:: Destacan necesidad de mejorar canales de participación ciudadana
TENEMOS UN GOBIERNO MERAMENTE REACTIVO
El gobierno no puede reaccionar a partir de la presión de la población, sino de normas y procesos claros que permitan a los ciudadanos expresar sus demandas, aseveró el analista político Eduardo Toche.
A través de la CNR, Toche denunció que el uso indiscriminado de la fuerza pública por parte del régimen de turno, así como la instauración de incontables mesas de diálogo, reflejan una preocupante falta de institucionalidad democrática en el país.
Señaló que los luctuosos acontecimientos del 5 de junio en Bagua (Amazonas) son un ejemplo claro de cómo algunos funcionarios del Ejecutivo pueden apelar a la fuerza pública sin el control debido.
"Estamos frente a una situación tan “discrecional” (sic), de que la autoridad disponga sin parámetros del uso de la fuerza pública", declaró.
En tal sentido, destacó la necesidad de contar con absoluta transparencia en el uso de las fuerzas del orden para controlar episodios como los de la Curva del Diablo. "No es que uno se oponga al uso (de la fuerza pública), sino de cómo se está haciendo, para no terminar en situaciones sumamente complicadas", remarcó.
De otro lado, dejó entrever sus reservas respecto a la efectividad de las mesas de diálogo instaladas por el régimen de turno, las cuales dijo suman más de 80 en los últimos tres años.
"Allí hay un problema también de base, de cómo mira el Estado la conflictibilidad (...) entonces los elementos de conflicto van a seguir subsistiendo por el enfoque del
Estado".
Toche propuso como salida dos vías: primero, diferenciar las características específicas de cada conflicto y, luego, comprometer en su solución a los diferentes niveles subnacionales del Estado.
"Se requiere de canales adecuados para procesar las demandas (...) estamos con una manguera intentando apagar fuegos hasta donde se pueda (...) y el proceso de participación parece trabado. La participación ciudadana prácticamente no existe en la amazonía. Es un modelo que resulta inviable allí", puntualizó.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 24/06/2009
Señalan como culpables a quienes no consultaron con los pueblos amazónicos.
RELIGIOSOS CRITICAN MASACRE EN BAGUA
Iglesia también rechaza la forma en que se realizó el desalojo sangriento.
DETENIDOS
En otro punto piden que se tenga en cuenta los derechos fundamentales de los detenidos y que las investigaciones determinen las culpabilidades debidas.
Rechazando la forma en que el gobierno desalojó la carretera Fernando Belaunde Terry con el triste epílogo sangriento por todos conocido, la Diócesis de Chachapoyas analizó la situación y se pronunció a nombre del obispo, los sacerdotes y diáconos, usando sin dudas pasajes de las Sagradas Escrituras, que en Jeremías 22,3 señala: “Así dice el Señor: Practiquen el derecho y la justicia, libren al oprimido de manos del opresor, y al forastero, al huérfano y a la viuda no atropellen; no hagan violencia, ni derramen sangre inocente en este lugar”. No quedando al margen de lo ocurrido en las provincias de Utcubamba y Bagua, pero aclarando que mantienen la profética de la Iglesia, expresaron su solidaridad con los familiares de los policías, nativos y mestizos víctimas del lamentable enfrentamiento. “Como defensores de la vida rechazamos todo tipo de violencia que atenta contra la dignidad y los derechos fundamentales de toda persona humana. Siendo la selva rica en biodiversidad y heredera de una cultura viva, consideramos que debe ser respetada y protegida, por eso unimos nuestras voces a los justos reclamos de las comunidades amazónicas”, señalan.
Expresan que el origen del conflicto está en que no se tomó en cuenta el derecho de los pueblos amazónicos a ser escuchados, como lo indica la Constitución Política del Estado y los Convenios Internacionales. Rechazan el modo como se procedió en el desbloqueo de la carretera “y el desalojo de los hermanos nativos awajún-wampis” sin negar su lamento porque el gobierno, con sus intervenciones, haya contribuido a llevar esta situación al extremo.
Diario La Primera-Lima 24/06/2009
HABRÍAN ARROJADO CUERPOS QUEMADOS DE NATIVOS AL MARAÑÓN
“Los quemaban y después los arrojaban en bolsas al Río Marañón. Son un promedio de 150 personas”, manifiesta don Félix Chinchay Huamán, licenciado de las Fuerzas Armadas que estuvo presente en el mismo lugar de la masacre de Bagua.
Chinchay Huamán, de procedencia san ignacina y según sus versiones, se encontraba apoyando la medida de lucha de los nativos cuando el fatídico 5 de junio, la policía nacional arremetió contra la población con objetivos de desalojarlos.
Aún golpeado sicológicamente, el entrevistado dijo que ellos se salvaron milagrosamente, pues desde los helicópteros las balas salían directas hacia los protestantes.
Diario Panorama Cajamarquino 24/06/2009
TRABAN INVESTIGACIONES DE CASO BAGUA
El asesor legal de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Juan José Quispe, denunció ayer las trabas con que el Ministerio del Interior y el comando de la Policía Nacional obstaculizan las investigaciones que realiza la Fiscalía Penal Mixta de Utcubamba para identificar a los responsables de las muertes de los civiles no nativos que murieron por disparos de armas de fuego durante los graves incidentes del 5 de junio en Bagua.
En declaraciones a LA PRIMERA, Quispe señaló que a ello se suma el hecho que las pesquisas han sido trasladadas sospechosamente por la fiscal Gloria Bobadilla a la División de Investigación Criminal de Bagua Grande. “Es decir, ha determinado que los investigados se investiguen a sí mismos, cuando debió realizarlas el ministerio para evitar que los policías se parcialicen”, subrayó.
Un ejemplo claro de ello es que el lunes, la Comisaría de Bagua Grande citó a los familiares de las víctimas que han denunciado a efectivos de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) para que rindan sus declaraciones para el día siguiente (martes), cuando deben pasar tres días útiles para ello después de la notificación.
