- En conferencia de prensa se expusieron los conflictos
generados por los proyectos Chadín II de Odebrecht, Yagku Etnsa de minera
Águila Dorada, así como los surgidos por el recorte del Parque Nacional
Ichigkat Muja y la negativa de consulta para el Lote 116.
Por Jonathan Hurtado
Servindi, 14 de abril, 2014.- Delegados de organizaciones
sociales de las provincias de Celendín, San Ignacio (Cajamarca), Condorcanqui,
Bagua (Amazonas), y Alto Amazonas (Loreto) presentaron alternativas de solución
a la problemática generada por el impacto de actividades extractivas y
proyectos hidroenergéticos en la cuenca del Río Marañón.
Las alternativas las dieron a conocer en una conferencia de
prensa realizada el viernes 11 del presente mes en la ciudad de Jaén, región
Cajamarca.
La misma fue organizada por el Grupo “Construyendo
Propuestas”, en el que participan organizaciones de la sociedad civil
comprometidas en la vigilancia de los megaproyectos en la zona norte y
nororiental del Perú.
“Con Chadín II comienza la muerte del Río Marañón”
Con estas palabras se refirió Elio Díaz*, presidente del
Frente de Defensa del Río Marañón, al proyecto Chadín II, a cargo de la empresa
AC Energía de la multinacional brasileña Odebrecht.
El proyecto tiene previsto ejecutarse en algunos distritos
de las provincias de Luya y Chachapoyas, en la región Amazonas, y en otros
tantos de la provincia de Celendín, en la región Cajamarca.
Según explicó Díaz, este proyecto representa la primera de
22 represas que se construirán en el Río Marañón. La obra originará un embalse
que provocará el desplazamiento de 21 comunidades, con más de mil 200
afectados.
Asimismo, denunció que actualmente la empresa viene
ofreciendo regalos a las comunidades de la parte alta del Marañón a fin de
ganarse su aprobación. Advirtió también que “ninguna de las comunidades
asentadas en la zona de influencia directa del proyecto ha sido consultada a
pesar de existir la Ley de Consulta Previa”.
Destacó, además, que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA)
del proyecto, aprobado en febrero de este año, no contempla compensaciones para
los desplazados sino una suerte de “negociación individual”. Y por si fuera
poco, el proceso de titulación ha sido encargado a la propia AC Energía.
Supayacu: comunidad amenazada por la empresa Águila Dorada
Un caso también materia de denuncia, fue el de la comunidad
indígena de Supayacu, ubicado en la provincia de San Ignacio, región Cajamarca.
Jeremías Unkuch, representante de la Organización Fronteriza
Awajún de Cajamarca (ORFAC), denunció que el proyecto minero Yagku Etnsa, a
cargo de la compañía Águila Dorada, pone en peligro la existencia de mil 500
personas de 16 comunidades awajún ubicadas en ambas márgenes del Río Chirinos.
“Se ponen en peligro los recursos hídricos en la cabecera de
cuenca del Chirinos; y con ello, la diversidad ecológica –en particular, la
pesca- y con ello la subsistencia las únicas comunidades nativas en Cajamarca”,
remarcó.
El titular de la ORFAC denunció que en el transporte del
personal de la minera han tomado parte unidades de las Fuerzas Armadas. Señaló
así que esto viene ocurriendo desde el mes de setiembre del año pasado. Cabe
destacar que la empresa tiene previsto realizar alrededor de 20 perforaciones
en la zona.
Unkuch denunció, además, que la empresa ha fraguado listas
de asistencia a talleres informativos donde figuran autoridades locales; las
mismas que luego han desmentido su participación en dichos espacios.
Ejecutivo niega consulta sobre Parque Nacional Ichigkat Muja
Zebelio Kayap, presidente de la Organización de Desarrollo
de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC), denunció a su turno que
el Estado ha vulnerado –una vez más– el acuerdo alcanzado mediante consulta
previa en el caso del recorte del Parque Nacional Ichigkat Muja, en la
Cordillera del Cóndor.
Recordó que el Ejecutivo entregó 18 petitorios mineros en la
cuenca de los ríos Santiago, Cenepa, Comaina y Morona; lo que en la práctica
implica recortar el espacio de la referida zona de 152 mil a 88 mil hectáreas.
Dicha situación, explicó, afecta el bosque húmedo de
montaña, en el cual se desarrollan más de cien tipos de plantas, entre ellas,
40 especies de orquídeas.
Kayap indicó que en 2013 la Corte Suprema de Justicia de
Amazonas les dio la razón a las comunidades. De igual modo, sostuvo que el
hasta hace algún tiempo Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA)
reconoció en 2007 que cualquier actividad alteraría los recursos hídricos, y
por ende, la vida de las comunidades awajún de la parte baja de la cordillera.
“Somos personas que queremos vivir en paz de acuerdo a nuestro concepto de Buen Vivir (…), algo
tenemos que dejar a nuestras generaciones”, sentenció.
“No queremos un segundo Baguazo”
En tanto, Edwin Montenegro, presidente de la Organización
Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte (ORPIAN), criticó la
negativa del Estado de reconocer el derecho a la consulta previa de los pueblos
awajún y wampis bajo el argumento que la norma no es retroactiva para la
explotación del Lote 116.
Cabe destacar que ley de consulta previa se promulgó en
setiembre del 2011 y que en diciembre del 2006 Perupetro suscribió un contrato
para la exploración y explotación de hidrocarburos en el citado bloque.
Montenegro explicó sobre los trabajos en el mismo que se
comprometen 659 mil hectáreas de las provincias de Condorcanqui, Bagua
(Amazonas) y Datem del Marañón (Loreto), donde residen un total de 73
comunidades tituladas (propietarias).
*Fe de erratas: El apellido del dirigente del Marañón es
Díaz, en un primer momento figuraba como Franco.
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