Defensoría del Pueblo alerta que están a punto de estallar ocho conflictos sociales, pero gobierno no dialoga.
HAY MÁS CONFLICTOS
Protestas pudieron evitarse. Defensoría del Pueblo alertó al gobierno.
DETALLE
Rolando Luque, adjunto de Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, coordinaba ayer el envío de misiones itinerantes que se constituirían en La Oroya, Andahuaylas y otras regiones conflictivas.
La Adjuntía de Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo reportó en su último informe 212 conflictos sociales activos, entre ellos el de la empresa Doe Run Perú de La Oroya que ayer estalló con un paro indefinido, por falta de diálogo, como sucedió en Bagua y como viene ocurriendo en Andahuaylas.
Otros ocho casos están a punto de estallar por falta de diálogo en Áncash, Cajamarca, Cusco y Amazonas. Entre ellos figura el que protagonizan pobladores de la comunidad campesina de Pampa, Pallasca, en Áncash, que exigen a la Minera Dynacor Exploraciones del Perú cumplir el convenido de no contaminar con relaves mineros los ríos La Plata y Pelagatos, tributarios del río Santa. Este caso se suma a la contaminación minera que produce Antamina en el distrito de San Marcos, provincia de Huari.
Contaminación
En Cajamarca, la población solicita el retiro de la Minera Miski Mayo por contaminar las fuentes de agua. El 18 de mayo pasado los pobladores tomaron el cerro Mogol donde permanecieron tres días para evitar la explotación minera. El plazo que fijaron los dirigentes y representantes de las comunidades para que la compañía retire su maquinaria, ya venció, y tampoco hay diálogo.
Similar situación se repite en el Cusco. Los comuneros de Paucarccoto rechazaron la presencia de la Empresa Minera Migthian por haber ésta ingresado a sus tierras sin autorización ni coordinación previa; mientras pobladores de Canchis han marchado hasta la Ciudad Imperial para protestar contra la construcción de la Central Hidroeléctrica de Pucará, la privatización de la empresa prestadora del Agua Emssapal S.A. y las concesiones mineras.
Diario La Primera-Lima 23/06/2009
INCUMPLIMIENTO DE DOE RUN CREA NUEVO FOCO DE CONFLICTO
Obreros bloquean carreteras que conectan a Lima con Huancayo y con la selva central. Responsable es dueño de compañía, que no cumplió acuerdos con acreedores y Gobierno.
La indolencia de los dueños de la empresa Doe Run en resolver sus problemas financieros y en cumplir sus compromisos ambientales empujó ayer a sus cerca de tres mil 500 trabajadores a iniciar una huelga indefinida, respaldada por la población de La Oroya, para demandar al Gobierno que actúe y logre la reactivación del hoy desfalleciente centro metalúrgico.
Desde la medianoche, los obreros bloquearon, con troncos y piedras, las tres vías que conectan La Oroya con las ciudades de Lima, Huancayo y las provincias de la selva central, entre ellas La Merced, Tingo María y Huánuco.
Esta medida perjudicó, principalmente, a los cientos de transportistas, comerciantes y ciudadanos que, por diversos motivos, necesitaban trasladarse de la zona central del país hacia la capital y viceversa. Los pasajeros que iban de Lima a Huancayo, por ejemplo, se vieron obligados a caminar hasta siete horas para efectuar transbordos.
En La Oroya, la población acató totalmente el paro decretado por el comité cívico de la ciudad. Mercados, colegios y edificios públicos mantuvieron cerradas sus puertas, mientras integrantes de diversas organizaciones sociales marcharon por sus calles.
El secretario general del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos de La Oroya, Royberto Guzmán, aseveró que mantendrán su huelga hasta que el Gobierno adopte medidas que garanticen que la planta saldrá a flote, una situación que, sin duda, les convendría mucho a los dueños de la minera.
Ayer, los principales acreedores del complejo metalúrgico (El Brocal, Volcan, Cormin, Buenaventura y AYS) afirmaron, en un comunicado, que la única solución al conflicto está en manos de su principal accionista, el millonario Ira Rennert, quien desde el 31 de marzo incumple el acuerdo al que llegó con esas empresas.
HISTORIA DE INCUMPLIMIENTOS. Como se recuerda, aquella vez Doe Run Perú tocó las puertas del Ejecutivo para pedir que se le amplíe el plazo para que cumpla su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) –que vence en octubre de este año–, pues se había quedado sin financiamiento para culminarlo, luego de que un sindicato de bancos (BNP Paribás, Banco de Crédito y Standard Bank) le negara un crédito por US$75 millones.
Por aquel entonces, se especuló que el Ministerio de Economía, a través de Cofide, le garantizaría este crédito. Sin embargo, fue el propio titular de esta cartera, Luis Carranza, quien descartó tal posibilidad y, junto con el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, anunció, a inicios de abril, un plan de rescate para la empresa por US$175 millones, el que, en su totalidad, sería asumido por los privados.
La entrega de ese rescate fue condicionada a que Doe Run capitalizara su deuda actual, ascendente a US$156 millones, y entregara el 100% de sus acciones al Gobierno como garantía del PAMA. Además, debía conseguir US$100 millones adicionales para cumplir este plazo. Solo después de que cumpliera estos compromisos, sus acreedores le facilitarían US$100 millones en concentrados para que continuara operando.
Pero han pasado más de dos meses y medio y, hasta ahora, la compañía no cumple los acuerdos. Los acreedores están enfadados ya que Doe Run les debe US$110 millones en total. Sin embargo, tienen las manos atadas.
Mientras tanto, los 3,500 trabajadores enfrentan la posibilidad de quedarse sin empleo. Doe Run les ha ofrecido darles 'vacaciones’ durante 90 días y pagarles medio sueldo, pero su propuesta ha sido rechazada. Según ellos, su única opción es ir a la huelga para forzar al Ejecutivo a que intervenga.
Ahora, la empresa pide que se le amplíe nuevamente el cumplimiento del PAMA al menos por cinco años.
MAL EMPRESARIO. Roque Benavides, gerente general de Buenaventura, una de las compañías acreedoras, explicó que acudir a Indecopi para declarar en insolvencia la minera solo beneficiaría a Rennert. Sucede que el millonario es, a través de Renco, el principal acreedor de Doe Run Perú y, ante un proceso como este, sencillamente recogería lo que se le adeuda y dejaría el país.
Rennert, que compró La Oroya en 1997, es conocido por un historial empresarial bastante conflictivo acumulado a través de sus diversas empresas en el mundo.
Por otra parte, se conoce que perdió cerca de US$200 millones de sus inversiones en el fraude piramidal de Bernard Madoff.
