Movimientos sociales, pueblos indígenas y sociedad civil en
general unen sus voces y propuestas en un espacio unitario común frente a
la Conferencia de las Partes (COP20) que organiza Naciones Unidas en
Lima.
Servindi, 19 de setiembre, 2014.-
La Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático
se desarrollará del 8 al 11 de diciembre en el Parque de la Exposición
de la ciudad de Lima y contará con mesas de debate, exposiciones y
presentaciones artístico-culturales.
El miércoles 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, se desarrollará la Marcha Global de los Pueblos frente al Cambio Climático,
con un pasacalle que mostrará la diversidad cultural de los pueblos y
recordará que las políticas sobre cambio climático son también un asunto
de derechos humanos, y no solo ambiental o climático.
El evento que tiene por lema “Cambiar el Sistema y no el Clima”
se propone como un escenario para movilizar a la sociedad civil en
torno al tema de cambio climático, un espacio de crítica y propuesta
frente a las políticas gubernamentales y los intereses de las grandes
empresas extractivistas.
La Comisión Política de la Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático, encargada de la organización, llama mediante un pronunciamiento, a todos los pueblos y movimientos sociales del mundo a unir fuerzas y congregar propuestas en la Cumbre, en diciembre.
Los planteamientos claves de la sociedad civil hacia la COP 20 son que los Estados adopten compromisos vinculantes
y emprendan políticas efectivas de mitigación, y en especial de
adaptación, que reduzcan las vulnerabilidades e impactos sociales,
económicos y culturales del cambio climático para las próximas
generaciones a fin de alcanzar justicia climática.
¿Por qué la sociedad civil propone este espacio?
El movimiento social parte de la premisa de que el problema del
cambio climático no es solo ambiental, sino que involucra al conjunto de
la vida social y natural, por lo que debe abordarse en toda su
complejidad y de manera integral.
Debido a su magnitud en la vida humana, la sociedad
civil considera que la comunidad de Estados tienen la obligación de
atender las diversas demandas y propuestas de las organizaciones
sociales y pueblos originarios.
Es sabido que los principales afectados son las poblaciones
vulnerables –entre éstas las comunidades y pueblos indígenas y en
particular las mujeres rurales–, cuyas prácticas productivas, sociales y
culturales guardan una estrecha relación con el ambiente y la Madre
Tierra.
Además, la crisis climática aumenta los riesgos y amenaza la vida, el
ambiente, la salud, los ecosistemas, la biodiversidad, la seguridad y
la soberanía alimentaria de todas las poblaciones del mundo.
Cabe destacar que en el Perú asistimos en los últimos meses a una
regresión en materia ambiental y climática expresada en la Ley 30230
(llamada “paquetazo ambiental”), la escasa participación de la sociedad
civil en la elaboración de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y
en la poca claridad respecto al papel del Estado peruano en la
presidencia de la COP 20.
En este contexto se produce el repudiable asesinato de Edwin Chota y
tres dirigentes indígenas a manos de criminales vinculados a la mafia de
la tala ilegal de madera que se desarrolla de manera impune en el Perú.
¿Quiénes lo organizan?
La Comisión Política de la Cumbre de los Pueblos frente al Cambio
Climático surge de un proceso de articulación y coordinación de la
sociedad civil frente al cambio climático.
Su propósito es cimentar un espacio unitario con la aspiración común
de plantear nuevas formas de vida y convivencia basadas en el Buen Vivir
y el respeto de los derechos humanos.
La Comisión Política está conformada por trece organizaciones nacionales de Perú.
Integran la Comisión gremios sindicales como la Confederación General
de Trabajadores del Perú (CGTP), la Confederación Unitaria de
Trabajadores (CUT) y la Federación Nacional de Trabajadores del Agua
Potable y Alcantarillados del Perú (FENTAP).
Asimismo, organizaciones indígenas como la Central Única Nacional de
Rondas Campesinas del Perú (CUNARC-P), la Organización Nacional de
Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) y la Unión
Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA).
A ellos se agrega la Confederación Campesina del Perú (CCP), la
Confederación Nacional Agraria (CNA) y la Federación Nacional de Mujeres
Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú
(FENMUCARINAP).
También se encuentra el Grupo Perú COP20, que reúne a más de 80
organizaciones de la sociedad civil, la Asociación Nacional de
Productores Ecológicos del Perú (ANPE PERÚ), la Federación de
Estudiantes del Perú (FEP) y la Marcha Mundial de Mujeres (MMM).
Voceros de la Comisión Política
La Comisión Política tiene cinco (5) voceros acreditados oficialmente
y que son: Ibis Fernández (CGTP), Rosa Guillén (MMM), Antolín Huáscar
(CNA), Moisés Quispe (ANPE) y Gladis Vila Pihue (ONAMIAP).