El sacerdote y líder ambientalista pidió a Óscar
Urviola que se valore todas las pruebas antes de resolverse la acción de
amparo presentada por Grufides.
El Tribunal Constitucional (TC) no notificó debidamente a la ONG
Grufides en torno a la audiencia en que se analizó la acción de amparo
contra el proyecto minero Conga, y por eso pedimos al presidente de este
organismo, Óscar Urviola Hani, que se escuche a la población de
Cajamarca y que se valore todas las pruebas, dijo el sacerdote
cajamarquino y líder ambientalista Marco Arana Zegarra.
“El motivo que nos ha traído ahora a Lima, es la espera de que el
Tribunal Constitucional pudiera acoger, adecuadamente, la acción de
amparo justamente para encontrar una salida pacífica institucional al
conflicto Conga. Tenemos severos cuestionamientos a la manera cómo el
Tribunal Constitucional está manejando el tema, en la medida que la
acción de amparo se presentó el año pasado, han visto la causa y no
hemos sido notificados”, señaló.
“Esa es la razón por la que estamos aquí, exigiendo que el Tribunal
Constitucional, en este caso del conflicto Conga, pudiera escuchar a la
población, ya que ya escuchó a la empresa minera y nosotros teniendo el
domicilio legal en Cajamarca no hemos sido notificados para poder estar
adecuadamente exponiendo las razones por las cuales este proyecto
amenaza el derecho a la vida, el derecho al ambiente, el derecho al
agua, y, por tanto, habría que encontrar una solución pacífica”, apuntó.
Razones para “no a Conga”
Por su parte, Mirtha Vásquez, directora de la ONG Grupo de Formación e
Intervención para el Desarrollo Sostenible (Grufides), refirió que
están solicitando al Tribunal Constitucional que valore los derechos
fundamentales y que deje sin efecto la resolución que aprobó el Estudio
de Impacto Ambiental (EIA).
“Nosotros no estamos planteando un ‘no a Conga’ sin razones. Estamos
en realidad exponiendo en la demanda que tenemos razones suficientes
para argumentar que ese proyecto amenaza seriamente el derecho al
medioambiente de las poblaciones y tenemos suficientes argumentos para
demostrar que en este caso, pues se aplique una ponderación adecuada de
derechos, porque está bien que se promueva la libre empresa, las
inversiones, pero cuando estas inversiones tienen serios indicios de
dañar o atentar contra este derecho y afectar, por tanto, la vida de las
poblaciones no se puede permitir”, refirió.
“Eso [de desaparecer o mover lagunas, hacer minería en cabecera de
cuenca, destrozar humedales] tiene que ponderar el Tribunal y hay
precedentes interesantes en América Latina, por ejemplo, en Colombia se
ha resuelto varios casos de estos en los que se pregunta si vale la pena
considerar estos espacios ambientales o darle paso a las grandes
inversiones”, concluyó.
Diario El Clarín 04.11.13