Diario Perú 21-Lima 23/06/2009
MINEROS DE DOE RUN PARALIZAN LA OROYA
Bloquean carretera central y reclaman comisión del ejecutivo para discutir su situación laboral. Solución al problema está en manos de accionista principal, afirman proveedores. Empresa no ha cumplido con su parte.
Rocío Maldonado.
A cuatro horas de viaje desde Lima, La Oroya amaneció ayer totalmente paralizada por unos 3 mil trabajadores del complejo metalúrgico, quienes exigen la intervención del gobierno frente a la “inevitable suspensión temporal de labores” anunciada por la operadora Doe Run Perú (DRP).
Mercados, colegios, instituciones públicas y privadas cerraron sus puertas en el primer día de la huelga, mientras los manifestantes bloquearon la Carretera Central, punto obligado de pasajeros que se trasladan a Tarma, Huancayo y otras ciudades del centro del país, a la altura del km 172 desde la medianoche del lunes. (Ver problemas de pasajeros a la zona central en la Pág. 22). La presencia policial es escasa en la zona.
Los vehículos que parten desde Lima hacia La Oroya solo pueden llegar hasta la localidad de San Miguel, donde se ubica el primer piquete de manifestantes a 12 km de La Oroya. El tránsito vehicular también está cerrado en las zonas que conectan a la ciudad minera con Huancayo, Tarma y Lima.
Roiberto Guzmán, secretario general del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos de DRP, informó que la paralización es indefinida y que solo levantarán su medida de fuerza si el gobierno conforma una comisión de alto nivel, integrada por los ministerios de Trabajo y de Energía y Minas. El dirigente reconoció que el bloqueo de carreteras es un delito y perjudica a ciudadanos ajenos a su protesta, sin embargo dijo que no les queda otra opción ante un diálogo infructuoso con DRP y la indiferencia del gobierno.
Anunció también que ya no participarán en la cita que tenían programada para hoy con representantes de la empresa hasta que no se conozcan los resultados de la mesa paralela que llevan adelante DRP y las mineras que proveen de minerales al complejo.
RESPONSABILIDAD DE DR
Debe recordarse que la inestabilidad de la operadora viene desde hace varios meses y que no es la primera vez que los trabajadores del complejo metalúrgico toman la Carretera Central ante anunciadas “suspensiones temporales de trabajo”. El 2 de abril, en medio de rumores sobre una supuesta intervención estatal, se anunció un rescate financiero para DRP a cargo de las mineras que le proveían de concentrados y a la vez eran sus acreedoras.
Pero tras casi tres meses del acuerdo, DRP no ha cumplido ninguno de los requisitos establecidos en el salvataje: capitalizar la deuda de US$ 156 millones de su principal accionista (Doe Run Resources que pertenece al millonario Ira Rennert), entregar el 100% de las acciones en prenda al gobierno como garantía de cumplimiento del Programa de Adecuación del Medio Ambiente (PAMA) y aportar recursos frescos suficientes, estimados por la propia Doe Run en más de US$ 100 millones, para asegurar la ejecución del PAMA.
“Toda solución al problema de La Oroya pasa por el accionista principal y mientras eso no se dé no se puede dar un paso adicional”, afirmó Isaac Cruz, presidente del Comité Minero del Centro, uno de los acreedores de DRP.
Más plazo para pama
Por su parte, José Mogrovejo, vicepresidente de la empresa DRP, atribuyó a la crisis financiera internacional los actuales problemas de la operadora. Pidió un plazo “realista” para cumplir con el PAMA, que tiene como fecha límite octubre. Sobre el incumplimiento de DRP para capitalizar la deuda de su principal accionista, el ejecutivo no tuvo una respuesta clara.
Se sabe que Ira Rennert tiene planeado comprar una compañía de autos en los EEUU, transacción que supondrá más de los US$ 156 millones que requiere DRP.
Datos
Intromisión. En Lima, el premier Yehude Simon, el ministro de Trabajo Jorge Villasante y el congresista Jorge del Castillo acusaron a sectores radicales, encabezados por Robert Huaynalaya, de impulsar la protesta en La Oroya.
Rechazan.- Sin embargo, los dirigentes de los sindicatos de DRP rechazaron que sean manipulados por personas extremistas. “Solo defendemos nuestros puestos de trabajo y sustento”, dijeron.
Estado no intervendrá
El ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, señaló que la intervención del gobierno en DRP sería muy complicada, pues posiblemente el Estado peruano tendría reclamos de entidades internacionales e incluso pagar algún tipo de indemnización a favor de la empresa. Precisó que al gobierno sólo le corresponde supervisar el cumplimiento del PAMA.
Sánchez dijo que el problema en La Oroya es un tema puramente empresarial que DRP está llevando hasta las últimas consecuencias con su negativa de resolver los temas planteados en el rescate financiero acordado. ”Nada será posible mientras no se pongan de acuerdo con sus proveedores-acreedores”, indicó.
Diario La República-Lima 23/06/2009
GOBIERNO PERUANO DESCARTA INTERVENCIÓN EN MINERA DOE RUN
El Gobierno peruano dijo el lunes que no tiene planes para intervenir a la minera Doe Run como una solución para salvarla del colapso financiero, tal como lo reclaman sus trabajadores que realizan una protesta en busca de evitar el cierre de operaciones.
Miles de trabajadores de Doe Run, uno de los mayores exportadores de minerales del país, bloquearon el lunes una carretera principal en el centro de Perú en el inicio de un "paro cívico" en la localidad de La Oroya, en rechazo al anuncio de la firma de un cese temporal de sus operaciones.
"Una intervención del Gobierno sería muy complicada en términos de responsabilidades y consecuencias financieras, porque es muy probable que, ante una situación como ésta, lo que tendríamos son reclamos internacionales", dijo el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, a la radio local RPP.
Doe Run Perú enfrenta problemas financieros desde hace unos cuatro meses cuando algunos bancos privados le cortaron un crédito vital para sus operaciones, en medio de la crisis mundial que desplomó los precios de los metales.
La firma logró en abril que algunos acreedores avalen créditos a cambio de que su matriz, el estadounidense Grupo Renco, capitalice una deuda de 156 millones de dólares en la filial peruana y ponga todas sus acciones a nombre del Estado en garantía para culminar un plan de limpieza ambiental.
Pero Doe Run afirma que primero necesita una extensión del plazo para concretar su plan ambiental que vence en octubre. El Gobierno ha rechazado hasta ahora darle más tiempo.
Sánchez explicó que una intervención estatal en Doe Run podría traer pedidos de pagos de indemnizaciones por parte de la empresa minera. "En consecuencia ese es un camino que no va a tomarse tan alegremente", afirmó.
El funcionario dijo que el cumplimiento del plan ambiental de la minera "es una tema bastante serio" y no sólo es una exigencia del Gobierno, sino de organismos internacionales.
