René Cornejo juró como nuevo presidente del Consejo de Ministros

Aparte del nuevo jefe del Gabinete, hubo siete cambios entre los ministros de Estado. El ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, permanecerá en el cargo.

 

El exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, René Cornejo Díaz, juró ante el presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, como el presidente del Consejo de Ministros, en reemplazo de César Villanueva quien renunció este lunes.

Pese a los rumores de un cambio en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Luis Miguel Castilla continúa en el cargo, tras el incidente con el saliente presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva.

Los otros cambios estuvieron en el Ministerio de Agricultura donde asumió Juan Benites Ramos en reemplazo de Milton Von Hesse. Este último rotó hacia el ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento.

Ana Jara juramentó como nueva ministra de Trabajo y dejó el Ministerio de la Mujer en manos de Carmen Omonte, legisladora de Perú Posible.

El reconocido economista Piero Ghezzi pasó al frente del ministerio de Producción en reemplazo de Gladys Triveño quien se despidió del presidente y agradeció la confianza otorgada en su persona. 

El ingeniero Eleodoro Mayorga, otro destacado profesional del petroleo pasó a ocupar la cartera de Energía y Minas que dejó el saliendo Jorge Merino.

Por último, Paola Bustamante, quien se desempeñaba como viceministra de Prestaciones Sociales, juró como nueva ministra de Desarrollo Social, lugar que ocupaba Monica Rubio.

Ratificados

También fueron ratificados:

La ministra de Relaciones Exteriores, Eda Rivas; el ministro de Defensa, Pedro Cateriano Bellido, el ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla; el ministro de Interior, Wálter Albán Peralta; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Figallo Rivadeneyra; el ministro de Educación, Jaime Saavedra Chanduví.

También la ministra de Salud, Midori de Hábich Rospigliossi ratificada en el cargo; la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Blanca Magaly Silva Velarde Álvarez; el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes Rodríguez; el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal Otárola; y de Cultura, Diana Álvarez Calderón.

http://www.rpp.com.pe 24.02.14

Juzgado absuelve a 4 policías aplicando cuestionada ley N°30151

PRIMER CASO. Juzgado Penal de Huancavelica eximió de culpa a efectivos que eran procesados por homicidio culposo y omisión de funciones tras participar en protestas en el 2011. Manifestación dejó tres muertos y decenas de heridos. 

 

Junio, 2011. Protestas contra la creación de la Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja, en Huancavelica, dejó tres muertos y decenas de heridos. Policías emplearon armas de fuego.

 

