YANACOCHA DESACATA ORDEN JUDICIAL

Óscar Lozano Romero, denunció junto a 17 compañeros de trabajo haber sido víctimas de política de despidos arbitrarios aplicada por la Compañía Minera Yanacocha.

Empresa a la cual denunciaron ante el Poder Judicial, y se niega a reponerlos en su puesto de trabajo, a pesar de un mandato del juez. Dentro de los despedidos y no repuestos, figuran trabajadores con más de 8 años de experiencia, que fueron despedidos sin explicación o motivo válido, enfatizó Lozano.

La empresa sigue haciendo caso omiso al Poder judicial, pese a que se ordenó la reposición de cargo en las oficinas de la empresa Adecco Consulting S.A. ubicada en el Km. 31 de la carretera Cajamarca-Hualgayoc, campamento minero Yanacocha. El acto se llevó a cabo el 27 de junio del presente año en presencia de la secretaria del Tercer Juzgado Civil de Cajamarca, en donde una vez más se burlaron del mandato judicial.

La reposición de los trabajadores se ordena después de haber sido despedidos arbitrariamente el pasado 27 de marzo del presente año tal como lo acredita el acta de verificación de despido arbitrario emitida por la autoridad administrativa de la Dirección Regional de Trabajo con fecha 16 de abril del presente año, documento que les sirvió a los trabajadores para entablar una acción constitucional de amparo y a su vez una medida cautelar para proteger sus derechos. La indignación de los ex trabajadores radica en que pese a tener una resolución judicial que ordena su reposición estos aún no han sido repuestos en sus labores.

De esta forma, el trabajador es tratado como mero instrumento, del cual se puede prescindir, al ya no ser útil a los propósitos de la empresa, atentando gravemente contra la dignidad humana, constituyendo una clara violación a los derechos fundamentales de la persona.

Esta grave acusación se suma al hecho de que la empresa está sometiendo a los trabajadores a laborar en jornadas superiores a 12 horas diarias, contraviniendo la jornada de trabajo establecida por la misma empresa y los limites legales y constitucionales establecidos para la jornada máxima de trabajo.

Diario Panorama – Cajamarca 10/07/2008

SE AVIZORAN NUEVOS CONFLICTOS

El destacado analista político Alberto Adrianzén sostuvo ayer que se debe forjar una representación política de la oposición con el objeto de dialogar con el gobierno, que se muestra soberbio y no pretende variar su manejo autoritario.

“Creo que se avizoran nuevos conflictos; estamos ante un proceso conflictivo, en la medida que no hay centralización de la protesta, no hay una centralización política y los espacios de debate de las propuestas, como el Congreso, no tienen ninguna relevancia política”, afirmó.

Al recordar la aprobación por el Ejecutivo de 102 decretos legislativos, que cambian normas legales sobre un sinnúmero de temas, comentó que el Congreso es “bypasseado” por el gobierno, como si estuviera pintado en la pared.

Adrianzén opinó que las centrales sindicales deben centralizar el eje de la protesta, con el objeto de variar la política que aplica el gobierno. “Esta es una suma de paros; por lo tanto, si la protesta quiere llegar a buen puerto, tiene que ser centralizada”, comentó.

Después, llamó al gobierno a sentarse a dialogar con los representantes de la protesta nacional y cambiar su soberbia y sus métodos de gobernar.

Diario La Primera – Lima 10/07/2008

CONACAMI: DECRETOS DEL GOBIERNO SÓLO FAVORECEN A TRANSNACIONALES

En la lógica del gobierno aprista, los decretos para implementar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos favorecen al país; pero en realidad, sólo favorecen a las empresas transnacionales que extraerán el agua, los minerales y los recursos naturales de la sierra y la selva.

Así lo advirtió el presidente de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI), Mario Palacios quien consideró que el régimen de turno emitió -a través de una resolución del Ministerio de Agricultura- que hay más de mil 200 comunidades campesinas que no tienen título de propiedad.

“Por lo tanto, con los decretos que autorizan al Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) a titular las tierras, entonces les van a quitar las tierras sin reconocer su propiedad ancestral”.

En declaraciones a la Coordinadora Nacional de Radio (CNR), Palacios señaló que las comunidades adscritas a CONACAMI están protestando para que se deroguen todos los decretos y leyes que atentan contra la autonomía de la selva.

“Pedimos que se deroguen los decretos que ponen en riesgo las comunidades nativas más aun cuando hay uno como el decreto legislativo 1015 que incluso la Defensoría ha considerado inconstitucional y agravia normas internacionales y convenios firmados por el estado”.

Por tal motivo, el representante de CONACAMI consideró que “el gobierno aprista pisotea las normas nacionales y también las internacionales sólo para beneficiar las transnacionales”.

Como se recuerda, el DL Nº 1015 que considera que para la adquisición de propiedades de tierras se requerirá del voto a favor de no menos del 50%; es decir una mayoría simple, con lo cual se elimina la votación calificada de los dos tercios, de acuerdo a la Ley de Comunidades Campesinas.

www.cnr.org.pe – Lima 10/07/2008