Precisó que la Policía hasta el momento no ha realizado ninguna pericia balística ni prueba de absorción atómica a los policías que intervinieron en la operación de desalojo del 5 de junio pasado. La denuncia solicita que la Policía remita la lista de los nombres de los efectivos que participaron en la operación y el tipo de armas que utilizó cada uno de ellos. Asimismo, que el Ministerio del Interior especifique el tipo de balas utilizadas y el número de serie, pero la petición no ha sido atendida.
Diario La Primera-Lima 24/06/2009
Dice ministro de Energía y Minas en el Congreso sobre protestas contra Doe Run. Mientras continúa protesta en La Oroya.
CONFLICTO SIN SOLUCIÓN
El colmo. Titular de energía no sabe como solucionar conflicto con minera reincidente.
El ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, reconoció ayer en una presentación ante la Comisión de Energía del Congreso, que no sabe cómo solucionar la crisis de la minera norteamericana Doe Run, que motiva el bloqueo de la carretera central, en La Oroya, por trabajadores de esa empresa. “El que tenga propuestas de soluciones que me la digan porque podemos ayudar a implementarlas”, señaló el titular de Energía, quien sin embargo sostuvo que “no hay incumplimiento por parte del gobierno”.
Al escuchar esto, el parlamentario David Waisman dijo sentirse sorprendido por la inoperancia manifiesta por un ministro de Estado. “Me he quedado en shock al escuchar al ministro decir que esta comisión le dé soluciones al problema cuando en realidad nosotros esperábamos que el venga con la solución bajo el brazo”, apuntó Waisman y luego cuestionó que el propietario de Doe Run incumpla el pago de sus multas al Estado y que las autoridades no se las cobren con suficiente energía.
A su vez, el presidente de la Comisión de Energía, Rolando Reátegui, calificó de pillo al dueño de la minera porque no quiere hacer nada para solucionar el problema entre la minera y sus trabajadores. “Ahora pretenden que el Estado le dé dinero, incumpliendo a propósito los acuerdos adoptados tanto con los trabajadores como con el mismo gobierno”, dijo.
Por su parte, el congresista aprista Jorge del Castillo, desde hace tiempo identificado con la empresa estadounidense, anunció que el gobierno y los trabajadores mineros de La Oroya llegaron a una fórmula de solución que garantiza la estabilidad de sus puestos de trabajo.
“Esta solución entre Doe Run y sus trabajadores garantiza la viabilidad en La Oroya del complejo metalúrgico como ciudad y esto respalda plenamente la estabilidad de los trabajadores, su permanencia en sus puestos de trabajo”, señaló, sin dar precisiones sobre los temas clave: el cumplimiento del Programa de Acondicionamiento Ambiental (PAMA), el pago de la deuda con los trabajadores y los abastecedores de materia prima para la planta y el suministro de mineral en adelante.
El ministro de Trabajo, Jorge Villasante, confirmó el verdadero objetivo de la gestión de Del Castillo, al señalar que el gobierno podría dar un nuevo plazo para que Doe Run cumpla con cumplir el PAMA.
Diario La Primera-Lima 24/06/2009
TRABAJADORES DE DOE RUN EVALÚAN PROPUESTA PARA LEVANTAR SU HUELGA
En un intento de buscar una solución a la paralización indefinida en La Oroya, autoridades del gobierno se reunieron en Lima con los representantes de los cuatros sindicatos de trabajadores de Doe Run Perú (DRP).
El legislador aprista Jorge del Castillo, quien actúa como facilitador en las negociaciones, refirió que en la cita se diseñó una propuesta, la cual debe ser analizada y aprobada por las bases trabajadoras.
Sin entrar en detalles, Del Castillo afirmó que el planteamiento garantiza la estabilidad laboral de los trabajadores y la viabilidad de la empresa.
Por su parte, el ministro de Energía y Minas Pedro Sánchez, quien se presentó en el Congreso para responder sobre el caso de la cuestionada minera, reiteró que DRP ha mostrado que no quiere llegar a acuerdo alguno.
“Se plantean soluciones bastantes buenas, pero en la fase de implementación la empresa simplemente no ejecuta y cambia de posición”, subrayó.
Más adelante, ante los cuestionamientos de los parlamentarios, Sánchez señaló que existen tres opciones para solucionar el problema con DRP: la declaratoria de insolvencia ante Indecopi, un acuerdo entre proveedores y la operadora y la vía judicial por el incumplimiento de los compromisos ambientales.
Diario La República-Lima 24/06/2009
HABRÍA ACUERDO LABORAL EN CASO DE DOE RUN
Protestas siguen en La Oroya. Manifestantes han bloqueado parte de la Carretera Central. Ministro Sánchez considera difícil ampliar plazo para que empresa cumpla con su PAMA.
Mientras en La Oroya continúan las protestas y han logrado bloquear 12 kilómetros de la Carretera Central, en Lima, el vicepresidente corporativo de Asuntos Ambientales de Doe Run Perú (DRP), José Mogrovejo, anunció que Ira Rennert, el accionista mayoritario de la empresa, ha decidido desembolsar US$31 millones para salvar al Complejo Metalúrgico de La Oroya del cierre.
La suma no sería suficiente si se tiene en cuenta que los acreedores de la refinería han estimado que se necesitan US$100 millones para reactivar las actividades y US$155 solo para destinar al PAMA. Sin embargo, sería un avance luego de que no prosperara la intención de la minera de obtener mayor ayuda por parte del Gobierno.
En ese sentido, Mogrovejo indicó que Rennert estaría dispuesto a dar más capital si la empresa logra un mejor acuerdo tanto con sus proveedores como con el Estado. Insistió en que van a cumplir con los compromisos que asumieron (capitalizar su deuda y entregar sus acciones en garantía), pero que requieren afinar algunos puntos del acuerdo, así como que el Estado les otorgue un plazo técnicamente viable para cumplir con su PAMA.
