PRONUNCIAMIENTO
Fiscal archiva caso a pesar de aceptar que hubo homicidio
Cuatro fueron los muertos en Celendín en julio del 2012 por represión de las fuerzas del orden
La Primera Fiscalía Provincial Penal de
Chiclayo ha dispuesto improcedente formalizar y continuar la
investigación preparatoria en el caso de las cuatro muertes en Celendín
el 3 de julio de 2012, a pesar de reconocer la figura de homicidio doloso.
Recordamos que los ciudadanos Paulino García Rojas, Faustino Silva
Sánchez, Joselito Sánchez Huamán y a César Medina Aguilar, este último
menor de edad, perdieron la vida tras la intervención de las fuerzas del
orden en el marco de las movilizaciones en protesta del Proyecto Minero
Conga.
En la resolución fiscal, con fecha 7 de
enero de 2014, se afirma que “existen indicios reveladores de la
comisión del delito de homicidio doloso”, pero que “no se ha podido
realizar diligencias de las que se puedan extraer elementos de
convicción o indicios que permitan identificar a los miembros del
Ejército peruano que hayan sido los autores de los disparos…”. Es sorprendente que la fiscalía, tras reconocer indicios contundentes de la figura de homicidio, decida archivar el caso
así como una ulterior investigación bajo la excusa de no haber
investigado lo suficiente. En esta línea, la resolución reconoce no
haber podido realizar los exámenes de balística oportunos para
identificar tanto el arma de fuego como a su portador, ni haber obtenido
los documentos del Ejército peruano que permitirían identificar a los
responsables directos. Más aún, la investigación deja de lado por
completo la figura de la autoría mediata en relación a la cadena de
mando.
Cabe resaltar que la fiscalía reconoce que la muerte del menor César Medina habría sido causada por un proyectil disparado desde uno de los helicópteros
que sobrevoló en la ciudad durante los disturbios, corroborando lo que
han afirmado varios testigos, pero no dispone que las investigaciones
continúen en este punto.
Consideramos equívoca la
decisión de no querer investigar el nivel de represión policial y
militar que ha ocasionado la muerte de cuatro civiles desarmados
(como reconoce la misma fiscalía), decisión que añade a una situación
de impunidad en este gobierno, que tan solo en los últimos dos años y
medio ya ha cobrado 34 vidas (según data de la Defensoría del Pueblo).
A su vez reiteramos nuestro llamado a
las autoridades a tomar acciones inmediatas para que no sigan muriendo
peruanos en los conflictos sociales. Exigimos que se investiguen estos
casos, que se sancione a los responsables, y que se repare a las
víctimas, entre las que se encuentran heridos en estado de gravedad como
Elmer Campos, que requieren costosos procedimientos médicos, así como
familiares de personas fallecidas, viudas, que no sólo han perdido a sus
seres queridos, sino que ven en riesgo su bienestar y el de sus
familias.
La CNDDHH durante el transcurso del día
de hoy miércoles 23 de enero presentará un recurso de queja para que el
expediente suba a la Fiscalía Superior de Chiclayo y se pueda evaluar si
da mérito a una mayor investigación. Confiamos en la justicia.
Secretaria Ejecutiva
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos