Las
erinias perseguían a los transgresores torturándolos con sus gritos,
sus sermones, sus llantos y, por eso mismo, Némesis se arrastraba detrás
de los culpables para exigir venganza. Sin embargo, Themis, la diosa
ciega, la que lleva una venda en los ojos para ser imparcial y no
distinguir ricos de pobres, hombres de mujeres, comerciantes de
campesinos, nobles de plebeyos, fue la que finalmente se impuso para
administrar justicia y así proceder de la manera más equilibrada y
objetiva. Este es el origen mitológico del derecho y de la recta
administración de justicia. La diosa debía ser ciega para ser perfecta.
Pero en nuestro país, por desdicha, la justicia no lleva una venda en
los ojos. La justicia que debería de orientarse a la redistribución y
la equidad está marcada por los intereses de los poderosos, sean grandes
compañías, políticos, ex presidentes o individuos que por sus
conexiones buscan la impunidad. El aparato judicial en su conjunto es,
como lo han dicho múltiples críticos del sistema (Foucault, Cerroni,
Badiou), una manera disuasiva, poderosa y económica de manejar las
disidencias, las resistencias y el cuestionamiento a un statu quo que se
reduce a beneficiar a los que se encuentran más cerca de esas
relaciones. Precisamente Foucault dice: “Pienso que, por debajo del odio
que el pueblo tiene a la justicia, a los jueces, a los tribunales y
prisiones, no hay que ver tan solo la idea de otra justicia mejor y más
justa, sino, en primer lugar y ante todo, la percepción de un punto
singular en el que el poder se ejerce a expensas del pueblo…”.
Durante este mes de junio, dos procesos que se llevan a cabo contra
campesinos, mestizos e indígenas, deja constancia vívida de la cita de
Michel Foucault. Me refiero al proceso de la llamada Curva del Diablo,
en el que jueces y fiscales preguntan y repreguntan, como si los
indígenas se encontraran ante la Santa Inquisición, interpelando
agresivamente, buscando la contradicción, el error de la interpretación,
el fallo en la lengua. De la misma manera, en el proceso que entabló
Minera Yanacocha contra la Familia Chaupe para desalojarlos de un
terreno en el corazón del Proyecto Conga, en la sesión del viernes 20 de
junio, el fiscal acuerda con el abogado de la empresa y presenta
pruebas ex aequo, en coordinación. La abogada de los Chaupe, Mirtha
Vásquez, ha dicho: “sí nos has parecido un poco escandaloso que a esta
etapa del proceso se evidencie cómo la Fiscalía y la empresa minera
están coordinadas, por no decir de alguna manera vinculadas […] en esta
parte del juicio aparece la empresa minera con documentos que el Fiscal
había presentado como pruebas propias…”.
La corrupción, el dinero mal habido, la ansiedad por ganar y tener
más, el “emprendedurismo político a toda costa”, alimentan los
retruécanos de un sistema construido para la componenda y el
favoritismo. No han sido pocos los abogados, fiscales (Moreno, Príncipe)
y jueces que luchan contra este monstruo desde sus entrañas. Pero son
pocos, verdaderamente pocos, los que logran a través de sus oscuros y
viscosos laberintos salir probos y mantener la serenidad, sabiduría e
independencia de criterio que debe regir en todo aquel que busca ser
justo. ¿Por qué el letrado, el juez, el miembro del tribunal, el fiscal,
el secretario de juzgado, creen que tener poder para juzgar implica
mantener la alianzas implícitas con los poderosos y siguen siendo
genuflexos y oscuros como sus homólogos durante el Virreinato? Somos
independientes, pero qué miedo, qué increíble miedo aún perdura en los
letrados ante la libertad de conciencia para juzgar.
Diario La República 24.06.2014