¿HUMO BLANCO? Entre tanto, el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, que ayer viajó a La Oroya para reunirse con el sindicato de los trabajadores de la compañía y con representantes de la Federación Minera, informó que han logrado un acuerdo que podría significar el fin del conflicto laboral si es ratificado por el total de los empleados, que justamente ayer, hasta el cierre de esta edición, sostenían una asamblea para tratar el tema.
Para el congresista Jorge del Castillo –que, a pedido de los trabajadores, es mediador en este conflicto–, la fórmula planteada es una solución integral para la empresa. Por su parte, el ministro de Trabajo, Jorge Villasante, afirmó que hay disposición del Gobierno de ampliar el plazo para el cumplimiento, pero en un lapso razonable.
Sánchez ve muy difícil esa posibilidad. “Si la refinería tiene problemas de financiamiento para continuar operando, ¿cómo va asegurar el cumplimiento del PAMA?”, cuestionó.
Diario Perú 21-Lima 24/06/2009
MÁS BRECHA ENTRE RICOS Y POBRES
Informe de Oxfam señala que el Perú necesitará más de 80 años de crecimiento constante por encima del 5% para salir de la pobreza.
En el reciente informe Anual 2008-2009 ‘Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú’, presentado por Oxfam Internacional, diez perspectivas de destacados profesionales revelan por qué el crecimiento económico no benefició a los excluidos del país y que la falta de legitimidad del sistema político en el Perú tuvo en el conflicto de Bagua su más reciente ejemplo: no hay mecanismos para que los pueblos amazónicos expresen sus necesidades.
Según el economista Humberto Campodónico, “a pesar de que las empresas que operaron en los últimos años lograron utilidades superiores a las de las 500 empresas más rentables del planeta, los sueldos se estancaron y cayeron en tres puntos porcentuales”. Campodónico dijo que ello revela que la brecha entre ricos y pobres es cada vez mayor pues “el sueldo del sector A es 20 veces mayor que el del sector E”.
Desigualdad y exclusión
Otro de los planteamientos que presenta Oxfam (una organización dedicada a combatir y erradicar la pobreza en más de 100 países del globo) es el de Pepi Patrón, filósofa y presidenta de Transparencia, quien sostiene que “el conflicto con las comunidades indígenas de la selva no solo es un problema ecológico sino que también de exclusión social, política y cultural”. Según Patrón, el problema amazónico revela que hacen falta mecanismos para que los pueblos expresen sus necesidades.
Pedro Francke, economista y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, sostiene que las cifras macroeconómicas de crecimiento del Perú durante los años anteriores no fueron suficientes y que si el gobierno quisiera salir de la pobreza solo con el avance económico del Producto Bruto Interno, se necesitarían más de 80 años constantes de crecimiento por encima de los cinco puntos.
“Con el ‘boom’ económico en el Perú, la desigualdad no se redujo, pero creció en 6% el consumo de los más ricos”, dijo.
Diario La República-Lima 24/06/2009
: Oxfam alerta que la desigualdad afecta a la democracia
DESIGUALDAD SE AGUDIZA PESE A CRECIMIENTO ECONÓMICO ACELERADO
A pesar de los avances económicos que se registran en nuestro país, el Estado peruano no aplica las medidas necesarias para enfrentar la desigualdad y la pobreza. Así se desprende del informe anual sobre pobreza, desigualdad y desarrollo 2008-2009 que presentó Oxfam Perú.
El documento indica que nuestro país desestima las políticas redistributivas de manera equitativa entre los sectores que más lo requieren como la agricultura. Según Oxfam, estas políticas permitirían contrarrestar la crisis financiera que se cierne sobre el mundo.
El texto señala que, en los últimos ocho años, la economía del Perú creció a tasas aceleradas, pero los salarios se estancaron mientras que las utilidades de las empresas que operan en el país crecieron por encima de las ganancias de las 500 compañías más importantes del mundo.
Frank Boeren, coordinador de Oxfam Internacional en el Perú, expresó su preocupación acerca que el tema de la pobreza es un tema poco abordado en el país. Consideró que “mientras no se resuelva la pobreza, el Perú no va avanzar”.
Boeren dijo que la democracia ha sufrido como sistema político; por tanto, recomendó que se tejan los mecanismos de dialogo y que los acuerdos productos de los mismos se cumplen a través de instituciones más sólidas.
Insistió en que se dé mayor lugar “al desarrollo del diálogo, al proceso de descentralización, transparencia, tolerancia a opiniones divergentes e inclusión social”.
A su turno, Pepi Patrón, presidenta de la Asociación Transparencia, aseveró que uno de los mayores problemas que enfrenta nuestro sistema político-económico es que los pobres no se sienten representados en el referido sistema por tanto profundiza la sensación de inestabilidad.
Patrón sugirió fortalecer la representación política robusteciendo la Ley de Partidos, volver a la bicameralidad, proponer una renovación por tercios de los congresistas y quitar el voto preferencial.
De otro lado, sostuvo que el conflicto de Bagua revela la falta de mecanismos para que los pueblos amazónicos expresen sus necesidades. Además, la reciente derogatoria de los decretos legislativos 1090 y 1064 evidencia que las protestas en la selva “han hecho temblar la lógica del perro del hortelano del Presidente de la República”.
En tanto, Pedro Francke, analista en temas económicos, lamentó que la evaluación de la dimensión de la pobreza en el Perú no se puede medir debido a que “no existen cifras actualizadas” dadas por las instituciones encargadas de obtenerlas. También cuestionó la metodología para obtener las cifras que señalan que los índices de la pobreza han disminuido en el Perú.
Francke Ballve observó que el gobierno está demostrando en torno a los sucesos de Bagua, “actitudes antidemocráticas”. Indicó que la persecución de líderes indígenas, la suspensión de congresistas nacionalistas, el seguimiento a medios de comunicación y a las ONG’s así lo demuestran.
