Puno: Congresista controla negocio de la minería informal
LOS DOMINIOS DEL FUJIMORISTA ELECTO FRANCISCO CCAMA

Congresista fujimorista electo controla el negocio de la minería informal en Ananea. Concesiones que defiende empresario revelan un feroz daño ambiental en el río Ramis y la explotación laboral de pobladores que buscan sobrevivir.

“Yo lo he conocido años, él hace y deshace. Como era presidente de diez cooperativas, tiene derechos en cada una. Puede hacer trabajar su chute, volquete y su cargador en cada cooperativa. La gente, los socios, siguen aportando miles de soles. Aparte saca de las cooperativas. Él no trabaja, en ese plan está. Se va a Lima y les dice a los informales que va a gestionar, que ya sale la norma. Que solucionará el problema. ¡Cuánto habrá robado al pueblo de Ananea!”, así opina un minero sobre el ex presidente de Cecomsap (Cooperativas Mineras de San Antonio de Poto-Ananea) Francisco Ccama Layme. Por razones de seguridad el comunero mantiene su anonimato pero sus comentarios son compartidos en gran parte por quienes están obligados a vivir a diario con esta actividad extractiva.

Ccama Layme, hasta antes de ser elegido en estas últimas elecciones congresista por el movimiento fujimorista Fuerza 2011, ejercía la presidencia de Cecomsap, un grupo de otras diez cooperativas que explota más de mil hectáreas de terreno cedidas por la comunidad campesina de Ananea el 2007. Él ha permanecido en ese cargo en forma permanente desde 1989, año en que fue creada. Su poder no solo se extiende a esas diez cooperativas sino también lo ejerce en las mineras informales y otras cooperativas, aun cuando su nombre formalmente no aparece.

La movilización de miles de pobladores en la región Puno el pasado 25 de junio, que derivó en acciones violentas contra el terminal aéreo de Juliaca y la muerte de seis pobladores del norte de Puno, tiene como fuente de conflicto inicial la zona minera del distrito de Ananea, ubicado en San Antonio de Putina, que pertenece a la vez a los dominios del empresario y congresista electo por el fujimorismo.

Luego de las masivas protestas efectuadas el 2007, el gobierno central y las autoridades coincidieron en crear un comité de alto nivel con el fin de detener definitivamente la minería realizada en las alturas de Ananea, cuyos relaves eran vertidos en riachuelos que daban a la cuenca del Ramis y posteriormente en el lago Titicaca.

Su efecto contaminante afecta desde hace quince años a poblados de tres distritos de Azángaro y dos distritos de Carabaya. Los comuneros que habitan a orillas del río Ramis usan diariamente el agua de ese río para alimentar a sus familias, su ganado, regar sus pastos.

Ni formal ni pequeña
Pese a las evidencias, la inacción gubernamental es sospechosa, pues permite hasta ahora que el negocio del oro siga más activo que nunca en Ananea, y que Francisco Ccama sea el principal beneficiado.

El 31 de octubre del 2007, el Ministerio de Energía y Minas otorgó constancias de Pequeño Productor Minero Nº 1208 a favor de las mineras que conforman la Cecomsap respecto a los derechos mineros.

Sin embargo, tal como este diario ha podido verificar, la pequeña minería no existe. Camionetas de doble tracción y camiones salen y entran del centro poblado Ananea, rodeado de excavaciones. Cuando uno ingresa por la carretera puede observar a ambos lados volquetes, cargadores frontales y retroexcavadoras trabajando en la tierra.

Estas máquinas también se pasean por el pueblo o permanecen estacionadas a muy pocos metros del local del Ministerio Público y del puesto policial de Ananea.

También los mineros informales que ingresan para extraer el mineral cuentan con esta maquinaria. Ellos permanecen en los extremos de las concesiones mineras y en algunos casos ingresan a estas para explotar pagando con oro el alquiler. Al lado de la pista que atraviesa Ananea se observan también riachuelos que contienen los desechos de los lavadores de oro. Estos tienen como destino final el río Ramis.

Está blindado
En su intento de poner fin a las protestas contra la minería en Ananea, el Ejecutivo publicó el 25 de junio cinco normas que aparentemente ponen un alto a la extracción de oro de manera informal para frenar la contaminación de los ríos Ramis y Suches.

