- Solicitan a la CIDH renovar exigencia al Estado de cumplir
de buena fe la medida cautelar y garantizar la vida e integridad de los
beneficiarios y beneficiarias claramente identificados.
Servindi, 22 de mayo, 2014.- El Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas calificó de “retrechera” la respuesta del Estado peruano a la Resolución 9/2014
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que solicita
garantías para un conjunto de personas que se oponen al megaproyecto
minero Conga, en Cajamarca.
Es decir, acusó al Estado de recurrir a artificios disimulados y
mañosos a fin de eludir el cumplimiento de lo debido, en este caso para
evadir su responsabilidad en el cumplimiento del mandato de dicha
resolución.
A través de un comunicado, el Pacto de Unidad advirtió que de no dar respuesta a la Resolución 9/2014 que otorga una medida cautelar, el Estado Peruano estaría desconociendo un instrumento de obligatorio cumplimiento en un Estado democrático de derecho.
Cabe recordar que la petición fue formulada por el Pacto de Unidad en
diciembre de 2011, cuando el Estado peruano declaró en situación de
emergencia la región Cajamarca para imponer el megaproyecto minero
Conga, a cargo de la empresa Yanacocha.
Por aquellas fechas se registraron una serie de agresiones en contra
de líderes y lideresas de las comunidades y rondas campesinas, así como
de la familia Chaupe y del comunicador indígena César Estrada Chuquilín
que se han venido agravando desde entonces.
La respuesta al petitorio hecho por el Pacto se conoció el 5 de mayo
de este año, a través de una medida cautelar otorgada luego de
verificarse tres condiciones esenciales: amenaza a la vida y la
integridad personal de los beneficiarios de manera grave, urgente e
irreparable.
De este modo el organismo con sede en Washington dio la razón a las
denuncias de amenazas y agresiones que venían haciendo las rondas
campesinas y que no eran atendidas por el Estado peruano.
El Pacto de Unidad recordó, además, que hoy -jueves 22 de mayo- vence
el plazo que la CIDH concedió al Estado para informar sobre los
“continuos ciclos de amenazas, hostigamientos y actos de violencia”
contra las personas que en su legítimo derecho rechazan Conga.
La mala fe del Estado peruano
La nota de prensa difundida hoy por el Pacto, recuerda que la primera
reacción del Estado peruano fue ignorar la importancia de la medida
cautelar como medida especial.
Señala así que el embajador del Perú ante la Organización de Estados
Americanos (OEA), Juan Jiménez Mayor, sostuvo que esta medida no
difería de la protección que el Estado brinda a 30 millones de peruanos.
La segunda reacción- continúa el comunicado- fue detener y maltratar
el martes 13 de mayo a doce campesinos y activistas e incluso golpear a
algunos de estos.
Entre los detenidos por la policía estuvieron aquel día César Estrada
Chuquilín y otros beneficiarios de la medida cautelar, quienes
recibieron burlas de los policías con frases como: “¿Y ahora dónde está
la CIDH para que te proteja?”, explica el documento.
Como se informó en aquella ocasión, los detenidos fueron liberados la
madrugada del miércoles 14 sin que haya habido de por medio ninguna
orden ni mandato judicial que justifique la detención.
Pese a que el contenido de la Resolución de la CIDH se conoció la
primera semana de mayo, fue recién el 13 que el Procurador Público
Especializado Supranacional del Ministerio de Justicia “en una actitud
dilatoria y retrechera” solicitó la lista completa de los beneficiarios
de la medida cautelar y la identificación de sus representantes.
Pero los cuestionamientos a la respuesta del Estado no terminan ahí.
Según explica el Pacto, en un “afán malicioso” el Estado Peruano
observó en una misiva a la CIDH que una asesora del Instituto
Internacional Derecho y Sociedad (IIDS) – la abogada Zulma Villa –
aparezca en las comunicaciones de los demandantes cuando ella no habría
firmado la solicitud original de medidas cautelares.
“Con esa actitud el Estado peruano busca escabullir su
responsabilidad y distraerse de los problemas sustanciales de fondo
intentando menoscabar el derecho a la defensa y a pesar que dicha
abogada representa a los peticionarios desde el inicio del caso, hecho
del cual tiene pleno conocimiento la CIDH”, finaliza el colectivo de
organizaciones indígenas.