Cabe resaltar que le informe presenta 10 planteamientos de destacados profesionales entre los que figuran Oscar Ugarteche, Pedro Francke, Humberto Campodónico, Pepi Patrón, Nelson Manrique, Alejandra Alayza, Rocío Silva Santisteban, Wilfredo Ardito y Juan Torres.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 24/06/2009
EL CALDO Y EL CULTIVO
Por Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe
La conspiración como excusa para gobernar bien.
El presidente Alan García debiera preocuparse de organizar un equipo capaz de enfrentar los graves problemas que tiene por delante en vez de inventar excusas para eludir esa tarea, como la conspiración de la que habla tanto sin ofrecer evidencia.
En efecto, la principal excusa del presidente es que todos los problemas del momento actual son señales de una conspiración contra su gobierno y la democracia. Es una explicación que –más allá de sus ayayeros– muy pocos creen.
Por ejemplo, cuando Ipsos-Apoyo preguntó por los responsables de las muertes en la selva, solo 11% cree que son extranjeros infiltrados, un porcentaje similar que son facciones extremistas infiltradas, y 5% ONG de la zona, mientras que García es percibido como principal responsable por el 57%.
En una de las intervenciones públicas recientes más interesantes de un vocero empresarial, Gonzalo Prialé sostuvo anteayer que “el principio de autoridad es básico en una democracia pero no se ejerce a patadas ni a balazos, sino previniendo conflictos, y para eso sería una buena idea que las autoridades hagan su trabajo, que los ministros estén fuera de Lima donde están los problemas, antes de que exploten; no funciona mecer a la gente tanto tiempo. Y en medio de tanto conflicto, necesitamos un ministro del Interior con urgencia”.
Prialé, por si acaso, no milita en Patria Roja ni es pata de Robert Huaynalaya; es vocero de un gremio empresarial importante como AFIN, que agrupa a las empresas de infraestructura de servicios públicos. Agrega que “probablemente algunos se aprovechen de que hay un caldo de cultivo, pero el problema es que hay un caldo y eso no lo cultivan los instigadores de fuera sino la dejadez de las autoridades”.
Comentarios como ese, o lo que piensa la opinión pública, son señales de que las excusas presidenciales están perdiendo credibilidad. Es obvio que no hay una conspiración contra el gobierno sino un gobierno que no está haciendo su chamba.
A falta de un enfoque para enfrentar esos problemas –que explotan en Bagua, Andahuaylas, Sicuani o La Oroya–, el gobierno crea fantasmas, mientras la gente que protesta exige que se apersone para negociar un premier como Yehude Simon que ya se está jugando los descuentos.
La explicación más curiosa de los problemas del gobierno es que “le falta comunicación”, la cual es tramposa pues lleva implícita la idea de que este es perfecto salvo por su incapacidad de contarle a la gente lo perfecto que es. Al gobierno le falta mucho más que eso. Quizá antes de lanzarse por el país a explicar, el gobierno y especialmente el presidente necesiten aprender a escuchar lo que el país les está diciendo.
Diario La República-Lima 24/06/2009
“Implicaría pagar indemnizaciones”, asegura
MINISTRO PEDRO SÁNCHEZ REITERA QUE NO HABRÁ INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN TEMA DOE RUN
Frente a la paralización de las actividades de Doe Run y la problemática que enfrentan sus trabajadores, que desde ayer acatan un paro indefinido, el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, reiteró la negativa de su cartera para intervenir en la empresa porque eso implicaría que el Estado sea causal de una denuncia.
Por ello, afirmó que dentro del proceso hay dos soluciones posibles: que uno de los acreedores de Doe Run lleve a la empresa a Indecopi, o que Doe Run lo resuelva entre sus mismos proveedores. Sin embargo, el titular de Energía precisó que no hay hasta el momento interés de ningún proveedor en llevar el tema a Indecopi, y respecto a los compromisos de la empresa con sus proveedores, siempre los incumple.
“Se plantea esquemas y soluciones buenas, pero en la fase de implementación la empresa simplemente no las ejecuta y cambia de posición”, aseveró durante su presentación ante la comisión de Energía y Minas del Congreso.
Los principales acreedores de Doe Run afirmaron ayer en un comunicado que la única solución al conflicto está en manos de su principal accionista, el millonario Ira Rennert, quien desde el 31 de marzo incumple el acuerdo al que llegó con sus proveedores de minerales (entre las que se encuentran Brocal, Volcan y Buenaventura, entre otros).
Cabe recordar que Doe Run acordó con sus proveedores mineros a principios de abril que capitalizaría el 100% de sus acciones para recibir a cambio un préstamo por 156 millones de dólares. Sin embargo, dos meses y medio después, la empresa no ha cumplido este requisito.
El ministro negó que el gobierno haya admitido en algún momento que aceptaría la ampliación del Programa de Adecuación Medio Ambiental (PAMA), que vence a fines de octubre próximo, por lo que descartó la posibilidad de conceder una prórroga.
“Si por un lado planteamos la posibilidad de ampliar el PAMA y por otro vemos que no hay financiamiento para ejecutarlo, estamos yendo por un sendero que no tiene ningún fin”, expresó.
Ministro de Trabajo no descarta prorrogar el PAMA
Al respecto, el ministro de Trabajo, Jorge Villasante, anunció a RPP que el gobierno no descarta ampliar por un plazo corto el PAMA de Doe Run, pero nunca una prórroga a 3 o 5 años.
Sin embargo, cabe recordar que el 10 de marzo de este año, el propio Ministerio negó esta posibilidad a la empresa a través del oficio 104-2009, dirigido al gerente General Juan Carlos Huyhua.
“No es posible otorgar una nueva prórroga dentro del marco legal vigente", rezaba este oficio firmado por el entonces viceministro de minas, Felipe Isasi, el Ministerio de Energía y Minas dirigió un oficio a la empresa en el que afirmaba que no procedía una ampliación.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 23/06/2009
TENEMOS UN GOBIERNO MERAMENTE REACTIVO
El gobierno no puede reaccionar a partir de la presión de la población, sino de normas y procesos claros que permitan a los ciudadanos expresar sus demandas, aseveró el analista político Eduardo Toche.