Una de las normas, el decreto de Urgencia Nº 28-2011, apunta a prohibir el uso de maquinaria pesada en las zonas denominadas Pampa Blanca, Chaquiminas y Ancco. Pero el gobierno no consideró en el decreto a “las Morrenas de Viscachani y al propio centro poblado de Ananea, en donde también se explota el oro. Casualmente es en estas dos zonas donde se ubican las concesiones de la Cecomsap perteneciente a Francisco Ccama.

Según la dirección regional de Minería de Puno, no incluir a las zonas de dominio de Ccama supondría blindarlo. En palabras de un funcionario, las zonas explotadas por Cecomsap deberían incluirse porque tienen el mayor número de denuncias y porque no ha cumplido con los requisitos establecidos.

“Está vencido su estudio de impacto ambiental. No han presentado un estudio de impacto ambiental, solamente han pedido una ampliación para entregarlo, lo que no es lo mismo”, cuenta el funcionario, quien afirma que la dirección regional no cumple con elaborar el informe técnico porque por falta de recursos aún no han ido a Ananea a realizar las verificaciones.

Pese a todos estos inconvenientes, el empresario Ccama Layme aparece a todas luces blindado por alguien desde el poder.

Explotación laboral
En medio de la informalidad que beneficia a los dueños de estas concesiones, la injusticia y la explotación abundan.

“En tiempos de lluvia (de diciembre a abril), al mes me pagan dos mil soles. Debo trabajar 12 horas y a veces 15 horas. Claro que no hay horas extras. Si el dueño del chute quiere trabajar más horas de noche, como sea yo debo trabajar por el mismo precio. El sueldo es muy bajo”, cuenta un obrero quechuahablante, quien afirma que, por necesidad, maneja en forma informal un cargador frontal desde hace 7 años.

“Trabajo de lunes a domingo, no me alcanza el sueldo, pero no puedo dejarlo porque tengo familia. Ellos, los dueños, sacan un cuarto de kilo de oro gracias a las excavadoras y volquetes de las cooperativas. Esa es la ganancia neta de los dueños. Ellos se quedan con la mayor parte, por eso han mejorado las supuestas cooperativas, por eso les va bien como a Pancho (Ccama)”, afirma el comunero, quien revela además que los obreros son los más afectados por la contaminación y por la paga tan baja.

“El turno de los peones es de 20 soles, el cual dura cinco horas. Pueden pagarle mensualmente 900 soles, pero son los que más se envenenan. Están en el frío y en la noche”, dice sin negar que él probablemente lo esté luego de haber absorbido el mercurio en estos años de trabajo.

Envenenados
El presidente del Comité de Regantes y Riegos del distrito de Asillo, Wilbert Atauari Mamani, dijo que son más de cinco mil personas las que consumen el agua envenenada del río Ramis. Con fotografías buscan demostrar que sus animales mueren apenas nacidos y sus niños presentan diarrea y desnutrición crónica. Ellos lo atribuyen al alto nivel de fierro y mercurio que se encuentra contenido en el agua.

Estudios efectuados el 2010 por la Dirección de Investigación de la Universidad Nacional del Altiplano demuestran, efectivamente, que los índices de fierro superan largamente el límite requeridos para los seres humanos y animales. Por eso Wilbert Atauri afirma que saldrán otra vez a protestar a las calles de Juliaca si el gobierno entrante opta por no poner freno a la minería que mata lentamente a sus familias y sus tierras.

No hay recursos para investigar
Francisco Ccama, como otros, ha logrado evadir el pobre sistema de justicia que impera en Puno en cuanto a la lucha contra la contaminación.

La Fiscalía especializada en Medio Ambiente no puede continuar las investigaciones porque no cuenta con vehículos, personal ni laboratorio que sirva para determinar si hubo o no delito ambiental. Tampoco lo tiene la Autoridad Nacional del Agua. Las pruebas deben enviarse a Lima y la respuesta técnica tarda tres meses.

El fiscal provisional Federico Chavarry Cúneo, quien ve el proceso contra Ccama, admite que cuando se quiere hacer verificaciones sorpresivas, los dueños de concesiones en Ananea saben con anticipación de su llegada y proceden a corregir y ocultar las pruebas. “Hay infiltración por todas partes”, advierte.

Diario La República-Lima 04.07.2011