Defensores del ambiente y opositores del gobierno en pie de guerra en Perú contra flexibilización de controles a la minería dentro de las medidas de reactivación propuestas al Congreso por el Ejecutivo.
Reclamarán por facultades perdidas de la autoridad ambiental |
Por Juan Castro Olivera
Organizaciones ambientalistas e indígenas están desde este
miércoles en pie de guerra en Perú contra medidas del Gobierno que flexibilizan
los controles a la explotación minera, a fin de fomentar la inversión y el
crecimiento.
Unas 50 entidades medioambientales y de derechos humanos
convocaron a una marcha a última hora del miércoles en el centro de Lima para
rechazar un paquete de medidas enviado por el gobierno de Ollanta Humala al
Congreso.
"Estamos muy preocupados. Se está aprovechando la
situación de menor crecimiento económico para favorecer intereses de grupos
económicos", dijo a la AFP Javier Jahncke, secretario ejecutivo de la red
Muqui de organizaciones ambientalistas e indígenas.
"Se pone en serio riesgo la fiscalización de las
actividades extractivas. Es un error debilitar los controles, es una muy mala
señal", lamentó Jahncke.
Perú es una de las economías de mejor desempeño de América
Latina con un crecimiento sostenido por encima del 5% desde hace más de una
década, pero los indicadores muestran una clara retracción este año, con menos
actividad minera influida por la caída de precios internacionales de los
metales preciosos.
El banco de inversión JP Morgan cifró el martes en 4,2% la
tasa de crecimiento de Perú para este año, pese a que a comienzos del año
preveía un 5% en sintonía con los años anteriores.
Según las nuevas disposiciones del gobierno peruano, será la
presidencia del Consejo de Ministros y no ya el Ministerio de Ambiente quien
decida la creación de áreas naturales reservadas, así como la fijación de
estándares de calidad ambiental y de límites máximos permisibles de
contaminación.
Además se dispone agilizar los estudios de impacto ambiental
(EIA) para que no bloqueen y demoren las inversiones, y disminuir las multas
por incumplimientos ambientales.
"El hecho de que el gobierno reduzca sus estándares
ambientales para traer inversión nos lleva a la época de las cavernas",
dijo José de Echave, subdirector de la ONG ambientalista CooperAcción.
La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, un importante
grupo de la sociedad civil, pidió formalmente en una carta al Congreso que
rechace estas reformas.
Mientras circulaba su posible renuncia por recorte de
funciones, el ministro de Ambiente peruano, Manuel Pulgar Vidal, dijo que pese
a la flexibilización de controles seguirá "luchando hasta el último minuto
por defender la política ambiental del país".
"El Ministerio del Ambiente no está disminuido ni le
han cortado los brazos”, señaló.
"Con estas facilidades que se otorga a las compañías no
es posible controlar impactos al ambiente que afectan no sólo fuentes de agua
sino también la salud de las personas", dijo Jahncke.
Medio centenar de organizaciones ambientales e indígenas
emitieron el martes un comunicado en el que señalan que Perú "perdió una
oportunidad histórica al no aprovechar los beneficios de la renta extractiva
para la diversificación de nuestra economía en los últimos 20 años".
"Recién cuando se ve agravada la dependencia de nuestro
modelo económico por la caída de los precios de los minerales, se pretende
impulsar la economía a costa de debilitar las incipientes reformas en materia
ambiental", señalan.
Las organizaciones ambientalistas advierten que lejos de
favorecer la inversión, el clima de negocios se verá afectado en el país por
nuevos conflictos sociales en las zonas de fuerte actividad extractiva de
recursos naturales. (AFP)
http://correosemanal.pe 25.06.14