"La empresa está llevando el problema hasta las últimas consecuencias con su negativa de resolver los temas que se habían planteado: capitalizar (su deuda), poner en garantía (sus acciones) y hacer un aporte para terminar el PAMA (programa ambiental", refirió el ministro.
Sánchez declaró que la semana pasada los técnicos del Osinergmin -organismo supervisor de la inversión privada en minería y energía- se reunieron para estudiar el cronograma que podría fijarse para cumplir el plan ambiental.
Pero "nada de eso se puede dar si la empresa no hace los esfuerzos para llegar a un acuerdo con sus proveedores que le permita resolver sus problemas financieros", agregó.
Mientras tanto, el paro ha afectado el flujo de vehículos hacia el centro del país y en la ciudad de La Oroya el comercio está paralizado y se ha suspendido las clases escolares.
Doe Run han anunciado que cesará a sus trabajadores por un período de 90 días, debido a la paralización desde hace unas semanas de su fundición y refinería de metales en La Oroya.
http://lta.reuters.com/article/businessNews/idLTASIE55L1PM20090622?sp=true
Reuters 23/06/2009
APRUEBAN NUEVO PROYECTO CONTRA ACCIONAR DE ONGS
En comisión del Congreso. Proponen sancionarlas por emitir mensajes violentistas.
La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso aprobó una iniciativa que prohíbe a ONGs que reciben cooperación internacional a emitir “mensajes que inciten a la violencia”. La propuesta busca cambiar la Ley de APCI y sancionar hasta con disolución a las entidades.
La propuesta pasará al Pleno del Congreso y faculta también al Estado a indagar sobre el origen de las fuentes de financiamiento de las entidades privadas para verificar su procedencia lícita.
Se señala vagamente que está prohibida “toda apología al odio nacional, racial o religioso que constituya incitaciones a la violencia u otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo, por ningún motivo inclusive de raza, color, religión u origen nacional”.
El nacionalista Juvenal Ordóñez anotó que, según el Tribunal Constitucional, solo el Poder Judicial puede fiscalizar a las ONGs, y que el análisis apresurado puede hacer sospechar que el Estado quiere realizar una intervención soterrada a estos organismos, otra vez a raíz de los sucesos de Bagua.
Diario La República-Lima 23/06/2009
CAMBIOS EN LEY APCI POSEEN TRASFONDO POLÍTICO
Diversos grupos políticos del Congreso han aprovechado la coyuntura de las protestas indígenas para intentar, una vez más, acallar las voces de las organizaciones no gubernamentales (ONGs), señaló el presidente de la Asociación Nacional de Centros (ANC), Luis Sirumbal.
A través de la CNR, Sirumbal Ramos comentó los alcances del dictamen aprobado ayer por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso que otorga a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) facultades para disolver a las ONGs que, según el gobierno, “inciten a la violencia”.
El titular de la ANC recordó que, en los últimos años, se ha pretendido sindicar a las ONGs como responsables de protestas y demandas sociales, y se aprovechan determinadas coyunturas -como la lucha de los pueblos amazónicos- para sacar "entre gallos y medianoche este tipo de dictámenes, pretendiendo imputarles una responsabilidad que no poseen".
Señaló que, incluso, la opinión pública tiene en claro que la responsabilidad por estos acontecimientos recae en el presidente de la República y la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, según se desprende de los últimos sondeos.
"Tenemos que tomar el toro por las astas, todo tiene una interpretación política; no es casual que proyecto como este, presentado nuevamente por el congresista (fujimorista Rolando) Souza reciba el voto aprobatorio de la Comisión (de Relaciones Exteriores), pretendiendo echarle la responsabilidad política en quienes no la tienen", remarcó.
De acuerdo a Sirumbal, si el Ejecutivo quiere sustentar su prohibición, primero debería mostrar pruebas que demuestren que las ONGs han promovido actos de violencia.
"Ellos interpretan que incitar a la violencia es el adherirnos a determinadas demandas de los pueblos ante violaciones a sus derechos; de esa manera, no quedarían en pie no sólo las ONGs sino también la Defensoría del Pueblo", subrayó.
Cabe precisar que la referida norma también faculta a la APCI a fiscalizar el destino que las organizaciones le dan a los ingresos, tanto estatales como privados, que reciben de la cooperación internacional, cosa que actualmente no es una obligación.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 23/06/2009
ANC: QUIEREN COACCIONAR Y ACALLAR ONG’S QUE CUESTIONAN AL GOBIERNO
La modificación de la Ley Reguladora de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), busca coaccionar y acallar a un conjunto de Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) que cuestionan las acciones del Ejecutivo, aseveró Luis Miguel Sirumbal, presidente de la Asociación Nacional de Centros (ANC).
Sirumbal Ramos indicó que la iniciativa legislativa tiene el propósito de impedir las labores de un grupo no mayor a 40 ONG’s que son incómodas al gobierno aprista y a la bancada fujimorista, pues éstas tratan tema sensibles y contrarias al curso de los intereses de dichos grupos políticos.
Las ONG’s -dijo Sirumbal - cuestionan y proponen políticas alternas a las políticas desarrolladas por el gobierno en materia de ambiente, tratados de libre comercio, derechos humanos y hasta el modelo económico que, pese a la crisis, sigue empeñado en cristalizar en nuestro país.
Agregó que el nuevo dispositivo surge a raíz de la lucha que libró el pueblo amazónico en defensa de su territorio, situación con la que la ANC y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) se solidarizaron sin azuzar la violencia.
En ese sentido, cuestionó la insistencia del gobierno por revocar lo que el Tribunal Constitucional (TC) ya determinó respecto que las organizaciones que gestionan fondos de cooperación que no tienen beneficio fiscal, no tienen por qué ser fiscalizadas por la APCI.
Por último, Sirumbal dejó entrever que, se concretarse la modificación en la Ley de Creación de la APCI en el Pleno del Congreso, ésta “sea materia de impugnación”.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 23/06/2009
APRA impulsa inconstitucional norma para disolver las ONG que presuntamente inciten a la violencia.
MORDAZA PARA ONGS
David Lovatón denuncia que quieren silenciar a las ONG.
DETALLE
La fiscalización alcanza también a las instituciones privadas sin fines de lucro receptoras de donaciones de carácter asistencial o educacional provenientes del exterior. Asimismo, aquellas que traten temas vinculados con las políticas de Estado y el orden público, tales como el fortalecimiento institucional del Estado, reivindicaciones de carácter social, identidad cultural y movimientos de base.
Directivos de dos organizaciones no gubernamentales (ONG) expresaron su disconformidad con el dictamen aprobado ayer por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso que otorga a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) facultades para disolver a las ONG que, según el gobierno, “inciten a la violencia”.
