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30 de abril de 2008

ELECTRIFICACIÓN, POBREZA Y MINERÍA EN CAJAMARCA



Por: María Fernández Marín



La hipótesis de que “El acceso a la electricidad o a otros usos modernos de la energía se ha convertido en una variable indispensable para el desarrollo humano”, es sostenida en la actualidad por todos los organismos internacionales de desarrollo. En el departamento de Cajamarca, el 4ª más pobre del país, según datos del INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática), 7 de cada 10 personas viven bajo el umbral de la pobreza, y 6 de ellas no tienen acceso a la electricidad. Desde este punto de vista, Cajamarca podría ser utilizada como un claro paradigma en la relación entre el acceso a la electricidad y el desarrollo.

A la hipótesis mantenida por los organismos internacionales, le apoya en el Perú la Ley de Electrificación Rural, la cual en su artículo 2, declara que “la electrificación de las zonas rurales y localidades aisladas […] contribuyen al desarrollo socioeconómico sostenible, a mejorar la calidad de vida de la población, a combatir la pobreza y desincentivar la migración del campo a la ciudad,”. Si constatamos que el 71% de la población de Cajamarca vive en zona rural y aislada, la relevancia de un plan que atienda este índice de carencias, tiene carácter de urgencia.

El gobierno nacional pretende alcanzar en el 2016, en Cajamarca, que 8 de cada 10 personas dispongan de energía en sus hogares, para lo cual la Dirección Ejecutiva de Proyectos del Ministerio de Energía y Minas ha elaborado el Plan Nacional de Electrificación Rural (PNER 2006 - 2015) que constituye un instrumento de planificación que debe servir como “insumo básico para el logro de los objetivos de la política de electrificación de la nación”[1].

Sin duda la realización del citado plan es un avance pero ¿contribuye el mismo a la lucha contra la pobreza? ¿Responde a las necesidades energéticas de la población más vulnerable? Los siguientes datos apuntan al NO como respuesta:


En las metas que dirigen el PNER no se especifica que su centro de interés sean los proyectos de electrificación en las zonas más pobres y aisladas, mencionando únicamente el hecho de aumentar el coeficiente de electrificación de manera general.


Los componentes del marco legal que se resaltan en el PNER son “la prevención de los recursos necesarios para la operación y mantenimiento de tal manera que no afecte a la rentabilidad de las empresas concesionarias y la promoción de la inversión privada en proyectos de electrificación rural”, sin prestar atención a aquellos apartados de la ley en las que se identifica a la electrificación rural como una forma de combatir la pobreza.


Siendo la energía un bien escaso, la economía de mercado y las políticas de priorización de la inversión privada promovidas por el gobierno peruano permiten que sean los grandes sectores empresariales, tal es el caso de la minería en Cajamarca, los privilegiados en el acceso y el consumo de la energía eléctrica. Un ejemplo de ello es que mientras toda la población y la industria de la provincia de Cajamarca necesita 11 MW en hora punta, solo la Minera Yanacocha consume 46 MW, llamando la atención la relación desigual de consumo de este recurso compartido. Este hecho es extrapolable a la planificación de los proyectos prevista en el PNER, en cierta medida, orientada a satisfacer las necesidades energéticas de las multinacionales.


Con respecto a los financiadores de los proyectos de electrificación contemplados en el PNER, destacaremos a los tres más importantes: El Fondo Nacional de Electrificación Rural (FONER) con un 12.1 % de aporte, el Banco Japonés para la Cooperación Internacional (JBIC - Japan Bank for International Cooperation) con 10.3 % y los recursos ordinarios del estado que representan el 10% del total. El 53.9 % del total de los fondos de estas tres fuentes, se realiza a través de préstamos que incrementan aun más la deuda externa del país. En particular el FONER está compuesto, en un 90% por fondos del Banco Mundial y un 10% por fondos del Estado, estableciendo una serie de condiciones para la aprobación de un proyecto que asegura la rentabilidad económica del mismo. La falta de una verdadera soberanía económica, derivada en gran medida de la deuda externa, liga al Perú a organismos financieros como el Banco Mundial, e impide desarrollar políticas micro y macroeconómico-financieras que posibiliten tomar en cuenta en primer lugar a la población más vulnerable del país.


Considerando a la energía un componente primordial para el desarrollo de las poblaciones, los planes de electrificación no pueden sólo promover la electrificación en base a modelos de rentabilidad económica para las empresas concesionarias, que si bien éste puede ser un componente importante para la sostenibilidad de los sistemas energéticos, excluye totalmente a la mayoría de los sectores más pobres y geográficamente alejados del país. El telón de fondo de las políticas energéticas no pueden continuar escenificando la desigual oportunidad de acceso al recurso energético, mediante condiciones que dejan fuera a muchas comunidades rurales, contribuyendo además con el endeudamiento del país hacia el exterior.



1] Página 22: Plan Nacional de electrificación rural (PNER) Periodo 2006 – 2015 http://dep.minem.gob.pe/fotos/File/PNER-2006-2015-PII-Invers-Metas.pdf[

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