ANULACIÓN DE POLÉMICO FALLO
PREPARA JUSTICIA PERUANA
La justicia peruana se aprestará
hoy a definir el procedimiento de anulación de un fallo judicial favorable a
miembros de un grupo paramilitar, tras un dictamen internacional que así lo
determina.
Tanto el Poder Judicial como el
Gobierno manifestaron casi de inmediato su conformidad con el dictamen de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, en virtud de que Perú es signatario del Pacto de San José
y acepta por tanto la jurisdicción de ese tribunal.
El presidente de la Corte Suprema, César
San Martín, dijo ayer, tras conocer la decisión del tribunal con sede en Costa
Rica, que Perú está obligado a acatar la resolución que dispone corregir el
reciente fallo judicial por no ajustarse a los criterios convenidos por los
países que reconocen su autoridad.
El cuestionado fallo rebajó
condenas previas aplicadas al exasesor presidencial Vladimiro Montesinos, el
exjefe de las fuerzas armadas Nicolás Hermoza y oficiales y agentes de
inteligencia militar integrantes del paramilitar Grupo Colina.
El escuadrón de la muerte fue
condenado por dos matanzas y un secuestro con muerte, perpetrados durante el
Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000).
La corte peruana dictaminó,
provocando indignación nacional e internacional, que esos crímenes no tenían
carácter de lesa humanidad y eliminó el delito de asociación ilícita para
delinquir, además de argumentar que el Grupo Colina había actuado para combatir
el terrorismo.
"Estamos absolutamente
obligados a obedecer, acatar y cumplir las decisiones que dicte la Corte nos guste o no nos
guste, porque para eso hemos suscrito el convenio y somos gente seria, y la
gente seria respeta y cumple con sus compromisos internacionales", dijo
San Martín.
Según informaron el titular de la Corte Suprema y la
ministra de Justicia, Eda Rivas, la Corte Interamericana
dio plazo hasta el próximo 20 de enero para que el Estado peruano le informe
sobre la ejecución de sus recomendaciones, es decir la anulación del fallo
cuestionado.
De lo contrario, el tribunal
externo podría, indicó San Martín, dictar una nueva sentencia, y el
procedimiento de anulación podría se la aprobación de una acción de amparo
presentada por el Gobierno contra el polémico dictamen.
La ministra Rivas señaló que la
resolución externa no ordena precisamente anular el fallo, sino adecuarlo a la
jurisprudencia peruana, establecida por sentencias como la de 25 años de cárcel
para el expresidente Fujimori, como autor mediato de crímenese de lesa humanidad
Para la abogada de la Asociación Pro
derechos humanos, Gloria Cano, la Corte Suprema debería anular la sentencia
cuestionada y dar un nuevo fallo, para lo cual deberá excluirse al magistrado
Javier Villa, quien presidió el tribunal cuestionado y abogó públicamente por
los paramilitares.
Noticias Prensa Latina 25.09.2012