La referida norma también faculta a la APCI a fiscalizar el destino que las organizaciones le dan a los ingresos, tanto estatales como privados, que reciben de la cooperación internacional, cosa que actualmente no es una obligación.
Según David Lovatón, director del Instituto de Defensa Legal (IDL), “esta norma no es más que una mordaza y una represión encubierta contra las ONG por parte del presidente Alan García, quien es el promotor de la inversión privada que genera lucro, pero rechaza la inversión privada que le incomoda”.
“El año 2006 el Tribunal Constitucional (TC) rechazó este tipo de normas cuando hizo una distinción entre la fiscalización al apoyo de origen estatal, que merece fiscalización, del apoyo privado, que no tiene por qué estar bajo investigación. Si el pleno del Congreso aprueba esta norma, la ley será inconstitucional pues su contenido ya lo desaprobó el TC”, apuntó el directivo del IDL.
Para Miguel Jugo, director de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), el proyecto es parte de una campaña del gobierno destinado a intimidar a las ONG y a coartar la libertad de todo tipo de asociación. “Las organizaciones siempre rinden cuentas de todos sus ingresos y egresos, pese a que no reciben dinero del Estado. Ninguna organización no gubernamental incita a la violencia, eso es algo absurdo que quieren hacer creer el señor Luis Giampietri y los fujimoristas”, aseveró Jugo y remarcó que este proyecto contradice reiterativas opiniones del Tribunal Constitucional. De similar manera opinó Lovatón, “quien genera violencia es el gobierno con sus maniobras intimidatorias y provocadoras, no las ONG”, señaló. El dictamen aprobado será debatido la próxima semana en el pleno del Parlamento y, de ser aprobado, pasará al Ejecutivo para su puesta en vigencia.
Diario La Primera-Lima 23/06/2009
URGE COMISIÓN TÉCNICA PARA ESCLARECER ENFRENTAMIENTOS EN CURVA DEL DIABLO
El director del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), José Pablo Baraybar, planteó la conformación de una comisión investigadora técnica, políticamente independiente, que permita esclarecer los luctuosos acontecimientos del 5 de junio en la llamada Curva del Diablo.
A través de la CNR, Baraybar expresó sus reservas respecto a la labor que pueda cumplir la comisión del Congreso designada para este caso. "No hay que ser ilusos; la desconfianza hacia el Estado y el Congreso es más que grande (...) es echarle más leña al fuego el decir que la policía va a investigar esto".
En ese contexto, insistió en la necesidad de conformar un equipo forense especializado que pueda recoger las pruebas y evaluarlas sin ningún tipo de presión política. "(Los políticos) no creo que sean bien recibidos. No saben nada de investigaciones forenses (...) la parte técnica debe ser hecha por técnicos".
"Es poco realista enviar una comisión del Estado; si bien hay responsabilidad de investigar, en este caso, es parte implicada (...) las cosas no se han hecho de la manera en que debieron hacerse", remarcó.
De otro lado, instó a emprender las investigaciones a la mayor brevedad posible, pues con el transcurrir de los días se están perdiendo evidencias valiosas que permitirán aclarar lo que ocurrió el 5 de junio.
Así mismo, indicó que es menester determinar que pasó con aquellas personas que, a dos semanas de los acontecimientos, aún no regresan a sus hogares.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 23/06/2009
“ACUSARON A LA VOZ SIN INVESTIGACIÓN NI PRUEBA”
Entrevista/Carlos Flores Borja. El director de radio La Voz de Bagua Grande reveló los intereses tras su forzoso cierre, luego de que transmitieran el fatídico desalojo de nativos en La Curva del Diablo la mañana del 5 de junio pasado.
Miluska Soko.
¿De dónde salió la información de que la radio La Voz estaba realizando llamados al levantamiento o actos de sedición?
Según información que le llegó desde el Servicio de Inteligencia a mi hijo, que también es periodista, no fueron ellos quienes avisaron de nuestras transmisiones, sino fue el gobernador Herbert Alcántara, quien llamó directamente al general Hidalgo y le dijo que había una radio que estaba azuzando, que estaba llamando a quemar locales, a salir a las calles. Es decir, se aprovechó de la situación y, como él es del Partido (Aprista), le escucharon desgraciadamente, porque la ministra (Cabanillas) salió inmediatamente a avalar esto, sin ninguna investigación, sin pruebas.
¿Habían tenido roces antes con los congresistas Mulder, Pastor y Del Castillo?
No, nunca los he conocido. Ellos han salido a declarar por hacer espíritu de cuerpo. Yo sé que la ministra ha creído que la radio sí estaba azuzando, o que era una radio de gran alcance, poderosa. Que los nativos estaban luchando con su radio en la oreja o que llegábamos a la estación número 6 y por eso declararon así. Cuando se dieron cuenta de que no era así, variaron todo y han buscado la sinrazón para no quedar mal. La sinrazón de que nos faltan documentos por completar o que no lo hemos hecho a tiempo, y por eso nos cierran.
¿Son la única radio que ha sido fiscalizadora del gobierno en la zona?
En Utcubamba, sí. Hay otras radios más grandes, fuertes y más fiscalizadoras aún, pero están en la provincia de Bagua Chica, y ahí no se le ha ocurrido a la gobernadora acusarlos. En cambio, a nuestro gobernador se le ocurrió acusarnos y como querían un chivo expiatorio, alguien con quién justificar lo mal que estaba planteado el operativo, se cogieron de radio La Voz. Nosotros sufrimos las consecuencias de tener una línea informativa independiente.
Ustedes dicen que tienen audios que el gobierno no quiere que se revelen. ¿Cuáles son?
Los audios de las transmisiones de los corresponsales desde el mismo lugar de los hechos (el 5 de junio cerca de La Curva del Diablo). Narraron casi todo lo que ocurrió por casi un espacio de dos horas.
¿Esto es lo que se consideró sedición o un llamado al levantamiento?
Ellos lo consideraron así en un primer momento. Seguramente deben haberlos escuchado ya, y por eso ahora han variado los motivos del cierre de la radio.
“Nativos pidieron a la ministra que cese el fuego”
¿En las horas de transmisión participó el pueblo?
Bastante. Llamaban por teléfono y preguntaban en qué podían ayudar o qué podían hacer.
¿Hubo acusaciones o denuncias en esas declaraciones?
No. La gente que llamaba era de la ciudad y estaban lejos de la zona del enfrentamiento. Los únicos que transmitían desde allá eran los reporteros. También llamaron dos dirigentes nativos.
¿Qué dijeron los nativos?
Hicieron un llamado a la ministra para que pare la balacera, porque ya estaban rendidos. Estaban rendidos a tal punto que ya había más de 800 nativos refugiados en las casas de Bagua Grande.
¿Piensa que lo que transmitieron fue hacer sedición?
No, porque simplemente era narrar lo que estaba sucediendo, y eso debe hacer todo periodista.