Patricia Hoyos S.
El primer caso de policías beneficiados por la polémica Ley N° 30151 en un proceso judicial se dio en Huancavelica. El pasado 5 de febrero, el 1° Juzgado Penal de la región absolvió a cuatro policías, tres de ellos procesados por homicidio culposo y uno por omisión ilegal de actos funcionales, tras su participación en las masivas protestas contra la creación de la Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja en Huancavelica, en el año 2011.
Según el expediente judicial, los policías Kuncewitz Silva Marchan, Maricela Jáuregui Chacón y Abel Agustín Vargas Olivos, a quienes se les atribuye la muerte de tres jóvenes durante la protesta, fueron eximidos del proceso porque, según la sentencia, "se vieron obligados a efectuar disparos con fusiles AKM y armas de puñal a fin de salvaguardar su vida e integridad física". Agregan, que en atención al principio de "retroactividad benigna", regulado en el artículo 6° del Código Penal, esta nueva ley (N°30151) se aplica por beneficiar al reo.
Este hecho llama la atención, puesto que se produce en medio de advertencias y cuestionamientos a la norma promulgada por el Poder Ejecutivo a fines del 2013 y que da libertad a policías y militares a utilizar sus armas de fuego en "defensa personal".
Como se recuerda, la masiva protesta en Huancavelica, realizada en junio del 2011, dejó tres muertos y decenas de heridos.
148 perdigones
Luego de realizar la investigación correspondiente, el Ministerio Público determinó que el suboficial PNP Silva Marchan causó la muerte de Oswaldo Quispe Lázaro, de 22 años, tras impactarle 148 perdigones de plomo en diferentes partes del cuerpo, lo que causó de inmediato su muerte.
En el caso de la suboficial PNP Jáuregui Chacón, la Fiscalía refirió que disparó la pistola marca Pietro Beretta calibre 9 mm Parabellum, causando una herida de curso perforante en el cuerpo del menor Deyvis Huayllani Martínez (14).
Finalmente, al suboficial PNP Vargas Olivo se le atribuyó la muerte de Ivanov Bertolt Ccora Quispe (30), quien recibió un disparo de un fusil AKM cuando se encontraba laborando como vigilante en la Oficina de Proyecto de Inversión del Gobierno Regional.
Además, el estudiante Isaac Apari perdió la vista a consecuencia de los perdigones que disparó la policía y se suicidó a los pocos días de la protesta.
Por otro lado, el juzgado también deja libre de culpa al coronel PNP Edward Marín Grandez, entonces Jefe de la Región Policial de Huancavelica, quien fue acusado por el presunto delito de omisión ilegal de funciones debido a que 17 oficiales denunciaron que no les proporcionó municiones y pertrechos (gases, balas de goma y otros) para contrarrestar a los manifestantes.
Al respecto, los familiares de las víctimas exigieron al Poder Judicial sancionar a los responsables de las muertes de sus hijos. Asimismo, pidieron la derogación de la ley a la que se acogió el juez a cargo del caso.
"Solo pedimos justicia para la muerte de nuestros hijos. Esta norma no puede limpiar a los responsables y dejar impune la violencia que se cometió", refiere Máximo Hayllani, padre de una de las víctimas y presidente de la asociación de familiares de caídos y heridos en defensa de la UNH.


ENFOQUE
LEY PONE EN RIESGO LA VIDA DE INOCENTES

Fernando Castañeda
Abogadode la DP
La ley N° 30151 pone en riesgo la vida porque no se establecen criterios para valorar el uso de la fuerza de policías y militares durante el cumplimiento del deber, o si este uso es debido o indebido, de acuerdo con la Constitución y al marco internacional. Al suprimirse el uso reglamentario de sus armas de fuego, sin criterios claros, bastaría que un policía o militar alegara cumplimiento del deber para estar exento de responsabilidad penal, pese a que pudiera haberse tratado de un uso indebido o arbitrario de la fuerza contra cualquier ciudadano. Interpretada literalmente esta norma, ya no cabría evaluar la intensidad, ni la oportunidad, ni si fue en legítima defensa o se disparó inmediatamente. En algunos casos, el principal riesgo sería la pérdida de una vida inocente y su eventual impunidad. La Organización de Naciones Unidas, y en general las legislaciones modernas, prevén que el uso de la fuerza debe estar claramente establecido en una ley.

Claves

Para la abogada  de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Mar Pérez, la nueva norma es peligrosa porque se presta a una interpretación que favorece a la impunidad. "Se les está diciendo a los policías: tú mata sin miedo que no te va a pasar nada".
Según esta entidad, el 10% de afectados en las protestas son menores de edad, o gente que ha recibido disparos por la espalda.
Diario La República 20.02.14

Rondas campesinas del distrito de huasmin acatan paro de 24 horas en contra de Minas Conga

Bambamarca (Elqui Herrera). El dirigente del frente de defensa del centro poblado de Jeres Adubal García Becerra confirmo que, las organizaciones ronderas vienen acatando desde la cero y cero horas de hoy miércoles 19 de febrero del en curso en contra mineras contra no ingresa ni salen los vehículos en la zona.

García Becerra aseguro que, las organizaciones ronderas han cerrado las tranqueras ubicadas en vistalegre alto, jabibamba bajo, lirio pampa y tayapampa en respaldo total para las diligencias que vienen haciendo las organizaciones ronderas que se desplazan a conga durante dos días para contrarrestar el avance de la minera genocida.

En horas de la madrugada de este jueves 20 del presente todas las organizaciones se desplazarán a los campamentos de mishacocha mamacocha en donde tomarán decisión de la propuesta de un posible para regional en contra de Minera Yanacocha asevero García.

