RIESGOS DE NO DESPENALIZAR DELITOS DE PRENSA
No se ha probado que Garay haya dicho lo que se le imputa contra el fiscal Agustín López Cruz, y aun así el periodista está preso…
El caso del periodista Paul Garay, de Pucallpa, demuestra los abusos que se desprenden porque los delitos de prensa siguen penalizados en nuestro país. El juez Alcibiades Morote condenó al periodista pucallpino a tres años de prisión efectiva por el supuesto delito de difamación contra un fiscal. La condena se dio con una celeridad que ojalá se viera en el caso de los avezados delincuentes y narcotraficantes que amenazan la seguridad de esa zona de nuestra Amazonia.
El periodista Garay fue uno de los testigos contra el ex alcalde de Coronel Portillo, Luis Valdez –sospechoso de narcotráfico y acusado del asesinato del periodista Alberto Rivera–, y ha denunciado la corrupción de varias autoridades pucallpinas. No se ha probado que Garay haya dicho lo que se le imputa contra el fiscal Agustín López Cruz, y aun así el periodista está preso.
Expertos consultados señalaron a este Diario que se han cometido varias faltas al debido proceso que deben ser evaluadas y subsanadas por las instancias judiciales. Entre otras cosas, se lo detuvo en abril pasado con el trato que se le da a un maleante atrapado perpetrando un delito flagrante, no se realizaron los peritajes de ley y la pena resulta severa y desproporcionada (3 años de prisión y el pago de 20.000 soles de reparación civil). Todo esto parece revelar, también, un ánimo de represalia y revanchismo, así como de intimidación contra la prensa que denuncia e investiga las pillerías de ciertas autoridades.
El caso amerita la intervención de los organismos fiscales y judiciales superiores y debería llevar a los legisladores a reflexionar sobre las amenazas y riesgos que acarrea la penalización de los delitos de prensa, así como a avanzar en la despenalización de los mismos, que deberían ser vistos en el fuero civil.
El Consejo de la Prensa Peruana, que analiza el Caso Garay, sostiene la necesidad de que el Congreso estudie el marco legal de los países democráticos para garantizar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, entre los cuales se incluyen las libertades de prensa, expresión y opinión. La tendencia global es tratar los casos de difamación en el fuero civil, lo que se complementa con el compromiso ético de los periodistas para autorregularse.
Como lo subrayamos recientemente, “Una prensa amenazada, censurada o amedrentada judicialmente es parte del camino que lleva a la dictadura solapada”.
Diario El Comercio-Lima 08.09.2011
No se ha probado que Garay haya dicho lo que se le imputa contra el fiscal Agustín López Cruz, y aun así el periodista está preso…
El caso del periodista Paul Garay, de Pucallpa, demuestra los abusos que se desprenden porque los delitos de prensa siguen penalizados en nuestro país. El juez Alcibiades Morote condenó al periodista pucallpino a tres años de prisión efectiva por el supuesto delito de difamación contra un fiscal. La condena se dio con una celeridad que ojalá se viera en el caso de los avezados delincuentes y narcotraficantes que amenazan la seguridad de esa zona de nuestra Amazonia.
El periodista Garay fue uno de los testigos contra el ex alcalde de Coronel Portillo, Luis Valdez –sospechoso de narcotráfico y acusado del asesinato del periodista Alberto Rivera–, y ha denunciado la corrupción de varias autoridades pucallpinas. No se ha probado que Garay haya dicho lo que se le imputa contra el fiscal Agustín López Cruz, y aun así el periodista está preso.
Expertos consultados señalaron a este Diario que se han cometido varias faltas al debido proceso que deben ser evaluadas y subsanadas por las instancias judiciales. Entre otras cosas, se lo detuvo en abril pasado con el trato que se le da a un maleante atrapado perpetrando un delito flagrante, no se realizaron los peritajes de ley y la pena resulta severa y desproporcionada (3 años de prisión y el pago de 20.000 soles de reparación civil). Todo esto parece revelar, también, un ánimo de represalia y revanchismo, así como de intimidación contra la prensa que denuncia e investiga las pillerías de ciertas autoridades.
El caso amerita la intervención de los organismos fiscales y judiciales superiores y debería llevar a los legisladores a reflexionar sobre las amenazas y riesgos que acarrea la penalización de los delitos de prensa, así como a avanzar en la despenalización de los mismos, que deberían ser vistos en el fuero civil.
El Consejo de la Prensa Peruana, que analiza el Caso Garay, sostiene la necesidad de que el Congreso estudie el marco legal de los países democráticos para garantizar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, entre los cuales se incluyen las libertades de prensa, expresión y opinión. La tendencia global es tratar los casos de difamación en el fuero civil, lo que se complementa con el compromiso ético de los periodistas para autorregularse.
Como lo subrayamos recientemente, “Una prensa amenazada, censurada o amedrentada judicialmente es parte del camino que lleva a la dictadura solapada”.
Diario El Comercio-Lima 08.09.2011