HAY MÁS CONFLICTOS
Protestas pudieron evitarse. Defensoría del Pueblo alertó al gobierno.
DETALLE
Rolando Luque, adjunto de Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, coordinaba ayer el envío de misiones itinerantes que se constituirían en La Oroya, Andahuaylas y otras regiones conflictivas.
La Adjuntía de Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo reportó en su último informe 212 conflictos sociales activos, entre ellos el de la empresa Doe Run Perú de La Oroya que ayer estalló con un paro indefinido, por falta de diálogo, como sucedió en Bagua y como viene ocurriendo en Andahuaylas.
Otros ocho casos están a punto de estallar por falta de diálogo en Áncash, Cajamarca, Cusco y Amazonas. Entre ellos figura el que protagonizan pobladores de la comunidad campesina de Pampa, Pallasca, en Áncash, que exigen a la Minera Dynacor Exploraciones del Perú cumplir el convenido de no contaminar con relaves mineros los ríos La Plata y Pelagatos, tributarios del río Santa. Este caso se suma a la contaminación minera que produce Antamina en el distrito de San Marcos, provincia de Huari.
Contaminación
En Cajamarca, la población solicita el retiro de la Minera Miski Mayo por contaminar las fuentes de agua. El 18 de mayo pasado los pobladores tomaron el cerro Mogol donde permanecieron tres días para evitar la explotación minera. El plazo que fijaron los dirigentes y representantes de las comunidades para que la compañía retire su maquinaria, ya venció, y tampoco hay diálogo.
Similar situación se repite en el Cusco. Los comuneros de Paucarccoto rechazaron la presencia de la Empresa Minera Migthian por haber ésta ingresado a sus tierras sin autorización ni coordinación previa; mientras pobladores de Canchis han marchado hasta la Ciudad Imperial para protestar contra la construcción de la Central Hidroeléctrica de Pucará, la privatización de la empresa prestadora del Agua Emssapal S.A. y las concesiones mineras.
Diario La Primera-Lima 23/06/2009
INCUMPLIMIENTO DE DOE RUN CREA NUEVO FOCO DE CONFLICTO
Obreros bloquean carreteras que conectan a Lima con Huancayo y con la selva central. Responsable es dueño de compañía, que no cumplió acuerdos con acreedores y Gobierno.
La indolencia de los dueños de la empresa Doe Run en resolver sus problemas financieros y en cumplir sus compromisos ambientales empujó ayer a sus cerca de tres mil 500 trabajadores a iniciar una huelga indefinida, respaldada por la población de La Oroya, para demandar al Gobierno que actúe y logre la reactivación del hoy desfalleciente centro metalúrgico.
Desde la medianoche, los obreros bloquearon, con troncos y piedras, las tres vías que conectan La Oroya con las ciudades de Lima, Huancayo y las provincias de la selva central, entre ellas La Merced, Tingo María y Huánuco.
Esta medida perjudicó, principalmente, a los cientos de transportistas, comerciantes y ciudadanos que, por diversos motivos, necesitaban trasladarse de la zona central del país hacia la capital y viceversa. Los pasajeros que iban de Lima a Huancayo, por ejemplo, se vieron obligados a caminar hasta siete horas para efectuar transbordos.
En La Oroya, la población acató totalmente el paro decretado por el comité cívico de la ciudad. Mercados, colegios y edificios públicos mantuvieron cerradas sus puertas, mientras integrantes de diversas organizaciones sociales marcharon por sus calles.
El secretario general del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos de La Oroya, Royberto Guzmán, aseveró que mantendrán su huelga hasta que el Gobierno adopte medidas que garanticen que la planta saldrá a flote, una situación que, sin duda, les convendría mucho a los dueños de la minera.
Ayer, los principales acreedores del complejo metalúrgico (El Brocal, Volcan, Cormin, Buenaventura y AYS) afirmaron, en un comunicado, que la única solución al conflicto está en manos de su principal accionista, el millonario Ira Rennert, quien desde el 31 de marzo incumple el acuerdo al que llegó con esas empresas.
HISTORIA DE INCUMPLIMIENTOS. Como se recuerda, aquella vez Doe Run Perú tocó las puertas del Ejecutivo para pedir que se le amplíe el plazo para que cumpla su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) –que vence en octubre de este año–, pues se había quedado sin financiamiento para culminarlo, luego de que un sindicato de bancos (BNP Paribás, Banco de Crédito y Standard Bank) le negara un crédito por US$75 millones.
Por aquel entonces, se especuló que el Ministerio de Economía, a través de Cofide, le garantizaría este crédito. Sin embargo, fue el propio titular de esta cartera, Luis Carranza, quien descartó tal posibilidad y, junto con el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, anunció, a inicios de abril, un plan de rescate para la empresa por US$175 millones, el que, en su totalidad, sería asumido por los privados.
La entrega de ese rescate fue condicionada a que Doe Run capitalizara su deuda actual, ascendente a US$156 millones, y entregara el 100% de sus acciones al Gobierno como garantía del PAMA. Además, debía conseguir US$100 millones adicionales para cumplir este plazo. Solo después de que cumpliera estos compromisos, sus acreedores le facilitarían US$100 millones en concentrados para que continuara operando.
Pero han pasado más de dos meses y medio y, hasta ahora, la compañía no cumple los acuerdos. Los acreedores están enfadados ya que Doe Run les debe US$110 millones en total. Sin embargo, tienen las manos atadas.
Mientras tanto, los 3,500 trabajadores enfrentan la posibilidad de quedarse sin empleo. Doe Run les ha ofrecido darles 'vacaciones’ durante 90 días y pagarles medio sueldo, pero su propuesta ha sido rechazada. Según ellos, su única opción es ir a la huelga para forzar al Ejecutivo a que intervenga.
Ahora, la empresa pide que se le amplíe nuevamente el cumplimiento del PAMA al menos por cinco años.
MAL EMPRESARIO. Roque Benavides, gerente general de Buenaventura, una de las compañías acreedoras, explicó que acudir a Indecopi para declarar en insolvencia la minera solo beneficiaría a Rennert. Sucede que el millonario es, a través de Renco, el principal acreedor de Doe Run Perú y, ante un proceso como este, sencillamente recogería lo que se le adeuda y dejaría el país.
Rennert, que compró La Oroya en 1997, es conocido por un historial empresarial bastante conflictivo acumulado a través de sus diversas empresas en el mundo.
Por otra parte, se conoce que perdió cerca de US$200 millones de sus inversiones en el fraude piramidal de Bernard Madoff.
Diario Perú 21-Lima 23/06/2009
MINEROS DE DOE RUN PARALIZAN LA OROYA
Bloquean carretera central y reclaman comisión del ejecutivo para discutir su situación laboral. Solución al problema está en manos de accionista principal, afirman proveedores. Empresa no ha cumplido con su parte.