Mientras tanto el coordinador de las rondas campesinas de Jadibamba alto Luis Mayta Murga descartó que en las bases ronderas existan filtración terroristas a raíz que se ha encontrado un trapo color rojo colgado en la zona, esto es una psicosis de los mineros que piensa que al tildarnos de este manera vamos a retroceder aquí existe una decisión de seguir en la lucha para defender la vida, el agua y el ambiente y que se proteja la ganadería y agricultura.

Mientras tanto esta mañana las rondas campesinas de los centros poblados de la colpa, llaucan, huamgamarca, el alumbre, el tambo, la hualanga y la colpa y otros salieron en más de 20 camionetas alquiladas por los propios ronderos trasladándose a conga.

Asimismo encabezan las delegaciones el presidente del frente de defensa de la provincia Edy Benavides Ruíz, el presidente de la central de rondas campesinas juna Huamán Yacupaico, el alcalde del C.P. Huamgamarca Juan Justo Marlo Cortes y el dirigente del frente de defensa del centro poblado el Tambo Manuel Ramos Campos.

Cajamarca: protestantes permanecen en lagunas de Conga

Este jueves se cumple el segundo día del paro de 48 horas que iniciaron los grupos ambientalistas de Hualgayoc y Celendín contra el proyecto minero de Yanacocha.

Un grupo de comuneros permanece en las lagunas de Conga como parte del paro de 48 horas contra la actividad extractiva, programado por los grupos ambientalistas de las provincias de Hualgayoc y Celendín, en la región Cajamarca.

Los manifestantes pernoctaron en la zona donde se ubican los autodenominados "guardianes de las lagunas", en su afán de mostrar su rechazo a las labores mineras en esta zona y la construcción de una carretera la cual, según indicaron, atravesaría las lagunas “Seca”  y “Azul”.

Este miércoles en horas de la tarde, la Policía Nacional dispersó a un grupo de manifestantes, pues según un comunicado de la propia empresa Yanacocha, pretendieron ingresar a propiedad privada e incluso se acusó a los comuneros de querer derribar una línea de alta tensión.

http://www.rpp.com.pe 20.02.14

Testimonio en video de Protesta contra Yanacocha

Cajamarca: Policía dispersó a comuneros en lagunas de Conga

Según la Policía Nacional, solo lanzaron dos bombas lacrimógenas para evitar el ingreso de los comuneros hacia propiedad privada.

Los manifestantes que participan de una movilización en las lagunas de Conga, hoy en horas de la tarde fueron repelidos con gases lacrimógenos por efectivos de la Dinoes, dado que según fuentes policiales, intentaron ingresar a propiedad privada de la empresa Yanacocha.

El dirigente antiminero, Manuel Ramos, sostuvo que la empresa Yanacocha construye una trocha, la cual servirá para desaguar la laguna El Perol y esto no lo van a permitir.

Manuel Ramos pidió la presencia del Ministerio Püblico y la Defensoría del Pueblo en la zona y contó que efectivos de la Dinoes los repelieron, incluso con perdigoneras.

Por su parte la empresa Yanacocha, a través de un comunicado, informó que cerca 250 personas liderado por Manuel Ramos, dirigente de El Tambo, intentaron detener los trabajos de accesos para la futura implementación del reservorio El Perol.

De igual manera, también indican que los manifestantes lanzaron avellanas hacia la zona donde se encontraba un contingente policial y a la vez pretendieron derribar una línea de alta tensión que atravesaba la zona.

http://www.rpp.com.pe 19.02.14

La militarización democrática

Raúl Zibechi

El reciente informe de Oxfam Gobernar para las élites muestra con datos fehacientes lo que venimos sintiendo: que la democracia fue secuestrada por el uno por ciento para ensanchar y sostener la desigualdad. Confirma que la tendencia más importante que vive el mundo en este periodo de creciente caos es hacia la concentración de poder y, por tanto, de riqueza.

