EN DEFENSA DE LAS FUENTES DE AGUA
Por Luis Ángel Saavedra, desde Quito
Miles de indígenas ecuatorianos marcharon en marzo contra proyecto cuprífero que afectará sus fuentes de agua.
Argentina, Chile, Ecuador y Perú, entre otros, son países que han vivido durante este año grandes jornadas de protesta en las que, principalmente indígenas y campesinos, han optado por salir de sus comunidades y caminar con rumbo a los centros del poder político para confrontarse directamente con los mandatarios, a quienes advierten sobre la inminente contaminación o desaparición de las fuentes de agua si se continúa con planes que provocarán la depredación de la naturaleza o que convertirán el agua en una mercancía de alto costo.
Esta coincidencia de movilizaciones latinoamericanas se produce en rechazo al auge minero y la ampliación de la explotación petrolera y forestal, lo que a su vez responde a la cada vez mayor presión del mercado internacional que busca satisfacer la demanda de energía y minerales que necesitan los países industrializados. De igual forma, las movilizaciones buscan frenar la privatización del agua.
Las decisiones gubernamentales contradicen cuerpos legales específicos para proteger el agua que se han creado en varios de estos países, como la Constitución del Ecuador, que reconoce el agua como un derecho humano, o la "Ley de protección de los glaciares y del ambiente periglaciar”, aprobada por el Congreso de Argentina en el 2008, vetada primero por la presidenta Cristina Fernández, y que luego de un tenso proceso de negociación política entró en vigencia en octubre del 2010.
"La extracción de recursos y la protección del agua no son compatibles”, aseguró Maude Barlow, ambientalista canadiense y una de las primeras en proponer la articulación de un movimiento mundial en defensa del agua. Para Barlow, el agua no sólo es un derecho humano, sino que constituye un derecho de todos los seres vivos; por tanto las movilizaciones que se han vivido en estos meses deben generar una "asociación en defensa del agua para la naturaleza”. Barlow lanzó su llamado en la sesión inaugural del Foro Alternativo Mundial del Agua, en Marsella, Francia, el pasado 14 de marzo.
Giros presidenciales
Curiosamente, las mayores movilizaciones se han producido en países gobernados por regímenes supuestamente progresistas, como Argentina, Ecuador y Perú, cuyos presidentes recurrieron al apoyo y movilización popular para acceder al poder y que ahora, frente a la protesta social, han articulado un discurso que deja de lado sus promesas preelectorales.
En la noroccidental provincia argentina de San Juan, a inicios de marzo de este año se llevó a cabo la denominada "Marcha Nacional contra la Minería a Cielo Abierto”, para rechazar la presencia de las empresas Pascua Lama y Veladero, subsidiarias de la transnacional Barrick Gold.
Lo mismo ocurrió en Mendoza, provincia que se mantiene en "emergencia hídrica”, decretada por su gobernador, Francisco Pérez, a inicios de este año. Pese a esto, en la provincia se han dado concesiones de agua para el proyecto minero San Jorge.
"Este proyecto minero va a consumir millones de litros de agua, que va a ser devuelta con múltiples metales y sustancias que la contaminarán”, aseguró a Noticias Aliadas, Agustín Aramayo, andinista que puso un cartel de protesta en la cumbre del Aconcagua, la montaña más alta de América.
Similares protestas también se vivieron en enero pasado en la provincia de La Rioja, fronteriza con Chile. Por otro lado, en Zápala, provincia de Neuquén, en el centro argentino, las organizaciones sociales se movilizaron para oponerse al proyecto municipal que planea extraer agua de un acuífero subterráneo que atraviesa la región, y embotellarla para exportarla como agua "premium”.
Lo irónico es que en Zapala y toda la región existe déficit en el abastecimiento de agua potable.
