MÁS ALLÁ DE CONGA
Por Javier Torres
Luego de una semana en la que la
“mano dura” del primer ministro Oscar Valdés parecía imponerse por sobre todas
las cosas, y por sobre la razón y el sentido común, el gobierno del presidente
Humala dio un nuevo giro e invocó a la Iglesia para que mediara en el conflicto por el
proyecto Conga. Frente a ello, y sin perder tiempo, el presidente regional
Gregorio Santos aceptó la propuesta, e incluyó en el diálogo al padre Gastón
Garatea.
Aunque el nombramiento de dos
destacados miembros de la
Iglesia Católica abre la posibilidad de un nuevo momento en
el conflicto, sirve también para poner de manifiesto el fracaso de la precaria
institucionalidad estatal y de nuestro sistema político para resolver un
conflicto que tiene más de ocho meses y que la semana pasada dejó cinco muertos
-todos heridos de bala- además de la prepotente detención del líder de Tierra y
Libertad y crítico al proyecto Conga, Marco Arana.
¿Es solo la intransigencia de las
partes la explicación al fracaso del Estado en Cajamarca? A primera vista
parece que sí, ya que nadie tuvo mayor disposición al diálogo, salvo cuando se
llegó a una situación incontrolable, y con la amenaza de un desborde mayor. Pero
el conflicto por el proyecto Conga también ha puesto en evidencia que la
estrategia para enfrentar los conflictos parte de un supuesto equivocado, que
consiste en creer que el problema se resuelve creando una institucionalidad ad
hoc, y no revisando cuáles son los problemas de funcionamiento estatal en el
manejo de los asuntos mineros.
Los problemas de la minería
peruana no son, como se cree, solo problemas de mala comunicación de parte del
Estado y/o las empresas sobre las bondades de la actividad. Los problemas
derivan del agotamiento de las reglas de juego que se impusieron a inicios del
gobierno de Alberto Fujimori para convertir nuestro país –devastado por el
terrorismo y la hiperinflación- en un lugar atractivo para la inversión
privada. Esas reglas cumplieron su objetivo, pero ahora el país ha cambiado y
la minería en el mundo también. En los últimos años las sociedades y los
Estados se han vuelto mucho más exigentes con la actividad minera, y existen
conflictos como los que vivimos en el Perú, en todas partes, sobre todo en
América Latina donde se concentra el 25% de la inversión en exploraciones
mineras.
Por ello es necesario insistir en
que el debate minero en el Perú debe dejar de ser en torno a la viabilidad
ambiental o a la licencia social del proyecto Conga. Más bien se debe discutir
las reformas que el gobierno se ha comprometido a elaborar y que probablemente
el presidente Humala anuncie el 28 de julio.
Reformas que no pueden limitarse
a meras modificaciones a los marcos ambientales, sino a afirmar el rol central
del Ministerio del Ambiente en un nuevo sistema de evaluación ambiental, así
como en el desarrollo de una política real de información, consulta previa y
participación ciudadana sobre las concesiones y proyectos mineros, que debe llevar
a cabo el Ministerio de Energía y Minas.
Además es fundamental que el
presidente Humala recuerde que hace un año se comprometió a desarrollar una
política de Ordenamiento Territorial (OT), la misma que desapareció del
discurso presidencial desde que anunció su política de “agua y oro”, quizá
porque le hicieron creer que el OT buscaba ser un freno para la minería, cuando
en realidad es una política que permitiría un manejo más racional de nuestros
recursos y una planificación ordenada de las diversas actividades económicas
que se realizan en un territorio.
Lo mejor que puede hacer el
gobierno nacional –mientras los facilitadores del diálogo escuchan a las
autoridades y pobladores de Cajamarca- es exigirle a Minera Yanacocha que
suspenda el proyecto Conga, además de renovar su gabinete y avanzar con la mayor
velocidad posible en proponer al país la reforma ambiental prometida, cuyo
debate requerirá tiempo y una buena disposición de los diversos actores. Solo
así se podrá empezar a encontrar la solución al conflicto en Cajamarca y a la
conflictividad minera en todo el país (Con información de Diario 16).
Servindi-Lima 11.07.2012