El informe señala que casi la mitad de la riqueza mundial está en manos de uno por ciento de la población, que se ha beneficiado de casi la totalidad del crecimiento económico posterior a la crisis. Acierta Oxfam al vincular el crecimiento de la desigualdad a la apropiación de los procesos democráticos por parte de las élites económicas. Acierta también al advertir que la concentración de la riqueza erosiona la gobernabilidad, destruye la cohesión social y aumenta el riesgo de ruptura social.

Lo que no dice Oxfam es que la concentración de riqueza va de la mano con la militarización de las sociedades. Para defender la gigantesca concentración de riqueza, los de arriba se están blindando, militarizando cada rincón del planeta. Una de las recomendaciones dirigida a los miembros del Foro Económico de Davos suena demasiado ingenua: No utilizar su riqueza económica para obtener favores políticos que supongan un menoscabo de la voluntad de sus conciudadanos.

Vivimos en sociedades cada vez más controladas y militarizadas, ya sea en el norte o en el sur, bajo gobiernos conservadores o progresistas. Estamos ante una tendencia global que no puede ser revertida, en el mediano plazo, en los escenarios locales. Oxfam asegura que la desigualdad ha disminuido en América Latina en la última década. Ciertamente. Pero se trata de la región más desigual del mundo y se compara con la década de 1990, cuando la desigualdad llegó a un pico tan elevado que provocó estallidos sociales y levantamientos populares.

Entre los países donde la desigualdad ha disminuido destacan Brasil, México, Argentina y Colombia. En todos los casos la reducción se debe a razones similares (fiscalidad progresiva, servicios públicos y políticas sociales). Quiero destacar que existen tendencias de fondo, más allá de qué corrientes políticas ocupen el gobierno. Algo similar puede decirse de Europa: la crisis la pagan los trabajadores, tanto bajo gobiernos de derecha como deizquierda.

Me interesa destacar la tendencia a la militarización. El secuestro de los derechos. La criminalización de la protesta. Los de abajo vivimos en unestado de excepción permanente, siguiendo la máxima de Walter Benjamin. La militarización no es ni transitoria ni accidental, no depende de la calidad de los gobiernos ni de su discurso ni de su signo ideológico. Se trata de algo intrínseco al sistema, que ya no puede funcionar sin criminalizar la resistencia popular.

El Ministerio de Defensa de Brasil acaba de difundir (parcialmente por cierto) el Manual de garantía de la ley y el orden (GLO), en el que se define la intervención de las fuerzas armadas en la seguridad interna (http://www.defesa.gov.br/arquivos/File/doutrinamilitar/listadepublicacoesEMD/md33_m_10_glo_1_ed2013.pdf). El GLO tuvo dos versiones: la primera, de diciembre de 2013, fue pulida en la publicada a finales de enero y se quitaron (o se enviaron a las páginas en blanco) los aspectos más chocantes. Por ejemplo, que las fuerzas armadas van a intervenir para restaurar el orden contrafuerzas oponentes.

Cuando el manual define cuáles son esas fuerzas, puede leerse: movimientos u organizaciones; personas, grupos de personas u organizaciones actuando de forma autónoma o infiltrados en movimientos. Cuando detalla lasprincipales amenazas, se dice: bloqueo de vías públicas; disturbios urbanos;invasión de propiedades e instalaciones rurales o urbanas, públicas o privadas;paralización de actividades productivas; sabotaje en los locales de grandes eventos. En suma, buena parte del repertorio de acción de los movimientos sociales.

Es un buen ejemplo de militarización y de criminalización de la protesta. En rigor, el GLO es la actualización de un conjunto de normativas que figuran en la Constitución y se han ido reglamentando desde la década de 1990. Lo sintomático es que se actualiza luego de las masivas manifestaciones de junio cuando se celebraba la Copa FIFA Confederaciones, y cuando una parte del movimiento popular anuncia nuevas acciones durante la próxima Copa Mundial de Futbol. Por eso se considera como sabotaje cualquier movilización durante grandes eventos. Esa es la disposición de ánimo de un gobierno como el de Dilma Rousseff, que pasa por ser más democrático que los de México y Colombia, por ejemplo.

