Moisés Sergio Salazar, presidente de la Organización de Desarollo del Pueblo Kakinte que cuestiona la actitud del ministerio de Energía y Minas y Repsol
La Organización de Desarollo del Pueblo Kakinte (ODPK) acordó suspender cualquier diálogo con la empresa Repsol y la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE) del ministerio de Energía y Minas sobre el proyecto de exploración de gas en el lote 57 por no haberse respetado la representatividad indígena y los acuerdos durante la reunión que sostuvieron el pasado 5 de agosto en Lima.
Los kakintes denuncian haber sido burlados por Iris Cárdenas, titular de la DGAAE, por haberse presentado el 11 de agosto en la comunidad nativa de Tsoroja junto a empleados de Repsol, sin conocimiento de la organización kakinte, con la intención de obtener un acta de entendimiento entre la empresa y las autoridades de la comunidad.
En Tsoroja, Iris Cárdenas informa a los comuneros de Tsoroja y de Corinto que la aprobación del EIA ha sido hecha por las propias comunidades al participar de los talleres de información y audiencia públicas.
Para los comuneros, la intención de confundirlos quedó en evidencia, puesto que ellos poseen actas de la comunidad y documentos remitidos al ministerio en los cuales rechazan los talleres y audiencias desde el 2010.
Según las normas es la propia Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos quien otorga la aprobación de los EIA.
Se ha intentado responsabilizar a las comunidades solo por haber asistido a los talleres de información, no obstante, haber manifestado nuestra desaprobación, sostuvo un dirigente del pueblo kakinte.
Otros funcionarios que asistieron a la comunidad de Tsoroja son Máximo Borja Usurin, especialista en evaluación de EIA de la DGAAE, Heydi Rocío Araujo Sifuentes, asistente en gestión social del ministerio de Energía y Minas, y Richard Miguel Jaimes, representante del Indepa.
Consulta previa y supervisión ambiental
Los kakintes han observado el estudio de impacto ambiental principalmente por no haber sido consultados sobre el proyecto de hidrocarburos y además, porque no se ha cumplido la exigencia indígena de que participen órganos supervisores del Estado como Osinergmin, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Perupetro, Sernanp, la Autoridad Nacional del Agua y el Indepa.
Asimismo, en la reunión del 5 de agosto se pidió a la funcionaria Iris Cárdenas que se conforme una instancia de diálogo y de gestión tripartita con el ministerio de Energía y Minas y el equipo técnico dialogante, la empresa Repsol y la organización kakinte.
El objetivo de este grupo de trabajo sería diseñar y ejecutar proyectos de desarrollo de las comunidades kakintes a fin de impulsar mecanismos de negociación, resolución de conflictos, así como supervisar las obligaciones socioambientales y disponer las indemnizaciones en caso de daño.
Según el documento suscrito por las autoridades comunales y la directiva de la organización del pueblo kakinte, Iris Cárdenas había aceptado la viabilidad de la propuesta nativa.
Suspensión del diálogo
Los kakinte se sienten ofendidos con la DGAAE del ministerio de Energía y Minas, por haberles faltado el respeto a su representatividad política y por no haber respetado los diálogos y acuerdos iniciales en el que ODPK propone crear una instancia de diálogo y gestión tripartita.
“La actitud de la DGAAE refuerza una vez más el incumplimiento del Estado y los organismos supervisores y fiscalizadores frente al proyecto de gas de Repsol en el lote 57 en territorios de la comunidad nativa Tsoroja”, precisa el comunicado.
Mientras esto dure, los indígenas kakintes suspenden todo diálogo con el ministerio de Energía y Minas.
También cierran el diálogo con Repsol por pretender condicionar continuamente los proyectos y apoyos sociales con tal de que la comunidad y autoridades comunales y jefes de la comunidad de Tsoroja y Corinto accedan a firmar actas de entendimiento”.
La ODPK, además, desconoce el acta suscrita el 2010 pues denuncia que la empresa se aprovechó de la buena fe de las comunidades y de sus dirigentes.
Para Moisés Sergio Salazar, presidente de la organización kakinte, el gobierno peruano debe fortalecer sus instituciones estatales en especial las vinculadas a las actividades de supervisión y las que participan de los procesos de diálogo y gestión.
Servindi-Lima 16.08.2011