Rocío Maldonado.
A cuatro horas de viaje desde Lima, La Oroya amaneció ayer totalmente paralizada por unos 3 mil trabajadores del complejo metalúrgico, quienes exigen la intervención del gobierno frente a la “inevitable suspensión temporal de labores” anunciada por la operadora Doe Run Perú (DRP).
Mercados, colegios, instituciones públicas y privadas cerraron sus puertas en el primer día de la huelga, mientras los manifestantes bloquearon la Carretera Central, punto obligado de pasajeros que se trasladan a Tarma, Huancayo y otras ciudades del centro del país, a la altura del km 172 desde la medianoche del lunes. (Ver problemas de pasajeros a la zona central en la Pág. 22). La presencia policial es escasa en la zona.
Los vehículos que parten desde Lima hacia La Oroya solo pueden llegar hasta la localidad de San Miguel, donde se ubica el primer piquete de manifestantes a 12 km de La Oroya. El tránsito vehicular también está cerrado en las zonas que conectan a la ciudad minera con Huancayo, Tarma y Lima.
Roiberto Guzmán, secretario general del Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos de DRP, informó que la paralización es indefinida y que solo levantarán su medida de fuerza si el gobierno conforma una comisión de alto nivel, integrada por los ministerios de Trabajo y de Energía y Minas. El dirigente reconoció que el bloqueo de carreteras es un delito y perjudica a ciudadanos ajenos a su protesta, sin embargo dijo que no les queda otra opción ante un diálogo infructuoso con DRP y la indiferencia del gobierno.
Anunció también que ya no participarán en la cita que tenían programada para hoy con representantes de la empresa hasta que no se conozcan los resultados de la mesa paralela que llevan adelante DRP y las mineras que proveen de minerales al complejo.
RESPONSABILIDAD DE DR
Debe recordarse que la inestabilidad de la operadora viene desde hace varios meses y que no es la primera vez que los trabajadores del complejo metalúrgico toman la Carretera Central ante anunciadas “suspensiones temporales de trabajo”. El 2 de abril, en medio de rumores sobre una supuesta intervención estatal, se anunció un rescate financiero para DRP a cargo de las mineras que le proveían de concentrados y a la vez eran sus acreedoras.
Pero tras casi tres meses del acuerdo, DRP no ha cumplido ninguno de los requisitos establecidos en el salvataje: capitalizar la deuda de US$ 156 millones de su principal accionista (Doe Run Resources que pertenece al millonario Ira Rennert), entregar el 100% de las acciones en prenda al gobierno como garantía de cumplimiento del Programa de Adecuación del Medio Ambiente (PAMA) y aportar recursos frescos suficientes, estimados por la propia Doe Run en más de US$ 100 millones, para asegurar la ejecución del PAMA.
“Toda solución al problema de La Oroya pasa por el accionista principal y mientras eso no se dé no se puede dar un paso adicional”, afirmó Isaac Cruz, presidente del Comité Minero del Centro, uno de los acreedores de DRP.
Más plazo para pama
Por su parte, José Mogrovejo, vicepresidente de la empresa DRP, atribuyó a la crisis financiera internacional los actuales problemas de la operadora. Pidió un plazo “realista” para cumplir con el PAMA, que tiene como fecha límite octubre. Sobre el incumplimiento de DRP para capitalizar la deuda de su principal accionista, el ejecutivo no tuvo una respuesta clara.
Se sabe que Ira Rennert tiene planeado comprar una compañía de autos en los EEUU, transacción que supondrá más de los US$ 156 millones que requiere DRP.
Datos
Intromisión. En Lima, el premier Yehude Simon, el ministro de Trabajo Jorge Villasante y el congresista Jorge del Castillo acusaron a sectores radicales, encabezados por Robert Huaynalaya, de impulsar la protesta en La Oroya.
Rechazan.- Sin embargo, los dirigentes de los sindicatos de DRP rechazaron que sean manipulados por personas extremistas. “Solo defendemos nuestros puestos de trabajo y sustento”, dijeron.
Estado no intervendrá
El ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, señaló que la intervención del gobierno en DRP sería muy complicada, pues posiblemente el Estado peruano tendría reclamos de entidades internacionales e incluso pagar algún tipo de indemnización a favor de la empresa. Precisó que al gobierno sólo le corresponde supervisar el cumplimiento del PAMA.
Sánchez dijo que el problema en La Oroya es un tema puramente empresarial que DRP está llevando hasta las últimas consecuencias con su negativa de resolver los temas planteados en el rescate financiero acordado. ”Nada será posible mientras no se pongan de acuerdo con sus proveedores-acreedores”, indicó.
Diario La República-Lima 23/06/2009
GOBIERNO PERUANO DESCARTA INTERVENCIÓN EN MINERA DOE RUN
El Gobierno peruano dijo el lunes que no tiene planes para intervenir a la minera Doe Run como una solución para salvarla del colapso financiero, tal como lo reclaman sus trabajadores que realizan una protesta en busca de evitar el cierre de operaciones.
Miles de trabajadores de Doe Run, uno de los mayores exportadores de minerales del país, bloquearon el lunes una carretera principal en el centro de Perú en el inicio de un "paro cívico" en la localidad de La Oroya, en rechazo al anuncio de la firma de un cese temporal de sus operaciones.
"Una intervención del Gobierno sería muy complicada en términos de responsabilidades y consecuencias financieras, porque es muy probable que, ante una situación como ésta, lo que tendríamos son reclamos internacionales", dijo el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, a la radio local RPP.
Doe Run Perú enfrenta problemas financieros desde hace unos cuatro meses cuando algunos bancos privados le cortaron un crédito vital para sus operaciones, en medio de la crisis mundial que desplomó los precios de los metales.
La firma logró en abril que algunos acreedores avalen créditos a cambio de que su matriz, el estadounidense Grupo Renco, capitalice una deuda de 156 millones de dólares en la filial peruana y ponga todas sus acciones a nombre del Estado en garantía para culminar un plan de limpieza ambiental.
Pero Doe Run afirma que primero necesita una extensión del plazo para concretar su plan ambiental que vence en octubre. El Gobierno ha rechazado hasta ahora darle más tiempo.
Sánchez explicó que una intervención estatal en Doe Run podría traer pedidos de pagos de indemnizaciones por parte de la empresa minera. "En consecuencia ese es un camino que no va a tomarse tan alegremente", afirmó.
El funcionario dijo que el cumplimiento del plan ambiental de la minera "es una tema bastante serio" y no sólo es una exigencia del Gobierno, sino de organismos internacionales.