El problema no es que el gobierno de Brasil haya cambiado, sino que el Estado siente la necesidad de responder al desafío de la calle y lo hace como cualquier Estado que se aprecie: garantizado el orden a costa de los derechos. De lo que se trata en este caso es de asegurar que una de la más corruptas multinacionales, la FIFA, pueda celebrar su actividad más lucrativa sin ser molestada por acciones colectivas de protesta. Insisto: es apenas un ejemplo, no quiero focalizar en Brasil.

Ante la escalada de militarización que atraviesa el mundo, los de abajo organizados en movimientos estamos lejos de tener algún tipo de respuesta. Más aún: nuestras estrategias, nacidas en periodos de normalidad, están mostrando límites en momentos de crisis y caos sistémicos. En primer lugar, necesitamos ser conscientes de esos límites. En segundo, debemos aprender a defendernos.

Como señala el historiador chileno Gabriel Salazar: El poder popular es la única forma de tener una verdadera democracia. Un pueblo que tiene derechos pero no tiene poder no es nada. El derecho no vale sin poder. Los sistemas comunitarios de defensa nos enseñan algo sobre la construcción de poder entre los de abajo. El movimiento obrero tuvo una vasta experiencia, hasta el ascenso del nazismo, sobre formas de autodefensa. Puede ser el momento de refrescarlas.

El Ejemplo de Yanacocha en Cajamarca, para imponer su proyecto minero Conga

Cajamarca: denuncian derrame de petróleo en Conga

Créditos: Judith Cruzado

Manuel Ramos, dirigente del Frente de Defensa de la comunidad El Tambo, (Cajamarca) informó que un derrame de   petróleo se habría registrado en el tramo comprendido entre la laguna seca y negra, que forma parte del proyecto Conga, y que el evento fue constatado por miembros del Frente de Defensa de la comunidad de Colinas Verdes, quienes llegaron hasta el lugar y tomaron algunas fotografías.

 

Ante tal denuncia, voceros de la empresa minera Yanacocha negaron rotundamente que se haya registrado este tipo de hecho y por lo contrario, señalaron que la denuncia se trataría de una estrategia para alarmar a la población  y convocar a una movilización para este 19 de febrero.

 

Los dirigentes ambientalistas que denunciaron el hecho detallaron que el derrame del combustible se habría registrado en uno de los nuevos accesos que se están construyendo y que la presencia de lluvias originó que el petróleo discurra por la parte baja. 

 

http://www.rpp.com.pe 13.02.14

Portada>Actualidad>Estarían convocando a marcha el próximo 19 de febrero Cajamarca: Pobladores denuncian derrame de petróleo en zona de proyecto Conga

Integrantes del Frente de Defensa de la comunidad El Tambo y Colinas Verdes constataron el hecho. Yanacocha negó el hecho y los acusó de alarmistas.

Frentes ambientalistas denunciaron derrame de petróleo. (Referencial/EFE)

Los dirigentes el Frente de Defensa de las comunidades de El Tambo y Colinas Verdes de Cajamarca denunciaron el derrame de petróleo en el sector comprendido por la lagunas Seca y Negra, ubicadas en el proyecto de minas Conga.

Manuel Ramos, dirigente ambiental de Cajamarca, señaló que integrantes de los frentes de defensa han tomado fotografías del hecho, y que las lluvias han desplazado el combustible por los accesos de las obras que se construyen en la zona.

Por su parte, la minera Yanacocha desmintió el hecho, y señaló que la denuncia forma parte de una de las estrategias para alarmar a la población y convocar a una marcha el próximo 19 de febrero.

Diario Perú21 13.02.14

PRONUNCIAMIENTO FRENTE A PROBLEMÁTICA SOCIO-AMBIENTAL PROMOVIDA POR EMPRESA MINERA ÁGUILA DORADA EN COMUNIDADES NATIVAS AWAJUN-PROVINCIA DE SAN IGNACIO CAJAMARCA.

MUNICIPALIDAD ECOLÓGICA PROVINCIAL DE SAN IGNACIO

A LA OPINIÓN PUBLICA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.

