Por: Jorge Pereyra
Para evitar que el traidor Ollanta Humala sea denunciado constitucionalmente en el futuro, por haber violado la Constitución (irrespeto al debido proceso y al principio de juez natural), al ordenar que se trasladen a Chiclayo los casos judiciales de los ambientalistas que se oponen al criminal proyecto Conga, el régimen humalista ha dado marcha atrás en su torpe e ilegal medida.
En consecuencia, los 25 procesos judiciales relacionados al conflicto minero Conga en Lambayeque serán remitidos a Cajamarca para que en esa jurisdicción sean investigados y resueltos, informó el abogado Wilfredo Chero Villegas.
La Segunda Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque decidió el viernes pasado que los casos sean derivados a esa región, en base al artículo 139, inciso 3 de la Constitución Política del Perú, que indica que "ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación".
Estos casos están relacionados a delitos contra la tranquilidad pública, usurpación, asociación ilícita para delinquir, entre otros.
"Todos los delitos son similares, relacionados principalmente a las marchas y protestas contra el proyecto minero Conga, realizadas en Cajamarca, Celendín, Hualgayoc, Huasmín y en las lagunas Perol y Conga", indicó Chero.
La disposición de la sala evitará que posibles detenidos en Cajamarca y las personas que ya son investigadas, sean procesadas en Chiclayo. En su momento, esa situación fue criticada por Chero, quien asegura que el traslado de investigados a Chiclayo afectaba el debido proceso y el principio de juez natural.
"La decisión ha sido definitiva y marca un precedente, pues siempre existió la disputa de en dónde resolver los casos, en Cajamarca o en Lambayeque", refirió el abogado.
Los procesos anteriores como los que afronta el presidente regional de Cajamarca Gregorio Santos, el rondero Manuel Ramos, o el dirigente campesino Eddy Benavides, también serán remitidos a esa jurisdicción.