"La empresa está llevando el problema hasta las últimas consecuencias con su negativa de resolver los temas que se habían planteado: capitalizar (su deuda), poner en garantía (sus acciones) y hacer un aporte para terminar el PAMA (programa ambiental", refirió el ministro.
Sánchez declaró que la semana pasada los técnicos del Osinergmin -organismo supervisor de la inversión privada en minería y energía- se reunieron para estudiar el cronograma que podría fijarse para cumplir el plan ambiental.
Pero "nada de eso se puede dar si la empresa no hace los esfuerzos para llegar a un acuerdo con sus proveedores que le permita resolver sus problemas financieros", agregó.
Mientras tanto, el paro ha afectado el flujo de vehículos hacia el centro del país y en la ciudad de La Oroya el comercio está paralizado y se ha suspendido las clases escolares.
Doe Run han anunciado que cesará a sus trabajadores por un período de 90 días, debido a la paralización desde hace unas semanas de su fundición y refinería de metales en La Oroya.
http://lta.reuters.com/article/businessNews/idLTASIE55L1PM20090622?sp=true
Reuters 23/06/2009
APRUEBAN NUEVO PROYECTO CONTRA ACCIONAR DE ONGS
En comisión del Congreso. Proponen sancionarlas por emitir mensajes violentistas.
La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso aprobó una iniciativa que prohíbe a ONGs que reciben cooperación internacional a emitir “mensajes que inciten a la violencia”. La propuesta busca cambiar la Ley de APCI y sancionar hasta con disolución a las entidades.
La propuesta pasará al Pleno del Congreso y faculta también al Estado a indagar sobre el origen de las fuentes de financiamiento de las entidades privadas para verificar su procedencia lícita.
Se señala vagamente que está prohibida “toda apología al odio nacional, racial o religioso que constituya incitaciones a la violencia u otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo, por ningún motivo inclusive de raza, color, religión u origen nacional”.
El nacionalista Juvenal Ordóñez anotó que, según el Tribunal Constitucional, solo el Poder Judicial puede fiscalizar a las ONGs, y que el análisis apresurado puede hacer sospechar que el Estado quiere realizar una intervención soterrada a estos organismos, otra vez a raíz de los sucesos de Bagua.
Diario La República-Lima 23/06/2009
CAMBIOS EN LEY APCI POSEEN TRASFONDO POLÍTICO
Diversos grupos políticos del Congreso han aprovechado la coyuntura de las protestas indígenas para intentar, una vez más, acallar las voces de las organizaciones no gubernamentales (ONGs), señaló el presidente de la Asociación Nacional de Centros (ANC), Luis Sirumbal.
A través de la CNR, Sirumbal Ramos comentó los alcances del dictamen aprobado ayer por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso que otorga a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) facultades para disolver a las ONGs que, según el gobierno, “inciten a la violencia”.
El titular de la ANC recordó que, en los últimos años, se ha pretendido sindicar a las ONGs como responsables de protestas y demandas sociales, y se aprovechan determinadas coyunturas -como la lucha de los pueblos amazónicos- para sacar "entre gallos y medianoche este tipo de dictámenes, pretendiendo imputarles una responsabilidad que no poseen".
Señaló que, incluso, la opinión pública tiene en claro que la responsabilidad por estos acontecimientos recae en el presidente de la República y la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, según se desprende de los últimos sondeos.
"Tenemos que tomar el toro por las astas, todo tiene una interpretación política; no es casual que proyecto como este, presentado nuevamente por el congresista (fujimorista Rolando) Souza reciba el voto aprobatorio de la Comisión (de Relaciones Exteriores), pretendiendo echarle la responsabilidad política en quienes no la tienen", remarcó.
De acuerdo a Sirumbal, si el Ejecutivo quiere sustentar su prohibición, primero debería mostrar pruebas que demuestren que las ONGs han promovido actos de violencia.
"Ellos interpretan que incitar a la violencia es el adherirnos a determinadas demandas de los pueblos ante violaciones a sus derechos; de esa manera, no quedarían en pie no sólo las ONGs sino también la Defensoría del Pueblo", subrayó.
Cabe precisar que la referida norma también faculta a la APCI a fiscalizar el destino que las organizaciones le dan a los ingresos, tanto estatales como privados, que reciben de la cooperación internacional, cosa que actualmente no es una obligación.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 23/06/2009
ANC: QUIEREN COACCIONAR Y ACALLAR ONG’S QUE CUESTIONAN AL GOBIERNO
La modificación de la Ley Reguladora de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), busca coaccionar y acallar a un conjunto de Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) que cuestionan las acciones del Ejecutivo, aseveró Luis Miguel Sirumbal, presidente de la Asociación Nacional de Centros (ANC).
Sirumbal Ramos indicó que la iniciativa legislativa tiene el propósito de impedir las labores de un grupo no mayor a 40 ONG’s que son incómodas al gobierno aprista y a la bancada fujimorista, pues éstas tratan tema sensibles y contrarias al curso de los intereses de dichos grupos políticos.
Las ONG’s -dijo Sirumbal - cuestionan y proponen políticas alternas a las políticas desarrolladas por el gobierno en materia de ambiente, tratados de libre comercio, derechos humanos y hasta el modelo económico que, pese a la crisis, sigue empeñado en cristalizar en nuestro país.
Agregó que el nuevo dispositivo surge a raíz de la lucha que libró el pueblo amazónico en defensa de su territorio, situación con la que la ANC y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) se solidarizaron sin azuzar la violencia.
En ese sentido, cuestionó la insistencia del gobierno por revocar lo que el Tribunal Constitucional (TC) ya determinó respecto que las organizaciones que gestionan fondos de cooperación que no tienen beneficio fiscal, no tienen por qué ser fiscalizadas por la APCI.
Por último, Sirumbal dejó entrever que, se concretarse la modificación en la Ley de Creación de la APCI en el Pleno del Congreso, ésta “sea materia de impugnación”.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 23/06/2009
APRA impulsa inconstitucional norma para disolver las ONG que presuntamente inciten a la violencia.
MORDAZA PARA ONGS
David Lovatón denuncia que quieren silenciar a las ONG.
DETALLE
La fiscalización alcanza también a las instituciones privadas sin fines de lucro receptoras de donaciones de carácter asistencial o educacional provenientes del exterior. Asimismo, aquellas que traten temas vinculados con las políticas de Estado y el orden público, tales como el fortalecimiento institucional del Estado, reivindicaciones de carácter social, identidad cultural y movimientos de base.
Directivos de dos organizaciones no gubernamentales (ONG) expresaron su disconformidad con el dictamen aprobado ayer por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso que otorga a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) facultades para disolver a las ONG que, según el gobierno, “inciten a la violencia”.
La referida norma también faculta a la APCI a fiscalizar el destino que las organizaciones le dan a los ingresos, tanto estatales como privados, que reciben de la cooperación internacional, cosa que actualmente no es una obligación.
