Por: NoticiasSer
Juan Arribasplata
El día de ayer personas de diferentes lugares de la
provincia de Celendín participaron en una movilización en esta ciudad con el
fin de protestar contra la construcción de la hidroeléctrica Chadin II, el
Proyecto Conga y la actitud de los fiscales que, según indican los
manifestantes, estarían actuando en contra de quienes se oponen a estos
proyectos y que se refleja en una
persecución judicial de la que son víctimas. Luego de la movilización
por las calles de esa ciudad, los manifestantes se dirigieron a la fiscalía de
Celendín con el fin de buscar ser escuchados por representantes de esta
institución.
Como ha informado NoticiasSER.pe sobre este tema en
anteriores oportunidades, las comunidades han venido rechazando el proyecto
Chadín II porque pretende represar el
río Marañón con un muro de 175 metros de alto, inundando 50 km río arriba y
afectando una extensión de más de 3,000 hectáreas de valle, además del caudal
del propio rio Marañón. El proyecto también inundaría a comunidades y valles
productivos obligando a un desplazamiento forzoso de 1,000 personas.
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Resistencia Celendina
Milton Sánchez, secretario de la Plataforma
Interinstitucional Celendina (PIC), en conversación con Noticias SER dijo que
hay una persecución judicial contra quienes se oponen al proyecto Conga y
contra los que rechazan el proyecto hidroeléctrico Chadín II, por lo que han
alzado su voz de protesta en las afueras de la fiscalía. “Hemos tenido una
reunión con los fiscales para que cese la persecución policial. Se ha llegado
al acuerdo que se respete la jurisdicción rondera”, dijo luego de la
movilización de la población a esa institución, en la que fueron custodiados
por decenas de policías.
Señaló que sus reclamos van en torno a que cuando estaban
realizando protestas contra Yanacocha la policía disparó contra uno de sus
compañeros en presencia de un fiscal, pero no lo denunciaron porque corren el
peligro que esto vaya en contra de ellos y puedan ser denunciados, explicó.
El representante de la rondas, Roger Ponce, dijo a los
fiscales que estas movilizaciones se programaron durante una asamblea de 17
bases del Frente de Defensa de la cuenca del río Jadibamba. En la misma se
acordó que se respete el territorio ancestral rondero, así como las funciones
jurisdiccionales de las autoridades ronderas y el archivamiento de todas las denuncias a estos por ejercer
funciones jurisdiccionales que solo buscan administrar justicia para buscar la
paz social. “Queremos decirle a los señores fiscales que ejercer funciones
jurisdiccionales de las rondas no es un delito, es administrar justicia. Según
el artículo 149 de la Constitución Política, donde se nos reconoce como
autoridades constitucionales, esto nos está facultado. Entonces desde ahora
queremos exigir que nos dejen ejercer nuestras funciones jurisdiccionales sin
ningún entorpecimiento”, sostuvo.
Respuesta de la fiscalía
El fiscal de Celendín, Ruperto Alcántara, dijo que entiende
las causas de las protestas, pero las manifestaciones se deben dar
civilizadamente y no con agresiones verbales. Siendo así, estaba dispuesto a
escuchar todas las peticiones que tengan “porque esa es la manera democrática
de entendernos”. Agregó no tener ningún temor hacia los manifestantes porque
son personas que vienen a luchar por su causa que es justa. “Respecto a las
peticiones que ustedes vienen haciendo, el Ministerio Público está trabajando
dentro de nuestra Constitución y de nuestra ley, para eso estamos acá. Tenemos
un rol que cumplir y jamás vamos a estar en contra de las luchas personales,
sociales o del pueblo. Lo que venimos es a cumplir un rol de defender la ley,
la legalidad de la Constitución y los derechos de todos los ciudadanos”, dijo.
Luego de esto y otras peticiones de la población, se
procedió a dejar en acta lo acontecido.
Entre varios puntos de la misma, se acordó que el Ministerio
Público, a través de su representante Ruperto Alcántara, se compromete a
respetar la jurisdicción rondera de acuerdo al marco normativo nacional e
internacional de las rondas campesinas y pueblos indígenas que está en el
artículo 149 de la Constitución Política del Perú, Ley de Rondas Campesinas N°
27908 y el convenio 169 de la OIT. Así también, se hace hincapié en el artículo 18 inciso 3 del Código Procesal
Penal que establece el respeto a los derechos humanos. Asimismo, se comprometen
a garantizar que las investigaciones que se hagan sean ajustadas al debido
proceso en todos los casos por el conflicto Conga, y el archivamiento de los
casos sobre denuncias por ejercer funciones jurisdiccionales de las rondas
campesinas cunado no se encuentran elementos probatorios.
Fuente: www.noticiasser.pe