El nuevo escenario del conflicto por el proyecto minero Conga
La tregua forzada que las partes del conflicto minero Conga acataron
el año pasado luego de las muertes en Celendín y Bambamarca ha
terminado. Ayer, cientos de pobladores de Cajamarca salieron a las
calles para reanudar las protestas contra el emprendimiento minero, en
tanto que un numeroso grupo de representantes de las comunidades
campesinas y activistas sociales se ha dirigido a la zona de la laguna
El Perol. Se ha informado que los ronderos acordaron instalar un
campamento permanente en dicha laguna a modo de vigilancia, para
prevenir que la empresa inicie cualquier tipo de trabajo en ella.
El gobierno ha desplegado en la zona un contingente de fuerzas especiales que los observadores cifran en mil, en tanto que desde el Ministerio de Energía y Minas se ha señalado que el gobierno no dejará que el proyecto se paralice y que luego de la construcción del reservorio de Chailhuagón se iniciará en breve la construcción de las obras que faltan y que incluye el reservorio de El Perol.
Los pobladores de Cajamarca y el gobierno regional han ratificado su posición y lo propio ha hecho la empresa. El gobierno no ha expresado una postura formal que incluya la posición del Ministerio del Ambiente, el sector que ha sido hasta ahora más cauteloso. En su última declaración sobre el tema, su titular ha manifestado que la actual prioridad de construir los reservorios de agua se mantiene como un elemento previo de la obtención de la licencia social.
Como en octubre del 2011 las fuerzas están emplazadas, aunque desde entonces se han registrado sucesos que en esta etapa deberían tomarse en consideración. Vistas las cosas, la situación está en el punto de contacto de las partes previo a la tregua, aunque son evidentes dos cambios en los actores. La empresa ha llevado a cabo una pequeña reforma interna, sustituyendo representantes y concentrándose en las obras en una lógica minimalista, avanzando de a pocos, evitando el conflicto abierto. En el lado social, en tanto, se han producido fisuras y divisiones motivadas sobre todo por la construcción de una plataforma electoral del presidente regional de Cajamarca, ocasionando un reflujo en la intensidad de la movilización.
No obstante, no deberíamos concluir en que esos cambios definen la imposición de una de las partes. Ni la empresa ha abandonado el proyecto ni la sociedad cajamarquina ha dejado de oponerse al emprendimiento minero. Lo que se vive en estos días bien puede ser el inicio de una fase de escalamiento del conflicto, siendo imposible predecir los resultados.
En ese contexto, es importante que el gobierno defina una ruta que permita el reinicio del diálogo bajo la convicción de que no debe dejarse a su albedrío a las fuerzas de la confrontación. Si alguna lección se debe obtener de la primera etapa del conflicto es que constituye un error centrar la gestión del conflicto en la capacidad disuasiva de la policía y en la acción de la fiscalía.
Para definir esa ruta debería efectuarse un inventario de la agenda del caso Conga para saber en qué medida están siendo cumplidas las exigencias del peritaje de los especialistas internacionales y cuál es el avance de los proyectos de inversión pública ofrecidos en la zona. Del mismo modo, el gobierno regional debe informar de las acciones realizadas en estos meses para bajar las tensiones y reducir el riesgo de un nuevo ciclo violento.
El gobierno ha desplegado en la zona un contingente de fuerzas especiales que los observadores cifran en mil, en tanto que desde el Ministerio de Energía y Minas se ha señalado que el gobierno no dejará que el proyecto se paralice y que luego de la construcción del reservorio de Chailhuagón se iniciará en breve la construcción de las obras que faltan y que incluye el reservorio de El Perol.
Los pobladores de Cajamarca y el gobierno regional han ratificado su posición y lo propio ha hecho la empresa. El gobierno no ha expresado una postura formal que incluya la posición del Ministerio del Ambiente, el sector que ha sido hasta ahora más cauteloso. En su última declaración sobre el tema, su titular ha manifestado que la actual prioridad de construir los reservorios de agua se mantiene como un elemento previo de la obtención de la licencia social.
Como en octubre del 2011 las fuerzas están emplazadas, aunque desde entonces se han registrado sucesos que en esta etapa deberían tomarse en consideración. Vistas las cosas, la situación está en el punto de contacto de las partes previo a la tregua, aunque son evidentes dos cambios en los actores. La empresa ha llevado a cabo una pequeña reforma interna, sustituyendo representantes y concentrándose en las obras en una lógica minimalista, avanzando de a pocos, evitando el conflicto abierto. En el lado social, en tanto, se han producido fisuras y divisiones motivadas sobre todo por la construcción de una plataforma electoral del presidente regional de Cajamarca, ocasionando un reflujo en la intensidad de la movilización.
No obstante, no deberíamos concluir en que esos cambios definen la imposición de una de las partes. Ni la empresa ha abandonado el proyecto ni la sociedad cajamarquina ha dejado de oponerse al emprendimiento minero. Lo que se vive en estos días bien puede ser el inicio de una fase de escalamiento del conflicto, siendo imposible predecir los resultados.
En ese contexto, es importante que el gobierno defina una ruta que permita el reinicio del diálogo bajo la convicción de que no debe dejarse a su albedrío a las fuerzas de la confrontación. Si alguna lección se debe obtener de la primera etapa del conflicto es que constituye un error centrar la gestión del conflicto en la capacidad disuasiva de la policía y en la acción de la fiscalía.
Para definir esa ruta debería efectuarse un inventario de la agenda del caso Conga para saber en qué medida están siendo cumplidas las exigencias del peritaje de los especialistas internacionales y cuál es el avance de los proyectos de inversión pública ofrecidos en la zona. Del mismo modo, el gobierno regional debe informar de las acciones realizadas en estos meses para bajar las tensiones y reducir el riesgo de un nuevo ciclo violento.