La casa de la Dra. Mirtha Vásquez
Chuquilín, abogada y defensora de los derechos humanos, ha sido
asaltada dos veces en tres semanas. Otros miembros de la organización
para la que trabaja en Perú han sufrido también intimidación en el
último mes.
La casa de la Dra. Mirtha Vásquez
Chuquilín, quetrabaja para el Grupo de Formación e Intervención para el
Desarrollo Sostenible (GRUFIDES), fue asaltada por primera vez el 24
de noviembre. Los asaltantes no se llevaron nada de valor, pero
dejaron las puertas abiertas de par en par. La casa fue asaltada por
segunda vez el 15 de diciembre, mientras la hija de Mirtha Vásquez y
la persona que cuida a la niña estaban de paseo. Los asaltantes
rompieron una cristalera, pero no se llevaron ningún objeto de
valor. El 8 de noviembre, la casa de la secretaria de GRUFIDES, Ivett
Sánchez, también fue asaltada. El 14 de diciembre, el automóvil de
Sergio Sánchez, asesor que trabaja para la misma organización
ecologista, fue objeto de vandalismo. Todos estos incidentes tuvieron
lugar cuando las personas en cuestión estaban ausentes, lo que
sugiere que pueden estar siendo sometidas a vigilancia.
Estos incidentes se produjeron poco
antes de la fecha prevista para el inicio de la investigación
oficial sobre la tortura del padre Marco Arana. El padre Marco Arana,
también defensor de los derechos humanos en GRUFIDES, fue detenido y
golpeado por agentes de policía el 4 de julio, cuando protestaba
pacíficamente contra el proyecto Conga de minería de oro en el
departamento de Cajamarca, en el norte de Perú. GRUFIDES ha
respaldado activamente a las comunidades que se oponen a la mina y
que temen el impacto medioambiental que puede tener la expansión del
proyecto. El padre Marco Arana quedó en libertad condicional al día
siguiente de su detención. En julio presentó una denuncia por
tortura y abuso de autoridad contra los policías responsables. En
agosto, un tribunal regional resolvió a favor de un recurso de
hábeas corpus presentado en su favor que afirmaba que su detención
había sido ilegal y arbitraria.
GRUFIDES es una organización no
gubernamental centrada en el desarrollo sostenible y las cuestiones
medioambientales, que tiene su sede en la ciudad de Cajamarca,
departamento de Cajamarca, en el norte de Perú. Esta organización
ha respaldado activamente a las comunidades que se oponen a la mina
de oro de Conga, una expansión del proyecto minero, más amplio, de
Yanacocha, dirigido por una empresa estadounidense. Tras un accidente
en el año 2000, en el que un camión que transportaba mercurio
vertió parte de su carga cerca de Yanacocha, las comunidades rurales
temen el posible impacto medioambiental de la expansión del
proyecto. Al parecer, los residentes locales no fueron informados del
vertido, y algunos miembros de la comunidad presentaron síntomas de
envenenamiento por mercurio.
En 2006, la Dra. Mirtha Vásquez
Chuquilín y el padre Marco Arana recibieron amenazas de muerte, y
fueron sometidos a seguimiento y vigilancia (véase AU 312/06), poco
después de que GRUFIDES empezara a respaldar los casos de dos
activistas campesinos asesinados en agosto y noviembre de 2006,
respectivamente, al parecer a causa de su oposición a la expansión
del proyecto Conga. Las amenazas contra el personal y los miembros de
GRUFIDES comenzaron poco después del primer homicidio.
A consecuencia de estos incidentes, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó a las
autoridades peruanas que proporcionaran a la Dra. Mirtha Vásquez
Chuquilín y al padre Marco Arana medidas de seguridad cuando
estuvieran en las oficinas de GRUFIDES y cuando viajaran a
comunidades rurales. La Corte también ordenó a Perú que realizara
una investigación para llevar ante la justicia a los responsables de
las amenazas. No obstante, según los miembros de GRUFIDES, las
medidas de seguridad adoptadas han sido inadecuadas, y no se ha
llevado a nadie ante la justicia.