Según David Lovatón, director del Instituto de Defensa Legal (IDL), “esta norma no es más que una mordaza y una represión encubierta contra las ONG por parte del presidente Alan García, quien es el promotor de la inversión privada que genera lucro, pero rechaza la inversión privada que le incomoda”.
“El año 2006 el Tribunal Constitucional (TC) rechazó este tipo de normas cuando hizo una distinción entre la fiscalización al apoyo de origen estatal, que merece fiscalización, del apoyo privado, que no tiene por qué estar bajo investigación. Si el pleno del Congreso aprueba esta norma, la ley será inconstitucional pues su contenido ya lo desaprobó el TC”, apuntó el directivo del IDL.
Para Miguel Jugo, director de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), el proyecto es parte de una campaña del gobierno destinado a intimidar a las ONG y a coartar la libertad de todo tipo de asociación. “Las organizaciones siempre rinden cuentas de todos sus ingresos y egresos, pese a que no reciben dinero del Estado. Ninguna organización no gubernamental incita a la violencia, eso es algo absurdo que quieren hacer creer el señor Luis Giampietri y los fujimoristas”, aseveró Jugo y remarcó que este proyecto contradice reiterativas opiniones del Tribunal Constitucional. De similar manera opinó Lovatón, “quien genera violencia es el gobierno con sus maniobras intimidatorias y provocadoras, no las ONG”, señaló. El dictamen aprobado será debatido la próxima semana en el pleno del Parlamento y, de ser aprobado, pasará al Ejecutivo para su puesta en vigencia.
Diario La Primera-Lima 23/06/2009
URGE COMISIÓN TÉCNICA PARA ESCLARECER ENFRENTAMIENTOS EN CURVA DEL DIABLO
El director del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), José Pablo Baraybar, planteó la conformación de una comisión investigadora técnica, políticamente independiente, que permita esclarecer los luctuosos acontecimientos del 5 de junio en la llamada Curva del Diablo.
A través de la CNR, Baraybar expresó sus reservas respecto a la labor que pueda cumplir la comisión del Congreso designada para este caso. "No hay que ser ilusos; la desconfianza hacia el Estado y el Congreso es más que grande (...) es echarle más leña al fuego el decir que la policía va a investigar esto".
En ese contexto, insistió en la necesidad de conformar un equipo forense especializado que pueda recoger las pruebas y evaluarlas sin ningún tipo de presión política. "(Los políticos) no creo que sean bien recibidos. No saben nada de investigaciones forenses (...) la parte técnica debe ser hecha por técnicos".
"Es poco realista enviar una comisión del Estado; si bien hay responsabilidad de investigar, en este caso, es parte implicada (...) las cosas no se han hecho de la manera en que debieron hacerse", remarcó.
De otro lado, instó a emprender las investigaciones a la mayor brevedad posible, pues con el transcurrir de los días se están perdiendo evidencias valiosas que permitirán aclarar lo que ocurrió el 5 de junio.
Así mismo, indicó que es menester determinar que pasó con aquellas personas que, a dos semanas de los acontecimientos, aún no regresan a sus hogares.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 23/06/2009
“ACUSARON A LA VOZ SIN INVESTIGACIÓN NI PRUEBA”
Entrevista/Carlos Flores Borja. El director de radio La Voz de Bagua Grande reveló los intereses tras su forzoso cierre, luego de que transmitieran el fatídico desalojo de nativos en La Curva del Diablo la mañana del 5 de junio pasado.
Miluska Soko.
¿De dónde salió la información de que la radio La Voz estaba realizando llamados al levantamiento o actos de sedición?
Según información que le llegó desde el Servicio de Inteligencia a mi hijo, que también es periodista, no fueron ellos quienes avisaron de nuestras transmisiones, sino fue el gobernador Herbert Alcántara, quien llamó directamente al general Hidalgo y le dijo que había una radio que estaba azuzando, que estaba llamando a quemar locales, a salir a las calles. Es decir, se aprovechó de la situación y, como él es del Partido (Aprista), le escucharon desgraciadamente, porque la ministra (Cabanillas) salió inmediatamente a avalar esto, sin ninguna investigación, sin pruebas.
¿Habían tenido roces antes con los congresistas Mulder, Pastor y Del Castillo?
No, nunca los he conocido. Ellos han salido a declarar por hacer espíritu de cuerpo. Yo sé que la ministra ha creído que la radio sí estaba azuzando, o que era una radio de gran alcance, poderosa. Que los nativos estaban luchando con su radio en la oreja o que llegábamos a la estación número 6 y por eso declararon así. Cuando se dieron cuenta de que no era así, variaron todo y han buscado la sinrazón para no quedar mal. La sinrazón de que nos faltan documentos por completar o que no lo hemos hecho a tiempo, y por eso nos cierran.
¿Son la única radio que ha sido fiscalizadora del gobierno en la zona?
En Utcubamba, sí. Hay otras radios más grandes, fuertes y más fiscalizadoras aún, pero están en la provincia de Bagua Chica, y ahí no se le ha ocurrido a la gobernadora acusarlos. En cambio, a nuestro gobernador se le ocurrió acusarnos y como querían un chivo expiatorio, alguien con quién justificar lo mal que estaba planteado el operativo, se cogieron de radio La Voz. Nosotros sufrimos las consecuencias de tener una línea informativa independiente.
Ustedes dicen que tienen audios que el gobierno no quiere que se revelen. ¿Cuáles son?
Los audios de las transmisiones de los corresponsales desde el mismo lugar de los hechos (el 5 de junio cerca de La Curva del Diablo). Narraron casi todo lo que ocurrió por casi un espacio de dos horas.
¿Esto es lo que se consideró sedición o un llamado al levantamiento?
Ellos lo consideraron así en un primer momento. Seguramente deben haberlos escuchado ya, y por eso ahora han variado los motivos del cierre de la radio.
“Nativos pidieron a la ministra que cese el fuego”
¿En las horas de transmisión participó el pueblo?
Bastante. Llamaban por teléfono y preguntaban en qué podían ayudar o qué podían hacer.
¿Hubo acusaciones o denuncias en esas declaraciones?
No. La gente que llamaba era de la ciudad y estaban lejos de la zona del enfrentamiento. Los únicos que transmitían desde allá eran los reporteros. También llamaron dos dirigentes nativos.
¿Qué dijeron los nativos?
Hicieron un llamado a la ministra para que pare la balacera, porque ya estaban rendidos. Estaban rendidos a tal punto que ya había más de 800 nativos refugiados en las casas de Bagua Grande.
¿Piensa que lo que transmitieron fue hacer sedición?
No, porque simplemente era narrar lo que estaba sucediendo, y eso debe hacer todo periodista.
Diario La República-Lima 23/06/2009