La presidenta Fernández minimizó las protestas sociales y expresó su total apoyo a los proyectos mineros, al inaugurar el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Nación, el pasado 1 de marzo. Así también lo hizo al inaugurar la mina del cerro Vanguardia en Puerto San Julián, provincia de Santa Cruz, donde aseguró que las movilizaciones asustan a la gente y no son responsables frente a la necesidad de desarrollo y crecimiento armónico.
"Muchas veces se habla a través de slogans, pero no se puede prescindir de la minería, pues ha contribuido a crear puestos de trabajo altamente calificados, y bien remunerados”, aseguró Fernandez en San Julián.
Protestas generan cambios
En el Perú, la defensa del agua no es diferente a las movilizaciones argentinas. Así, entre el 1 y 10 de febrero, se desarrolló la Gran Marcha Nacional por el Derecho al Agua y la Vida que movilizó a centenares de personas que recorrieron 800 km desde el norandino departamento de Cajamarca hacia Lima, la capital, en defensa de las lagunas que serán afectadas por el proyecto Conga, que pretende desarrollar el consorcio Yanacocha en el que participa la transnacional estadunidense Newmont. A su llegada a Lima, los organizadores presentaron propuestas legislativas que incluyen una reforma constitucional para declarar el agua como un derecho humano y prohibir la minería en cabeceras de cuencas y glaciares, así como el uso de mercurio y cianuro usados en las operaciones mineras, particularmente en la extracción de oro.
El ex sacerdote y activista ambientalista Marco Arana, líder de las movilizaciones cajamarquinas, aseguró que con los proyectos de ley entregados se busca también el reconocimiento del derecho de los pueblos a decidir sobre las actividades extractivas que se realicen en su territorio, mediante la aplicación de la consulta previa.
La población de Cajamarca se ha opuesto tenazmente al proyecto ubicado en una cabecera de cuenca y que pretende trasvasar las aguas de las lagunas a reservorios artificiales. Una revisión realizada en noviembre pasado por el Ministerio del Ambiente al estudio de impacto ambiental (EIA) de Conga encontró graves vacíos, incluyendo la inexistencia de un estudio hidrogeológico, indispensable para entender el funcionamiento de las lagunas, y no haber valorizado los servicios ambientales que prestan esos ecosistemas.
Las masivas protestas contra Conga en Cajamarca y la defensa cerrada del presidente Ollanta Humala al proyecto —contraria a su posición durante su campaña preelectoral cuando ponía en primer lugar la defensa del agua— desencadenaron la caída del gabinete a principios de diciembre y dieron lugar a un giro en la orientación política del gobierno.
En el Ecuador la historia fue similar, pues el 8 de marzo se inició la marcha indígena en defensa del agua, desde Pangui, en el sur amazónico, donde operará una mina de cobre de la empresa china Ecuacorriente. Pese a los bloqueos colocados a lo largo de la ruta, la marcha llegó a Quito el 22 de marzo con unos 40,000 manifestantes.
El presidente Rafael Correa intentó confrontar la movilización indígena organizando marchas paralelas que se realizaban en cada una de las capitales provinciales a las que llegaban los manifestantes, y en Quito realizó una concentración en el Parque El Arbolito, lugar histórico de las movilizaciones indígenas. Los simpatizantes gubernamentales debieron retirarse del lugar al ver la magnitud de la movilización indígena.
Los presidentes que han debido enfrentar estas movilizaciones han coincidido en sus discursos, apelando a la necesidad de los recursos para el desarrollo del país y tildando a los manifestantes de enemigos del desarrollo y el bienestar. Sin embargo, al final de las movilizaciones fueron forzados a dialogar: Fernández reivindicó la necesidad de un trato amigable con el medio ambiente, Humala tuvo que convocar a peritos extranjeros para que revisaran los aspectos hidrológicos del estudio de impacto ambiental de Conga, y Correa dio marcha atrás en sus insultos a la dirigencia indígena y aceptó que los dirigentes que lideraron la marcha sí representan a las comunidades indígenas.
Adital-Lima 25.05.2012