1.   Las Comunidades nativas de Naranjos (Dto. De San José de Lourdes) y Supayaku (Dto. De Huarango) ambas en la provincia de San Ignacio-Cajamarca desde hace 4 años vienen atravesando problemas sociales-ambientales por la presencia de la Empresa Minera Águila Dorada, (problemática que ha sido identificada por la Defensoría del Pueblo desde el año 2011.) la misma que sin considerar las comunidades nativas que serían impactadas directamente por su proyecto minero como son las  08 comunidades nativas de Supayaku,  no desarrollaron una política de comunicación ni respeto a dichas comunidades.

2. Los dirigentes de la Comunidad Nativa de Supayaku y sus organizaciones representativas como ORFAC, junto    a las autoridades e instituciones de la provincia de San Ignacio han realizado una serie de gestiones y visitas a los Ministerios de Energía y Minas, Presidencia del Consejo de Ministros, Presidencia de la Republica, entre otros estamentos del Gobierno Central solicitando su intervención para dar una solución a este problema socio ambiental que cada día se viene agravando por la falta de un dialogo del Ministerio de Energía y Minas y el Gobierno Central. Y sobre todo a prepotencia de la Empresa Minera Águila Dorada.

3.  El día lunes 11 de febrero del presente año, la Organización Central de las Comunidades nativas Awajun de Supayaku SOLICITARON a la Municipalidad Provincial de San Ignacio, su intervención, frente a la retención de una persona que había ingresado a su comunidad sin identificarse y sin ninguna coordinación con las autoridades nativas, presumiendo que se trataría de un trabajador de la empresa minera Águila Dorada.

4.  Frente a esta situación, de manera responsable y siempre en la búsqueda de soluciones pacíficas y dialogadas, se ha conformado una comisión de autoridades provinciales entre ellas : representante de la Fiscalía Provincial, Presidente de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, Alcalde Provincial, representante del Vicariato San Javier del Marañón, Director de la Agencia Agraria entre otros, comisión que viajo el día martes por la madrugada hasta a la Comunidad Nativa de Supayaku para conocer este problema y buscar una solución pacífica.

5.    La Comisión de Autoridades de la provincia de San Ignacio, frente a la retención del ciudadano, invocó a los dirigentes y población de Supayaku mantener el respeto y la integridad física de la persona retenida, quien manifiesta llamarse Jaime Nuñez Fernández y ser funcionario de la Empresa Minera Águila Dorada manifestando también que viene recibiendo un buen trato, recibe  su alimentación y goza de una salud estable, invocando a que su empresa Águila Dorada busque e dialogo con las autoridades de Supayaku, para su pronto retorno.

6.    Las autoridades y el representante de la Fiscalía Provincial,  hemos sido testigos del buen estado del ciudadano retenido, como consta en el acta suscrita por las autoridades.

7.    Los dirigentes awajun de la Comunidad Nativa de Supayaku, quienes tienen además el respaldo de las comunidades nativas de Amazonas, frente a la solicitud e las autoridades provincia de San Ignacio de entregar al ciudadano  Jaime Núñez Fernández, funcionario de la Empresa Águila Dorada, manifestaron que están aptos a dialogar y entregar al ciudadano retenido a los representantes del Gobierno Central, previo al retiro de la maquinaria, de los equipos y personal que se ha instalado en la cabecera de la cuenca del Rio Chirinos en una zona boscosa de más de 78 mil has. De bosques naturales, en tanto que las aguas de dicho rio están siendo afectadas por los trabajos de la empresa Minera Águila Dorada, puesto que las aguas del Rio Chirinos son aprovechadas para uso doméstico por todas las comunidades de Supayaku que están aguas abajo, cuya problemática ya lo han explicado a las autoridades nacionales, sin que tengan ninguna respuesta, además de otras condiciones que harán llegar a las autoridades nacionales.

