CEJIL, DPLF y WOLA señalan que Poder Ejecutivo debe cesar al actual ministro del interior hasta dilucidar su participación en el asesinato del periodista Hugo Bustíos.
Las organizaciones internacionales de derechos humanos CEJIL, DPLF y WOLA emitieron un comunicado
en el que solicitan al presidente de la República, Ollanta Humala,
destituya al actual ministro del Interior, Daniel Urresti, en tanto “se
dilucida su responsabilidad penal” en el asesinato del periodista de la
revista Caretas, Hugo Bustíos.
El comunicado exhorta al
gobierno peruano a respetar la actuación del Poder Judicial en este
caso, a fin de garantizar "la independencia en las investigaciones y
procesos que se siguen para determinar las responsabilidades de todos
los autores del asesinato” del mencionado periodista.
Al respecto,
Jo-Marie Burt, senior fellow en WOLA, consideró que “el Ejecutivo debe
rectificar esta decisión porque es lesiva al proceso que se sigue en el
Perú para lograr verdad, justicia y reparación para las víctimas del
conflicto armado interno peruano, y afecta gravemente la consolidación
de las instituciones democráticas. Urresti debe ser removido de su cargo
y debe responder ante la justicia por este caso, y el gobierno de
Ollanta Humala debe reafirmar su compromiso de proteger la integridad
física de familiares y testigos en este y otros casos bajo
investigación”.
En tanto, Viviana Krsticevic, directora ejecutiva
de CEJIL, recordó que “la CIDH determinó que Perú era responsable por el
asesinato de Bustíos y por la violación a la integridad personal de
Rojas Arce, además de la violación a la libertad de expresión de ambas
víctimas por cuanto eran periodistas. La decisión del Ejecutivo peruano
de ofrecer un cargo público a una persona investigada por estos graves
hechos, envía un mensaje de irrespeto a la labor del poder judicial en
combatir la impunidad, además de ser una afrenta directa para las
víctimas de graves violaciones de derechos humanos en Perú”.
En la
misma línea, Katya Salazar, directora ejecutiva de DPLF, sostuvo que
“este caso es emblemático porque fue investigado por la Comisión de la
Verdad del Perú, que recomendó la investigación y procesamiento de todos
los responsables. La decisión del Presidente Humala de ‘evaluar el
caso’ y concluir que no existen pruebas suficientes es un ataque a la
independencia judicial y supone ‘recompensar’ a una persona acusada de
estas graves violaciones”.
En efecto, el comunicado recuerda que
la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) retomó la investigación
de este caso, y en el año 2007, la Sala Penal Nacional condenó a los
oficiales Víctor La Vera Hernández y Amador Vidal Sanberto a 17 y 15
años respectivamente, como autores del delito de asesinato y tentativa
de asesinato en agravio de Bustíos y Rojas Arce.
«La
investigación continuó para establecer la identidad de los otros
responsables, y el 17 de junio de 2013 el Poder Judicial emitió un auto
de apertura de instrucción contra Urresti. El mismo refiere que el 24 de
noviembre de 1988, los dos periodistas fueron “emboscados y atacados
por miembros del ejército peruano de la Base Militar de Castropampa al
mando del oficial EP Daniel Belisario Urresti Elera conocido con el
apelativo de ‘Arturo’, con la participación del Sargento Johny José
Zapata Acuña conocido con el apelativo de “Centurión” y otros miembros
del Ejército no identificados”.
El auto de apertura de instrucción
se sustenta en varios elementos probatorios, entre ellos declaraciones
de otros miembros del ejército peruano que laboraban en la Base
Contrasubversiva de Castropampa en noviembre de 1988. Con base en ello,
se investiga la responsabilidad de Urresti como autor mediato del
asesinato de Bustíos y la tentativa de asesinato de Rojas Arce, ambos
calificados como crímenes de lesa humanidad».
Pese a estos hechos
ya el Poder Ejecutivo ha respaldado la permanencia de Urresti en el
cargo y el mismo ministro del Interior ha descartado que vaya a
renunciar. Habrá que esperar si el presidente Humala reflexiona y vira
de posición.
redaccion.lamula.pe 08.07.14