OPINION: LA COMUNICACIÓN ENTRE
POBLACIÓN, EMPRESA MINERA Y ESTADO FRENTE A LOS CONFLICTOS MEDIO AMBIENTALES
La actividad de extracción de
minerales ha crecido de manera significativa en el mundo, y el Perú no ha
estado aislado a esta actividad siendo uno de sus más importantes puntos de
ingresos económicos, habiendo implementado progresivamente, desde 1990 una serie
de reformas destinadas a facilitar las inversiones orientadas a la explotación
de los recursos mineros y mitigar los impactos negativos que pudiera tener esta
explotación.
Estas reformas, sin embargo, no
han logrado evitar que se multipliquen por todo el país conflictos sociales que
giran en torno a la actividad minera.
El Estado peruano no ha logrado
articular de manera coherente las políticas y estrategias sobre el desarrollo
nacional mediante la promoción de las inversiones en el sector minero con la
cosmovisión andina y la razón socioeconómica rural de las zonas donde se
asientan las operaciones mineras.
Frente a este problema en las
relaciones entre empresas mineras, población y Estado, se plantea, si las
mineras tienen incorporadas en sí o les es inherente mantener buenas relaciones
con su entorno, y el papel que juega el Estado entre estas dos, así finalmente
se quiere ver qué tipo de comunicación existe entre Estado, población y empresa
minera en nuestra región (donde existen varias concesiones mineras).
Veamos entonces:
Estado.
El querer ignorar la diversidad
geográfica y por ende cultural de nuestro país es la primera gran debilidad, se
evidencia que los representantes del Estado peruano con las poblaciones
afectadas, y los lideres sociales, dirigentes están desconectados de la agenda
política nacional, el proceso de descentralización no funciona como debería
ser, debido a que la transferencia de poder político para tomar medidas que
permitan manejar los problemas derivados de la actividad minera sigue siendo
muy limitada, pues los principales procesos relacionados con la minería
continúan concentrados en todo el país.
En general, la preocupación
central del Estado frente a los conflictos mineros parece enfocarse, por un
lado, en el mantenimiento del orden público y, por el otro, en evitar que las
protestas desalienten la inversión minera. Para ello, más que la represión,
debe buscar lograr el consentimiento de la población y su conformidad, para lo
que está dispuesto a mediar y a proporcionar información, pero poco dispuesto a
un diálogo que suponga la posibilidad de que un proyecto minero llegue a
ejecutarse.
«La actuación del Estado en los
conflictos muestra su presencia desigual en los diferentes casos y espacios.
Sin embargo, coincide que esta actuación está más orientada a resolver los
problemas generados por los estallidos de los conflictos que a solucionar las
causas que los generan»
Las empresas mineras.
“Sus vínculos con las comunidades
locales, enmarcados en el mejor de los casos en las lógicas de la
responsabilidad social, transitan bajo los criterios de buena vecindad y de
buena voluntad de las empresas y no son en absoluto forzosos ni regulados. Sus
actividades de responsabilidad social pueden eventualmente orientarse al desarrollo
local “ (ECKHARDT, Karen ; GIRONDA, Aldo ; LUGO, Jeannette ; OYOLA, Walter ;
UZCÁTEGUI, Reina Empresas mineras y población: estrategias de comunicación y
relacionamiento. – Lima : Universidad ESAN, 2009. – 180 p. – (Serie Gerencia
para el Desarrollo ; 11) ).
Sin embargo, pocas veces se
incluyen en las discusiones locales sobre planificación y presupuesto y, están
orientadas a minimizar el descontento de la población local. Para ello, buscan
convencer e informar a la población local de los beneficios que trae la
actividad minera, al mismo tiempo que aseguran respetar los códigos del medio
ambiente (dentro de los estándares establecidos) y no competir con la población
local por los recursos de la zona. La mayor parte de las empresas saben que una
nueva operación minera puede generar protestas.
Lo que está en juego
Los proyectos mineros están
atados a un determinado espacio geográfico, es decir, no pueden trasladarse de
lugar cuando las cosas no salen bien y deben encontrar una forma de convivencia
con la población en las zonas de su intervención. De esta manera, el mantener
buenas relaciones con las comunidades colindantes se ha convertido en “una
necesidad, no una opción”( Empresas mineras y población: estrategias de
comunicación y relacionamiento. – Lima : Universidad ESAN, 2009. – 180 p. –;
11)
o los temas más frecuentes en los
conflictos mineros –el medio ambiente, los derechos de acceso a la tierra y el
agua y la distribución de los beneficios económicos– expresan aspectos
eminentemente políticos.