A través de la CNR, Toche denunció que el uso indiscriminado de la fuerza pública por parte del régimen de turno, así como la instauración de incontables mesas de diálogo, reflejan una preocupante falta de institucionalidad democrática en el país.
Señaló que los luctuosos acontecimientos del 5 de junio en Bagua (Amazonas) son un ejemplo claro de cómo algunos funcionarios del Ejecutivo pueden apelar a la fuerza pública sin el control debido.
"Estamos frente a una situación tan “discrecional” (sic), de que la autoridad disponga sin parámetros del uso de la fuerza pública", declaró.
En tal sentido, destacó la necesidad de contar con absoluta transparencia en el uso de las fuerzas del orden para controlar episodios como los de la Curva del Diablo. "No es que uno se oponga al uso (de la fuerza pública), sino de cómo se está haciendo, para no terminar en situaciones sumamente complicadas", remarcó.
De otro lado, dejó entrever sus reservas respecto a la efectividad de las mesas de diálogo instaladas por el régimen de turno, las cuales dijo suman más de 80 en los últimos tres años.
"Allí hay un problema también de base, de cómo mira el Estado la conflictibilidad (...) entonces los elementos de conflicto van a seguir subsistiendo por el enfoque del
Estado".
Toche propuso como salida dos vías: primero, diferenciar las características específicas de cada conflicto y, luego, comprometer en su solución a los diferentes niveles subnacionales del Estado.
"Se requiere de canales adecuados para procesar las demandas (...) estamos con una manguera intentando apagar fuegos hasta donde se pueda (...) y el proceso de participación parece trabado. La participación ciudadana prácticamente no existe en la amazonía. Es un modelo que resulta inviable allí", puntualizó.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 24/06/2009
Señalan como culpables a quienes no consultaron con los pueblos amazónicos.
RELIGIOSOS CRITICAN MASACRE EN BAGUA
Iglesia también rechaza la forma en que se realizó el desalojo sangriento.
DETENIDOS
En otro punto piden que se tenga en cuenta los derechos fundamentales de los detenidos y que las investigaciones determinen las culpabilidades debidas.
Rechazando la forma en que el gobierno desalojó la carretera Fernando Belaunde Terry con el triste epílogo sangriento por todos conocido, la Diócesis de Chachapoyas analizó la situación y se pronunció a nombre del obispo, los sacerdotes y diáconos, usando sin dudas pasajes de las Sagradas Escrituras, que en Jeremías 22,3 señala: “Así dice el Señor: Practiquen el derecho y la justicia, libren al oprimido de manos del opresor, y al forastero, al huérfano y a la viuda no atropellen; no hagan violencia, ni derramen sangre inocente en este lugar”. No quedando al margen de lo ocurrido en las provincias de Utcubamba y Bagua, pero aclarando que mantienen la profética de la Iglesia, expresaron su solidaridad con los familiares de los policías, nativos y mestizos víctimas del lamentable enfrentamiento. “Como defensores de la vida rechazamos todo tipo de violencia que atenta contra la dignidad y los derechos fundamentales de toda persona humana. Siendo la selva rica en biodiversidad y heredera de una cultura viva, consideramos que debe ser respetada y protegida, por eso unimos nuestras voces a los justos reclamos de las comunidades amazónicas”, señalan.
Expresan que el origen del conflicto está en que no se tomó en cuenta el derecho de los pueblos amazónicos a ser escuchados, como lo indica la Constitución Política del Estado y los Convenios Internacionales. Rechazan el modo como se procedió en el desbloqueo de la carretera “y el desalojo de los hermanos nativos awajún-wampis” sin negar su lamento porque el gobierno, con sus intervenciones, haya contribuido a llevar esta situación al extremo.
Diario La Primera-Lima 24/06/2009
HABRÍAN ARROJADO CUERPOS QUEMADOS DE NATIVOS AL MARAÑÓN
“Los quemaban y después los arrojaban en bolsas al Río Marañón. Son un promedio de 150 personas”, manifiesta don Félix Chinchay Huamán, licenciado de las Fuerzas Armadas que estuvo presente en el mismo lugar de la masacre de Bagua.
Chinchay Huamán, de procedencia san ignacina y según sus versiones, se encontraba apoyando la medida de lucha de los nativos cuando el fatídico 5 de junio, la policía nacional arremetió contra la población con objetivos de desalojarlos.
Aún golpeado sicológicamente, el entrevistado dijo que ellos se salvaron milagrosamente, pues desde los helicópteros las balas salían directas hacia los protestantes.
Diario Panorama Cajamarquino 24/06/2009
TRABAN INVESTIGACIONES DE CASO BAGUA
El asesor legal de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Juan José Quispe, denunció ayer las trabas con que el Ministerio del Interior y el comando de la Policía Nacional obstaculizan las investigaciones que realiza la Fiscalía Penal Mixta de Utcubamba para identificar a los responsables de las muertes de los civiles no nativos que murieron por disparos de armas de fuego durante los graves incidentes del 5 de junio en Bagua.
En declaraciones a LA PRIMERA, Quispe señaló que a ello se suma el hecho que las pesquisas han sido trasladadas sospechosamente por la fiscal Gloria Bobadilla a la División de Investigación Criminal de Bagua Grande. “Es decir, ha determinado que los investigados se investiguen a sí mismos, cuando debió realizarlas el ministerio para evitar que los policías se parcialicen”, subrayó.
Un ejemplo claro de ello es que el lunes, la Comisaría de Bagua Grande citó a los familiares de las víctimas que han denunciado a efectivos de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) para que rindan sus declaraciones para el día siguiente (martes), cuando deben pasar tres días útiles para ello después de la notificación.