8.    Es importante recordar, que  el año 2012,  funcionarios del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMET) ingresaron  a realizar trabajos de exploración a la comunidad nativa de Supayaku sin ninguna coordinación ni respeto a la población awajun de Supayaku, los mismos que fueron retenidos; la oportuna intervención de este Gobierno Local, la Defensoría del Pueblo y autoridades de nuestra provincia, hizo que se diera una solución pacífica a esta retención, generándose una acta donde el Gobierno Central y el Ministerio de Energía y Minas analizaría esta problemática para darle una solución, sin que hasta la fecha se haya hecho algo al respecto, no obstante, las comunidades awajun y autoridades provinciales de San Ignacio, han insistido hasta la saciedad con documentos  y visitas a los Ministerios y autoridades del Gobierno Central pero lamentablemente hasta la fecha no se han pronunciado ni han dado una solución al problema.

9.    El Gobierno Local ratifica, una posición de defensa del medio ambiente y las cabeceras de cuenca, de donde nacen las aguas para nuestras poblaciones como es el caso de las comunidades awajun, y en circunstancias que nuestro país vergonzosamente ocupa el puesto 110 de 118 países sobre su desempeño ambiental, mientras que este Gobierno Local, no obstante contar con exiguos recursos económicos, hemos creado un Fondo de Protección de Cuencas para proteger bosques que brindan agua para la Central Hidroeléctrica de “Quanda” y los bosques de “Botijas” que proveen de agua a mas de 18 mil habitantes de la ciudad de San Ignacio, proyecto ambiental que es un ejemplo único en el Perú y Latinoamérica.

10.  Igualmente expresamos nuestra preocupación por la desinformación de algunos medios de prensa nacional que nos acusan de “antimineros”, por lo que rechazamos esta calificación, más bien somos una provincia que promueve el respeto, el dialogo, y el desarrollo humano sostenible.

11.  Exigimos la inmediata presencia de las autoridades del Gobierno Nacional, sugiriendo la conformación de una Comisión de Alto Nivel donde estén la Unidad de Conflictos de la PCM, Ministerio del Ambiente, Defensoría del Pueblo y llamamos a los Congresistas de la Región Cajamarca  a promover la conformación de esta Comisión de Alto Nivel, para buscar una solución pacífica y dialogada a esta nueva situación de conflicto en la población awajun en la provincia de San Ignacio,  y terminar con los enfrentamiento entre hermanos nativos, y sobre todo, evitar la violencia como método para solucionar los problemas sociales.

San Ignacio, 11 de febrero de 2014

Lic. Carlos Martínez Solano

Alcalde Provincial

Cajamarca: anuncian nuevamente movilizaciones hacia Conga

Esto se realizará el 15 y 16 de febrero porque según aducen, la empresa minera Yanacocha estaría realizando trabajos en Conga. Sin embargo, sus funcionarios reafirman que proyecto está paralizado.

Manuel Ramos Campos, secretario de organización del Frente de Defensa del centro poblado el Tambo, jurisdicción de Hualgayoc (Cajamarca), anunció que este 15 y 16 de febrero se movilizarán nuevamente hacia las lagunas de Conga, para verificar in situ los trabajos que se registran en la zona, pues aducen que la empresa minera Yanacocha estaría realizando trabajos para la construcción de una carretera, con lo cual se estaría buscando iniciar los trabajos del proyecto Conga.

Ramos Campos indicó que coordinarán con las localidades de Celendín y Huasmín,  para que acompañen esta movilización. La concentración se realizará en la zona aledaña a las lagunas de Conga.

Por su parte, el superintendente de Responsabilidad  Social de la empresa Minera Yanacocha, Germán Alva, reafirmó que el proyecto Conga se encuentra paralizado y que las obras que se vienen realizando obedecen a compromisos sociales asumidos por la empresa para la construcción de reservorios.

http://www.rpp.com.pe 11.02.14

Rondas rechazan nueva comisaría

Objetan que su instalación busca reprimir protesta social contra proyecto Conga.

El presidente del Frente de Defensa de los Intereses de la Vida y Medio Ambiente del centro poblado de El Tambo, Eladio Huamán, sostuvo que las rondas campesinas no permitirán la construcción de una comisaría en su jurisdicción, pues lejos de brindar seguridad ciudadana a la población, servirá para reprimir a la población que esta en contra del proyecto minero Conga.

