cualquier reclamo en Inglaterra fuese en vano (NB: no se sugiere que este fuese el objetivo de Monterrico). Por ello, cuando los procedimientos se iniciaron en Londres en junio de 2009, los demandantes obtuvieron una medida cautelar de inmovilización o congelación de fondos a nivel mundial por más de £5 millones sobre los activos de Monterrico, con el apoyo de una orden judicial del Tribunal Superior de Hong Kong lograda por los abogados de Gall (http://gallhk.com/).

Richard Meeran de Leigh Day & Co: "mis clientes sufrieron un maltrato deplorable y se les negó obtener justicia en Perú. Esta fue una actuación extremadamente costosa para Monterrico y constituye una lección saludable para las multinacionales que operan en los países en desarrollo"

El Regional de Piura 21/07/2011