Precisó que la Policía hasta el momento no ha realizado ninguna pericia balística ni prueba de absorción atómica a los policías que intervinieron en la operación de desalojo del 5 de junio pasado. La denuncia solicita que la Policía remita la lista de los nombres de los efectivos que participaron en la operación y el tipo de armas que utilizó cada uno de ellos. Asimismo, que el Ministerio del Interior especifique el tipo de balas utilizadas y el número de serie, pero la petición no ha sido atendida.
Diario La Primera-Lima 24/06/2009
Dice ministro de Energía y Minas en el Congreso sobre protestas contra Doe Run. Mientras continúa protesta en La Oroya.
CONFLICTO SIN SOLUCIÓN
El colmo. Titular de energía no sabe como solucionar conflicto con minera reincidente.
El ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, reconoció ayer en una presentación ante la Comisión de Energía del Congreso, que no sabe cómo solucionar la crisis de la minera norteamericana Doe Run, que motiva el bloqueo de la carretera central, en La Oroya, por trabajadores de esa empresa. “El que tenga propuestas de soluciones que me la digan porque podemos ayudar a implementarlas”, señaló el titular de Energía, quien sin embargo sostuvo que “no hay incumplimiento por parte del gobierno”.
Al escuchar esto, el parlamentario David Waisman dijo sentirse sorprendido por la inoperancia manifiesta por un ministro de Estado. “Me he quedado en shock al escuchar al ministro decir que esta comisión le dé soluciones al problema cuando en realidad nosotros esperábamos que el venga con la solución bajo el brazo”, apuntó Waisman y luego cuestionó que el propietario de Doe Run incumpla el pago de sus multas al Estado y que las autoridades no se las cobren con suficiente energía.
A su vez, el presidente de la Comisión de Energía, Rolando Reátegui, calificó de pillo al dueño de la minera porque no quiere hacer nada para solucionar el problema entre la minera y sus trabajadores. “Ahora pretenden que el Estado le dé dinero, incumpliendo a propósito los acuerdos adoptados tanto con los trabajadores como con el mismo gobierno”, dijo.
Por su parte, el congresista aprista Jorge del Castillo, desde hace tiempo identificado con la empresa estadounidense, anunció que el gobierno y los trabajadores mineros de La Oroya llegaron a una fórmula de solución que garantiza la estabilidad de sus puestos de trabajo.
“Esta solución entre Doe Run y sus trabajadores garantiza la viabilidad en La Oroya del complejo metalúrgico como ciudad y esto respalda plenamente la estabilidad de los trabajadores, su permanencia en sus puestos de trabajo”, señaló, sin dar precisiones sobre los temas clave: el cumplimiento del Programa de Acondicionamiento Ambiental (PAMA), el pago de la deuda con los trabajadores y los abastecedores de materia prima para la planta y el suministro de mineral en adelante.
El ministro de Trabajo, Jorge Villasante, confirmó el verdadero objetivo de la gestión de Del Castillo, al señalar que el gobierno podría dar un nuevo plazo para que Doe Run cumpla con cumplir el PAMA.
Diario La Primera-Lima 24/06/2009
TRABAJADORES DE DOE RUN EVALÚAN PROPUESTA PARA LEVANTAR SU HUELGA
En un intento de buscar una solución a la paralización indefinida en La Oroya, autoridades del gobierno se reunieron en Lima con los representantes de los cuatros sindicatos de trabajadores de Doe Run Perú (DRP).
El legislador aprista Jorge del Castillo, quien actúa como facilitador en las negociaciones, refirió que en la cita se diseñó una propuesta, la cual debe ser analizada y aprobada por las bases trabajadoras.
Sin entrar en detalles, Del Castillo afirmó que el planteamiento garantiza la estabilidad laboral de los trabajadores y la viabilidad de la empresa.
Por su parte, el ministro de Energía y Minas Pedro Sánchez, quien se presentó en el Congreso para responder sobre el caso de la cuestionada minera, reiteró que DRP ha mostrado que no quiere llegar a acuerdo alguno.
“Se plantean soluciones bastantes buenas, pero en la fase de implementación la empresa simplemente no ejecuta y cambia de posición”, subrayó.
Más adelante, ante los cuestionamientos de los parlamentarios, Sánchez señaló que existen tres opciones para solucionar el problema con DRP: la declaratoria de insolvencia ante Indecopi, un acuerdo entre proveedores y la operadora y la vía judicial por el incumplimiento de los compromisos ambientales.
Diario La República-Lima 24/06/2009
HABRÍA ACUERDO LABORAL EN CASO DE DOE RUN
Protestas siguen en La Oroya. Manifestantes han bloqueado parte de la Carretera Central. Ministro Sánchez considera difícil ampliar plazo para que empresa cumpla con su PAMA.
Mientras en La Oroya continúan las protestas y han logrado bloquear 12 kilómetros de la Carretera Central, en Lima, el vicepresidente corporativo de Asuntos Ambientales de Doe Run Perú (DRP), José Mogrovejo, anunció que Ira Rennert, el accionista mayoritario de la empresa, ha decidido desembolsar US$31 millones para salvar al Complejo Metalúrgico de La Oroya del cierre.
La suma no sería suficiente si se tiene en cuenta que los acreedores de la refinería han estimado que se necesitan US$100 millones para reactivar las actividades y US$155 solo para destinar al PAMA. Sin embargo, sería un avance luego de que no prosperara la intención de la minera de obtener mayor ayuda por parte del Gobierno.
En ese sentido, Mogrovejo indicó que Rennert estaría dispuesto a dar más capital si la empresa logra un mejor acuerdo tanto con sus proveedores como con el Estado. Insistió en que van a cumplir con los compromisos que asumieron (capitalizar su deuda y entregar sus acciones en garantía), pero que requieren afinar algunos puntos del acuerdo, así como que el Estado les otorgue un plazo técnicamente viable para cumplir con su PAMA.
