FUENTE: NOTICIASSER.PE

Demanda energética y desarrollo sostenible en el Marañón

Por: Romina Rivera Bravo Publicado en lamula.pe

Una vez más, los funcionarios del gobierno parecieran dispuestos a priorizar el interés privado y las cifras económicas, y a sacrificar la salud medio ambiental, así como el bienestar de los ciudadanos que más apoyo necesitan. Esta vez es el río Marañón el foco de la ambición y el origen de nuevos conflictos sociales.

Desde hace más de 30 años, el río Marañón se encuentra en la mira del Ministerio de Energía y Minas (MEM) por su gran potencial hidroenergético. Es así que, durante las últimas décadas, el Estado peruano encargó diversos estudios para el desarrollo de centrales hidroeléctricas en la zona norte del país, dando paso al denominado Proyecto Marañón, que busca construir 20 represas para la generación de doce mil 430 megavatios (MW) , en los próximos años.

En el 2011, el Proyecto Marañón fue declarado “de interés nacional” por el presidente Alan García Pérez, quien lo definió como una “revolución energética profunda” para asegurar el “desarrollo minero, manufacturero y el uso doméstico” del país. A los principales proyectos, como Rentema (1500MW), Escurrebraga (1800 MW) y Manseriche (4500MW), se le sumaron Chadín 2 (600 MW), Marañón (96MW), CH del Norte (600 MW) y Veracruz (700MW).

La cantidad y magnitud de estos proyectos correspondieron no sólo a la constante y creciente demanda de energía y agua por parte del sector minero y agroindustrial, sino a la necesidad de cumplir con las proyecciones del Acuerdo Energético Perú-Brasil, que fue firmado en junio del 2010. En este se establecía la construcción de centrales hidroeléctricas y líneas de transmisión por parte de empresas de capital brasileño, con el fin de establecer las condiciones para la venta de 7200 MW, cantidad que representa aproximadamente la misma capacidad de generación eléctrica con la que cuenta hoy el país.

A pesar de que en mayo de este año la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República desestimó el Acuerdo Energético Perú Brasil, la apuesta de los capitales brasileños para la construcción de infraestructura de generación eléctrica en nuestro país no ha cesado ni disminuido. El MEM, a su vez, sigue promocionando el avance de grandes proyectos hidroeléctricos –para uso interno y de exportación-, sin que hayamos resuelto temas previos, como la eficiencia energética o la demanda de energía eléctrica a futuro.

Desde la declaratoria de interés del proyecto Marañón, el avance actual de estos proyectos se resume en la concesión definitiva de Chadín 2 (AC Energía SA-Odebrechtl), la aprobación de EIA del proyecto Veracruz (Endesa - Chile), la concesión temporal de ocho proyectos para su estudio, y la paralización de las obras del proyecto CH Marañón, en Huánuco, debido a problemas relacionados con la vigencia de su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en el momento de su concesión definitiva.

Asimismo, el caso del proyecto Chadín 2 ha revelado el pésimo papel de los funcionarios del Estado como garantes del cumplimiento de las leyes de participación ciudadana, el respeto de los derechos humanos y los procedimientos administrativos para la aprobación de este proyecto. El EIA de Chadín 2 tiene una serie de vacíos, entre los que destacan los siguientes:

- No contar con un presupuesto socio-ambiental que cubra los costos de reparación a los más de mil desplazados, la deforestación de 12 mil hectáreas de bosque o el plan de salvaguarda de los 21 sitios arqueológicos existentes. Es decir, mínimo 58 millones de dólares, frente a los cuatro millones presupuestados por la empresa.

El proyecto tiene una tasa interna del retorno de inversión de 8.3%y no 10.9%, como señala la empresa, o 17.5%, como exigen los estándares normalmente en América Latina[1].

Aunque la empresa no cuenta con la licencia social y mantiene serias observaciones por parte de expertos y de organizaciones sociales y ambientales, y, además, tiene en su contra denuncias por malas prácticas empresariales y sociales, el Ministerio de Energía y Minas ha otorgado recientemente su concesión definitiva. En la actualidad, la situación se mantiene como un conflicto social latente, que ha tenido, durante los años 2013 y 2014, varios episodios de confrontación entre la empresa y las comunidades, con la intervención de la policía.

La desconfianza de gran parte de la población que sería impactada por la construcción de estas represas revela no sólo la falta de involucramiento en los procesos de formulación de proyectos en los territorios, sino, además, la poca transparencia con la que actúan el Estado y las empresas (nacionales o extranjeras). Esto se perpetúa por un sentimiento de abandono del Estado o de imposición frente a los grandes intereses económicos, en desmedro de la construcción de un proyecto de desarrollo que tenga como base una visión compartida del territorio y el respeto de las poblaciones campesinas e indígenas que viven del Marañón.

Debido a los graves impactos acumulativos y sinérgicos que tendría la construcción de grandes represas hidroeléctricas en la cuenca del Marañón, en términos sociales y ambientales, se hace necesaria la implementación de una serie de herramientas de gestión ambiental que contribuyan a una mirada más integral del territorio, como la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y el Ordenamiento Territorial (OT).

Ambas herramientas contribuirían a una toma de decisiones más acertada - de las autoridades y poblaciones -, que tenga en cuenta la utilización del territorio y sus recursos en función no sólo a un interés económico externo a su realidad, sino que, además, incorpore y sopese las actividades de mayor sostenibilidad, uso ancestral y beneficio para los pueblos, en regiones como Cajamarca y Amazonas, que concentran gran parte de estos proyectos hidroeléctricos, y donde se desarrollan, adicionalmente, otro tipo actividades extractivas, tales como la minería y la explotación petrolera.

Ante la amenaza que constituyen estas represas para la existencia del Marañón, es urgente revalorar el papel del río en la preservación actual y futura de la Amazonía, así como su importancia en términos culturales, sociales y paisajísticos, frente a la demanda energética en la que priman, en su mayoría, intereses privados y no la creación de un modelo que respete e incorpore otras visiones de desarrollo sustentables y sostenibles para el Perú. En deuda está el seguir profundizando el debate sobre energías renovables, soberanía y seguridad energética, conceptos que parecen aún muy lejanos del interés de nuestros gobiernos.

*Romina Rivera: miembro del Área de Integración Solidaria, Fórum Solidaridad Perú

[1]SERRA VEGA, José. “Estudio de Costo – Beneficio del proyecto Chadín 2”. Enero, 2014. Estudio encargado por Fórum Solidaridad Perú.