“ El problema radicaría en que no
logran generar confianza en la población ni revertir esta imagen de un “pasado
negro” dejado por la minería tradicional”
Las comunidades locales
Dos situaciones diferentes
PRIMERO: Ya se implementó un
proyecto minero: Frente a los efectos generados por empresas en operación, las
comunidades locales interponen una serie de reclamos. Estos son eventualmente
manifestaciones de un malestar más general, originado en el cambio acumulado
sobre la forma de vida anterior a las operaciones mineras, agravado muchas
veces por la naturaleza de las relaciones establecidas con sus representantes y
la sensación de desgobierno sobre el propio destino, sumada muchas veces a la
sensación, más que al cálculo, sobre la relación costo-beneficio. Al respecto,
las colectividades locales solicitan y reclaman a las empresas tanto empleo
como obras. Pero dadas las características de la minería moderna, la oferta de
trabajo es siempre insuficiente.
SEGUNDO: Se pretende iniciar una
operación o ampliar las áreas de operación ya existentes
Planteándose el conflicto en
términos de la afectación y de la participación de los beneficios de la
actividad.
En donde los reclamos se orientan
a la conveniencia o no de dicha actividad, por múltiples consideraciones
Esta demanda que encuentra eco en
las políticas de responsabilidad social y de buena vecindad de las empresas,
supone cierta suerte de reemplazo del Estado por agentes privados, aunque ello
es bien recibido por las poblaciones pobres y con sensibles carencias.
Este interés y reclamo por las
obras directas contrasta con el limitado interés que exhiben las colectividades
locales por los recursos provenientes del canon.
Por lo tanto la relación entre
las colectividades locales y las empresas (y también con el Estado) está
marcada por las mutuas desconfianzas y la escasa credibilidad en las acciones y
promesas del otro.
Comunicación
Detrás de esta actitud hay
herencias históricas, constataciones más recientes, pero también problemas de
comunicación intercultural e incomprensión mutua. En general, las
colectividades locales se enfrentan a la problemática desde una posición
estructural de debilidad económica, técnica-legal e incluso cultural. Por ello,
para la consecución de sus propósitos, las comunidades locales necesitan
conseguir y asegurar un soporte externo, técnico, económico y mediático, tanto
para la mediación como para la interlocución, así como para la formulación de
alternativas y el desarrollo de las mismas. Los actores externos se convierten,
así, en una suerte de complemento a las colectividades locales en el marco del
desarrollo de los conflictos mineros.
“Población local, empresas,
estado está marcada por las mutuas desconfianzas y la falta de credibilidad en
las acciones y promesas del otro”
“Para las empresas, entonces, los
conflictos se deben principalmente a una deficiente comunicación con la
población afectada, la que no se encuentra debidamente informada sobre los
peligros reales (o la ausencia de ellos) de la “nueva minería”. Comunicación e
información son los elementos clave para mejorar la relación: este argumento se
menciona en virtualmente todas las publicaciones sobre conflictos mineros, en
todo caso en aquellas que vienen desde el lado de las empresas”. (Tanaka y
Ludwig Huber – IEP, Bruno Revesz y Alejandro Diez – CIPCA, Xavier Ricard y José
de Echave – CBC) Minería y conflicto social1)
Esta posición supone que una
población adecuadamente informada estaría –de manera casi natural y lógica a
favor de una minería moderna. Se sustenta en un lenguaje técnico-científico que
no toma en cuenta o, en todo caso, trata de disimular que los temas más
frecuentes en los conflictos mineros el medio ambiente, los derechos de acceso
a la tierra y el agua y la distribución de los beneficios económicos expresan
aspectos eminentemente políticos.
• Uno de los problemas más graves
es que se continúa generando mecanismos de participación ciudadana de “baja
intensidad” que no son útiles para influir en la toma de decisiones, razón por
la que no gozan de una mayor credibilidad en las poblaciones.
• Los procesos de participación
ciudadana deben contar con comunidades involucradas, con estructuras
organizadas, representativas y fuertemente comprometidas. Por ello, los
procesos de participación ciudadana deben es proceder de un trabajo de
fortalecimiento interno de las organizaciones de las poblaciones que permita
identificar una agenda legítima, capaz de recoger los verdaderos intereses en
juego, para que a partir de ellos se pueda tomar las decisiones más adecuadas.
o Participación informada. El
control de la información, de sus contenidos y de su circulación, es uno de los
principales atributos de poder. Es fundamental que el Estado ponga a
disposición de estas poblaciones la información total disponible y que lo haga
además de una forma eficaz y culturalmente adecuada.
o Participación oportuna. Los
procesos de información y consulta deben realizarse a tiempo y en diferentes
tiempos. Es necesario definir mecanismos transparentes y criterios compartidos
para poder fijar el momento y los plazos de la fase de consulta.
o Participación influyente. Las
decisiones tomadas en el marco de las consultas públicas deben generar derechos
y deberes de todos, en función de criterios y procedimientos transparentes.
o Participación culturalmente
adecuada. Todos los mecanismos de participación anteriormente mencionados
tienen que ser culturalmente adecuados. Se debe respetar las formas de
transmisión de información, de negociación política, de sanción, culturalmente
asentadas en los espacios locales.
Radio Onda Azul.Puno 24.10.2012