Cuando la población se dé cuenta de los riesgos de la ley nº 30230, habrá grandes conflictos sociales
La Ley 30230, conocida como el “paquetazo ambiental”,
ha causado mucha polémica y cuestionamientos debido a que genera varios
riesgos en los derechos a la propiedad de las tierras de las
comunidades campesinas en todo el país.
Las
autoridades argumentan que esta ley solo establece medidas tributarias,
simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y
dinamización de la inversión en el país.
Sin
embargo, la Plataforma para la Gobernanza Responsable de la tierra y el
Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú afirman que
el “paquetazo” viola el derecho a la propiedad de las tierras de las
comunidades.
La
plataforma está conformada por organizaciones de la sociedad civil,
gremios agrarios e indígenas, entre los que se encuentra el Instituto
del Bien Común (IBC). Su director ejecutivo, Richard Smith, cuestiona el
“paquete reactivador” del gobierno en la siguiente entrevista.
¿Cuál
ha sido la intención del Gobierno al dictaminar este “paquete
reactivador”? ¿Qué intentan cambiar sobre el tema de los derechos a la
propiedad de las tierras de comunidades campesinas y nativas?
Creo
que el título de la ley es bastante claro: “Ley que establece medidas
tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la
promoción y dinamización de la inversión en el país”. Es decir, busca
facilitar el proceso de inversión extranjera en el país. La manera en
que está diseñado este “paquete” de medidas me lleva a pensar que el
gobierno ha realizado estudios legales y de marketing, para ser
asesorados sobre cómo escribirlo y presentarlo. ¿Por qué digo eso?
Claramente, el meollo más grande en este tema no son solo los cambios en
los estándares ambientales. También está el título III, que permite al
Gobierno tomar tierras – predios – de particulares o del mismo Estado
para entregarlos a un proyecto de inversión. Esta entrega se hará sin importar los títulos existentes o el uso que campesinos e indígenas le estén dando a estas tierras.
¿Cuántas comunidades campesinas y nativas serían afectadas con esta ley?
Todas.
Según un estudio que realizamos en el Instituto del Bien Común, en
marzo de 2014, existen un total de 10,419 comunidades campesinas y
nativas en nuestro país. Todas son contempladas por el reglamento de la
Ley general de Comunidades Campesinas (Ley Nº 24656), con el derecho a
ser reconocidas como tal.
¿Cuántas comunidades campesinas y nativas en nuestro país están georreferenciadas?
Una
mínima parte. Esta reciente ley es muy ambigua porque señala que se
realizará el saneamiento físico y legal de predios correspondientes a
particulares, sin ninguna excepción. Entonces,
se entiende que cualquier terreno podrá ser tomado por el Estado y
otorgado a los grandes inversionistas, independientemente del uso actual
o futuro que se les dé a los predios.
¿No existe una proyección del Estado sobre el futuro de dichas tierras?
No.
No les importa. La ley debería exceptuar el saneamiento físico y legal
de las tierras que ya han sido tituladas. Pero, lamentablemente, esta
ley abarca todos los predios, especialmente los que están en comunidades
campesinas y nativas.
¿Cuál es la situación de las comunidades sobre sus títulos de propiedad?
La
gran mayoría de la propiedad rural en el Perú, tiene un título
imperfecto. Es decir, no está registrado o georreferenciado. La reciente
ley establece que la delimitación de los predios que haya hecho el
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI), es el que
prevalece. Esto se aplicará cuando los títulos no estén bien hechos, o
si no están georreferenciados, etc. Entonces, este nuevo régimen
prevalece sobre todo lo que hay en el territorio.
¿Es una amenaza que COFROPRI esté encargado del saneamiento de las tierras?
Si
COFOPRI está encargado del saneamiento físico y legal de los todos
predios del país, nos preocupa que tenga el poder de otorgar dichos
predios a los grandes inversionistas. ¿Qué va a suceder con el
Ministerio de Agricultura y Riego, que era el rector de saneamiento y
formalización de las tierras?, de igual forma ¿qué sucederá con el papel
de los gobiernos regionales? Ambos quedan en el aire.
¿Y por qué surge este problema entre el Minagri, gobiernos regionales y COFOPRI?
El
problema es que COFOPRI es parte del Ministerio de Vivienda. Su
experiencia está netamente ligada a titular predios urbanos. Se podría
decir que tiene una pequeña experiencia en titulación rural, desde el
año 2008. Sin embargo, lo que COFOPRI ha desarrollado en estos últimos
años es parcelar las tierras de comunidades, con el pretexto de
delimitar las zonas urbanas. Me preocupa que estas tierras, ahora,
también sean vulneradas. En realidad, esta ley afecta a todos.
En
la actualidad, muchas comunidades campesinas y nativas no tienen cómo
acreditar la propiedad de sus tierras. ¿Por qué razón? ¿Cuáles son las
causas?
Hay
comunidades que sí tienen sus títulos registrados. Pero los que están
georreferenciados son mínimos. No llegan ni al 10%. La gran mayoría
tiene planos hechos a mano, los cuales no están bien elaborados. Si
interpretamos correctamente lo que la ley 30230 dice respecto a la
prevalencia de la información sobre el área de los predios, pues un
plano hecho a mano no tiene prevalencia ante un plano hecho por COFOPRI.
Por ello, las comunidades campesinas y nativas están en una desventaja
total.
¿Cuál es la propuesta que tienen las organizaciones de la sociedad civil para modificar esta norma?
La sociedad civil del país, desconoce este tema. Por esta razón, en el colectivo Territorios
Seguros, estamos promoviendo una campaña desde hace dos años, sobre
estos temas. El primer paso es informar a la población sobre los riesgos
de este paquete de medidas. Desde mi punto de vista, el gobierno ha
sabido en qué momento presentar estas normas. Ha sido un cambio radical,
del mismo nivel que el de Alan García y su famoso discurso del
“síndrome del perro del hortelano”. Lamentablemente la población va a
demorar para darse cuenta de este “paquetazo”, pero cuando esto suceda,
se van a desatar una serie de conflictos sociales. Por esta razón, las
organizaciones de la sociedad civil estamos con la labor de informar a
la población sobre los riesgos en este tema.