¿HUMO BLANCO? Entre tanto, el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, que ayer viajó a La Oroya para reunirse con el sindicato de los trabajadores de la compañía y con representantes de la Federación Minera, informó que han logrado un acuerdo que podría significar el fin del conflicto laboral si es ratificado por el total de los empleados, que justamente ayer, hasta el cierre de esta edición, sostenían una asamblea para tratar el tema.
Para el congresista Jorge del Castillo –que, a pedido de los trabajadores, es mediador en este conflicto–, la fórmula planteada es una solución integral para la empresa. Por su parte, el ministro de Trabajo, Jorge Villasante, afirmó que hay disposición del Gobierno de ampliar el plazo para el cumplimiento, pero en un lapso razonable.
Sánchez ve muy difícil esa posibilidad. “Si la refinería tiene problemas de financiamiento para continuar operando, ¿cómo va asegurar el cumplimiento del PAMA?”, cuestionó.
Diario Perú 21-Lima 24/06/2009
MÁS BRECHA ENTRE RICOS Y POBRES
Informe de Oxfam señala que el Perú necesitará más de 80 años de crecimiento constante por encima del 5% para salir de la pobreza.
En el reciente informe Anual 2008-2009 ‘Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú’, presentado por Oxfam Internacional, diez perspectivas de destacados profesionales revelan por qué el crecimiento económico no benefició a los excluidos del país y que la falta de legitimidad del sistema político en el Perú tuvo en el conflicto de Bagua su más reciente ejemplo: no hay mecanismos para que los pueblos amazónicos expresen sus necesidades.
Según el economista Humberto Campodónico, “a pesar de que las empresas que operaron en los últimos años lograron utilidades superiores a las de las 500 empresas más rentables del planeta, los sueldos se estancaron y cayeron en tres puntos porcentuales”. Campodónico dijo que ello revela que la brecha entre ricos y pobres es cada vez mayor pues “el sueldo del sector A es 20 veces mayor que el del sector E”.
Desigualdad y exclusión
Otro de los planteamientos que presenta Oxfam (una organización dedicada a combatir y erradicar la pobreza en más de 100 países del globo) es el de Pepi Patrón, filósofa y presidenta de Transparencia, quien sostiene que “el conflicto con las comunidades indígenas de la selva no solo es un problema ecológico sino que también de exclusión social, política y cultural”. Según Patrón, el problema amazónico revela que hacen falta mecanismos para que los pueblos expresen sus necesidades.
Pedro Francke, economista y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, sostiene que las cifras macroeconómicas de crecimiento del Perú durante los años anteriores no fueron suficientes y que si el gobierno quisiera salir de la pobreza solo con el avance económico del Producto Bruto Interno, se necesitarían más de 80 años constantes de crecimiento por encima de los cinco puntos.
“Con el ‘boom’ económico en el Perú, la desigualdad no se redujo, pero creció en 6% el consumo de los más ricos”, dijo.
Diario La República-Lima 24/06/2009
: Oxfam alerta que la desigualdad afecta a la democracia
DESIGUALDAD SE AGUDIZA PESE A CRECIMIENTO ECONÓMICO ACELERADO
A pesar de los avances económicos que se registran en nuestro país, el Estado peruano no aplica las medidas necesarias para enfrentar la desigualdad y la pobreza. Así se desprende del informe anual sobre pobreza, desigualdad y desarrollo 2008-2009 que presentó Oxfam Perú.
El documento indica que nuestro país desestima las políticas redistributivas de manera equitativa entre los sectores que más lo requieren como la agricultura. Según Oxfam, estas políticas permitirían contrarrestar la crisis financiera que se cierne sobre el mundo.
El texto señala que, en los últimos ocho años, la economía del Perú creció a tasas aceleradas, pero los salarios se estancaron mientras que las utilidades de las empresas que operan en el país crecieron por encima de las ganancias de las 500 compañías más importantes del mundo.
Frank Boeren, coordinador de Oxfam Internacional en el Perú, expresó su preocupación acerca que el tema de la pobreza es un tema poco abordado en el país. Consideró que “mientras no se resuelva la pobreza, el Perú no va avanzar”.
Boeren dijo que la democracia ha sufrido como sistema político; por tanto, recomendó que se tejan los mecanismos de dialogo y que los acuerdos productos de los mismos se cumplen a través de instituciones más sólidas.
Insistió en que se dé mayor lugar “al desarrollo del diálogo, al proceso de descentralización, transparencia, tolerancia a opiniones divergentes e inclusión social”.
A su turno, Pepi Patrón, presidenta de la Asociación Transparencia, aseveró que uno de los mayores problemas que enfrenta nuestro sistema político-económico es que los pobres no se sienten representados en el referido sistema por tanto profundiza la sensación de inestabilidad.
Patrón sugirió fortalecer la representación política robusteciendo la Ley de Partidos, volver a la bicameralidad, proponer una renovación por tercios de los congresistas y quitar el voto preferencial.
De otro lado, sostuvo que el conflicto de Bagua revela la falta de mecanismos para que los pueblos amazónicos expresen sus necesidades. Además, la reciente derogatoria de los decretos legislativos 1090 y 1064 evidencia que las protestas en la selva “han hecho temblar la lógica del perro del hortelano del Presidente de la República”.
En tanto, Pedro Francke, analista en temas económicos, lamentó que la evaluación de la dimensión de la pobreza en el Perú no se puede medir debido a que “no existen cifras actualizadas” dadas por las instituciones encargadas de obtenerlas. También cuestionó la metodología para obtener las cifras que señalan que los índices de la pobreza han disminuido en el Perú.
Francke Ballve observó que el gobierno está demostrando en torno a los sucesos de Bagua, “actitudes antidemocráticas”. Indicó que la persecución de líderes indígenas, la suspensión de congresistas nacionalistas, el seguimiento a medios de comunicación y a las ONG’s así lo demuestran.
