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11 de julio de 2014

FRENTE A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO ENTRE LOS GOBIERNOS DE PERÚ Y ALEMANIA SOBRE MATERIAS PRIMAS



 La RED MUQUI, colectivo de 28 instituciones a nivel nacional, ante la inminente firma de un Convenio entre los Gobiernos del Perú y Alemania sobre cooperación en el ámbito de materias primas, industria y tecnología, se dirige a la opinión pública nacional e internacional para manifestar lo siguiente:

1. No ha existido hasta la fecha un proceso de transparencia en la información sobre el citado Convenio, ni un debate público, ni en Alemania ni en el Perú, que haya permitido a la población y a las demás instancias de gobierno, discutir y plantear las mejores condiciones para un proceso de negociación que beneficie verdaderamente a nuestro país.

2. Es por ello que evidenciamos del contenido del Convenio, que busca fundamentalmente asegurar el abastecimiento de materias primas del Gobierno Alemán, específicamente de recursos mineros. Para ello, prioriza la cooperación del Gobierno Alemán en los ámbitos industrial y tecnológico, no para diversificar la economía, sino para fomentar la prospección, extracción y procesamiento de las actividades mineras, manteniendo a nuestra economía dependiente únicamente de dicho recurso, pues además el Perú deberá cumplir con las exigencias del citado convenio, que es promover a las empresas alemanas en sus negocios para adquirir minerales.

3. El Convenio evoca los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos como sustento de su suscripción, pero no aclara que el Perú se abstuvo de suscribirlos, además que éstos no son de obligatorio cumplimiento, por lo que citarlos no implica una garantía de cumplimiento de los mismos.

4. También establece que las actividades mineras que regula, se llevarán adelante de conformidad con las legislaciones nacionales. Esto ocurre sólo días después de la aprobación por la Comisión Permanente del Congreso del Perú de un paquete de medidas propuesto por el Poder Ejecutivo, que afecta seriamente la institucionalidad ambiental, y que no permitiría que las normas nacionales regulen adecuadamente las actividades que se prevén impulsar.

5. Los cambios en materia ambiental aprobados en el Congreso del Perú, dejan sin funciones de fiscalización al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por tres años y con poder sancionatorio disuasivo mínimo (sólo el 35% de multas en casos excepcionales), los Planes de Ordenamiento Territorial (OT) ya no van a limitan ni establecen usos de los suelos, los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Límites Máximos Permisibles (LMP) van a depender de una variable económica y no de criterios técnicos para prevención del daño al ambiente y salud de las personas, y los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), tienen plazos reducidos para su aprobación, para opinión de los sectores involucrados y sanciones a los funcionarios que no los aprueben en los plazos estipulados, entre otras medidas que “desregulan” la actividad minera.

6. Establece como exigencia al Gobierno Peruano el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT sobre los derechos de los pueblos indígenas. Este Convenio vigente en el Perú desde el año 1995, no ha sido cumplido estrictamente hasta la fecha; persisten las carencias del Ministerio de Cultura para garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas, sobre todo a la Consulta Previa, al territorio, al agua y al medio ambiente. Respecto a la Consulta Previa, ésta debe respetar los derechos de los pueblos indígenas e incluir a las comunidades campesinas indígenas, especialmente respecto de las actividades mineras, en las que a la fecha aún no se ha aplicado dicho derecho.

7. Respecto de las exigencias al Gobierno Peruano, tampoco existen mecanismos de participación ciudadana suficientes que permitan no sólo informar a la población afectada del proyecto que se realizará en su localidad, a lo que se circunscriben éstos en el Perú, sino que brinden espacios a la población para dialogar previamente y participar efectivamente en la decisión final que toma el Gobierno respecto de la realización de un proyecto. Las mesas de diálogo y desarrollo establecidas en el Perú, lo que plantean son espacios de negociación para el inicio de los proyectos y no buscan el diálogo para la prevención de posibles conflictos.

Saludamos que según el Convenio, los gobiernos de Alemania y Perú quieran cooperar para “la aplicación de estándares medioambientales y sociales internacionales” para las actividades que promueve en minería. Sin embargo, lo señalado en los puntos anteriores evidencia una seria discrepancia entre la realidad peruana y lo que el propio Convenio establece. En un contexto en el que las normas socio-ambientales y las instituciones en el Perú no garantizan que la minería se desarrolle de manera ambientalmente sostenible y en pleno respeto a los derechos humanos de la población, los efectos positivos de este convenio son dudosos. Un convenio que busca incrementar la exploración y explotación minera, tendrá el inevitable efecto de elevar los riesgos para el medio ambiente y los derechos humanos de importantes sectores de la población peruana. Consideramos que es una estrategia errada ampliar la exploración y extracción minera, mientras la gran minería siga afectando los derechos humanos y el medio ambiente.

Por lo tanto, instamos al gobierno peruano a:
- Iniciar una discusión amplia sobre las implicancias (beneficios y riesgos) de este Convenio, demostrando transparencia, generando espacios de debate y recogiendo aportes, para una decisión que se busca sea la más beneficiosa para todas las peruanas y peruanos, y no sólo para intereses económicos nacionales o extranjeros.

- Garantizar la Consulta Previa sobre actividades mineras a la población indígena que será impactada.

Instamos al gobierno alemán a:
- Implementar mecanismos vinculantes para que empresas alemanas, que desarrollen negocios ligados a la minería en el Perú, cumplan estándares sociales y ambientales nacionales e internacionales.

- Exigir al gobierno peruano antes de la suscripción de cualquier convenio, que el Perú cuente con altos estándares sociales y ambientales en su normatividad vigente.

RED MUQUI
Lima, 11 de julio de 2014