“EXISTE UNA NECESIDAD DE FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL EN EL PAÍS”

Urge una reforma en la gestión ambiental que parta del fortalecimiento de la institucionalidad ambiental en el Perú. Ese fue el planteamiento principal de los panelistas que participaron en el conversatorio “Nueva Minería en el Perú. ¿Cómo, dónde y bajo qué criterios?”, organizado por Comunicaciones Aliadas en alianza con la Red Muqui, realizado el 28 de agosto.

Ricardo Giesecke, ex ministro del Ambiente, Carlos Monge, coordinador para América Latina de Revenue Watch Institute, Ana Leyva representante de Red Muqui y Juan Pedro Chang, dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú, coincidieron en señalar que el Perú requiere una única autoridad ambiental con poder de decisión.

Giesecke expresó que el Ministerio del Ambiente debe ser esa única autoridad ambiental en el país y puso énfasis en la necesidad de fortalecer la autoridad ambiental descentralizada.

“El Ministerio del Ambiente tiene que ser la única autoridad ambiental, no puede haber autoridades ambientales sectoriales, lo cual significa que el ministerio se convierta en el responsable de los estudios de impacto ambiental” afirmó Giesecke.

“Asimismo, se debe procurar la presencia del sector ambiente en las regiones, para que el Ministerio del Ambiente esté físicamente bajo la égida del gobierno regional de tal manera que se fortalezca la institucionalidad regional y local, en una sola autoridad capaz de hacer el seguimiento de lo que se acuerde con los EIA”, explicó el ex ministro del Ambiente.

Reprimarización de la economía

Para Monge, el debate iniciado en el país sobre una nueva relación con las actividades extractivas, en especial con la minería, forma parte del escenario latinoamericano marcado por el cada vez mayor peso que materias primas como minerales y petróleo tienen en la canasta exportadora regional, lo que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) denomina reprimarización de la economía.

Refirió además que en Ecuador, Bolivia y Brasil se viene dando un debate sobre esta creciente dependencia de las exportaciones de commodities o materias primas.

“El debate peruano sobre nueva minería no es un debate aislado. Esta es una tendencia regional porque en realidad somos parte de este ciclo de auge que estamos viviendo en varios países a consecuencia de esta creciente dependencia de exportación de estos commodities” dijo Monge.

“Conviene, más bien, pensar en algo que estamos llamando una estrategia postextractivista, y que se encarna en los debates de nueva minería, que ponga atención en la gestión del territorio, la conservación del ambiente y la protección de las bases de la biodiversidad”, acotó.

Por su parte, Leyva expresó que esta nueva relación con las actividades extractivas pasa por el tema de la implementación de una reforma en la gestión ambiental en el Perú, la cual debe partir por el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental en el país; es decir, que cuente con independencia en sus funciones y capacidades, condiciones indispensables para un mejor desempeño.

Además, destacó la necesidad de hacer confiable los instrumentos de gestión, este es el caso de los estudios de impacto ambiental (EIA), que en la actualidad han generado gran debate entre diferentes sectores.

Asimismo, planteó que la reforma en la gestión ambiental debe contemplar la necesidad de que el Estado; en calidad de garante de los derechos y la protección del ambiente, establezca los términos de referencia y monitoree el proceso de elaboración de los EIA, así como la contratación y pago de las consultoras.

Finalmente, Chang exigió que las concesiones mineras, extractivistas, cuenten con un capítulo laboral. Señaló además que la minería genera sólo el 1.42% de los puestos de trabajo en el país y sólo uno de cada cuatro trabajadores son contratados directamente por las empresas mineras.

Chang hizo referencia a la propuesta “Por una minería respetuosa del ambiente y de los derechos de la poblaciones locales” que 20 organizaciones civiles y partidarias han hecho llegar al presidente Ollanta Humala.

Destacó entre las propuestas señaladas por estas organizaciones el que se reviertan al Estado las concesiones entregadas hace más de tres años que no hayan sido puestas en valor por los concesionares.

Comparte este planteamiento Red Muqui, que en su propuesta denominada “Agenda para el cambio”, indica que también debieran revertirse al Estado las concesiones que se superponen con zonas que prestan importantes servicios ambientales y que tienen alto valor ecológico y cultural.

Ambas propuestas coinciden en que es indispensable declarar una moratoria de concesiones hasta después de que se implemente la Ley de Ordenamiento Territorial.

Por su parte Monge indicó que hay que redefinir el actual sistema de concesiones y que las concesiones ya otorgadas deben ser revisadas, que lo que se apruebe respecto a este tema tenga carácter retroactivo.

Servindi-Lima 29.08.2012