DESASTRE SOCIAL Y AMBIENTAL
FIEBRE DEL ORO PONE EN JAQUE A AMÉRICA LATINA
El apetito por el oro y otros metales tiene en auge a la minería informal, y a la industria formal en apogeo, con una inversión proyectada de 300.000 millones de dólares a 2020. Más de 160 conflictos mineros han estallado en toda la región por la oposición de comunidades locales contra proyectos que ven como una amenaza, en especial por su gran consumo de agua.
Una renovada fiebre del oro tiene a América latina en jaque: bosques tropicales devastados en faenas ilegales donde reina la ley del más fuerte, comunidades locales en pie de guerra contra proyectos de inversión de las grandes mineras internacionales.
El apetito por el oro y otros metales tiene en auge a la minería informal, sobre todo en Perú, Colombia y Bolivia, y a la industria formal en apogeo, con una inversión proyectada de 300.000 millones de dólares a 2020, según la Sociedad Interamericana de Minería.
No obstante, 162 conflictos mineros han estallado en toda la región por la oposición de comunidades locales contra proyectos que ven como una amenaza, en especial por su gran consumo de agua, según el Observatorio de Conflictos Mineros de América latina.
Con un precio del oro que pasó en la última década de 270 dólares a entre 1.600 y 1.800 dólares la onza, -por ser refugio favorito de inversionistas ante las turbulencias de la economía mundial- y un cobre por las nubes debido a la voraz demanda de China, nada hace pensar que la tendencia se detenga.
La minería informal: desastre social y ambiental
La minería ilegal -sobre todo aurífera- se ha cobrado ya centenares de víctimas y ha depredado miles de hectáreas en la Amazonía, donde se han instalado extensos campamentos que arrasan con todo a su paso.
Para extraer cada gramo de oro se requieren dos o tres de mercurio, que es vertido a los ríos en los lavaderos.
En busca de agua, las topadoras arrasan con los bosques tropicales.
En paralelo ocurre un desastre social: miles de niños, mujeres y hombres son explotados sexual y laboralmente, en precarios campamentos donde no hay escuelas ni centros de salud y rige la ley del más fuerte.
En Perú, donde entre 110.000 a 150.000 personas se dedican a la minería ilegal, unos mil niños son explotados sexualmente en la zona de Madre de Dios, según la ONG Save The Children.
“Aquí hay decenas de prostibares, donde cientos de niñas son llevadas engañadas en la creencia que van a ganar mucho dinero”, dijo Teresa Carpio, directora de esta ONG en Perú.
“Es la explotación del ser humano al máximo. Las condiciones de vida son miserables y están trastocados todos los valores”, agregó.
“Si viajas hasta allá es como hacer un viaje al pasado, es como ver una película del oeste (estadounidense)... un drama sin precedentes”, ilustró.
En esa región, una de las más pobres de Perú, se producen unas 18 toneladas de oro al año, y según estimaciones oficiales, se han destruido 20.000 hectáreas de bosques tropicales.
En Colombia, miles de personas han vuelto a explotar antiguas minas en los departamentos de Antioquia y Chocó.
En las comunidades indígenas y negras, la participación de niños en la minería del oro hace parte de sus tradiciones. Se estima que hay entre 200.000 y 400.000 niños que trabajan hoy en la minería a pequeña escala, según datos suministrados por Amichocó de Colombia, a la Alianza por la Minería Responsable (AMR).
En Bolivia unas 10.000 personas viven de la minería del oro, explotando pequeños depósitos “en condiciones extremadamente severas, de forma muy precaria y causando un fuerte impacto ambiental”, según la AMR.
Un nuevo
El Dorado para las grandes mineras
El apetito por minerales tiene también a América latina como una de las regiones más atractivas para la inversión. El año pasado, captó el 25% de las inversiones en exploración.
Hoy el 45% del cobre sale de América latina, el 50% de la plata y el 20% del oro, pero si se concretan los proyectos de inversión la región liderará en 2020 la producción de estos metales.
No obstante, varios proyectos han sido detenidos en Chile, Perú y Argentina.
La aplicación del convenio 169 de la OIT, que exige consultar a las comunidades sobre alteraciones en sus territorios, es el arma principal contra proyectos que han sufrido costosos retrasos.
“Los conflictos sociales que están muy presentes en la región, van a tener y están teniendo impacto en los cronogramas de los proyectos de inversión”, dijo el economista José de Echave, ex ministro del Medio Ambiente en el actual gobierno peruano de Ollanta Humala.
El proyecto Conga, de la estadounidense Newmont y con 4.800 millones de dólares en inversión, es resistido por la población de Cajamarca (norte de Perú), que estima que la agricultura de verá perjudicada por la falta de agua. El proyecto quedó detenido en noviembre.
En la localidad argentina de Famatina, la canadiense Osisko Minning Corp suspendió su proyecto para instalar una mina de oro a cielo abierto en el cerro General Belgrano.
En Chile, en tanto, la canadiense Goldcorp paralizó la explotación de la mina El Morro, en el norte, por no haber consultado al pueblo indígena que vive en la zona.
“Lo que se pide es que el modelo económico y las actividades productivas respeten la legislación vigente, que el desarrollo sea acorde y sostenible con los pueblos que habitan las zonas que se quieren explotar”, explicó la abogada Consuelo Labra, de la ONG Observatorio Ciudadano, que asesora a comunidades indígenas. (AFP-NA)
El Litoral.com.ar 14.05.2012