Cabe resaltar que le informe presenta 10 planteamientos de destacados profesionales entre los que figuran Oscar Ugarteche, Pedro Francke, Humberto Campodónico, Pepi Patrón, Nelson Manrique, Alejandra Alayza, Rocío Silva Santisteban, Wilfredo Ardito y Juan Torres.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 24/06/2009
EL CALDO Y EL CULTIVO
Por Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe
La conspiración como excusa para gobernar bien.
El presidente Alan García debiera preocuparse de organizar un equipo capaz de enfrentar los graves problemas que tiene por delante en vez de inventar excusas para eludir esa tarea, como la conspiración de la que habla tanto sin ofrecer evidencia.
En efecto, la principal excusa del presidente es que todos los problemas del momento actual son señales de una conspiración contra su gobierno y la democracia. Es una explicación que –más allá de sus ayayeros– muy pocos creen.
Por ejemplo, cuando Ipsos-Apoyo preguntó por los responsables de las muertes en la selva, solo 11% cree que son extranjeros infiltrados, un porcentaje similar que son facciones extremistas infiltradas, y 5% ONG de la zona, mientras que García es percibido como principal responsable por el 57%.
En una de las intervenciones públicas recientes más interesantes de un vocero empresarial, Gonzalo Prialé sostuvo anteayer que “el principio de autoridad es básico en una democracia pero no se ejerce a patadas ni a balazos, sino previniendo conflictos, y para eso sería una buena idea que las autoridades hagan su trabajo, que los ministros estén fuera de Lima donde están los problemas, antes de que exploten; no funciona mecer a la gente tanto tiempo. Y en medio de tanto conflicto, necesitamos un ministro del Interior con urgencia”.
Prialé, por si acaso, no milita en Patria Roja ni es pata de Robert Huaynalaya; es vocero de un gremio empresarial importante como AFIN, que agrupa a las empresas de infraestructura de servicios públicos. Agrega que “probablemente algunos se aprovechen de que hay un caldo de cultivo, pero el problema es que hay un caldo y eso no lo cultivan los instigadores de fuera sino la dejadez de las autoridades”.
Comentarios como ese, o lo que piensa la opinión pública, son señales de que las excusas presidenciales están perdiendo credibilidad. Es obvio que no hay una conspiración contra el gobierno sino un gobierno que no está haciendo su chamba.
A falta de un enfoque para enfrentar esos problemas –que explotan en Bagua, Andahuaylas, Sicuani o La Oroya–, el gobierno crea fantasmas, mientras la gente que protesta exige que se apersone para negociar un premier como Yehude Simon que ya se está jugando los descuentos.
La explicación más curiosa de los problemas del gobierno es que “le falta comunicación”, la cual es tramposa pues lleva implícita la idea de que este es perfecto salvo por su incapacidad de contarle a la gente lo perfecto que es. Al gobierno le falta mucho más que eso. Quizá antes de lanzarse por el país a explicar, el gobierno y especialmente el presidente necesiten aprender a escuchar lo que el país les está diciendo.
Diario La República-Lima 24/06/2009
“Implicaría pagar indemnizaciones”, asegura
MINISTRO PEDRO SÁNCHEZ REITERA QUE NO HABRÁ INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN TEMA DOE RUN
Frente a la paralización de las actividades de Doe Run y la problemática que enfrentan sus trabajadores, que desde ayer acatan un paro indefinido, el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, reiteró la negativa de su cartera para intervenir en la empresa porque eso implicaría que el Estado sea causal de una denuncia.
Por ello, afirmó que dentro del proceso hay dos soluciones posibles: que uno de los acreedores de Doe Run lleve a la empresa a Indecopi, o que Doe Run lo resuelva entre sus mismos proveedores. Sin embargo, el titular de Energía precisó que no hay hasta el momento interés de ningún proveedor en llevar el tema a Indecopi, y respecto a los compromisos de la empresa con sus proveedores, siempre los incumple.
“Se plantea esquemas y soluciones buenas, pero en la fase de implementación la empresa simplemente no las ejecuta y cambia de posición”, aseveró durante su presentación ante la comisión de Energía y Minas del Congreso.
Los principales acreedores de Doe Run afirmaron ayer en un comunicado que la única solución al conflicto está en manos de su principal accionista, el millonario Ira Rennert, quien desde el 31 de marzo incumple el acuerdo al que llegó con sus proveedores de minerales (entre las que se encuentran Brocal, Volcan y Buenaventura, entre otros).
Cabe recordar que Doe Run acordó con sus proveedores mineros a principios de abril que capitalizaría el 100% de sus acciones para recibir a cambio un préstamo por 156 millones de dólares. Sin embargo, dos meses y medio después, la empresa no ha cumplido este requisito.
El ministro negó que el gobierno haya admitido en algún momento que aceptaría la ampliación del Programa de Adecuación Medio Ambiental (PAMA), que vence a fines de octubre próximo, por lo que descartó la posibilidad de conceder una prórroga.
“Si por un lado planteamos la posibilidad de ampliar el PAMA y por otro vemos que no hay financiamiento para ejecutarlo, estamos yendo por un sendero que no tiene ningún fin”, expresó.
Ministro de Trabajo no descarta prorrogar el PAMA
Al respecto, el ministro de Trabajo, Jorge Villasante, anunció a RPP que el gobierno no descarta ampliar por un plazo corto el PAMA de Doe Run, pero nunca una prórroga a 3 o 5 años.
Sin embargo, cabe recordar que el 10 de marzo de este año, el propio Ministerio negó esta posibilidad a la empresa a través del oficio 104-2009, dirigido al gerente General Juan Carlos Huyhua.
“No es posible otorgar una nueva prórroga dentro del marco legal vigente", rezaba este oficio firmado por el entonces viceministro de minas, Felipe Isasi, el Ministerio de Energía y Minas dirigió un oficio a la empresa en el que afirmaba que no procedía una ampliación.
Coordinadora Nacional de Radio-Lima 23/06/2009