Eladio Huamán fue enfático al afirmar que las rondas campesinas no van a permitir la instalación de una comisaría en su zona, pues las rondas tienen su ley, sus funciones jurisdiccionales y no es necesaria la Policía Nacional del Perú, dado que las rondas vigilan por la seguridad en El Tambo.

Mencionó, además, que para el mes de marzo se tiene previsto una reunión amplia en donde acordarán con todas las bases ronderiles su oposición a las pretensiones de una nueva comisaría en su localidad.

Diario El Clarín 10.02.14

Alerta: Hostigamiento a familia de Máxima Acuña

El 04 de febrero del presente integrantes de la Marcha Nacional de Mujeres, Consejo Regional de la Mujer (COREMU) y Asociación de Mujeres en Defensa de la Vida, denunciaron constantes acciones de hostigamiento y amedrentación a los integrantes de la familia de Máxima Acuña alertaron de la presencia de un ómnibus con DINOES  y cuatro camionetas contrabajadores de la empresa Minera Yanacocha.  

Testimonio fotográfico*

*Imágenes extraídas de video registrado por integrante de la Asociación de Mujeres en Defensa de la Vida

Observatorio de Conflictos
GRUFIDES

Experto internacional se pronuncia sobre la ley 30151 llamada “licencia legal para matar”

A través de una misiva dirigida al presidente Ollanta Humala, el economista español Pedro Arrojo* nos refiere sobre su gran preocupación por la reciente promulgación de la Ley 30151 llamándola “licencia legal para matar”, así como de su relación con la criminalización de la protesta social.

En esa línea, insta a que el único camino que puede llevar a resolver de forma efectiva los dolorosos conflictos abiertos en Cajamarca y en otras regiones de Perú es el del diálogo en un marco de estricto respeto a los derechos humanos.

Para Arrojo, que dicha ley exima a la policía y al ejército de responsabilidades penales, incluso cuando, haciendo uso de la fuerza, lleguen a producir lesiones y/o la muerte de personas, no sólo es muy grave, sino contrario a los más elementales principios de un orden constitucional democrático.

No amparar la vida de las personas que ejercen derechos democráticos, como el de manifestación pacífica, supone una transgresión de los derechos humanos que conmueve y conmoverá más aún a la opinión pública internacional si, como nos tememos, llega a haber heridos graves e incluso muertos al amparo de esta ley, precisó el experto.

Adjuntamos la carta completa dirigida a Ollanta Humala, así como el Informe Final sobre la Gran Marcha Nacional por el Derecho al Agua en el Perú.

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*Pedro Arrojo, es Profesor Emérito de la Universidad de Zaragoza (España).

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Fuente: Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Yanacocha dice que proyecto Conga está paralizado

Las actividades del proyecto minero Conga están suspendidas desde noviembre de 2011 y los únicos trabajos que se ejecutan son los relacionados a la implementación de reservorios de agua para uso exclusivo de la población, aseguró la empresa Yanacocha.

Mediante comunicado, indica que para hacer esos trabajos, como el reservorio de Chaihuagón, ha tenido que construir vías de acceso para las maquinarias y el personal que ejecute las obras.

Sostiene que desmiente las versiones de opositores que advierten de un supuesto reinicio del proyecto Conga.

Diario La República 04.02.14

Alerta: Posible desalojo de familia de Máxima Acuña Chaupe

Integrantes de la Marcha Nacional de Mujeres, Consejo Regional de la Mujer (COREMU) y Asociación de Mujeres en Defensa de la Vida, quienes acompañan a Máxima Chaupe en su terreno ubicado en las inmediaciones de la Laguna Azul, alertaron la presencia de un ómnibus con DINOES  y cuatro camionetas con ingenieros de la empresa Minera Yanacocha. Posiblemente se trataría de un intento de desalojo, así lo manifestaron. 

Máxima Chaupe ha denunciado constantemente amenazas y hostigamiento en su contra y su familia.

Cabe señalar que la familia de Máxima Acuña Chaupe actualmente tiene un juicio interpuesto por Yanacocha, acusado de usurpación de tierras. El nuevo proceso comenzará el 10 de marzo de 2014, en el Tribunal Penal de Celendín .

Observatorio de Conflictos

GRUFIDES